En la casa de Manuel Manjarrés hay un nevecón oxidado que le regalaron y él mismo reparó. El aparato tiene un dispensador de agua fresca que nunca ha podido usar. El único chorro de agua pública que llega a su casa entra por una gotera que hay en una de las tejas de eternit del cuarto principal de su casa y que él recoge en un platón de plástico. Hubo una época en que el agua sí corría por los tubos, pero la cortaron porque muchos de este barrio marginal nunca pagaron. “Llevo 9 años viviendo en este barrio y sólo me llegó un año agua del acueducto”, dice Manjarrés, que vive aquí junto a su esposa y dos hijos -uno de ellos con discapacidad mental-. Su casa es de las pocas de ladrillo en Villa Amelia, un barrio de chozas de bahareque en las afueras de Maicao, la segunda ciudad más importante de la Guajira, después de la capital, Riohacha.

Cuando llueve, los Manjarrés almacenan el agua en grandes baldes que luego utilizan para bañarse, lavar los platos y la ropa. Cuando no llueve -algo frecuente en estas tierras desérticas-, Manuel tiene que pagar entre 2 mil y 3 mil pesos al carrotanque que pasa casi todos los días por las polvorientas calles del barrio vendiendo agua. Muchos beben el agua de los carrrotanques aunque no sea apta para el consumo, o compran bolsitas o garrafas de agua procesada. En un mes los Manjarrés pueden gastar hasta 90 mil pesos en agua, un dinero difícil de conseguir para un mototaxista y su esposa, una vendedora ambulante de dulces.

“La falta de agua es el problema social más grande de La Guajira”, asegura Weildler Guerra, antropólogo experto en la región. Éste departamento tiene la menor tasa de cobertura del Caribe colombiano. Sólo la mitad de los guajiros (51.2%) tienen conexión al acueducto, que sólo bombea algunos días de la semana. Esto ubica al departamento muy por debajo del promedio nacional de cobertura (83,4%.). “El problema no sólo es de cobertura sino de calidad”, precisa Guerra.

Una de las situaciones más críticas la vive Maicao, el mayor centro de comercio de La Guajira y antaño sinónimo del contrabando de electrodomésticos y licores. Hoy, caminar por el centro de esta ciudad es casi imposible: los andenes están convertidos en bodegas y vitrinas, y las basuras se apilan en las calles formando lodazales. La única fuente de agua de esta ciudad es el río Jordán, insuficiente para dar de beber a sus 126 mil habitantes. “Aquí un lavamanos en la pared es un lujo”, dice Alejandro Rutto, un maicaero que cuenta con este privilegio. En su casa tiene un inmenso tanque subterráneo donde guarda el agua que compra a los carrotanques y, a veces, la de la lluvia, a través de un sistema de canales.

“En Maicao pagamos tres veces por el agua”, asegura Rutto. “La primera, en el recibo de la empresa, llegue o no el agua. La segunda, a los carrotanques. Y la tercera, los botellones de agua potable pues la del acueducto no se puede tomar”, explica.

La escasez de agua ha llegado a convertirse en un asunto de orden público. El desespero de los habitantes por el agua llegó a su punto más álgido el 6 de agosto de 1991, después de una de las sequías más fuertes de la última década. Ese día hubo disturbios y enfrentamientos con la policía y el ejército. Dos personas murieron y decenas fueron detenidas. “Parecía un hormiguero humano”, señala Rutto, quien cubrió la noticia para el periódico local. “Esa protesta fue un hito”, asegura.

Acueducto en camiones, carretas y burros

La falta de servicio público de agua ha incentivado un negocio paralelo de abastecimiento: los carrotanques. Hernán Bula, un cuarentón que viste de bluyín y camiseta a rayas, lleva 4 años manejando uno de estos carrotanques que se han convertido en el principal surtidor de agua en el departamento. De lunes a viernes, Bula viene incluso tres veces al día con su destartalado camión hasta Empojira, un patio de abastecimiento sobre la vía destapada que va de Riohacha a Valledupar. En este lugar, administrado por Aguas de la Guajira, la empresa que maneja el agua en el departamento, Bula paga 10 mil pesos por nueve metros cúbicos de agua que le caben a su carrotanque. “Si te quedas sin agua el viernes tienes que esperar hasta el lunes y si el lunes es feriado tienes que esperar hasta el martes”, dice Bula mientras conduce hacia la ranchería Cachaca Uno, a 20 minutos del centro de Riohacha, donde no llega el acueducto. Son las 11 de la mañana y este es su segundo viaje del día.

