Uno de los proyectos fue creado por indígenas Awá y la comunidad afro de Tumaco. Si sale bien, podría garantizarles la seguridad alimentaria en 2022.
[Este reportaje fue publicado previamente en ¡Pacifista!]
Con frío, bajo la lluvia bogotana, cerca de 30 líderes regionales se acercaron a un hotel en Salitre, al occidente de Bogotá, en la mañana del martes. “A mí me invitaron a este foro para hablar sobre agricultura, pero yo quiero decir que estoy muy preocupado, porque si acaban con el Acuerdo de Paz pues vuelve la guerrilla y después los paras y nuestros proyectos quedarían, usted ya sabe, sepultados”, nos contó un líder del bajo Atrato, Chocó, en la puerta del hotel, antes de entrar al evento ‘Derecho a la alimentación, una construcción social y participativa’.
Este foro, organizado por Acción Contra el Hambre y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), tenía un objetivo claro: poner sobre la agenda el tema del futuro de la alimentación en Colombia. En el público se escucharon las voces de líderes que viajaron desde Bolívar, Putumayo, Nariño, Chocó, Amazonas y otras regiones donde están tratando de encontrar respuestas para la pregunta sobre cómo desarrollar el territorio en los próximos años.
Rafael Zavala, representante de la FAO en Colombia, habló sobre retos, haciendo énfasis en un dato: en Colombia, 3,4 millones de personas se van a dormir con hambre, a pesar de que estamos entre los siete países con más potencial agrícola en el mundo. ¿Qué es necesario corregir para cambiar esta situación? Esta pregunta implica hablar sobre producción agrícola, alimentación, tierras, créditos, vías… Detrás de todos estos temas, como reconocerían los panelistas en el transcurso del evento, está la Reforma Rural Integral, creada a partir del Acuerdo de Paz con las Farc.
De la Reforma depende que los campesinos accedan a la tierra a través de un plan masivo de formalización y otro de actualización catastral. De este punto del Acuerdo también surgen proyectos sobre protección de las áreas de especial interés ambiental, la creación de una jurisdicción agraria y unos planes de inversión para mejorar las vías terciarias, los distritos de riego, los hospitales y los colegios. Aunque varios de estos puntos están estancados esperando su trámite en el Congreso, en varias comunidades ya están adelantando proyectos productivos.
En el foro conocimos tres estrategias diferentes que se trazaron como meta transformar la vida de los campesinos en tres regiones del país. Aunque algunas están más avanzadas que otras, las comunidades coinciden en una premisa: si el gobierno entrante tumba la reforma rural, los proyectos quedarían a mitad de camino, en el mejor de los casos. En el peor de los escenarios, planes que han venido construyéndose en los últimos 20 años podrían perderse por completo si se intensifica el conflicto armado. A continuación les presentamos de qué se tratan estas iniciativas:
El Plan de Desarrollo Integral Andino Amazónico (Pladia 2035) es un proyecto ambicioso que viene formulándose desde 1996 pero que, en los últimos cuatro años, se ha posicionado en la agenda de las organizaciones comunitarias de Putumayo, Piemonte en Cauca, y Cofanía y Jardines de Sucumbíos en Ipiales, Nariño. El departamento de Putumayo, donde existen 25.162 hectáreas de coca – según Naciones Unidas – es el primer lugar de intervención, donde buscan dejar atrás los cultivos de uso ilícito y pasar a una agricultura de acuerdo con la vocación del suelo, como los semilleros de cacao.
Eder Jair Sánchez, representante de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en Putumayo, presentó el Pladia 2035 y explicó por qué es importante continuar con la reforma rural. Actualmente, señaló, existen tres obstáculos generales para el desarrollo agrícola en el departamento: los cultivos de uso ilícito, la producción de petróleo (que alcanza 50.000 barriles diarios) y la violencia por parte de grupos armados que históricamente ha desplazado a las comunidades.
