Partamos de un hecho: la Policía Nacional de Colombia, apoyada en el artículo 35 de su Código, aumentó de 2019 a 2020 en casi un 200 % el número de multas de tipo 4 (las más costosas) impuestas a la ciudadanía. Entre abril y agosto de 2019, más de 400 mil personas pagaron una multa. Durante el mismo período en la pandemia, fueron más de un millón cien mil personas multadas entre los 19 y 30 años: las más inestables económicamente.

Trapitos al sol del autoritarismo, el más reciente informe de Temblores ONG, evidencia cómo las fuerzas policiales se convirtieron en el principal garante del cumplimiento de las medidas de aislamiento y cómo abusaron de ese poder excepcional. El informe da cuenta de cómo el espacio público permaneció en disputa durante las medidas de aislamiento y cuarentena: entre la militarización y la vulneración permanente a los sectores sociales marginados. 

El informe contó con un cruce de datos cualitativos y cuantitativos que demuestra que las medidas del Gobierno de Iván Duque para evitar la propagación del virus legitimaron la violencia policial. Además, la expedición de decretos y excepcionalidades también contribuyeron a la concentración del poder ejecutivo y a la falta de control del mismo. En Trapitos al sol del autoritarismo, Temblores ONG revisó los decretos que aumentaron los operativos policiales y, por tanto, las denuncias por violencia policial.

Mediante derechos de petición, Temblores ONG recopiló información de la Secretaría Distrital de Seguridad, de la Dirección General de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa. Esto fue contrastado con los reportes de su plataforma GRITA, que registra violencia policial y busca asistir a sus víctimas. Durante el 2020, GRITA reunió y registró las denuncias de organizaciones de la sociedad civil; denuncias publicadas en redes sociales; información de 14 bases de datos de la Secretaría de Gobierno, la Personería de Bogotá y la Policía Metropolitana de Bogotá; denuncias en prensa nacional y local de diez medios diferentes (incluido Cerosetenta); y las denuncias directas de los ciudadanos al equipo del Observatorio de Violencia Policial de Temblores ONG. 

El informe cita autores y autoras que hacen parte de la conversación sobre la situación de seguridad ciudadana en América Latina, un diálogo en la región que dio pie a la conformación de la Red Global contra la Violencia Policial, integrada por 28 organizaciones de 12 países. 

Aquí les presentamos siete conclusiones curadas por Cerosetenta y nuestra participación en la presentación del texto.

1.  Nos despedimos del espacio público, pero no todxs

El espacio público solo pudo ser habitado legítimamente por agentes de policía que vigilaron que nadie estuviera en la calle (salvo algunas personas amparadas por excepciones legislativas confusas y amplias).

El espacio público, en disputa, también fue centro de persecución a ciertas ciudadanías. Según el DANE, en 2020 el 47,9% de la población se encontraba en el sector informal (incluídos recicladores, cachivacheros, trabajadoras sexuales, entre otros). Para Temblores, ese fue el sector más afectado por las restricciones de la pandemia y por la policía.

El informe resalta el plantón pacífico de trabajadores informales del 24 de marzo, que terminó con una intervención de la Policía con aturdidoras para dispersar la manifestación. Tan solo en los primeros cinco meses de pandemia (de marzo a agosto), asegura Temblores que se registraron diecinueve casos de violencia policial contra habitantes de la calle y vendedores ambulantes.

Ningún cuerpo es sacrificable

2. El poder se concentró en el Ejecutivo y el control fue insuficiente

La Policía abusó de su poder, lo hizo con sus facultades especiales y amparada en los decretos del poder ejecutivo en Colombia. Pero no solo la policía. Los dos primeros  decretos expedidos en Colombia (el 17 de marzo y el 6 de mayo de 2020) declararon el Estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el país. 

Cita el informe que el Estado de emergencia es una figura constitucional de carácter extraordinario que habilita al presidente de la República a adoptar medidas con fuerza de ley. Sin embargo, hubo ausencia de control político y constitucional tanto de esos estados de emergencia como de los decretos legislativos sucesivos. El Congreso, argumenta Temblores, aseguró que las medidas adoptadas fueron oportunas, adecuadas y convenientes para contrarrestar los efectos de la pandemia; pero a la ONG le preocupa el historial de abuso de la figura del estado de sitio en Colombia, por parte del Ejecutivo, que hace urgente el control político. 

