El profesor Andrés acosa a estudiantes de sexto.

El profesor Alberto mira de más.

El profesor Fernando hace chistes de doble sentido.

El profesor Wilson comenta sobre el largo de la falda.

El profesor Jairo les toca las piernas a las alumnas.

El profesor Douglas las hace sentarse en su misma silla. 

Eso decían los carteles que las estudiantes del colegio Venecia, una institución educativa distrital (IED) ubicada en el barrio Nuevo Muzú, al sur de Bogotá, pegaron en rejas y paredes desde comienzos de marzo. Durante varios días ellas, sus compañeros y familiares se plantaron a la entrada del colegio para denunciar situaciones de acoso y abuso sexual por parte de al menos siete docentes. 

Por entonces hubo denuncias y plantones similares en colegios públicos y privados de Bogotá: Marymount, Colsubsidio Ciudadela, El Ensueño, Fernando Mazuera Villegas y Nuevo Chile, donde la protesta por un presunto caso de abuso sexual a un menor de cinco años terminó con la incursión del Esmad. 

De inmediato se dieron anuncios institucionales: la alcaldesa Claudia López se reunió con el fiscal Francisco Barbosa a quien entregó una lista de 154 casos de presunto acoso y abuso sexual en colegios capitalinos cuyos primeros resultados de investigación estarían listos en treinta días. 

La Secretaría de Educación del Distrito convocó a distintas entidades a una mesa de trabajo bajo la estrategia Río (Respuesta Integral de Orientación Pedagógica) creada para mejorar la convivencia, manejar conflictos y prevenir cualquier forma de violencia. El Ministerio de Educación publicó una directiva para prevenir la violencia sexual en entornos escolares en la que advierte que todo acto que afecte la integridad, y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes debe ser tratado con suma diligencia. 

Sin embargo, ha pasado casi un mes y lo único que ahora parece haber en torno a las denuncias es silencio. 

“Unas compañeras y yo fuimos a hablar con el coordinador y nos dijo: Me avisan si vuelve a suceder”, se leía en otro de los carteles del colegio Venecia. 

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Cuando entró a trabajar a un colegio privado de Bogotá, una psicóloga orientadora (que prefiere omitir su nombre para no comprometer su trabajo) se enteró de que algunos años atrás una alumna acusó a un docente de prometerle ayuda académica si se sentaba en sus piernas, de pedirle que se subiera a una silla mientras él la miraba, de rozar su pene contra sus glúteos. En aquella ocasión se activó una ruta de atención y el caso llegó a la Fiscalía donde la denuncia se desestimó por falta de pruebas. El colegio decidió transferir al profesor de bachillerato a primaria para que continuara dando clase. 

«El manual de convivencia del colegio se queda en el papel. No hay ninguna anotación sobre acoso, sobre eso no se habla” — psicóloga orientadora de un colegio en Bogotá.

La psicóloga orientadora también supo de un profesor que se involucró con una alumna de grado once y cuando ella se graduó se fueron a vivir juntos con el argumento de que se habían enamorado. Casi nadie en el plantel educativo lo consideró como un abuso y las directivas actuales lo ven como algo que quedó en el pasado. Hoy, aunque no hay casos puntuales en curso, las estudiantes se han acercado a decirle que de repente un profesor las mira raro, mientras otro les pide que se pongan la chaqueta porque están provocando a sus compañeros. 

“Yo he observado que las estudiantes se sienten en permanente riesgo”, dice. Veo en las chicas afectación emocional asociada a la frustración y al miedo de sentirse en riesgo porque saben que cuando se denuncia no sucede nada”. 

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La directiva del Ministerio de Educación dice esto: los manuales de convivencia de los colegios –actualizados cada año con la participación de la comunidad educativa– deben indicar cuál es el procedimiento ante cualquier situación de violencia escolar, cuáles son los protocolos de atención y cuáles las rutas intersectoriales para el manejo; se conformará un comité escolar de convivencia; ante un hecho de violencia sexual el comité activará una ruta de atención inmediata, informará a los padres y reportará a la Secretaría de Educación, entidades competentes y al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE); el rector o rectora, presidente del comité, pondrá la denuncia ante la Fiscalía, la Policía de Infancia y Adolescencia y el ICBF. 

