El pasado 6 de febrero la Universidad de los Andes decidió, en primera instancia, desvincular al profesor y ex director del departamento de Biología, Adolfo Amézquita. Ha sido un caso que durante mucho tiempo recorrió los pasillos de la Universidad de los Andes y que, el año pasado, se hizo público: fue acusado por acoso sexual por una “docena” de estudiantes, como le contó el rector Alejandro Gaviria a la revista Science. El profesor, sin embargo, fue despedido por cometer faltas éticas, atentar contra los derechos y la dignidad de los estudiantes, desatender normas asociadas al conflicto de intereses y actuar con negligencia frente a sus deberes y responsabilidades. Es decir, no directamente por acoso. Aún así muchas de las denunciantes y las colectivas que las acompañaron, están celebrando la noticia. 

“Aunque en el fallo no se hable de acoso, este caso se hizo visible con una denuncia en ‘Destapa la olla’ y todos sabían que se trataba de un caso de acoso”, le dijo a Cerosetenta Amalia Uribe, una de las cabezas de la colectiva No es Normal que combate la violencia de género en la Universidad.

Se refiere a una actividad que organizaron las colectivas No Es Normal, La Errática y Paca el pasado 8 de marzo, día de la mujer, y que invitó a estudiantes de la universidad a denunciar hechos de violencia de género en público. Fue en ese escenario en que una estudiante leyó una carta que escribió otra estudiante con su denuncia contra el profesor. Otro estudiante grabó el evento y el video se hizo viral y llegó a medios de comunicación.  

“No solo lo saben los uniandinos, sino el país y la comunidad científica (porque el caso fue cubierto por la revista Science). Es el primer profesor que se sabe que está saliendo por eso. La presión estudiantil fue fundamental así la Universidad no lo reconozca”, agrega Uribe. 

Antes de esa denuncia, en noviembre del 2018, la Universidad ya había iniciado un proceso disciplinario en contra del profesor. Un proceso que fue largo (se demoró más de un año y dos meses) y que tuvo varios reveses (la primera investigación la realizó la oficina de Gestión Humana y, luego, ese proceso se anuló y arrancó un nuevo proceso a través de un comité ad hoc que define el Estatuto profesoral, el reglamento que deben cumplir todos los docentes de la Universidad), sumó distintas fases de levantamiento de pruebas y testimonios y, en la última instancia, contó la asesoría de una persona experta en género. Pero que todavía no está en firme porque el profesor Amézquita apeló la decisión y está a la espera de la decisión en segunda instancia. 

“Voy a usar todos los recursos legales a mi alcance para que se respeten mis derechos constitucionales y laborales. No se puede acabar con el nombre de una persona basados en la glorificación del chisme y el desdén por la evidencia. Menos en una Universidad”, le dijo Amézquita a Cerosetenta. 

Más allá de lo que pase en esa segunda instancia, el resultado de esta decisión es agridulce. Dulce, porque a pesar de que fue largo, la Universidad finalmente tomó una decisión de fondo sobre un caso que tiene denuncias desde hace más de 12 años, según reconoció el mismo profesor Amézquita en una diligencia de descargos que rindió en 2018 ante la Universidad (y que él mismo hizo pública cuando entuteló a medios de comunicación que cubrieron la noticia). 

Pero es también agrio, porque aunque la Universidad tiene protocolos contra el acoso y la lucha contra la violencia de género, parece que las víctimas todavía no tienen suficientes herramientas para combatirlos. 

El proceso

Cerosetenta no pudo conocer con exactitud cuántas denuncias se presentaron contra el profesor Amézquita ni exactamente desde qué año. Sabemos que en la diligencia de descargos que él presentó en noviembre de 2018, durante la primera fase de la investigación a cargo de la Oficina de Gestión Humana y a la que esta revista tuvo acceso, él hace referencia a que, junto con la citación a la Diligencia, le fueron entregadas aproximadamente 200 páginas con testimonios e información que se remontan a hechos que ocurrieron durante los últimos 12 años. Allí, además, reconoció al menos cuatro puntos claves para el proceso. 

Primero, que sostuvo relaciones sexuales y sentimentales con al menos tres estudiantes cuando él era profesor, director del departamento, o director de tesis de esas estudiantes. Para él, sin embargo, esas relaciones no estaban mediadas por una relación de poder jerárquica. 