Como Empojira, esta especie de manantiales artificiales son la principal fuente de agua en cada una de las ciudades. En Maicao, por ejemplo, sobre la carretera a Carraipía está la alberca San José, donde, desde las 4 de la mañana hasta el medio día, decenas de carrotanques esperan su turno para que sus mangueras empiecen a chupar, como un pitillo, el agua de esta reserva subterránea. José Fernando Vides paga 7 mil pesos por llenar su carrotanque que después revende entre 50 mil y 70 mil, según la distancia. En tiempos de sequía el mismo servicio puede subir hasta 90 mil pesos. Muchos guajiros no pueden pagar ese precio o no tienen en sus casas donde almacenar tanta agua por lo que también algunos carrotanqueros venden por “latas” (baldes), a 200 pesos cada una. Este servicio al menudeo también se presta por medio de carretas y burros que algunos apodan “burrotanquitos”.

Edwin Tapias, administrador de la alberca, cuenta que en verano entran apenas de 90 a 100 litros por segundo. “Para abastecer a la ciudad se necesita que entren unos 450 litros por segundo”, dice Tapias, acomodándose la camisa en la que exhibe el logo de Aguas de la Península, la empresa encargada de administrar el agua. Cuando las lluvias mantienen el río Jordán en su nivel habitual, los maicaeros reciben agua dos días a la semana, pero en verano, las tuberías quedan secas por más de 12 días. Que llueva no siempre es una bendición. La víspera de nuestra charla con Tapias cayó un torrencial aguacero que rebotó las aguas del río que bajaron cargadas de lodo y palos, por lo que no pudieron llenar la alberca.

Del pozo al grifo

Además de abastecer a los camiones, Aguas de la Península es la encargada, desde 2001, de instalar tubería hasta las casas. La oficina de esta empresa queda en el centro de Maicao donde a diario, decenas de personas se pelean por un turno para reclamar por un servicio que consideran deficiente. Muchos de los que hoy esperan en esta oficina climatizada, llevan en su mano una factura con un sello en tinta roja que les advierte: “Suspensión Programada”. En la fila de reclamos algunos protestan porque les están cobrando por un acueducto que no llega hasta sus casas y, cuando sí lo hace, por cobros por encima del consumo real. Por no pagar, muchos tienen deudas millonarias con la empresa.

“¡Mucha plata y poco servicio!”, reclama indignado un cliente al salir por la puerta donde un afiche advierte que está prohibido ingresar con armas. Una mujer, parada frente a una ventanilla, se queja de que le cobren servicio de alcantarillado, cuando en su casa no hay. Otra que tuvo que venir –por segunda vez- a esta oficina es Eneida Clemente. Su factura normalmente le llega por 40 mil pesos al mes y en julio, sin explicación alguna, le cobraron 90 mil. “Igual me va a tocar pagar aunque no deba”, dice Clemente y explica que la factura vence en 15 días y la revisión del caso se demora un mes. Los maicaeros tendrán que armarse de paciencia: la concesión a la empresa va hasta el 2031.

Aguas de la Península defiende su gestión. “Hay algo que se llama la cultura de pago y aquí los usuarios no la tienen”, responde Romín Correa, director de la empresa en Maicao, quien al principio se resistió a dar explicaciones. Según él, las facturas siempre incluyen acueducto y alcantarillado aunque las casas no estén conectadas a alguno de los dos servicios. “Se cobra la disponibilidad”, dijo. Esto es para algunos tan absurdo como cobrarle a alguien por los buses que pasan frente a la casa, así no los tome. Según Correa, los avances en la prestación del servicio son notables y argumenta que hace nueve años operaban 370 carrotanques y actualmente sólo hay registros de 25. Para Correa, los carrotanques ofrecen un apoyo importante para la gente que aún no tiene servicio de acueducto pero también fomentan la cultura de no pago. “Los carrotanques hacen negocio con los usuarios que están suspendidos y no quieren pagar”, explica. “Es un vicio y en ese sentido no ayudan”.

A tan sólo dos cuadras de la congestionada oficina de reclamos de Aguas de la Península está la sede de Gases de La Guajira, una empresa que los guajiros admiran por su eficiencia. Allí, la amplia sala de espera está vacía, dos funcionarios bostezan mientras ven televisión. “No se recibe más de una queja por mala facturación al mes”, comenta la encargada de atención al cliente. ¿Por qué sí se pudo crear una red eficiente de gas en Maicao y aún no ha sido posible crear una de agua?

