Hoy muchos justifican homicidios de líderes sociales y políticos por sus afinidades ideológicas de izquierda. La estigmatización no sólo es peligrosa, es falsa. Las cifras lo demuestran.
Un grito. Dos, tres, cuatro patadas al aire, al piso, a una pared de lata. Un niño que camina en círculos, que trata de no mirar, que llora, que grita, que patea. En el piso, que en realidad es tierra caliente, el cadáver de su madre: María del Pilar Hurtado. Si no hubiera sido porque alguien grabó la escena, hoy el país no sabría que a María del Pilar la mataron a tiros al frente de su hijo ni que había sido amenazada, semanas antes, por medio de un panfleto firmado por el ‘Clan del Golfo’, grupo criminal heredero de las estructuras del paramilitarismo en Colombia. Los declaraban objetivo militar a ella y a otras seis personas por invadir unos lotes en Tierralta, al sur de Córdoba.
María del Pilar Hurtado llegó a Tierralta desde Puerto Tejada, Cauca, hace menos de un año, cuando salió desplazada por denunciar violaciones a los derechos humanos por parte de grupos armados, que conoció como miembro de la Fundación de Víctimas Adelante con Fortaleza (Funviavor) del Cauca y de la mesa de víctimas municipal. En Tierralta, hizo parte de un grupo de familias desplazadas que reclamaban que la Alcaldía les titulara unos predios que son propiedad del padre del alcalde, Fabio Otero, militante del Centro Democrático. María del Pilar exigía tierras y, en Colombia, esa causa se ha vuelto un lugar común, un paso previo casi que ineludible, antes de recibir amenazas y ataques.
De hecho, según cifras de la Misión de Observación Electoral, MOE, a diario hay una amenaza contra un líder y cada tres días un asesinato, dice Camilo Vargas, coordinador del Observatorio de Violencia Política y Social de la Misión de Observación Electoral. “Debido a los altos números, para los medios y la sociedad resulta muy fácil normalizar la violencia o caer en la repetición de cifras”, afirma.
En cambio, ver un vídeo de un niño llorando, pateando y gritando al lado del cadáver de su madre sí llama nuestra atención, a pesar de que lejos de las cámaras, estas reacciones seguramente se han repetido en muchos de los 702 asesinatos a líderes que denuncian organizaciones como Indepaz desde la firma del Acuerdo de Paz. Si el vídeo no hubiese sido viral, si no hubiera despertado una ola de indignación en redes sociales, seguramente los altos funcionarios del Gobierno no hubieran ido a acompañar a los cuatro hijos de María del Pilar y exigir que se encuentre a los responsables. Y peor: seguramente hoy nadie estaría debatiendo si María del Pilar era lideresa o no, como si eso fuera un paso previo para rechazar el homicidio.
Parece que siempre hay quien está dispuesto a justificar este tipo de homicidios. En el caso de María del Pilar, muchos en redes argumentaron, basados en un comunicado de la Alcaldía, que ella no era una lideresa sino una ‘simple recicladora’. Otros, incluso, la han tildado de simpatizante de la guerrilla o de la izquierda.
No es el único caso. Ni siquiera el único relacionado con el homicidio de María del Pilar. Andrés Chica, otro líder de Corboberxia en Tierralta que trataba de esclarecer el asesinato de María del Pilar, recibió este mensaje de texto a su celular: “Guerrillero defensor, te vamos a dar donde mas te duele por sapo vallase dd aqui si no quiere que lo pelemos no no importa escolta (sic)”, le dijeron. El lenguaje es diciente. Lo amenazan por defensor. Lo acusan de sapo, de guerrillero, por lo mismo.
“Entre muchos sectores de la sociedad existe el imaginario de que los líderes militan en la izquierda, que eso es malo, y que por eso los matan. Es peligroso porque no corresponde con la realidad y logra justificar la violencia en parte de la sociedad”, afirma Camilo Vargas de la MOE.
Basta un ejemplo: el 3 de julio de 2018, hace ya casi un año, Luis Carlos Barrios Machado estaba sentado al frente de su televisor que proyectaba el partido de Colombia contra Inglaterra. Detrás de él, un sicario le disparó por la espalda. Ese día, los habitantes de palmar de Varela, un municipio del Atlántico, se quedaron sin presidente de la Junta de Acción Comunal. Machado era líder y era militante del Centro Democrático.
En Colombia, ser líder político o pertenecer a un partido de izquierda ya no es el único peligro –como sí lo fue en la década de los 80 y 90–; ahora, es hacer oposición –de cualquier tipo– a las estructuras políticas y económicas que se disputan los territorios. No hace falta pertenecer a ningún partido. Con hacer parte de una organización social o reclamar derechos fundamentales, como lo hacía María del Pilar, las personas ya cargan con un estigma que puede llevar a la muerte.
