El año pasado, Luis Menco* cerró por cuatro meses su tienda, en Soledad, Atlántico, porque no aguantó más las extorsiones. “Toca pagar para trabajar tranquilo y ganarse algo. Llamémosle una cuota de ‘seguridad’, aunque la protección sea contra ellos mismos”, cuenta el comerciante al interior de su negocio. A Menco le exigían 400.000 pesos mensuales, o cuatro cuotas de 100.000 pesos semanales. Su problema empeoró cuando capturaron al jefe de la banda. “Un día llegó uno de los hombres diciendo que teníamos que pagarle a otro. Llegamos a un arreglo, y listo. A los dos días se presentaron otros diciendo que era con ellos: tenía que pagar doble ‘vacuna’. Amenazaron con hacerme daño a mí y a mi familia. Por eso cerré la tienda”, se lamenta. 

Menco, de 58 años, fue uno de los 300 comerciantes que en 2022, según información suministrada a La Liga por la Unión de Nacional de Comerciantes (Undeco), fueron víctimas de las extorsiones en el Área Metropolitana de Barranquilla, una entidad territorial que completan los municipios de Puerto Colombia, Malambo y Galapa. 

El año pasado volvió a ser crítico para Soledad, que desde 2013 ha vivido al menos tres espirales de violencia, con asesinatos de conductores y atentados a las oficinas de empresas de transporte público por motivos relacionados con las extorsiones. Sin embargo, los asesinatos de tres transportadores en menos de dos semanas, entre julio y agosto pasados, dispararon como nunca la zozobra en el gremio y desbordaron la capacidad de las autoridades locales y departamentales, al punto que el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, tuvo que encabezar un consejo de seguridad en Barranquilla. Un pánico generalizado que hizo recordar la época en que los paramilitares mataban a comerciantes y transportadores que se negaban a pagar sus ‘vacunas’, como consta en sentencias del Tribunal de Justicia y Paz a desmovilizados del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

Soledad cerró 2022 con 147 asesinatos: 21 menos que en 2021. Pero el miedo persiste porque fue el séptimo año consecutivo con más de un centenar de homicidios. Además, el comienzo de 2023 es poco alentador: hasta el 31 de enero se contaron 29 homicidios, un incremento de más del 50 % frente al mismo mes del 2022, contando el caso de un presunto delincuente abatido en un operativo de la Policía y el Gaula del Ejército. Más de la mitad de los crímenes fueron cometidos con armas de fuego y en enfrentamientos que involucran a grupos delictivos locales: los Costeños y los Nuevos Rastrojos, y a las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo, la mayor organización criminal del país. 

Fiscales, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía; académicos, comerciantes, dirigentes gremiales y políticos entrevistados para esta investigación coincidieron en señalar que los problemas de seguridad son la suma de varios factores: un crecimiento demográfico desbordado, proyectos políticos cortoplacistas, intereses burocráticos, una oferta pública insuficiente ante el desempleo, altos niveles de desocupación en la población joven, comunidades vulnerables, la llegada de miles de migrantes venezolanos y las verdades a medias sobre las casas políticas, los empresarios y funcionarios públicos que facilitaron que el municipio fuese convertido durante una década en una especie de base operativa de los grupos paramilitares que en 1996 entraron al Atlántico desde el Magdalena, Cesar y Córdoba bajo el mando de Carlos Castaño, Salvatore Mancuso; Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Darío Laíno Scopetta, alias Ojos Azules. 

Pasado paramilitar y enclave de corrupción

Por su ubicación, Soledad es un corredor de movilidad y logística. Su principal vía de entrada y salida con Barranquilla, la calle 30, es una de las mayores arterias industriales y comerciales del área metropolitana. Y no solo por eso es un enclave para grandes organizaciones como el Clan del Golfo, que buscan la mayor presencia posible en el país. Además, tiene acceso a ciénagas y caños que conectan por el río Magdalena con la zona portuaria de Barranquilla, apetecida para el envío de narcóticos que hacen ruta por Centroamérica y acaban en Estados Unidos y Europa; y con otros dos departamentos, Magdalena y Bolívar, donde la Sierra Nevada de Santa Marta y los Montes de María son subregiones históricamente disputadas por narcotraficantes. 

“La cercanía con Barranquilla también hizo que algunas organizaciones criminales usaran su territorio como una especie de base de operaciones para moverse por toda la zona oriental”, sostiene el profesor e investigador Luis Fernando Trejos. 

Soledad también comunica por carretera con los municipios de la banda oriental del Atlántico y los departamentos de Sucre, Córdoba y el interior del país. “Hay que sumarle una larga tradición de corrupción con la cual se ha naturalizado en los entes de control que son muy inoperantes a la hora de anticipar este tipo de prácticas, lo que ha hecho de Soledad una especie de fortín politiquero, del cual pareciera que es muy sencillo extraer recursos de manera sistemática”, añade.