Es tal la necesidad de asegurar el acceso al agua en La Guajira, que pequeñas inversiones en sitios puntuales han mostrado que pueden traer beneficios tangibles en la vida de las comunidades. Este es el caso, por ejemplo, de la ranchería wayúu La Gran Vía, a tres horas al norte por trocha desde el Cabo de la Vela. Allí se construyó el primer reservorio del desierto de La Guajira, un gigantesco estanque donde se abastecen, además de los 170 wayúus de la Gran Vía, comunidades que habitan a dos horas a pie desde este punto. “Antes del reservorio madrugábamos a las tres de la mañana para ir por agua y regresábamos a las once de la mañana. Íbamos caminando, en burro o bicicleta”, cuenta María Aminta Estrada, profesora de la escuela de esta ranchería. Ese día, 14 de julio, no había clases pues la ranchería se estaba preparando para recibir, en persona, la visita del Vicepresidente Francisco Santos que llegaría en helicóptero a conocer la obra. Por tradición, recoger agua es trabajo de mujeres y niños, que ahora pueden dedicar más tiempo a estudiar.

¿Qué dice el Estado?

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) está trabajando para lograr una distribución más eficiente de este recurso en el departamento. La Corporación ha dispuesto 5 mil millones de pesos para, junto con el Ministerio de Ambiente y la Gobernación, sacar adelante el Plan Departamental de Aguas, aprobado apenas el 7 de enero de 2010, aunque La Guajira ha sufrido de sed toda la vida. Este plan incluye ampliar el suministro de agua para comunidades indígenas a través de jagüeyes (pozos artesanales), reservorios y molinos. Según Julio Curvelo, coordinador de aprovechamiento de aguas de Corpoguajira, se pretende alcanzar un 95% de cobertura. La gran esperanza para el departamento es el megaproyecto de la represa del río Ranchería, la cual, pese a la polémica que ha generado, promete calmar por fin la sed de nueve de los 15 municipios de La Guajira.

“Montar el Plan ha sido una cosa bien difícil. En este país sacar una ley es todo un camello”, explica Paulina Bejarano, directora del Plan Departamental de Aguas en el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento. Desde su oficina en el piso 19 de una torre del centro de Bogotá, Bejarano confía en que con este Plan que cuenta con un crédito de 90 millones de dólares del Banco Mundial los guajiros tendrán agua potable en 2013. (Ver: Decreto 3200 de 2008 y a la Ley 1176 de 2007)

¿Por qué un departamento que ocupa el cuarto lugar entre los que más reciben regalías en Colombia, unos 41 millones de dólares al año, aun no ha podido resolver una necesidad tan básica? Ni siquiera Amparo García, directora nacional de regalías del Departamento Nacional de Planeación (DNP) tenía una respuesta hasta hace poco. Desde marzo del 2010, el DNP tomó el control sobre las inversiones de la región debido a la corrupción e ineficacia de las administraciones locales. En el período de 1984 a 2005, La Guajira recibió 865 millones de dólares en regalías de gas y carbón. Entre el 2006 y 2007, la Fiscalía le abrió investigación por delitos relacionados con la celebración indebida de contratos a cuatro ex gobernadores; Álvaro Cuello, Hernando David Deluque, Jaime Ezpeleta y José Luis González.

“El agua es un derecho fundamental y la han convertido en una mercancía con la privatización”, dice Javier Ariza, uno de los promotores del Referendo del Agua, una iniciativa civil para asegurar que el agua sea un derecho constitucional. Pese a que dos millones de personas avalaron esta iniciativa con su firma, el anterior gobierno de Uribe Vélez nunca la apoyó y terminó por hundirse en su trámite en la Cámara de Representantes.

Calmar la sed de los guajiros sigue siendo una deuda que el Estado no les ha podido saldar. La falta de agua en este departamento lleva décadas y aún no se ven soluciones definitivas. En el año 2000, la poca agua no alcanzaba ni siquiera para los 549 mil habitantes que tenía este departamento. El DANE estima que en apenas diez años, en 2020, La Guajira tendrá el doble de habitantes (1.093.733) y aún es incierto si habrá o no agua para darles de beber.

*Manuela Rodríguez es estudiante de Economía y Cristina Torres es egresada de psicología, amabas de la Universidad de los Andes. Este reportaje fue producido en la clase Periodismo en terreno del CEPER, dictada en la Guajira en el 2009.

COMPARTIR ARTÍCULO