La crisis de las universidades públicas en Colombia no es nueva. Es una acumulación de problemas financieros, de infraestructura, de malos manejos administrativos, de falta de acceso. Desde 1992 el aumento del presupuesto destinado anualmente a las universidades públicas está atado al aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Así lo determinó la Ley 30 de Educación Superior. El problema es que el IPC crece menos rápido de lo que crecen los gastos de las universidades públicas y por lo tanto, hay un hueco financiero. Según Jairo Torres, presidente del Sistema de Universidades Estatales (SUE), este hueco es de 3.2 billones de pesos.

La Ministra de Educación, María Victoria Angulo dijo esta semana que el Presidente Iván Duque está comprometido con la educación pública y por lo tanto, el presupuesto de 2019 (que está en plena discusión) incluirá 500 mil millones de pesos sólo para educación superior. Además prometió que estos recursos van a ir aumentando gradualmente durante los próximos cuatro años para “responder a las necesidades acumuladas”.

Pero la crisis actual de la educación pública en Colombia no es un problema exclusivamente financiero. Hay otros factores que desde hace varios años vienen afectando esta crisis, y que el Estado garantice el 100 % de la educación no es la única solución. Hay que resolver otros problemas estructurales del modelo educativo como los malos manejos administrativos y el papel del sector privado en la educación.

La universidad pública crece más rápido que la plata para financiarla

Todas las cifras lo demuestran: el presupuesto de la universidad pública no crece a la velocidad que crece la cobertura educativa. La razón para este déficit es que desde que se promulgó la ley 30 de 1992, el presupuesto de la educación pública superior quedó atado al crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, al indicador que mide la variación de precios de algunos bienes y servicios representativos del consumo. Sólo para dar un ejemplo, el año pasado el IPC creció 5.75 % mientras que las universidades crecieron al 9.70%. Esta tendencia se ha repetido año a año y por eso, el hueco que denuncia el SUE —donde tienen asiento las 32 universidades públicas del país—, ya alcanza los 3.2 billones de pesos.

El problema es que quienes diseñaron la Ley 30 hace 26 años no calcularon que las universidades iban a crecer de la forma en que lo han hecho. En 1992, cuando hicieron la Ley, había 160 mil estudiantes matriculados en pregrado. Hoy son 650 mil.

Eso implica más docentes, más recursos, más infraestructura física, tecnológica y técnica. Aún así, y según cifras del SUE, mientras en 1993 la nación transfería 10 millones de pesos por estudiante, hoy transfiere 4.5 millones. Y año tras año, explica William Mendieta, exsecretario general del Ministerio de Educación en el período de la Ministra Gina Parody, aumentan las metas y la presión para mejorar la cobertura, pero no aumentan los recursos.

Hoy en Colombia la cobertura es un poco más del 50 % en educación superior. Es decir que, en teoría, de cada dos colombianos, uno ingresa a educación superior. Sin embargo, el 23 % de ese 50 está cubierto por el Sena —es decir, carreras técnicas y tecnológicas—. Entonces, en realidad, de 10 colombianos sólo 3 entran a instituciones de educación superior, explica Mendieta. Aún así la cobertura es considerablemente mayor que hace varios años.

De acuerdo con el presidente del SUE, Jairo Torres, las universidades están creciendo  —sólo en funcionamiento— cinco puntos por encima del IPC. Por eso, según él, “si no se interviene las finanzas, la universidad no puede seguir creciendo. La cobertura llegó a un límite y en este punto crecer es irresponsable”.

Algo similar dice el ex rector de la Universidad Nacional Moisés Wasserman: “Tanto aquí como en cualquier lugar del mundo el crecimiento de los costos de las universidades está por encima del IPC. La Ley 30 nos condenó a un momento de crisis como el actual”.

