Los discursos públicos en la región y el mundo han pintado una imagen uniforme de los/las traficantes de migrantes como monstruos descorazonados que convencen a personas de migrar, para sacar provecho económico de ellas, y luego abusarlas, estafarlas y abandonarlas. Esta idea es, cuando menos, desproporcionada y amañada.

El Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes es la herramienta internacional que define este fenómeno. Ofrece un concepto amplísimo que incluye todas las acciones que faciliten, de cualquier manera, la migración “ilegal” de una persona a cambio de un pago o una compensación.

Esto significa que en la categoría “traficantes de migrantes” caben desde las bandas criminales y los grupos armados que cobran peaje o servicios de guía o transporte en condiciones infrahumanas a migrantes, y que obligan a la población en tránsito a traficar drogas en su ruta hacia el norte; hasta los rebuscadores que cargan las maletas de quienes cruzan la frontera entre Venezuela y Colombia, las personas que migran desde Cuba en lanchas fabricadas por ellas mismas y venden sus cupos adicionales, y las comunidades indígenas y campesinas que alquilan sus lanchas para transportar a migrantes que atraviesan ríos cercanos a sus viviendas.

Así, aunque estén bajo una misma sombrilla conceptual, no todos los “traficantes de migrantes” son criminales ligados a redes de economías delictivas. En realidad, en casi todos los países de la región, la mayor parte de ellos son personas de comunidades atravesadas por un alto tránsito migratorio, con economías pequeñas y una presencia nula o débil de sus Estados, que ofrecen servicios remunerados a la población en movilidad.

Tener un trato homogéneo para el tráfico de migrantes hace que, por ejemplo, personas del pueblo indígena gunadule, que han guiado gente en el lado panameño del Darién, donde no hay presencia del Clan del Golfo, “se [encuentren] acusadas de tráfico de personas y en problemas con las fuerzas de seguridad panameña”, como contó Crisis Group. 

El ojo está puesto donde no se debe

En las Américas, los discursos totalizantes sobre traficantes de migrantes a menudo incluyen dos elementos: insinuar que son los principales abusadores de la población migrante en la ruta y decir que son los impulsores de los movimientos migratorios. Los dos traspasan los límites de la realidad.

Los traficantes de migrantes no son los principales agresores de migrantes en la región. Según datos de 3.000 encuestas hechas por el Mixed Migration Centre, el 16% de la población en tránsito identificó a los traficantes como posibles autores de los abusos en las zonas más peligrosas de su ruta migratoria. En contraste, más de la mitad (51%) identificó a miembros de la comunidad local, 39% a bandas criminales y 25% a grupos armados. El crimen organizado y los grupos armados son una de las principales amenazas para la población en movilidad en la región, incluso cuando estos no están ligados a las actividades de tráfico de migrantes.

Por su parte, este mismo estudio reveló que los traficantes no son determinadores de la decisión de migrar. Menos del 1% de las personas encuestadas planteó que un traficante había influido en su decisión. Lo que provoca la migración en América Latina y el Caribe son las condiciones de vida precarias de los países de origen, que han empeorado después de la pandemia. La mayoría de las personas encuestadas manifestó haber migrado por dificultades económicas (89%), violencia e inseguridad (37%) y dificultad para acceder a derechos y servicios (26%) en sus países de origen. 

En este punto vale la pena recordar que “circular libremente” y “salir de cualquier país” son Derechos Humanos y que las personas migrantes son sujetos con agencia, sin importar posibles influencias.

Prohibición del libre tránsito: el elefante en la habitación   

Tratar de forma uniforme a los “traficantes de migrantes” oculta (¿intencionalmente?) una realidad patente: buena parte de los abusos vividos por la población en tránsito en las Américas está relacionada con las medidas impuestas por los gobiernos de la región para restringir el libre tránsito.

Por ejemplo, un informe de Human Rights Watch (HRW) mostró cómo la implementación del requisito de visa para población venezolana y ecuatoriana en México y otros países de Centroamérica, promovido por Estados Unidos, consolidó la necesidad de pasar por el Tapón del Darién para llegar a su destino, una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. La población de esas nacionalidades, que antes podía volar directamente hasta América Central o México y continuar desde ahí su trayecto hacia Estados Unidos, vio restringido su acceso a estas rutas más cortas y seguras. Los datos de HWR muestran el incremento de personas de Venezuela y Ecuador transitando el Darién justo después de la implementación de estas medidas, entre 2021 y 2022.

Las restricciones políticas y administrativas no detienen los movimientos migratorios, sino que empujan a la población migrante a tomar rutas más largas, geográficamente más riesgosas, y a elegir caminos peligrosos y métodos que les permitan evitar los controles de las instituciones gubernamentales. Es decir, las políticas que restringen el derecho a migrar ponen en peligro a la población migrante. Varios actores, ligados o no al tráfico de migrantes, saben que pueden perpetrar abusos con impunidad en contra de personas en tránsito, quienes, perseguidas por los gobiernos, tienen posibilidades mínimas de acceder a la justicia y la protección que deberían proveerles los Estados en su ruta.

La solución está al alcance

Si los gobiernos de la región están preocupados por proteger a la población migrante, deben combatir individuos, bandas de crimen organizado y grupos armados que la abusan y atropellan. Llamándolos por su nombre. Ahí es donde la atención debería estar. Poner el foco de combate en el “tráfico de migrantes” contribuye a la criminalización no sólo de comunidades locales marginadas en zonas de tránsito, sino de la misma población migrante que contrata “servicios ilícitos”.

Si su objetivo, además, es que nadie pueda obtener provecho económico de la necesidad de transitar, pueden eliminar las medidas que obstaculizan la migración regular. Un efecto inmediato de esto sería que la población migrante no tendría que contratar servicios informales para lograr su propósito. El caso de Ucrania es un claro ejemplo: Europa occidental les permitió la migración regular y sólo un 4% de migrantes ucranianos tuvo que contratar traficantes en su ruta. 

Y por último, si Estados Unidos quiere dejar de recibir al pueblo latinoamericano y caribeño en su territorio, puede dejar de intervenir en las políticas y los conflictos de nuestros países, y dejar de entorpecer el desarrollo de nuestras economías. Con trabajo, protección y derechos garantizados, muy pocas personas cambiarían el calor latinoamericano y caribeño por el invierno y las Big Mac.

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Les invito a consultar mi artículo: “Actores secundarios: El papel de los traficantes de migrantes en la migración mixta a través de las Américas” para conocer más sobre las dinámicas del tráfico de migrantes en la región.