En 2006, con la Sentencia C-355, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia en tres casos: malformación del feto, peligro para la salud o la vida de la madre y el embarazo como resultado de un violación. Once años después, todavía hay profesionales de la salud y funcionarios de la justicia que se refieren a las mujeres que abortan como asesinas.
En Colombia no hay cifras concretas, no hay números confiables sobre la cantidad de abortos que se realizan cada año. Hay inconsistencias y dificultades en la captura de los datos. Sólo por dar un ejemplo, el Ministerio de Salud dice que en el país en 2015 hubo 2.032 casos de abortos legales, mientras que la Secretaría de Salud de Bogotá dice que, sólo en la capital, hubo para el mismo año 2.975.
Juliana Martínez es coordinadora de la La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una organización que desde hace 20 años trabaja por la despenalización del aborto en Colombia. Ella reconoce que aquí, en comparación con otros países de la región, hay un marco legal garantista frente a al aborto que no impone, por ejemplo, límites en el periodo de gestación. Sin embargo, enfatiza que aún nos falta mucho para acabar con los estereotipos de género y los estigmas que la sociedad tiene frente a las mujeres que voluntariamente deciden interrumpir su embarazo.
En 20 años de trabajo de La Mesa, ¿cómo ve la evolución del derecho al aborto en Colombia?
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres ha sido un actor clave en la evolución del aborto. Cuando comenzamos en 1998 el contexto jurídico era muy diferente en cuanto a definiciones, actores relevantes y mapeos. La unión de diferentes organizaciones y personas que trabajaban por esta causa en ese momento potencializó el trabajo en colectivo y logramos generar movilizaciones, construir argumentos básicos y conceptos técnicos, convocar e involucrar en el debate actores fundamentales como expertos en salud. Hoy tenemos en la cabeza que este es un derecho que se concreta en la prestación del servicio y que si se presentan barreras, las mujeres no pueden acceder a él.
¿De qué manera se ha garantizado el cumplimiento de la Sentencia que despenalizó el aborto en Colombia?
Tras la Sentencia de 2006, La Mesa y otras organizaciones de América Latina hemos liderado ejercicios de interpretación colectiva de las causales: qué entendemos por causal salud, por causal violencia sexual y por causal de malformación. Es decir, hemos cuestionado cuáles son los alcances y las posibilidades de la Sentencia y cómo deberían entenderse para que las mujeres garanticen sus derechos.
Además hemos realizado un entrenamiento a profesionales, a funcionarios y funcionarias del sector justicia y de protección como el ICBF. Eso permite difundir el contenido de la Sentencia y aumentar el conocimiento que se tiene sobre ella. Es garantizar que los funcionarios puedan obrar adecuadamente y permitan el goce efectivo del derecho. Se trata de llevar la experticia técnica de La Mesa al Estado y a sus funcionarios que son quienes tienen competencias frente al tema y a quienes se les debe hacer la exigibilidad del derecho.
Por ahora, el aborto es legal en tres causales. ¿Pero a dónde deberíamos llegar?
Once años de lucha por la implementación de la Sentencia nos han demostrado que persisten las barreras. El aborto es un derecho en tres circunstancias, pero sigue siendo un delito por fuera de estas. Esa doble situación no permite que se disminuya uno de los aspectos que más frena el acceso: el estigma. Las mujeres que quieren acceder a un aborto y los profesionales que lo practican son estigmatizados. Es un tema del que socialmente no se habla como se debería. La gente niega haberlo practicado.
Si se cuestiona la autonomía y el criterio de las mujeres para decidir sobre sus propias vidas, qué autoridad nos dan cuando participamos del debate público
¿Qué rol tienen las decisiones sobre el propio cuerpo en la ciudadanía y agencia de las mujeres?
No podemos hablar de ciudadanía plena de las mujeres si no se garantiza ni se reconoce la autonomía sobre sus cuerpos, que además no debería tener restricciones externas. Las mujeres con la potestad que tienen sobre sí mismas, son las que deben decidir sobre su reproducción y sobre su proyecto de vida. La reproducción no es una decisión menor, tiene gran impacto y tener limitaciones sociales para poder llevarla a cabo, afecta la ciudadanía.
¿De qué manera despenalizar el aborto en tres causales o en su totalidad ayuda a combatir estos estigmas?
El estigma es social y cultural y el derecho hace parte de lo que entra en juego. Cuando hacemos trabajos de difusión y le contamos a las mujeres que esto es un derecho, hay un alivio. Pero obviamente el reto es avanzar en el respaldo social, en que definitivamente una mujer sienta que no va a ser juzgada cuando decide interrumpir el embarazo.
