El 31 de octubre de 2000 ocurrió un suceso que, se ha dicho, marcó un antes y un después en políticas de género. Ese día, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el máximo responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, votó por unanimidad de sus 15 miembros a favor de la Resolución 1325, un documento que por primera vez reconoció el efecto desproporcionado y diferenciado que los conflictos armados causan a las mujeres y niñas, por lo que se les debe brindar una protección especial. La resolución subraya la importancia de que ellas participen en procesos de paz, en la prevención de conflictos y en la recuperación del tejido social.
Ya al comienzo se lee que las mujeres y las niñas constituyen la gran mayoría de quienes son afectadxs, que ellas sufren más ataques por parte de actores armados y engrosan las listas de desplazamiento interno. A pesar de cierto imaginario que sugiere que las mujeres no son víctimas del conflicto armado en Colombia porque quienes combaten son, en su mayoría, hombres, de las casi nueve millones de personas incluidas en el Registro Único de Víctimas, 4,2 millones son mujeres: 3,7 millones son víctimas de desplazamiento, 458 mil de feminicidio, 77 mil de desaparición forzada y 17.350 de violencia sexual.
Por cifras como estas la Resolución 1325 les pide a los Estados que implementen medidas institucionales para garantizar la protección de las mujeres y niñas. Pero también —y de manera enfática— el documento insiste en que se asegure su participación y representación en la toma de decisiones de esas medidas: que más mujeres se involucren en las misiones en terreno de la ONU, que se incorpore un enfoque de género en cualquier negociación de paz, en el mantenimiento de la misma y en la reconstrucción después de los conflictos. Además, que los Estados pongan fin a la impunidad, sobre todo ante los crímenes de violencia sexual.
La importancia de resoluciones como la 1325 es que son herramientas, marcos jurídicos y políticos que señalan qué hacer y por dónde seguir. En el año 2000, Colombia adhirió, pero solo hasta ahora —22 años después— formulará, implementará y hará seguimiento de un plan de acción concertado entre el gobierno y organizaciones de mujeres y feministas para que lo estipulado allí se lleve a cabo.
En Cerosetenta inauguramos la sección En tres tiempos, en la que intentamos desmenuzar el pasado, presente y futuro de un tema, en esta ocasión la Resolución 1325. Para eso, hablamos con la abogada Marina Gallego, fundadora y coordinadora nacional de la Ruta Pacífica de las Mujeres, y con más de 20 años de experiencia en el movimiento social de mujeres y el movimiento por la paz.
¿Qué pasó?
“La resolución viene de luchas del feminismo a nivel internacional”, dice Marina Gallego y agrega: “En los conflictos armados, especialmente en la segunda guerra mundial y luego en la antigua Yugoslavia se vio la situación de las mujeres, se develaron las violencias contra ellas, así como el papel que podrían asumir. Esas demandas fueron apareciendo en distintas conferencias internacionales para hacer visible lo que sucede en la guerra y cómo las mujeres nos adaptamos de manera diferenciada, pero también cómo podemos aportar”.
Aunque desde la fundación de la ONU y en las tres primeras Conferencias Mundiales sobre la Mujer, realizadas en los años 70 y 80, se habló de igualdad de género, fue en 1995, en la cuarta conferencia de Beijing, donde se acordó por primera vez abordar el tema de la seguridad de las mujeres y sus aportes a la paz. Pasaron cinco años para que el Consejo de Seguridad emitiera la Resolución 1325 con la que se estableció la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Entre 2008 y 2015, le siguieron otras siete resoluciones que refuerzan la protección a mujeres y niñas, su participación en la toma de decisiones, el enfoque de género en contextos de conflicto y posconflicto y la definición de la violencia sexual como una táctica de guerra.
