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Las Farmacéuticas multinacionales
La industria farmacéutica recalcó que la culpa de los sobrecostos era de los intermediarios. Sin embargo, sí ve con inquietud que el Estado asuma atribuciones para regular los precios. Sobre todo, les preocupa que se regulen los precios en las ventas industriales (las que paga el Estado con recursos públicos) y las ventas comerciales (las compras individuales en droguerías).
Eso fue lo que pasó con la regulación a los precios de los anticonceptivos que generó aún más oposición. La justificación parecía evidente: mientras en Colombia una caja de Yasminq de Bayer podía costar 61 mil pesos, en Canadá costaba 27 mil. El precio, además, había subido considerablemente desde que se empezó a implementar la regulación. Solo entre enero de 2016 y principios de 2018, la misma caja aumentó 10 mil pesos. Aún así, la industria argumentó que la medida genera desconfianza y desestimula la inversión.
Es lo que Tatiana Andia define como ‘el efecto portafolio’: cuando el Estado reguló los precios de venta del mercado institucional, las farmacéuticas aumentaron las cantidades vendidas y los precios de otros medicamentos, entre ellos los medicamentos del mercado comercial.
La industria farmacéutica nacional
Se oponen a la regulación de precios porque argumentan que genera distorsiones en el mercado que los afecta y ellos son generadores de empleo en el país. Aún así, dado que la regulación afecta a los medicamentos originales o de marca, la medida en realidad los beneficia porque los productos que ellos producen, los genéricos, son más baratos y su mercado ha quedado intacto con esta regulación.
Los pacientes
No se ven afectados por la medida, por el contrario, se benefician. Por eso, en julio del 2013, la Defensoría del Pueblo publicó una carta en la que respalda la regulación como una medida que busca lograr “cada vez mayor acceso a los medicamentos a precios razonables tanto en el Sistema de salud como para los usuarios y sus familias, como un factor determinante en el cumplimiento del derecho fundamental a la salud”.
Así mismo, ante la regulación de los precios de los anticonceptivos, distintas organizaciones de la sociedad civil, senadores y defensoras de derechos humanos conexos a la salud y a los derechos de las mujeres manifestaron su apoyo a la medida.
Médicos
No se ven afectados por la medida.
Los operadores logísticos: naranja
No se han mostrado particularmente opuestos a la medida pero sí reclaman su propio margen argumentando, entre otras cosas, que Colombia es un país con cadena de comercialización distinta a otros países por la dispersión geográfica.
Las EPS
Las empresas prestadoras de salud que venían golpeadas en su legitimidad tras el escándalo de los recobros exagerados al sistema de salud, no se opusieron a la regulación. Y es que aunque algunas EPS se beneficiaron de la libertad de precios para hacer recobros más altos al sistema, en general estas empresas se benefician de tener precios justos para los medicamentos que deben proveer a los pacientes.
Los hospitales y las clínicas
Varios hospitales y clínicas, sobre todo los que hacen parte de la ACHC, se opusieron a la medida. Argumentan que, en todo caso, la venta y reparto de los medicamentos compensa la desactualización de los precios de las tarifas que prestan y representan una fuente de financiación para cubrir las altas deudas que las EPS tienen con ellos.
El Gobierno les otorgó una salida: la posibilidad de que conservaran un margen de entre el 3.5 y el 7 % adicional al precio regulado para tener liquidez. Aún así, algunos hospitales continuaron inconformes con el margen, argumentando que lo justo sería un margen mucho mayor.
Las embajadas
Como la regulación afecta a las farmacéuticas multinacionales, en algunas ocasiones las embajadas de los países donde están basados esos laboratorios ejercieron presión al Estado colombiano de dos formas. Por un lado, enviaron directamente cartas y organizaron reuniones con representantes del Estado para pronunciarse en contra de la regulación. Y por otro, ejercieron presión a través del embajador de Colombia en otros países para protestar contra la medida.
Esta oposición fue evidente en la pelea por los anticonceptivos. En una carta que llegó al despacho de los ministros de Salud, Comercio y a la Presidencia, la consejera de la Embajada americana Ellen Lenny-Pessagno le solicitó al Ministro que no siguiera con la idea de regular los precios de los anticonceptivos-. Recordaba también que su misión es “fortalecer las relaciones comerciales por Colombia” y defendía los argumentos del laboratorio Abbott contra la medida. “La empresa tiene cerca de 4 mil empleados en Colombia (…) que podrían verse afectados”, dice. Algo similar hizo el Consejo de Empresas Americanas, Cea, que recordó en otra carta enviada al Ministro de Salud que sus empresas “contribuyen al 7,1 % del PIB en Colombia”.