En el aborto convergen muchos de los estereotipos que hay sobre la identidad de las mujeres: que deben ser madres, que deben hacer lo que su marido considera, que vivir la sexualidad con libertad no está bien visto, que no se debe confiar en las mujeres que dicen haber sido víctimas de violencia sexual porque seguramente algo hicieron, o que deben asumir responsabilidades cuando son ligeras con la vida sexual Hay que trabajar con esos estereotipos y con todo lo que hace parte de la cultura sexista en las que estamos inmersas.
¿Cómo lograr que esto se concrete en el sistema de salud y qué rol juega en esto la objeción de conciencia de los médicos?
La objeción de conciencia es también un derecho fundamental. Lo respetamos. La buena práctica de la objeción de conciencia debe tener todas las garantías así como lo debe tener el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que no está bien son usos inadecuados o inconstitucionales de la objeción de conciencia. Esta debe ser profundas razones éticas, morales o religiosas.
Un médico no puede justificar su opinión personal en la objeción de conciencia, o interponer obstáculos, o apelar a la llamada objeción de conciencia institucional que no existe, porque esta es sólo individual.
Creemos que cuando se garantiza el correcto uso de la objeción de conciencia, las mujeres ganan en sus derechos. Porque cuando es así, el profesional se acoge a las reglas, garantiza que otros realicen el procedimiento e informa de manera clara y veraz a las mujeres. En esa medida no debería ser un obstáculo. No debe ser obstrucción de conciencia.
En términos de derecho al aborto, ¿cómo está Colombia frente a América Latina?
Colombia es un referente para muchos países latinoamericanos en los que persiste el delito [como en El Salvador] o en los que hay sistemas más restrictivos [como en Chile, en donde hay un límite de edad gestacional para considerar el aborto legal]. El marco en Colombia es muy garantista. No hay límite de edad gestacional y las menores de edad pueden decidir con autonomía.
Obviamente no nos sentimos satisfechas porque persisten barreras que ya deberían estar solucionadas a los 11 años de la sentencia.
¿Cómo cuáles?
Que una IPS dude de un certificado que entrega un profesional externo, es una barrera que la Corte ha dicho que no debe existir. Que los médicos convoquen a los padres de las menores de 18 años, no es necesario porque es la mujer la que decide. Hay casos en lo que se siguen convocando juntas médicas, cuando la Corte dice que eso está prohibido.
Es lamentable, por ejemplo, que haya profesionales que vulneran y violentan a las mujeres, que las someten a malos tratos con frases como ‘eso era lo que usted quería’ o ‘si usted quería asesinarlo para que lo quiere ver’. También, por ejemplo, hacen la citación para el procedimiento en centros de adopción, cuando la decisión está clara. O les niegan la información y dicen que no caben en ninguna de las causales. O las dejan desatendidas durante el procedimiento porque según ellos está bien que les duela y que sufran.
¿Qué tan lejos estamos de superar estas barreras?
Hay un trabajo muy grande por hacer todavía. El año pasado capacitamos más de dos mil funcionarios y este año vamos a capacitar alrededor de mil. Pero seguimos encontrando funcionarios que se refieren a las mujeres que abortan como asesinas. Es de esa gravedad y el trabajo es grande.
Sin embargo, hay resultados positivos. De acuerdo con la Encuesta de percepción que realizamos desde La Mesa este año, las percepciones sí están cambiando y puede que haya un panorama más esperanzador frente a lo que puede ser esta discusión pública: 65 % de los encuestados piensan que la interrupción voluntaria del embarazo debe ser legal en algunas circunstancias y el 47 % opina que debe ser una decisión libre de la mujer.
¿Y qué tan lejos estamos del aborto legal más allá de las tres causales?
Evidentemente debemos avanzar a escenarios más garantistas, menos restrictivos y con menos limitaciones. La Corte ha dicho que las mujeres no deben tener cargas desproporcionadas frente a eso ni ser instrumentalizadas llevando fetos que se sabe que van a morir o que simplemente no hacen parte de sus deseos. Eso se debería poder cumplir a plenitud. Si se cuestiona la autonomía y el criterio de las mujeres para decidir sobre sus propias vidas, ¿qué autoridad nos dan cuando participamos del debate público? No se nos permite decidir sobre el propio cuerpo, pero en teoría sí se nos permite decidir por el cuerpo colectivo y participar de decisiones de ciudadanía como las electorales.