Hay una razón histórica, según una fuente del sector humanitario que pidió la reserva de su nombre. Desde la década de los 60 hasta finales de los 90 en el país existió una persecución, apoyada por el mismo Estado, basada en asesinatos y judicializaciones a miembros políticos de la izquierda acusándolos de ser guerrilleros. Ese estigma sigue vivo y tiene eco en lo que está pasando hoy en el país.
Sin embargo, los datos comprueban que es imposible sostener la creencia de que ser líder significa, necesariamente, militar en partidos de izquierda. Mucho menos que ese sea el motivo por el que los matan.
Desde que inició el calendario electoral para las locales de este año, el 27 de octubre de 2018, la MOE ha registrado 228 líderes políticos, sociales y/o comunales víctimas de violencia política en el país. Es decir, esa violencia que busca silenciar personas por sus demandas y posturas políticas. Solo de 74 de ellos se puede decir que tenían/tienen una filiación política clara y de esos, la mayoría, no son de partidos de izquierda. Dieciséis son del Centro Democrático, nueve del Partido Liberal, ocho de Cambio Radical, ocho de Alianza Verde y siete del Partido de la U. Las 26 víctimas restantes se dividen en 8 partidos más.
A pesar de que el Centro Democrático lleva la delantera, el dato está sesgado: 12 de 16 registros provienen de un panfleto amenazante colectivo contra igual número de candidatos de ese partido a las elecciones de Arauca por parte del ELN. Aún así, según datos de la MOE, casi el 65% de las victimizaciones han sido dirigidas contra simpatizantes a partidos de derecha.
Es común que en años de elecciones como este la violencia política aumente. Sin embargo, el 2019 es especialmente preocupante. Mientras entre enero y mayo de 2015 la MOE registró 15 agresiones contra precandidatos a Alcaldías, en el mismo periodo de 2019 se han registrado 24, entre ellas cinco asesinatos.
El primero fue Silvio Montaño Arango, un político que fue representante a la Cámara por el Partido Liberal, candidato a la Cámara por el Partido de la U y diputado del Valle. Fue asesinado el 30 de enero en El Cerrito, Valle. Se iba a lanzar a la Alcaldía del municipio con La U. El segundo fue Herney Castrillón Gutiérrez, asesinado en San José de Uré, Córdoba, cuando era precandidato a la Alcaldía por el Partido Liberal. El tercero fue Héctor Gómez Barrios, que se perfilaba como candidato por el Partido Liberal en Puerto Nare, Antioquia. El cuarto fue José Daniel Gómez Cruz, candidato por el Conservador a la Alcaldía de El Cairo, Valle. El último Fue Belisario Arciniegas García, precandidato del Partido de La U al Consejo de Morales, sur del Bolívar.
Todos eran precandidatos de los partidos que hicieron parte de la ‘Unidad Nacional’ de Santos, que son no sólo los partidos que más candidatos suelen tener en las elecciones locales sino que hoy pueden defender puntos del Acuerdo de Paz con las Farc.
Ahora, es clave entender que en las dinámicas de la política local, la relación entre líderes y partidos no es tan directa. Diana Sánchez, directora de la Asociación MINGA que hace seguimiento al asesinato de líderes, explica que en los territorios los partidos distintos a los tradicionales no tienen posibilidades de ganar cargos de elección popular porque aparecer con la bandera de un partido como el Polo, el Verde, Decentes, UP, entre otros, puede ser peligroso y llegar a quitar votos. Es, para ella, una herencia del conflicto armado.
“Así la gente comulgue con un pensamiento opositor al Estado, que no es lo mismo que hacer oposición a la burocracia, como hacen los partidos tradicionales, tienen que buscar avales que garanticen que no los maten y puedan participar ”, afirma Sánchez. Es decir, así se tenga posiciones de centro o de izquierda, es muy probable que los líderes busquen avales de partidos de derecha, como el Liberal, el Conservador o Cambio Radical para evitar la estigmatización y disminuir el riesgo.
En sentido estricto, el partido no importa. Por eso, quizá, no hay una tendencia marcada de victimización hacia los partidos políticos alternativos.
El peligro, en cambio, llega cuando los líderes controvierten intereses económicos locales, según explica Vargas de la MOE. Es decir, en zonas de conflicto armado, denunciar o controvertir relaciones entre economías ilegales y grupos políticos; defender políticas de sustitución de cultivos ilícitos o de restitución de tierras, sin importar el partido al que se esté inscrito, puede ser la principal causa de esta violencia que ya no es partidista.
“Es un ataque a los nuevos liderazgos, pero en general es un ataque al derecho a la participación política, a la misma democracia. ¿Quiénes son los únicos que salen beneficiados con eso? Los que han estado siempre controlando el poder. Los políticos tradicionales”, afirma la fuente del sector humanitario que pidió la reserva.
Por eso, en las regiones, esas diferenciaciones entre derecha e izquierda no están bien marcadas y cualquiera que defienda derechos, sin importar su posición política, está en riesgo. Es el caso de María del Pilar Hurtado y de muchísimos otros líderes que se atreven a alzar la voz.