“El estado de sitio se convirtió en una política ordinaria gubernamental en la que vivimos por más de treinta años y la cual permitió la militarización recurrente de la seguridad ciudadana”, dice el informe.

La concentración de poder en el Ejecutivo, con la expedición de 73 decretos legislativos durante el primer periodo de Estado de emergencia y 41 en el segundo período, hace parte de los efectos secundarios señalados en Trapitos al sol del autoritarismo. Estos decretos, además, tenían un lenguaje ambiguo y confuso que le dio un gran margen de acción a la policía.

– Se decretó que se las “Actividades profesionales, técnicas y de servicios en general” estaban exentas. O sea, ¿quiénes? ¿Todxs? 
– Aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. ¿Qué significa eso?
– Los alcaldes tuvieron la facultad de restringir las actividades, áreas, zonas y hogares que consideraran pertinentes para un aislamiento selectivo y focalizado. También pudieron restringir los eventos de carácter público o privado que implicaran aglomeraciones. ¿Cuáles, entonces, eran los límites de las restricciones?

3. La policía se comportó con mucha rabia y a punta de plomo

En Colombia, para hacer cumplir las medidas administrativas, dice Temblores que la Policía desplegó su fuerza con “patrullajes, control residencial y comerciales en cada jurisdicción a fin de evitar manifestaciones públicas, saqueos y actos de vandalismo”. La militarización y la falta de acceso a servicios básicos produjeron una crisis humanitaria que agudizó los problemas estructurales como la violencia policial y la desigualdad en el país.

Hubo obstrucción de vías y cacerolazos. La mayoría reprimidos. Y cuando las ayudas institucionales fueron insuficientes, al sector informal se le vulneró doblemente. Ciudad Bolívar, Bosa, Soacha y Suba fueron las localidades de Bogotá que sacaron sus trapos rojos como seña del hambre. Después salieron a ondearlos en las calles, en protestas y plantones que la fuerza pública cohibió con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras. La posición institucional fue, aún con el atropello, validar el uso de la fuerza para mantener un aislamiento estricto. 

Las denuncias y quejas por abuso policial son mayores en las localidades con mayor cantidad de barrios marginales. La plataforma GRITA registró 161 casos de violencia policial, que incluían violencia verbal, física, sexual y homicida.

Para rematar, hubo un aumento en 2020 del número de multas impuestas en los meses de cuarentena en comparación con el año anterior:  407.534 multas entre abril y agosto de 2019 y 1’118.986 en el mismo periodo en 2020. Hubo un aumento del 174,5%. 

4. La violencia de la policía es racista, clasista, homofóbica y sigue criminalizando a los jóvenes

Por otro lado, también se registraron una serie de hechos de violencia de género durante la cuarentena. En Bogotá, la Alcaldía impulsó la medida del “pico y género” que regulaba la salida de hombres y mujeres en días distintos. Esto, además de basarse en prejuicios de género, dice Temblores que dejó en una situación de mayor vulnerabilidad a las personas transgénero y no binarias. 

“La violencia de la Policía contra la población civil no es homogénea, pues las formas de violentar y agredir a la ciudadanía corresponden a la población específica que está siendo violentada”, dicen en el informe. 

La organización registró el caso de ocho jóvenes retenidos arbitrariamente que recibieron descargas eléctricas dentro de un camión de policía el 1 de junio de 2020 en la localidad de Rafel Uribe Uribe. También registró el caso de un habitante de calle retenido en el CAI de Lourdes el 22 de marzo y que, en plena calle, fue desnudado y bañado con mangueras. Son doce casos entre los cuales también se encuentra el de una persona en Cali golpeada en una estación del transporte público que, por no llevar tapabocas, recibió un golpe con un bolillo en la cabeza, lo que la obligó a pasar varias semanas en una unidad de cuidados intensivos. 

De los 161 hechos de violencia policial registrados en GRITA entre marzo y agosto de 2020 (meses de cuarentena estricta en Colombia), en 40 casos hubo alguna situación de violencia al interior de un CAI.

5. Se rompió una relación frágil que terminó en dos noches de terror: 9S y 10S

Con más poder del acostumbrado, la Policía sacó partido. Sin embargo, cuando el 1 de septiembre se acabaron las cuarentenas, su poder empezó a mitigarse. Hasta el 8 de septiembre, cuando se registró un violento video en el que dos policías electrocutaban una y otra vez al ciudadano Javier Ordóñez, sin importar sus súplicas y reclamos de dolor, dice Temblores ONG. 

