Tres casos que no volverían a ocurrir si pasa la #ConsultaAnticorrupción

Los casos de altos funcionarios en Colombia capturados por corrupción en Colombia son muchos, ¿pero cuántos cumplen su condena y cuántos dejan de ejercer cargos? Esta es la segunda entrega en la que le explicamos lo que no ha podido entender sobre la #ConsultaAnticorrupción.

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15.08.2018

*Nuestro lector Carlos Jose Gomez Hurtado nos envió un correo que produjo cambios en la nota que resaltamos en cursiva.

Formular programas y leyes contra la corrupción es una tarea que se ha hecho en Colombia desde hace un rato. En el 2011 se creó el estatuto anticorrupción con la ley 1474, en el 2012 nació el plan de anticorrupción y de atención al ciudadano con el decreto 2641, en el 2014 fue sancionada la ley de transparencia del derecho de acceso a la información pública con la ley 1712 y el manual único de rendición de cuentas. En el 2016 nace la comisión nacional ciudadana para la lucha contra la corrupción con el decreto 958, y otras medidas a lo largo de estos años. Y sin embargo, durante este mismo tiempo, se han presentado escandalosos casos de corrupción de altos funcionarios públicos en Colombia que llenaron las portadas de los medios, y en su gran mayoría, terminaban con el alto funcionario pagando casa por cárcel, en cárcel especial, penas reducidas e, incluso, volviendo a ejercer cargos políticos.

La Consulta Anticorrupción propuesta por el Partido Verde busca acabar con estos procesos especiales de detención a los corruptos y cortar cualquier vínculo que se pueda dar en un futuro con el gobierno. La segunda pregunta de la consulta que los colombianos deben responder el 26 de agosto dice: ¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?

El alcance de esta segunda parte de la consulta es fortalecer las condenas contra los culpables por corrupción, obligarlos a cumplir la totalidad de sus penas, quitar la famosa opción de la csasa por cárcel y prohibirles la opción de que vuelvan a vincularse con el Estado. En Colombia ya existen medidas de este estilo, como las que estipula el Código de Infancia en los delitos contra los menores de edad.

Caso #1 Oneida Pinto: cómo vivir un año en el limbo y salir libre

El 8 de marzo de 2017 fue capturada la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto. Su captura fue impulsada por irregularidades en la contratación de espacios de prevención de mortalidad infantil. Estos espacios eran dictados por albañiles, mecánicos y técnicos, quienes no conocían del tema a fondo, y recibían bonificaciones. Este fue una red de contrataciones, establecidas desde el Hospital San Rafael de Albania, que se usó como presupuesto para garantizar la alcaldía de Pinto en 2012.

371 días después de su detención, tiempo en el que Pinto consiguió que un juez le diera casa por cárcel, argumentando su rol de madre cabeza de familia. Tiempo en el que se investigó a Pinto por participar en las amenazas de homicidio contra su reemplazo en la gobernación Jorge Enrique Vélez. Tiempo en el que Pinto presentó una tutela que fue rechazada para volver a su cargo. El 5 de junio de 2018 la exgobernadora de La Guajira fue liberada por vencimiento de términos. 

Si lo planteado en la consulta rigiera durante el proceso de Oneida Pinto, no tendría la opción de tener casa por cárcel.

Caso #2 Quinto Guerra: quince días como alcalde

A finales de abril de 2018 el Consejo Nacional Electoral negó la solicitud de volver nula la candidatura de Antonio Quinto Guerra a la Alcaldía de Cartagena. La solicitud fue establecida porque Guerra fue contratista hasta diciembre del 2017 en el Ministerio de Vivienda y la Gobernación de Bolívar, lo cual lo inhabilitaba. Además también tenía una candidatura apoyada por la casa García Zucardi, en la que José García estaba condenado en 2007 a tres años y medio de cárcel por corrupción. Sin embargo, la solicitud fue negada y llegaron las elecciones populares de la Alcaldía de Cartagena, en las que Guerra fue elegido con 71.576 votos.

Tan solo quince días luego de su posesión, el 25 de mayo, la demanda interpuesta por la Procuraduría para revocar de su cargo a Guerra obtuvo resultados, pero a medias: se dictó medida cautelar mientras se llegaba a una decisión de fondo. Resultados a medias porque la ciudad de Cartagena tiene un alcalde electo que no puede ejercer sus funciones, pero tampoco ha dejado su cargo. El 2 de agosto, dos meses después, el Consejo de Estado ratificó la suspensión de Guerra, pero no se ha establecido un proceso en el que se reemplace su labor en la alcaldía.

Si lo planteado en la consulta rigiera durante el proceso de Quinto Guerra, no tendría el impacto del apoyo de la casa García Zucardi y no se habría podido presentar a la elección por voto popular de la Alcaldía de Cartagena.

Caso #3 Juan Carlos Martínez: una década de parranda a la justicia

En un principio, la historia de Sinisterra parecía admirable: un comerciante de Timbiquí, Cauca que logró ser diputado del Valle en 1997, congresista en el 2002 y reelegido en el 2006. Pero tres años después fue capturado por la fiscalía y llevado a La Picota por ser colaborador de las AUC en declaraciones del paramilitar alias ‘H.H’. Aunque se logró una condena por la Corte Suprema de Justicia en el 2011, una condena de siete años y seis meses en prisión, su estadía en La Picota y el penal El Bosque de Barranquilla, fue una serie de lujos, fiestas y organización del partido ADN y PIN.

Tan solo un año después de ser condenado, el 14 de marzo de 2012 un juez le concedió casa por cárcel porque su defensa argumentó que Sinisterra era cabeza de familia. Y durante este tiempo, regresó a la política para respaldar desde su partido Opción Ciudadana (antes PIN) a candidatos que no obtuvieron ninguna curul. Pero las condenas y las cárceles fueron viejos hábitos que lo siguieron acompañando en 2016, año en el que fue condenado a 48 meses de prisión, y hasta 2018 donde la Procuraduría General lo condenó a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito.

Si lo planteado en la consulta rigiera durante el proceso de Juan Carlos Martínez, no tendría los lujos en sus detenciones, no podría orquestar la fundación de partidos, no podría implicarse políticamente y, por supuesto, habría cumplido por completo con su condena en una cárcel.

 

 

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