“Yo sí era su director de tesis. Pero francamente no conozco si la Universidad interpreta eso como una posición de subordinación porque también puede ser fácilmente interpretado y creo que lo es, como una posición de consejero o asesor”. 

Segundo, que no reportó que esas relaciones pudieran haber configurado un conflicto de interés. Y que si es así, él no es el único profesor que ha cometido esa falta. 

(…) “La inferencia que yo puedo hacer es que pueden darse relaciones sentimentales sin conflicto de interés” (…) “Ni la información oficial en forma de instructivos, ni las indicaciones dadas por el personal de la Universidad sugieren que la relación interpersonal implica automáticamente el conflicto de intereses. Creo que es importante quizás dar la discusión y acordar unas reglas explícitas a nivel de toda la universidad, pero definitivamente consideraré injusto que se espere de mí esta percepción y respuesta pero no de la población de profesores que podrían estar o haber estado en situaciones similares y no firmaron ni consideraron un conflicto de intereses”. 

Tercero, que “malinterpretó” señales de algunas de sus estudiantes que no querían sostener una relación con él. Por ejemplo, en un caso que recibió la Ombudsperson de la Universidad, una estudiante afirmó que “durante una salida de campo (…) él llamó a la habitación y me pidió que fuera a la suya. Al tocar la puerta, me jaló de la mano hacia adentro de su cuarto y me abrazó, de nuevo comenzó a besarme el cuello y yo traté de apartarlo”. 

“Ella era muy gentil, muy amable y cariñosa conmigo y una noche me invitó a cenar a su apartamento indicando que su compañera de apartamento no estaba y sin ninguna razón aparente. Yo me equivoqué, pensé que tenía interés y la abracé”.

Y cuarto, que supo que estas relaciones sentimentales y sexuales con sus estudiantes, que sucedieron a veces con más de una a la vez, ocasionaron malestares en ellas y distorsionaron el ambiente de trabajo en la Facultad de Ciencias. 

“Hubo un conflicto puntual momentáneo, entre las personas involucradas (…) pero puedo afirmar que no era principalmente relacionado con las relaciones sentimentales que existían”. (…) “Afirmo categóricamente que no tengo una relación sentimental con XXXX, en circunstancias que voy a describir se generó una rivalidad en mi laboratorio que fomentó ese rumor (…)”.

Este punto, en particular, fue determinante en el proceso: el hecho de que para varias de las estudiantes que trabajaron con él había una percepción de que tener una relación sentimental con el profesor definía la posibilidad de acceder a oportunidades. 

Por ejemplo, en el testimonio que recogió la Ombudsperson y que fue presentado en esa diligencia de descargos, la estudiante dice: “El profesor Adolfo tenía esa misma actitud no sólo conmigo sino prácticamente con todas mis compañeras del laboratorio. La mayoría de ellas accedió a tener una relación con él más allá de la parte académica y esto definitivamente afectó el tipo de oportunidades que cada estudiante recibía”. 

Otra estudiante que no quiso tener una relación con él agregó: “Me di cuenta de que otras estudiantes del laboratorio que sostenían relaciones con el profesor Amézquita recibían muchos más beneficios que yo”. 

Cerosetenta habló con otras dos estudiantes que denunciaron al profesor y que manifestaron algo similar. 

Además, la estudiante que hizo público su caso el 8 de marzo de 2019, dijo en su denuncia algo muy parecido: «Mi profesor de fisiología animal, ahora director del Departamento de Ciencias Biológicas, quiso tener algo conmigo. Cuando le dije que no, no solo me atacó a gritos sino que decidió hacerme la vida imposible en cada pasillo para asegurarse, con el uso de mensajes ofensivos, que no le dijera nada a nadie”. 

Las faltas

El profesor Amézquita ha negado reiteradamente que las relaciones personales que él sostuvo con sus estudiantes generaran tratos preferenciales para ellas. Ha dicho, además, que él no tomaba decisiones sobre becas y recursos sino que esa era decisión de la Facultad. 

“Todas las pruebas físicas y los testimonios de mis estudiantes demostraron que no”, le dijo a Cerosetenta. “Mis estudiantes actuales negaron rotundamente que ocurra algo así y los Comités no consultaron la percepción de los más de 100 egresados de mi laboratorio”. 

