¿Y el debate periodístico cuándo?

Con el escándalo Ferro quedó claro que desde el Ministerio de Defensa llamaron a la Organización Ardila Lulle para comentar las investigaciones de la FM y les recordaron también las labores que la policía tanto hace por ese conglomerado en el Cauca. Aquí algunas reflexiones sobre la censura y la propiedad de medios, que como siempre, escapa del debate público.

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María Paula Martínez

24.02.2016

La entrevista de Daniel Coronell a Vicky Dávila inauguró una nueva semana de debate sobre el triángulo incómodo del poder, la intimidad y el interés público. Fue publicada en la última edición de la Revista Semana, que ya es un ejemplar de colección: titulada PoliGaYTe, tiene un montaje de Palomino, Dávila, Ferro y el procurador Ordoñez sobre unas cintas de rollo de película de 35mm atrás. Adentro está la entrevista en la Vicky dice que el presidente pidió su cabeza y la caricatura escrita de Daniel Samper Ospina con una queja por la falta de moteles con parqueaderos privados en el país.

"Que desde Presidencia o de los ministerios llamen a los directivos (no a los periodistas directamente implicados) para decidir sobre los contenidos periodísticos es una práctica básica de censura y presión de los intereses económicos de la empresa sobre el interés público de la información"

A este ejercicio caliente con tintes de tragicomedia y argumentos moralistas le hace falta un análisis frío sobre censura y libertad de expresión. A la Fiscalía le corresponde investigar la red de prostitución y los homicidios asociados, y al periodismo, hacer un debate sobre la censura, la presión y la libertad de expresión. En entrevista con Julio Sánchez Cristo en WRadio, el presidente Santos se refirió al episodio de las llamadas desde el Ministerio de Defensa a los directivos de la Organización Ardila Lulle diciendo que es normal dentro del proceso periodístico de verificación y de contrastación. Pero no lo es. En Colombia parece una práctica habitual, lo que no la hace normal. Como tampoco lo es el envío de almendras tricolor a la periodista Vicky Dávila. Que desde Presidencia o de los ministerios llamen a los directivos (no a los periodistas directamente implicados) para decidir sobre los contenidos periodísticos es una práctica básica de censura y presión de los intereses económicos de la empresa sobre el interés público de la información. Es anormal también que los periodistas que han intentado indagar este tema de corrupción y abuso sexual en la Policía sean silenciados. Vía chuzadas, vía obstáculo para su investigación, o vía despido. Antes de Vicky, ya lo habían intentado Enrique Tapias de Noticias Uno y Alejandra Rodríguez y Diana Henao de Séptimo día, Claudia Palacios y Edgar Artunduaga.

Publicado el video, es muy fácil hacer aseveraciones y pensar en otras formas de tratarlo. Lo que queda claro hoy es que no se trata de una pieza suelta malintencionada para dañar a la familia de un funcionario, sino que es tan solo una parte de un rompecabezas complejo que aún no termina de armarse. Ahora queda preguntarse cuál medio de información, a pesar de las obvias advertencias, se le mide a la tarea de seguir investigando todas las denuncias de este caso.

Las opciones son pocas, porque la mayoría de medios de este país le pertenecen a ese y a otros conglomerados económicos cercanos al poder, con intereses en otros muchos campos y que inciden constantemente en la agenda periodística sin que Twitter ni nadie se muestre indignado.

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