En investigaciones penales que contienen confesiones de Édgar Ignacio Fierro, alias don Antonio, exjefe paramilitar del frente José Pablo Díaz del Bloque Norte, evidenciaron que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) obtuvieron porcentajes de contratos de obras y finanzas municipales. El proceso que terminó en las condenas a la exalcaldesa Rosa Estela Ibáñez y funcionarios de su administración, acusados de delitos contra la administración pública y concierto para delinquir, reveló que en 2005 y 2006 los paras recibieron el 5 % de varios contratos firmados con cooperativas: solo por uno obtuvieron 175 millones de pesos provenientes de los 3.497 millones de pesos que debían invertirse en ampliar la planta física de 13 colegios.

Otra caja menor ha sido el Hospital Materno Infantil. Las AUC manejaron de 2004 a 2006 sus finanzas, supervisaron contratos de suministros y ordenaron el nombramiento de parientes y allegados que desviaban recursos. Uno de los autos del caso del exsenador liberal Álvaro Ashton Giraldo ante la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP) confirmó que fue lobista de las AUC en el Congreso, a cambio de respaldo electoral en el Magdalena para ganar una curul en el periodo 2006-2010, y participar en el manejo del hospital a través de su compadre Luis Francisco Romero, nombrado gerente; y su sobrino Fabián Arturo Ashton, coordinador médico. 

Contactado por La Liga, un excomandante paramilitar cuenta que a Soledad la infiltraron porque su dirigencia pidió “que entráramos al municipio, en ese entonces en manos de los Arraut, los Barraza y, como cabeza política, la casa Char”, dice. “Soledad siempre ha sido manejada por los mismos. Cambian los jefes, pero el resto sigue igual: los concejales y alcaldes. Por eso las costumbres y las mañas politiqueras no cambian y se heredan”, agrega.

A la luz del presente, poco ha cambiado. Con el segundo mayor presupuesto del Atlántico (825.600 millones de pesos en 2022), y una renta que depende en gran parte de los impuestos industriales y comerciales, Soledad sigue siendo un botín para la facción política que lo maneje. En 2020, a la Alcaldía llegó Rodolfo Ucrós Rosales, cuñado del exsenador Eduardo Pulgar Daza, condenado en 2021 por la Corte Suprema de Justicia por tráfico de influencias y cohecho por ofrecer dinero a un juez de la República para que interfiriera en el pleito que sostienen miembros de la familia Acosta por el control de la Universidad Metropolitana. 

Tras el fallo, Pulgar y su defensa lograron que fuese recluido en un batallón del Ejército en Malambo, municipio vecino de Soledad, y por eso su sombra se ha mantenido sobre la administración de Ucrós. “Fue una movida estratégica para no perder el control de Soledad”, dice un exdiputado del Atlántico por el Partido de la U que pidió no ser identificado. 

Un año antes de la sentencia, Pulgar había protagonizado una discusión que incluyó supuestas amenazas de lado y lado con el exsecretario de Salud de Soledad, Luis Fábregas López. El altercado quedó grabado en videos de seguridad del edificio donde ambos vivían. Las autoridades no determinaron la causa, pero fuentes políticas del Atlántico sostienen dos versiones: la designación de la interventoría a un jugoso contrato del Hospital Materno Infantil o la decisión de Ucrós de retirar del cargo a Fábregas, que en un comunicado aseguró que ejerció sus funciones “con honestidad y transparencia, lo que al parecer incomodó al senador Pulgar, a quien el país le conoce su trayectoria y manera de comportarse”.

Desocupación y delincuencia

Maicol*, de 34 años, es mototaxista desde los 25. Lo hace por necesidad, para sostener a dos hijos y a su mujer, embarazada por tercera vez. “Estudié un curso de mecánica en el Sena, pero no levanté un camello estable; siempre me llamaban para trabajar por semanas o meses. Y tengo que llevar la papita a la casa, así que me toca tirar moto”, cuenta. Por su mente pasó “torcerse” hacia la ilegalidad, pero la violencia lo evitó. “Tenía un amigo al que le decíamos Robertico, vendía dulces en los buses y a veces era mototaxi. Una mañana apareció con tres pelaos muertos: los amarraron y les dieron”, recuerda, simulando que dispara con una mano y mientras bebe jugo de naranja sentado frente a la plaza del municipio. 