Además, ha insistido, una y otra vez, que en la universidad no están prohibidas las relaciones entre profesores y estudiantes. Y le dijo a Cerosetenta que si esas relaciones estuvieran reguladas, él hubiera actuado diferente: “por supuesto, porque siempre he respetado las regulaciones de la Universidad. La constitución actual impide prohibir estas relaciones pero si deberían ser reguladas entre otras cosas para que no puedan ser utilizadas tendenciosamente contra sólo algunos estudiantes y profesores por razones políticas y económicas”. 

Esta es la realidad amarga que el caso Amézquita pone sobre la mesa. Es cierto que hoy no hay ninguna regulación para estas relaciones entre profesores y estudiantes. A pesar de que la Universidad de los Andes es una de las pioneras en Colombia en establecer un protocolo contra el maltrato, el acoso, el abuso, la discriminación y la violencia de género (el protocolo MAAD, vigente desde 2016), éste no puede imponer sanciones disciplinarias contra los miembros de la comunidad académica. Lo que sí hace es abrir una ruta de atención para los denunciantes que incluye medidas preventivas como acompañamiento psicológico, seguimiento durante el proceso, plantea recomendaciones de carácter vinculante a las instancias de la universidad que considera necesarias cuando se abre un proceso disciplinario, y provee asesoría jurídica, seguridad física y acciones de reparación. 

Pero las sanciones disciplinarias sólo se pueden interponer a través de un comité ad hoc que creó el estatuto profesoral y que vigila que se cumplan los reglamentos internos de la universidad. En ellos no hay ningún mecanismo o norma que castigue u obligue a reportar situaciones sexuales entre los miembros de la comunidad. La única relación que se puede establecer es a través de los conflictos de interés que, según la interpretación de la Universidad, considera las relaciones sexuales entre miembros de la comunidad universitaria como relaciones familiares. Y estas, segun el Reglamento de Trabajo de la Universidad, deben ser reportadas cuando “los intereses personales directos o indirectos de los empleados de la Universidad, o de sus familiares o allegados, pueden estar enfrentados con los intereses de la Universidad, o interfieran con sus deberes y motivan un actuar en su desempeño, contrario al recto cumplimiento de sus obligaciones laborales”. 

Así, en tanto no hay regulación sobre estas relaciones entre profesores y estudiantes, un caso como el del profesor Amézquita sólo puede juzgarse como un asunto de conflicto de interés y faltas a los deberes éticos del profesor, cuyas relaciones sentimentales produjeron un ambiente académico enrarecido.   

“Si uno mira objetivamente los datos, [Amézquita] era un profesor que iba más allá de lo que se exigía, de lo que se esperaba. Se involucraba, apoyaba, conseguía recursos [para sus estudiantes]. Ahora, si uno está del lado del estudiante, el estudiante dice no, eso no es cierto, porque las condiciones de juego que él creó eran condiciones que todos entendían que era un juego sexual y no un juego académico”, le dijo a Cerosetenta una persona que conoció de cerca el proceso. 

La fuente reconoce que durante la discusión quedó claro que la Universidad no prohíbe las relaciones entre profesores y estudiantes pero sí obliga a que éstas sean reportadas como potenciales conflictos de interés. Además, señala que “cuando esas relaciones personales son sistemáticas, prolongadas en el tiempo y generan entre los estudiantes la percepción de que no hay una línea clara entre lo académico y lo personal, de que hay favorecimientos, de que una forma de ganar favores académicos es haciendo favores sexuales, así eso no sea cierto, eso constituye una vulneración de los deberes éticos de un profesor con sus estudiantes”, agrega. 

El tema de fondo: ¿dónde quedan las víctimas?

Una de las características claves de este proceso y que ha sido criticado por las denunciantes y las colectivas que las acompañaron es que siempre se mantuvo en confidencialidad para ellas, que nunca fueron incluidas en el proceso como víctimas, no recibieron información sobre los avances en la investigación y no pudieron entrar acompañadas a las entrevistas en las que presentaron sus denuncias. El caso, hasta el final, siempre se mantuvo casi que en absoluto silencio.

“Supuestamente la oficina de la Ombudsperson está contándoles de vez en cuando qué pasa pero eso es decir ‘tu caso sigue abierto’ ó ‘tu caso está en trámite’. No sabíamos en qué estado estaba, por qué estatuto se había ido, quiénes estaban tomando esas decisiones, si [Amézquita] había apelado. Eso generaba una sensación de tensión, de incertidumbre”, cuenta Amalia Uribe de la colectiva No Es Normal.