Aclara también que no se puede subestimar la denuncia de un niño, niña o adolescente; que se evitará la revictimización; que el comité trabajará en actividades de prevención como la puesta en marcha de una Educación Integral para la Sexualidad; que debe haber justicia y reparación para las víctimas y garantías para no afectar su derecho a educarse. 

“Yo siento que el manual de convivencia del colegio se queda en el papel. No hay ninguna anotación sobre acoso, sobre eso no se habla”, dice la psicóloga orientadora de un colegio privado de Bogotá, y explica que la ruta usual ante una acusación de acoso o abuso es escuchar a la estudiante y pedirle, sin caer en la revictimización, un soporte escrito que debe ser remitido a la rectoría y, a su vez, a la Secretaría de Educación. 

Acá empiezan las fallas porque los niños, niñas y adolescentes no siempre son escuchados por las autoridades escolares. Luis Prada es médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses desde hace treinta años, profesor universitario y experto en atención médico legal a víctimas de violencia sexual. Dice: “El colegio no debe –ni la orientadora, ni la profesora, ni la rectora– cuestionar a un niño o niña que está hablando de acoso o abuso. Nadie debe dudar. El principio que se maneja es el de presunción de buena fe: si el niño me está diciendo esto es porque es así y punto. También el de acción sin daño que significa ante todo no hacer embarradas, no profundizar más el daño”.

Pero lo que podría parecer tan sensato no lo es. “Hay un obstáculo para escuchar los casos y es que todos tenemos una evitación natural para conocer estos problemas porque son una desgracia, son niños y niñas hablando de gente que debería protegerlos. Lo primero es sobreponerse a eso, si no quién los va a atender. Lo segundo es que los operadores de justicia, salud y protección trabajen sobre sus propias experiencias traumáticas porque si no logramos cuidar nuestros dolores es mucho más difícil visibilizar y curar el dolor de otros”, comenta el doctor Prada.

Indica que en violencia sexual el subregistro es enorme teniendo en cuenta que unx de cada tres niñxs que han sido víctimas no cuenta nada. Los casos de acoso y abuso en colegios de Bogotá deben exceder por mucho los 150 anuales (la cifra que encontró la Personería de Bogotá tras una visita administrativa a la Secretaría de Educación). 

La abogada feminista Viviana Bohórquez, experta en derechos humanos, sexuales y reproductivos y asesora en un caso de acoso sexual en la Universidad Distrital, señala que, en el mejor de los escenarios -cuando la rectoría le cree a una alumna, reporta la situación, la Secretaría de Educación diligencia el proceso y el profesor acusado es suspendido- hay otro tropiezo si se trata de un servidor público: durante la suspensión y hasta que no haya una condena no se puede cancelar el contrato ni despedirlo. 

“Si no hay pruebas, y nunca hay pruebas, va a durar dos años suspendido, recibiendo un salario y esperando a que la Fiscalía haga algo”. Por su parte, los profesores de colegios privados suelen renunciar, con lo que el colegio pierde la competencia para adelantar una investigación y “todo queda en la nada”, dice. 

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Una exalumna del Marymount recuerda que las denuncias contra Mauricio Zambrano, el profesor de educación física y entrenador del equipo de fútbol del colegio, y contra otros profesores, circularon por primera vez en un grupo de exalumnas en Facebook. Zambrano es señalado de acosar a más de veinte estudiantes y abusar sexualmente de una de ellas. Varias de ellas firmaron una carta abierta publicada por la organización Sentiido en la que piden claridad en la manera como las directivas tramitaron la situación y en las medidas que tomarán para prevenir nuevos casos. Zambrano fue capturado el 9 de marzo y un día después un juez lo dejó en libertad al considerar que la medida de aseguramiento no era necesaria, aunque el caso sigue abierto.  