Los cuerpos de los cuatro muchachos fueron encontrados el 1 de noviembre de 2011 en un lote lleno de maleza del barrio Manuela Beltrán. Tenían entre 18 y 26 años. Hoy, la mayoría de las víctimas de la guerra de grupos criminales en Soledad siguen siendo personas en edad laboral activa. El exconcejal de este municipio, Bryan Orozco Llerena, asegura que unos 60 mil jóvenes carecen de acceso a la formación básica y secundaria aquí. “Les quedan dos salidas: ser mototaxistas o delincuentes, lo que permite que las bandas encuentren arraigo en Soledad porque tienen la mano de obra fácil”, sostiene. 

Según audios, llamadas y cuadernos que conforman el material probatorio de investigaciones de la Fiscalía, el Clan del Golfo les paga 1,4 millones de pesos a jóvenes de 14 a 22 años para que sean sicarios y cobradores de extorsiones. “Si analizamos el perfil de las personas capturadas, podemos notar que tienen entre 20 y 30 años, han crecido en medio de la violencia y no conocen otra forma de vida”, dice Arturo García Medrano, analista en asuntos de seguridad y expersonero de Barranquilla. 

El DANE, que no desglosa la información por territorio, reportó en diciembre que la tasa de desempleo en Barranquilla y su área metropolitana (únicamente Soledad) era del 11,2 %. Por rango de edades, de 15 a 28 años, la desocupación superó en noviembre el 20 %, un contexto propicio para que los grupos criminales pesquen en río revuelto. “Es un problema bien serio, y no es algo de ahora en Colombia; porque los jóvenes desocupados terminan siendo caldo de cultivo del delito”, explica Jairo Parada Corrales, doctor en Economía. 

La corrupción y la inestabilidad administrativa coronan una vulnerabilidad social que incluye además a miles de familias desplazadas por la violencia. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz identificó que el 8 % de los 665.000 habitantes de Soledad, hasta hace cuatro años, eran sobrevivientes del conflicto armado: 46.137 personas. Y los datos de distribución poblacional no son menos alarmantes. La última versión del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Soledad, presentada en junio de 2022, abarca 215 barrios; un 42 % corresponde a las llamadas “villas”, sectores de comunidades vulnerables con casas utilizadas para almacenar y distribuir drogas y armas. En Villa Soledad y Villa Sol se registraron en enero dos ataques a bala que causaron la muerte de cuatro personas, atribuidas por las autoridades a disputas por las caletas del narcomenudeo. 

La migración trajo consigo nuevos tentáculos del crimen trasnacional. En el último lustro, 32.700 ciudadanos venezolanos arribaron a Soledad, según el reporte de Migración Colombia. Entre estos estuvieron exmiembros de bandas lideradas desde centros carcelarios, como el Tren del Norte y el Tren de Aragua. De esta última, con presencia en Ecuador, Brasil, Perú, Chile y Bolivia, las autoridades creen que en Soledad y Barranquilla hay integrantes de sus redes que manejan delitos como la trata de personas. “Hemos sabido que buscan compatriotas que quieran irse a Estados Unidos y, bajo engaños, les ofrecen supuestos contactos en Centroamérica que les ayudarán con el viaje”, cuenta un investigador de la Policía. “Han estado moviendo también hilos de la extorsión y el narcotráfico”, complementa el expersonero García Medrano.

Un azote de vieja data

Los homicidios de Willington Hernández Borja, José Hernández Padilla y John Pardo Castillo, afiliados a las empresas de transporte Coolitoral, Cootrab y Transmecar, removieron entre julio y agosto del año pasado el pánico en Soledad. Un deja vú de lo padecido en 2021 y antes, de 2013 al 2014; cuando por motivos ligados a extorsiones fueron asesinados tres conductores y dos vendedoras de la liquidada empresa de chance Uniapuestas. “Es esa preocupación de que algo puede pasar porque todos conocemos a alguien que atracaron, extorsionaron o mataron. Salgo con el credo en la boca”, confiesa Sofía Romero*, de 60 años. Para ella, residente de Soledad desde hace más de tres décadas, “salir a la calle es como jugar a una lotería que esperas no ganártela”. 

La Liga contactó al alcalde de Soledad, Rodolfo Ucrós, quien delegó a su secretario de Gobierno, Samir Serret, para dar declaraciones. Dice que desde el primer caso, el asesinato de Willington Hernández, se “prendieron las alarmas” y convocaron a una reunión “urgente” con la Policía y los gerentes de empresas de buses. A ese encuentro no asistieron representantes de las compañías transportadoras, por lo que trasladaron una delegación a las oficinas y confirmaron que eran víctimas de extorsiones. “Abrimos investigaciones, y se hicieron unos compromisos; pero después se presentó un nuevo atentado contra otro conductor y convocamos un Consejo de Seguridad extraordinario, con representantes de los conductores, la Policía, Gobernación y Alcaldía de Barranquilla, donde se establecieron unos compromisos”, asegura Serret. 