“Las protestas iniciaron pacíficamente, pero con el pasar de las horas se tornaron violentas. Algunas personas empezaron a lanzar piedras a las estaciones e intentaron quemarlas. Según datos del Ministerio de Defensa, hubo 81 instalaciones de policía afectadas”. De estas, 43 fueron incendiadas y 38 vandalizadas esa noche.

Ante la situación, fue evidente para Temblores ONG y para el país que “la Policía había perdido el control y el poder sobre el espacio público que había acumulado durante todo el año”. GRITA llevaba hasta entonces una cuenta de 163 casos de violencia policial en el año, incluyendo el caso de Javier Ordóñez, y once denuncias de asesinatos presuntamente cometidos por la Policía. Pero durante las noches del 9 y 10 de septiembre la organización recibió 194 denuncias de abuso policial, incluyendo trece asesinatos perpetrados presuntamente por miembros de la Fuerza Pública. 

En tan solo dos días, según la plataforma GRITA, el número de denuncias recibidas en el año aumentó en más del 100%. 

La mayoría de víctimas eran jóvenes. “Se crea el imaginario de que son quienes más deben ser vigilados por la Policía, especialmente los jóvenes pobres. Pues, como lo afirma Caldeira (2007) en Ciudad de muros, algunos ciudadanos, por su misma condición de pobreza, se encuentran más cercanos físicamente a la criminalidad y, por ende, son mayormente perfilados como criminales”. 

El 9 y 10 de septiembre no hubo miembros de la Policía asesinados, sí hubo, sin embargo, un saldo de 233 policías heridos, dice el informe.

6. Colombia requiere una Reforma a la Policía ¡YA! 

Para Temblores, la desconfianza de la ciudadanía frente a la policía es una amenaza a la democracia. “Cuando las instituciones empiezan a actuar en contra de los intereses de la ciudadanía, las personas dejan de ver esos actos como legítimos y, por ende, también las instituciones pierden legitimidad”. 

Para generar esa confianza, dice la ONG, el cambio del rol de la Policía tiene que ser drástico, de forma que su presencia y modo de funcionamiento no sean puestos en duda por los ciudadanos. Las constantes violaciones de los derechos humanos cometidas por esa institución demuestran que las conductas violentas, que en muchos casos se podrían catalogar como crímenes, representan una parte importante del accionar diario de la policía.

El informe propone cambiar el enfoque militarista que en la actualidad tiene dicha institución. El hecho de que el cuerpo de la Policía pertenezca al Ministerio de Defensa, al que están adscritos también cuerpos militares entrenados para la guerra y el conflicto armado, es problemático para la ONG porque: se caracteriza por hacer uso de la fuerza como primer recurso y se rige por la misma doctrina militar de búsqueda del enemigo interno bajo la cual están cobijadas las fuerzas militares.

Es urgente, además, replantear el hecho de que los crímenes de la Policía sean juzgados por la justicia penal militar. “Según la Constitución, es un cuerpo de naturaleza civil y no militar. Esta problemática también termina generando un mayor resentimiento ya que la justicia penal militar no garantiza la no impunidad y, por ende, la no repetición”, concluyen.

7. Una Policía no patriarcal, que no use la fuerza como primera medida y que respete los derechos humanos

Lo más preocupante para Temblores de la violencia policial en Colombia es que está cobrando la vida de personas. Y, a la vez, está generando traumas y resentimiento hacia una institución pública financiada con los impuestos de la ciudadanía. 

La organización propone reformas institucionales y estructurales que permitan adaptar el enfoque de la institución a las exigencias ciudadanas. También crear un espacio de pedagogía a los policías sobre cómo relacionarse con la ciudadanía, enfocado en la coyuntura de la Covid-19. Y recomiendan:

– Una Policía con un enfoque no patriarcal y de género. 
– Una Policía interesada en reducir riesgos y daños para que su relación con un usuario de sustancias no sea el uso de la fuerza y la expulsión del espacio público. 
– Una Policía entrenada en la resolución de conflictos y en todas las medidas que se pueden tomar para mediar antes de hacer uso de la fuerza. 
– Una Policía con formación en derechos humanos que trabaje en conjunto con las administraciones locales. 

👉🏼👉🏾👉🏿 Presentación del informe con participación de Cerosetenta.