“Fue una semana de explosión emocional impresionante”, cuenta la exalumna. “Las compañeras y excompañeras compartieron experiencias muy fuertes. Muchas estaban bravas, tristes, afectadas. Hubo una afectación generalizada y ahora hay silencio, pero la duda sigue. Todo está en silencio, pero la inconformidad se mantiene”. 

Tras lo ocurrido, ella y otras han llevado propuestas al colegio para hacer cambios estructurales. “Cuando yo era estudiante no había un protocolo [sobre acoso y abuso sexual] o yo nunca lo conocí. En las instituciones educativas suele haber claridad sobre qué hacer si hay un plagio, pero nunca hay pedagogía para una situación de acoso o abuso”, agrega. 

En 2013, cuando estaban a punto de graduarse, una amiga le contó que enfrentaba una situación de acoso sexual por parte de un profesor distinto a Zambrano. “Yo la acompañé”. 

¿Y cómo fue ese acompañamiento? 

“Básicamente me limité a llorar con ella en el recreo”, responde. “No teníamos idea de lo que estaba pasando, no entendíamos. ¿Qué es esto? ¿Cómo así que el profesor acaba de hacer esta chanda? Yo seguía teniendo clase con él”. 

«Al profesor acusado lo retiraron del colegio sin que mediara ningún enfoque de género. La solución fue: echémoslo y ya» — exalumna del colegio Marymount.

Lo que sucedió a continuación -hace nueve años- fue que otro docente escuchó a la víctima y la acompañó a la coordinación de bachillerato y luego a la rectoría donde además citaron a sus padres. Al profesor acusado le prohibieron asistir a los eventos del grado y lo retiraron del colegio sin que mediara ningún enfoque de género ni un reconocimiento de la situación como un problema estructural, comenta la exalumna, y añade que la solución fue “echémoslo y ya”. 

No hubo entonces un proceso disciplinario, tampoco uno penal, y algún tiempo después una prima de la exalumna le contó que el profesor abusador ahora le dictaba clase a ella en otro colegio. 

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Como en el caso del profesor Mauricio Zambrano del Marymount, puede ocurrir que la denuncia llegue a la Fiscalía. Para la abogada Bohórquez que la alcaldesa haya entregado al fiscal la lista de 154 casos de acoso y abuso sexual es un gesto ingenuo. “La Fiscalía se va a demorar”, dice. “Van a pasar dos años, las niñas y adolescentes se graduarán y no querrán saber nada al respecto. Mientras tanto administrativamente no se hace nada”. 

La abogada explica que la Fiscalía no entiende qué es acoso sexual, ni las diversas y sutiles formas que esta violencia toma –una mirada, una propuesta, una incomodidad– ni lo naturalizado y cotidiano que resulta. 

Isabel Cuadros, médica psiquiatra, fundadora y directora de la Asociación Afecto contra el maltrato infantil, subraya una cifra que surge en cada entrevista realizada para esta nota: la impunidad en delitos sexuales es del 97%. 

La doctora menciona que hacen falta fiscales especializados e investigadores judiciales para que la prueba de un delito no termine siendo un asunto de la palabra de la víctima contra la del abusador. 

“No pasa nada penalmente”, concuerda el doctor Luis Prada. “De cada cien denuncias solo el 2% termina en condena. Eso es un fracaso”. 

Dice que, aunque estos delitos no se acompañan de prueba directa –semen, sangre, heridas o testigos–, los investigadores judiciales sí pueden reconstruir mucho de lo que la víctima cuenta, pero que, salvo en casos mediáticos, casi nunca lo hacen. Tampoco se cumple una sentencia de la Corte Constitucional de 2018 que ordena la prueba anticipada, es decir, dar prioridad a la declaración de la víctima y en lo posible liberarla de la angustia de volver a declarar. 

«Si las voces de las mujeres son silenciadas por los sesgos propios del machismo en el sistema, las de los niños, niñas y adolescentes aún más” — Viviana Vargas Vives.