El lema de la Universidad gratuita para todos no es realista en Colombia

La universidad pública está en crisis, también, porque el Gobierno y las universidades no se han logrado poner de acuerdo en cuál debe ser el modelo de financiación de la universidad pública. Mientras las universidades piden que haya una financiación total de su operación por parte del Estado, éste las financian a medias.

En Colombia los gobiernos han insistido en un modelo de educación muy claro, en el que más que un derecho, la educación es un servicio, explica Moisés Wasserman. Esa ha sido una decisión política.

Para Oscar Aponte, exvocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), desde la Ley 30, los gobiernos ponen la financiación de la oferta por encima de la financiación de la demanda. Es decir, se preocupan por financiar a los estudiantes, pero descuidan la financiación de quienes ofrecen el servicio educativo. De ahí vienen programas como Ser Pilo Paga, que aumenta los cupos para los estudiantes y da recursos para matrículas, pero no necesariamente para el sostenimiento, funcionamiento y desarrollo de las universidades.

Esto, dice Aponte, deja claro que “mientras la comunidad académica sigue insistiendo en la educación pública financiada por el gobierno, éste insiste en un sistema público desfinanciado, que piensa la educación como un servicio financiero hecho a la medida de los mercados”.

Un ejemplo de esa diferencia de visión es el déficit de 15 billones de pesos que tienen las universidades en formación de docentes e infraestructura que ha denunciado el SUE. Según Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del SEU, este monto se explica porque en los 26 años que han pasado desde que se aprobó la Ley 30, no ha habido recursos para actualizar los edificios de las universidades públicas e invertir en la formación de docentes, mientras la cobertura sí ha crecido. “Nos lo adeuda el Estado por no haber hecho política pública”, dice. “Nuestra petición es concreta: la educación es una obligación del Estado”, le dijo a Cerosetenta.

Sin embargo, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, aclaró esta semana que esa cifra no corresponde a un déficit por el devenir anterior sino que esos “15 billones suman algunas cifras de inversiones que han debido hacerse con antelación pero también suman la proyección de todo lo que se necesita a futuro para que tanto la infraestructura, como el mantenimiento y la formación docente esté al día”.

“No existe un déficit operativo de 15 billones de pesos en las universidades públicas. Este es el cálculo que hace el equipo administrativo de las universidades que pertenecen al SUE, de los recursos requeridos para alcanzar un “estado ideal” propuesto por ellos, pero nunca ha habido claridad en los parámetros utilizados. Estoy de acuerdo con las variables que incluyen, como mayor formación de los profesores y más y mejor infraestructura. Pero son estados ideales. No tienen deudas adquiridas por ese monto”, explica –en la misma línea– Natalia Ariza Ramírez, exviceministra de educación cuando Gina Parody era Ministra.

Para Moisés Wasserman, no es tan sencillo determinar cómo y cuál debería ser el modelo de educación a seguir. Las propuestas que están ahora sobre la mesa, son coyunturales, y  no contempla el panorama completo, dice y agrega que “El lema de universidad gratuita para todos, no es realista en Colombia”. Pero no hay duda de que el país está en mora, explica Wasserman. Si el gobierno quiere hacer algo por esta crisis tiene que estudiar el problema a profundidad. Se necesita un sistema de financiamiento sostenible que incluye un mayor gasto por parte del Estado, pero que también vincule al sector privado. “Hay que crear un sistema que no endeuden a los estudiantes y que, por el contrario, los habilite para desarrollar sus proyectos de vida”.

Conseguir recursos propios es complicado

Los recursos que les garantiza el Estado a las universidades públicas para sostenerse también enfrentan una presión por los regímenes especiales que cubren a sus empleados, sobre todo a los maestros.

Por un lado, está el régimen laboral que estableció que los profesores se pueden pensionar luego de 20 años de servicio sin tener en cuenta su edad de pensión. Así, según Jairo Torres del SUE, todas las universidades públicas tienen pasivos pensionales muy altos que minan sus finanzas. Por otro lado, está el decreto 1279 que definió el escalafón salarial de los maestros que premia con más salarios para quienes demuestren más estudios y más producciones académicas. En este caso, la Universidad Nacional, por ejemplo, está en el tope. El Estado, sin embargo, no reconoce más recursos a las universidades por esos aumentos en los salarios.