La razón, según la fuente que conoció el proceso de cerca es una: es un proceso disciplinario entre el trabajador (el profesor Amézquita) y el empleador (la Universidad de los Andes) por lo que no participan las denunciantes o víctimas. Así, bajo las reglas del derecho laboral, se asume que el empleador es poderoso y el trabajador no. Por lo tanto, la Universidad, como empleador, debe ofrecer todas las garantías y derechos al trabajador. Y esas garantías empiezan por la confidencialidad. 

El asunto desencadenó un sentimiento de frustración entre las denunciantes que se sintieron excluidas del proceso al punto que decidieron hacer públicas sus denuncias. Eso fue justamente lo que llevó a la estudiante a presentar su denuncia en público el 8 de marzo de 2019. Ella dice que tras presentar una queja formal ante la Universidad, no recibió “ni un sólo correo diciéndome que mi caso estaba en proceso, ni preguntándome si estaba bien, si necesitaba algo, si podía ir haciendo alguna cosa. Es lo mínimo que me merezco”, dijo, bajo la condición de no revelar su nombre. 

“Las personas que denuncian siempre piensan que van a terminar peor de como empezaron. No piensan que lo peor que puede pasar es que no pase nada sino que ellas terminen afectadas, expulsadas o suspendidas, que se les podía devolver por atreverse a hablar”, dice Uribe. “Ese era el miedo todo el tiempo”. 

El miedo incrementó porque justo después de que se hizo pública la denuncia del 8 de marzo y de que ésta fuera retomada en redes y en algunos medios de comunicación, en el pasillo del edificio ‘J’, donde está alojada la facultad de Ciencias Biológicas, apareció un documento titulado “carta abierta a la comunidad uniandina”. La carta estaba firmada por colegas, estudiantes, egresadas y subalternas del profesor Amézquita que manifiestan su rechazo a los testimonios y publicaciones sobre el caso. “Reconocemos al profesor Amézquita como un profesional íntegro, responsable, comprometido totalmente con la Universidad de los Andes desde hace muchos años en todas las actividades que ha desempeñado”, dice la carta. Y agregan, “como parte de la comunidad uniandina es indignante para nosotras presenciar la forma tan devastadora en la cual estas publicaciones que faltan a la verdad han afectado el buen nombre del profesor Amézquita”. 

La discusión se trasladó a las clases. Cerosetenta supo que días después de la publicación, una profesora de Ciencias Biológicas (de la que nos abstenemos de dar el nombre para proteger su identidad) inició su clase en pregrado escribiendo estas tres preguntas en el tablero: “¿Es verdad?” “¿Puede dañar?” “¿Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad?”

Según una estudiante que estaba presente en la clase, los estudiantes estaban haciendo un quiz cuando la profesora intervino para decir que “teníamos que reflexionar sobre lo que estaba pasando pues con esto podíamos estar dañando la vida a una persona”. Dice que de los aproximadamente 30 estudiantes que estaban en el salón menos de una tercera parte quisieron participar en la discusión. Cuenta que la profesora cuestionó el testimonio del 8 de marzo con afirmaciones como: “¿Quién se va a ver las estrellas con alguien con quien no se quiere meter?”, haciendo referencia a la denuncia en la que la estudiante dice que el profesor Amézquita le tomó fotos durante una salida de campo donde estaban viendo las estrellas. 

La profesora también dijo que estas situaciones eran comunes cuando ella estudiaba y que era normal que los profesores mostraran interés en las alumnas. “Ahí me paré y le dije que el hecho de que esto esté pasando hace mucho tiempo solo lo hace peor”, cuenta la estudiante. 