“Esto es lo que venimos haciendo desde siempre. Y venimos trabajando para que se haga un plan de acción de la Resolución 1325, pero ningún gobierno lo había hecho” — Marina Gallego
Para Marina Gallego, que hayan pasado 22 años para que Colombia emprendiera un plan de acción de la Resolución 1325 obedece a una falta de voluntad política, pero no a que el movimiento social de mujeres no avanzara al respecto. “Desde antes de la resolución las mujeres cumplimos una labor protagónica frente al conflicto armado en Colombia”, afirma Gallego. “En los 90, con una situación de desplazamiento muy fuerte, empezamos a trabajar con las mujeres respecto a la violencia sexual, al desplazamiento, y a recoger la cotidianidad que viven en los territorios afectados por el conflicto”. Gallego menciona la participación de las mujeres en el proceso de paz con las Farc —en cuyo Acuerdo Final quedó consignado un enfoque de género en más de cien medidas que, sin embargo, no se han terminado de implementar—, pero también en la Ley de Justicia y Paz e incluso en las negociaciones con el ELN. “Esto es lo que venimos haciendo desde siempre. Y venimos trabajando para que se haga un plan de acción de la Resolución 1325, pero ningún gobierno lo había hecho”.
¿Qué está pasando?
El 24 de octubre de 2022, la entonces viceministra de asuntos multilaterales Laura Gil se reunió en Quibdó junto a la consejera presidencial para la equidad de la mujer, Clemencia Carabalí, representes de la ONU, la comunidad internacional y organizaciones de mujeres, para anunciar —por fin— la puesta en marcha de un plan de acción de la Resolución 1325. La viceministra dijo que sería una hoja de ruta concertada entre el gobierno y el movimiento social de mujeres que valoraría el trabajo realizado por mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y de la comunidad LBTIQ+ y que tendría un enfoque territorial, étnico, etario e intersectorial. Agregó que se haría un proceso de pedagogía para el gobierno, un foro nacional y cinco foros regionales, diálogos sectoriales y una concertación final para, cuando todo estuviera listo, presentar el plan ante la asamblea general de la ONU.
Pero hace un par de semanas, sin que mediara mayor explicación, el canciller Álvaro Leyva tuiteó que Laura Gil sería reemplazada de su cargo. Unos días antes, en medio de rumores, circuló una carta firmada por 511 organizaciones feministas y mujeres a título personal que expresaban su rechazo por el posible reemplazo y exaltaban el trabajo de la viceministra en materia de género. “Señor presidente —dice la carta—: en este contexto no vemos condiciones para continuar participando activamente en la formulación del plan de acción de la Resolución 1325”.
“No nos han contestado, el gobierno no nos ha dado la cara”, dice Marina Gallego sobre la carta también firmada por la Ruta Pacífica de las Mujeres de la que es coordinadora. “Pero seguiremos. Vamos a presionar para que esto continúe como lo habíamos establecido”.
Con todo, este 23 de marzo se dio inicio al proceso de construcción del plan de acción de la Resolución 1325 en el que están participando a través de discusiones locales más de mil mujeres en todo el país. Ese día se realizó también el primer foro regional en Cali al que asistieron la consejera Clemencia Carabalí y representantes internacionales y de la ONU.
¿Qué pasará?
Gallego explica que se está haciendo un proceso de pedagogía sobre la Resolución 1325 entre las mujeres que participan en las discusiones y que luego empezará una trabajo de recolección de propuestas sobre lo que ellas consideran que debe quedar en el plan según sus contextos y necesidades. Mientras tanto, seguirán los foros regionales que culminarán en un encuentro nacional. Ellas esperan tener el plan listo en junio para presentarlo ante la ONU en septiembre u octubre.
Gallego finaliza enumerando las causas por las que la violencia en un conflicto impacta de manera especial —diferenciada— a las mujeres y niñas: porque aunque ellas no son las que más mueren, sí quedan a cargo de las responsabilidades familiares y comunitarias tras una situación de violencia: cuidar de hijos, hijas y ancianos las pone en una situación de riesgo, explica Gallego, y pregunta: “¿Cómo sale uno corriendo con toda esa responsabilidad?”. Porque todavía no hay consciencia colectiva frente a lo que significa que una mujer sea víctima de violencia sexual por parte de un actor armado. Porque hay poblaciones enteras que crecieron con un mensaje de guerra que perdura y que ubica a las mujeres en un lugar de subordinación.
Lo que se está haciendo es un paso más para cambiar eso.