Las medidas incluyeron un incremento de 100 policías de apoyo indefinido en Soledad, para pasar de 550 a 650 en el municipio; y vigilancia especial sobre puntos críticos en barrios como Manuela Beltrán, Soledad 2000, Hipódromo, La Central y Villa Sol. 

Las autoridades atribuyeron los ataques a los Nuevos Rastrojos, un ejemplo de que las AUC dejaron un legado en Soledad: su cabecilla Juan Manuel Borré fue escolta del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso. En la Cárcel de Cómbita, Boyacá, Borré se reencontró en 2022 con uno de sus hombres de confianza en las calles, Ober Martínez, alias ‘Negro Ober’. Estaban en el mismo pabellón al que llegó Tommy Zerpa, alias Tomy Masacre, un sicario venezolano condenado por el asesinato de un comerciante en Barranquilla. Los tres, señalan las pesquisas de la Fiscalía y la Policía, crearon los Nuevos Rastrojos para disputar el control de las extorsiones a los Costeños y al Clan del Golfo, aliados hasta hace poco en el manejo de los centros de acopio y exportación de cocaína y del expendio de droga en baja escala, como lo contó La Liga. “A raíz de las muertes de los conductores, Masacre y Ober fueron trasladados a La Picota, pero el daño estaba hecho”, lamenta un fiscal contra el crimen organizado en Atlántico. 

La última alerta temprana de la Defensoría del Pueblo reveló que los Nuevos Rastrojos retomaron el control de zonas en Barranquilla y Soledad, fortalecidos por el autodenominado Frente Flamingo Márquez. “En Barranquilla, Soledad, Galapa, Malambo y Puerto Colombia hacen presencia un cúmulo de estructuras delincuenciales que incluyen grupos armados nacidos de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, como lo son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y grupos recientemente reconfigurados como los Nuevos Rastrojos y el Nuevo Bloque Costeño”, indica la alerta 029 de octubre de 2022. 

De acuerdo con denuncias conocidas por La Liga, las exigencias de las bandas empiezan hasta en 10 millones de pesos mensuales a negocios de mediano tamaño en Soledad: piden una cantidad alta que suelen reducir a cobros semanales que alcanzan los 150 mil pesos, con lo que un solo establecimiento termina perdiendo en promedio casi 8 millones de pesos al año en ‘vacunas’.

Orlando Jiménez, presidente seccional de Undeco, precisa que al final del 2022 se habían presentado unos 300 casos de extorsiones a comerciantes: alrededor del 40 % ocurren en Soledad, 30 % en Malambo y el 30 % restante en Barranquilla. La mayoría de afectados son tenderos, seguidos de propietarios de pequeñas ferreterías, peluquerías, restaurantes, refresquerías y panaderías. “Podemos decir que 40 o 50 se atreven a denunciar formalmente ante las autoridades. A la mayoría le da miedo, sobre todo en este último periodo que han asesinado a unos y han herido a otros”, reconoce. 

Más de 100 tiendas en el área metropolitana han sido cerradas por sus dueños, según Undeco. Después de los asesinatos de los conductores, el año pasado hubo dos paros: el primero lo llevaron a cabo compañeros de las víctimas para reclamar seguridad y rechazar sus muertes. El segundo fue organizado por el gremio Comerciantes Unidos de Soledad, que denunció  una estadística grave: de 15 negocios, al menos 10 son blanco de extorsiones.

Los testimonios de víctimas abundan. Aldair Consuegra* trabaja en el transporte hace más de 20 años. Antes trabajaba para una empresa repartidora de paquetes y encomiendas, pero la dejó para evitar las ‘vacunas’. “En la zona del Ferry (Soledad) antes mandaban ‘Los 40 negritos’. Tenía un arreglo con ellos y pagaba mi cuota. Pero entonces se metieron otros y ya ese arreglo no servía. Llamaron a la empresa y empezaron a pedir una ‘matrícula’ de 500 mil y un pago mensual de 600 mil. Dejamos de entregar paquetes en esos sectores. De ahí me pasé al transporte escolar”, contó mientras participaba en el paro liderado por Comerciantes Unidos de Soledad.

Por ahora, la realidad de este municipio muestra que sus habitantes no albergan esperanzas de que algo mejore frente a la criminalidad: la última encuesta de percepción hecha en 2019 por la Red Ciudades Cómo Vamos expuso que 32 % de los encuestados dijo sentirse seguro y 47,7 % consideró “bajas” las probabilidades de que un delito sea sancionado.

* Nombres cambiados a petición de las personas entrevistadas, quienes adujeron temor a sufrir represalias por dar sus testimonios para este reportaje.