Luego de la publicación de esta nota, la profesora Susana Caballero, cuyo nombre fue omitido en la nota, se comunicó con la revista para expresar su desacuerdo con la publicación y con el hecho de que ella no hubiera sido contactada previamente para responder a este testimonio. Aunque Cerosetenta no mencionó su nombre ni afirmó que ella era la profesora en mención, respeta el ejercicio de réplica que se le ofreció a la profesora Caballero que ella aceptó incluir en la nota como su testimonio: 

“Quien quiera que fuera la fuente que dio esa foto y su testimonio tergiversó completamente lo que yo intenté en mi clase. Yo estaba muy afectada por todo el tema porque considero que hacer denuncias anónimas por redes sociales trae más daño que cualquier cosa. Lo que yo buscaba era que los muchachos hicieran una reflexión de si existiendo unos canales establecidos por una institución para hacer una denuncia era realmente necesario tomar partido cuando uno no fue testigo de las situaciones”. La profesora afirma que sí mencionó en la clase que cuando ella era estudiante de la Universidad “había situaciones de relaciones entre profesores y alumnos cosa que para mi no es aceptable” y que lo mencionó porque en ese momento, “en la Universidad no había un mecanismo para reportar o para iniciar un proceso de investigación sobre un acoso”, que, según afirma, es del “criterio de cada persona qué considera que es acoso y qué no y eso es un terreno que es muy pantanoso”. Finalmente agrega que su intención era «rechazar la toma de la justicia por mano propia» y aseguró: “incluso les hice el símil con las situación del conflicto colombiano en donde la gente por tomar la justicia por mano propia creo unos ejércitos irregulares llamados paramilitares que le metieron un componente más sangriento a un conflicto” y también afirma que puso “un ejemplo propio, personal” para decir “que uno siempre tiene la decisión y la posibilidad de tomar el camino por el conducto regular y hacer las cosas al derecho y no acabar con una persona, acabar con una relación, simplemente por publicar en una red social y echarle leña al fuego”.

Después de que estalló el escándalo, el Departamento de Ciencias Biológicas le pidió a los estudiantes del laboratorio que dirigía el profesor Amézquita escribir una carta en la que le notificaran a la Universidad si estaban de acuerdo con que Amézquita siguiera siendo su director de tesis y que bajo su responsabilidad accedían a participar en salidas de campo con él.

“Eso lo único que hace es ponerlos contra la espada y la pared”, dijo una de las personas que denunció su caso.  

«Yo sólo quiero salir de esto. Esto se ha tomado como un ataque personal y no es así. No importa lo que hagan si no cambian los estatutos porque nos seguimos sintiendo desprotegidas», le dijo a Cerosetenta otra de las estudiantes que denunció su caso.

La división dentro de la Facultad de ciencias en torno al caso Amézquita sigue y es reconocida incluso por él que dice que las “matoneadas” son las estudiantes que lo apoyaron: “La evidencia física (fotografías de carteles y redes) y testimonios demuestran con toda claridad que [el proceso] es matoneo de un pequeño grupo de estudiantes en contra de mis estudiantes mujeres: las han llamado abrepiernas, reinas sapas y las acusan públicamente de intercambiar sexo por favores. Mis estudiantes denunciaron esos ataques tres veces en un año y jamás recibieron una respuesta”, le dijo a Cerosetenta. 

Lo cierto es que esas situaciones hicieron que muchos de los testimonios de quienes denunciaron se pusieran en duda: “muchas de las que dan su testimonio no están seguras porque todavía tienen la duda de si sí sucedió o no, de que quienes sostuvieron relaciones con él lo hicieron bajo su propia voluntad, de que él no las tocó ni les levantó la voz, la duda de que todo fue muy sutil, de si eso fue acoso o no”, dice una fuente que acompañó los procesos.

Como explica Juliana Martínez, coordinadora de proyectos de Sentiido y profesora de género, sexualidad y estudios culturales de la American University en Washington, esto tiene que ver con que a las mujeres no nos han educado ni para reconocer, ni para parar, ni para poner límite al acoso sexual: “vivimos en una cultura patriarcal, heteronormativa, que naturaliza el acoso. Desde niñas aprendemos que la mejor forma para ser exitosas es haciendo sentir a los hombres cómodos y evitando situaciones de confrontación. No sabemos reconocer el acoso porque nos parece natural y normal que todas las personas comenten nuestra apariencia física en contextos educativos y laborales. Y cuando sentimos que está mal, no sabemos qué hacer”. 

Los desafíos

Es, para Amalia Uribe, parte de los problemas que dejó en evidencia este proceso. “El proceso no está pensado para víctimas de violencia de género. La violencia de género se tramita como si fuera un plagio, y eso implica que lo que ella vivió (porque casi siempre es una mujer), no existe en la Universidad como falta disciplinaria, no tiene consecuencias. Tiene que ser traducido a otro tipo de faltas que sí pueden llevar a consecuencias”, dice. “Debería haber un comité especializado en género con poderes sancionatorios. Es lo mínimo. Si ellos se toman en serio la violencia de género tienen que encontrar una manera de tomárselo en serio en los estatutos y tomárselo en serio en la forma en la que procesan los casos”.