Esa producción académica también puede ser una fuente de financiación propia para las universidades que además, es deseable. Como dice la profesora Sandra García del Centro de investigación y formación en educación (CIFE) de la Universidad de los Andes, “las universidades públicas de alta calidad tienen un altísimo potencial de generar recursos propios. Si bien es muy importante que reciban apoyo del Estado, y ese apoyo debería crecer, también tienen posibilidad de generar recursos propios para complementar ese apoyo”, dice. “Es un tema de corresponsabilidad”.

Eso se puede hacer participando en proyecto de investigación o consultoría con financiación internacional, o haciendo proyectos con el mismo sector privado también en investigación o formación de talento humano.

Las universidades públicas ya lo están haciendo. De hecho, según Torres del SEU, 53 % de la financiación actual de las universidades se consigue a través de recursos propios y el 47 % con recursos de la nación. “Nos toca salir a vender servicios. Salir a buscar los recursos”, dice Torres.

Los problemas, como dice la ex Viceministra de Educación Superior, Natalia Ariza Ramírez, son al menos dos. Aunque las investigaciones en las universidades públicas han aumentado, ha bajado el porcentaje de estas investigaciones que son pertinentes y de alta calidad, lo cual se mide con el impacto que tienen en el mundo académico o en el desarrollo científico y la innovación. Por lo tanto, mientras aumentan los salarios que tienen que pagar las universidades por esta vía, muchas de esas investigaciones terminan siendo poco rentables para la sociedad y la academia.

Además, dice, el aumento de salarios es el que más presiona el aumento de los costos de las universidades públicas de manera constante, pues el incentivo no es temporal y por una sola vez, sino para toda la vida del profesor.

Hay descoordinación en planeación de ingresos y planeación de gastos

Las universidades públicas tienen más gastos que ingresos y eso las ha llevado a la crisis en la que están hoy. Sin embargo, para la ex viceministra Natalia Ariza, el problema se agrava porque a la hora de planear sus gastos, las universidades públicas no coordinan ese gasto con los ingresos.

Según Ariza, los órganos que tienen la competencia de prevenir que las universidades públicas lleguen a déficits operativos son los Consejos Superiores Universitarios, quienes deben aprobar presupuestos equilibrados. Pero lo que hacen al inicio del año cuando se aprueba el presupuesto es hacer un cálculo “engañoso” de los ingresos, pues en los casos donde el déficit es muy grande, estos se hacen basados en estimaciones que no son reales. Así, se aprueban presupuestos irreales porque nunca se generan esos ingresos.

“Hay autonomía para gastar, pero esa misma autonomía no los motiva para trabajar por fuentes adicionales de recursos reales y terminan generando sendos desequilibrios”, dice.

A eso se suma que en muchas regiones del país, las universidades públicas tienen que lidiar con poderes políticos que dominan sus órganos directos y por tanto, la plata también se escapa vía corrupción. Casos recientes son por ejemplo el de la Universidad de La Guajira, cuyo rector fue investigado por presuntos hechos de corrupción; la del Chocó, que está siendo investigada por otorgar títulos falsos; y la del Cesar, investigada por presunto fraude en la entrega de títulos sin cumplir los requisitos.

“Las universidades públicas no acreditadas están inmersas en la politiquería, tienen gastos muy altos que terminan siendo un desangre”, dice William Mendieta, exsecretario general del Ministerio de Educación. “Las universidades deberían hacer una autoevaluación de cómo están manejando los recursos”.

En eso está de acuerdo Jairo Torres del SUE. “La politiquería contribuye al déficit. Por eso, nuestra propuesta es reformar el sistema”.

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