La abogada feminista y defensora de derechos humanos Viviana Vargas Vives, sobreviviente de violencia sexual y excandidata al Senado por el Nuevo Liberalismo, anota otra falencia: “Estamos ante una estructura y un aparato de justicia que no está capacitado ni sensibilizado en enfoque y perspectiva de género, que debería ser transversal. Lo doloroso es que, si las voces de las mujeres son silenciadas por los sesgos propios del machismo en el sistema, las de los niños, niñas y adolescentes aún más”. 

A pesar de que distintas disciplinas han probado su falsedad, la creencia continúa: los niños y niñas imaginan y, por tanto, mienten. “Eso es absolutamente falso”, insiste Vargas Vives. “Pero su voz se anula en los procesos judiciales”. 

Una consecuencia previsible de esto es que las investigaciones por delitos sexuales terminen siendo archivadas por falta de pruebas. “Lo primero que hacemos las víctimas cuando nos abusan es llegar a la casa a bañarnos –ahí ya se pierde el 80% del material probatorio– precisamente por esa cultura de que la violencia sexual es sucia, genera culpa, vergüenza, la víctima siente que está haciendo algo mal, tiene miedo de hablar, piensa que no le van a creer, y por eso muchas tardamos mucho tiempo en denunciar”, asegura Vargas Vives.  

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Enseñar a lxs chicxs qué es el consentimiento (cuando una mujer dice no, es violación) y que la sexualidad se ejerce en un marco legal; que la educación para la sexualidad vaya más allá de la anticoncepción y empiece desde la primera infancia; que lxs profesorxs se formen en derechos con perspectiva de género y desde un enfoque autobiográfico que cuestione creencias arraigadas como que a las mujeres les gusta recibir piropos; que los procesos de selección de docentes sean más rigurosos; que los colegios acompañen a las víctimas en la Fiscalía o que, mínimamente, adelante sanciones disciplinarias; que el poder legislativo tome medidas para unificar protocolos y rutas de atención con perspectiva de género, sin que estos queden únicamente bajo el criterio de cada institución educativa; que en la construcción de protocolos intervengan lxs estudiantxs, hablar del tema en lugar de esconderlo; establecer códigos de conducta que establezcan que un profesor no puede estar en un lugar encerrado con una alumna ni puede, por ejemplo, abrazarla; adecuar las instalaciones para que haya más espacios abiertos, con ventanas y sin paredes. 

Muchas de estas medidas de expertos consultados ya están en un papel, pero no se cumplen. 

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La doctora Isabel Cuadros define lo que ocurre con el acoso y abuso sexual como un delirio negativo: es como si hubiera un marciano en la habitación y nadie lo viera. Sin embargo, eso puede cambiar gracias a que las estudiantes están empezando a manifestar su inconformidad en plantones, pero también en redes sociales, parches de amigas y organizaciones de base. Así opina la doctora en Derecho Constitucional y profesora de la Universidad Nacional María Luisa Rodríguez, una de las docentes que ha liderado los procesos por acoso y abuso sexual en esa universidad. Para ella es fundamental pensar qué les sucede a las niñas, chicas y mujeres después de atravesar una situación de violencia, qué reflexiones les quedan a las instituciones educativas y cómo reparar a las víctimas. 

Sobre esto, la exalumna del Marymount comenta: “Para mí ha sido muy fuerte, confuso. Nosotras somos de una generación consciente de los temas de acoso, de violencia de género, de qué significa ser mujer en este mundo y yo pensaba en el colegio y decía juemadre… Cuando explotó la noticia todas sabíamos y hubo un sentimiento de culpa que compartí con muchas por no haber hecho nada. Pero éramos unas niñas, no entendíamos muchas cosas por la ignorancia en la que nos mantenían sobre estos temas. Eran ellas y ellos los responsables de nuestra integridad, un colegio debería ser un espacio seguro. Y es horrible esa sensación de tener que dudar de todas las relaciones con los profesores y profesoras, sobre todo con los profesores, de no recordar tal clase con felicidad, sino preguntarme dos veces si estuve segura”.