Una de las denunciantes agrega: “Si bien hay protocolo MAAD este realmente no establece nada sobre sanción o si las sanciones asociadas a ese tipo de casos deberían tener un componente educativo y de seguimiento. En ninguna parte del protocolo dice que hay que responderle a las víctimas y mientras no lo diga no importa con qué intención lo hayan desarrollado”. 

Asegura que se sintieron solas porque no saben “cómo funcionan las cosas aquí adentro ni a quién recurrir en qué casos”. Porque hay una falta de reconocimiento de estos casos en todos los niveles dentro de la Universidad y no hay “ningún tipo de capacitación a profesores, decanos, administradores de cómo deben manejarse estos casos”. Por eso, dice, si este caso sólo se queda en la sanción contra el profesor Amézquita, “si no hay un cambio en los estatutos, si no se aclaran los procesos, no sirve de nada”. 

Es una discusión que, para ellas, no sólo implica hablar de las víctimas y de sus derechos en este tipo de procesos sino que es una discusión más amplia sobre las relaciones entre estudiantes y profesores en la Universidad. Ese tema estuvo en el centro de este proceso, pero es un asunto sobre el que todavía no hay cambios puntuales porque hay posiciones encontradas entre quienes piensan que estas relaciones deberían regularse y quienes consideran que eso no es asunto de la Universidad, sino que se trata de la vida privada de personas adultas.

Son muchas las universidades que ya han regulado el asunto. María Consuelo Cárdenas Sanz de Santamaría, profesora de la Facultad de Administración y directora del grupo de investigación ‘De Igual a Igual’, hizo un análisis sobre las políticas de 10 universidades estadounidenses frente al tema, incluyendo a Harvard, MIT, Standford, Yale, NYU, entre otras. De esas 10 universidades, ocho prohíben totalmente cualquier relación sentimental entre estudiantes de pregrado y profesores; las otras dos también las prohiben, pero sólo cuando el profesor tiene autoridad académica sobre el estudiante. Adicionalmente, siete de esas 10 universidades prohíben las relaciones de los profesores asistentes o tutores con sus estudiantes; y cinco de las universidades prohíben las relaciones entre profesores y estudiantes de posgrado cuando el profesor supervisa o evalúa al estudiante.

Una solución intermedia, como propuso Isabel Cristina Jaramillo, profesora de Derecho y coordinadora del Grupo de Investigación de Derecho y Género de la Universidad de los Andes, es que los profesores que tengan relaciones sentimentales con sus estudiantes reconozcan el conflicto de interés ante la universidad, es decir, lo que no hizo el profesor Amézquita. “Si no se declara, la consecuencia debería ser que todo lo que diga la alumna o la persona que está por debajo en la relación de poder se considere verdad, porque es sospechoso que un profesor decida no declarar el conflicto de interés”.  

Reconoce que prohibir las relaciones puede generar que éstas se den a escondidas, pero asegura que en todo caso la regulación empodera a las alumnas. “El día que la alumna diga que está teniendo una relación con un profesor, el que queda mal es él. Que eso se va a volver una cacería de brujas contra los profesores, no. Simplemente les va a mandar el mensaje de que busquen sus intereses amorosos en otra parte”. 

Lo que sí es claro para muchos es que esta decisión de la Universidad allana el camino para que la conversación sobre los temas de fondo continúe. Eso, como dijo la fuente que conoció el caso, es gracias a las estudiantes “que se han parado ahí a poner los cuerpos y nos han obligado a mover esa frontera. Porque muchos de los adultos hemos perdido fe en el sistema, pensamos que muchos de estos asuntos no pueden resolverse, pero esta energía de las estudiantes nos obliga a seguir insistiendo hasta que se nos ocurra algo”, dice.

[N. de la E. después de publicada esta historia eliminamos dos testimonios a solicitud de las fuentes que consultamos a lo largo de la investigación que hicimos cubriendo este proceso y quienes nos manifestaron que ya no querían que publicaramos la información que nos brindaron. Ofrecemos disculpas a esas personas y a nuestros lectores. Además, incluimos el testimonio de la profesora Susana Caballero].

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