“Con el Pladia hemos encontrado nuevas formas de usar el suelo, de acuerdo con las costumbres de las comunidades que habitan el territorio. Actualmente contamos con 16 pueblos indígenas, entre ellos los Awá, los Emberá Katío y los Kamentsa. Antes, con la expansión petrolera, teníamos que vivir constantemente las voladuras del oleoducto transandino, donde cerca hay más de 100 pozos petroleros, no podíamos sacar adelante nuestras propuestas. Desde la firma de la paz no hay voladuras y eso nos ha permitido desarrollar programas”, contaba Sánchez.
Los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito, también contemplados en el Acuerdo, están en sintonía con el Pladia: “La idea es que después se pueda promover una herramienta estratégica de planificación que nos permita proteger nuestros ecosistemas y potenciar nuestro territorio en múltiples dimensiones. El Ministerio de Agricultura nos entregó 2.000 millones y este año empezamos la fase de ejecución con las comunidades rurales. Queremos potenciar fincas agroproductivas, incentivar el cultivo de alimentos para el autoconsumo y recuperar los árboles y las cuencas que fueron afectados por la coca. Van 25.000 familias que firmaron por la sustitución y que apoyan el Pladia. Si continuamos implementando la reforma rural, en tres años podríamos ser el primer departamento con cero coca en el país”.
Desde 2012, el Observatorio en Seguridad Nutricional de la Universidad Nacional (Obsan) viene implementando el Plan Alimentario y Nutricional Indígena y Afro de Tumaco (Pniat). El proyecto, concertado con las comunidades indígenas Awá y afro de Tumaco, es transversal a los temas de alimentación, agricultura y salud pública. Antes de 2022, las comunidades buscan solucionar el problema de alimentación actual: 36% de las familias no consume alimentos en una de las tres comidas del día.
Para Fabián Ardila Pinto, profesor e investigador del Observatorio, el Pniat demuestra que cuando las comunidades construyen un tejido social se puede transformar el territorio. Contando con la cohesión social, dice, es posible implementar sin tantos contratiempos la reforma rural. Incluso, considera que de este plan surgen lecciones sobre conservación de lo agrícola desde los acuerdos entre las comunidades étnicas, quienes hoy, en esta zona del país, son conscientes de los riesgos que trae el cambio climático.
“Algunas líneas de acción coinciden con el marco de la reforma rural, dice. Aunque fue formulado antes de que se expidiera la reforma, tanto el Acuerdo de Paz como el proyecto le apuntan a transformar la producción de la tierra, con acuerdos como el intercambio de semillas entre indígenas y afro y los acuerdos sobre la gestión del agua. El enfoque del Pniat va más allá e incluye cambio en los indicadores sobre seguridad nutricional, alimento balanceado, lactancia materna y protección ambiental”.
En la región del Magdalena Medio existen 29 municipios que no superan los 100 mil habitantes de población. La inmensa mayoría, según el profesor Néstor Mendieta, de la Corporación para la Construcción Participativa de la Salud Pública, tienen menos de 50 mil habitantes: “Son territorios periféricos con mercados periféricos”, dice Mendieta. El reto que se proyectó esta corporación consiste en mejorar el comercio agrícola y, fundamentalmente, la alimentación en estos municipios.
La tendencia al consumo de alimentos importados en estos municipios afectó la producción para al autoconsumo o los mercados campesinos. La producción, señala Mendieta, es desajustada a la demanda local. “Es por esta razón que una verdura en estos lugares es más cara que en Bucarmanga o en Bogotá. Y agrego un dato: el hambre en las zonas rurales de Colombia es del 57%, mientras que en el sector urbano es de 38%”.
El problema se expande a nivel nacional: cerca de 19 millones de personas viven en municipios periféricos como los del Magdalena Medio, cuenta el profesor. “Esto corresponde al 38% de la población colombiana. Para garantizar la alimentación deben crearse fondos locales para la producción y la comercialización local. Con la especialización productiva los campesinos de estos municipios podrían participar en diferentes mercados y conectarse al modelo de comercialización”.
En el proyecto de la corporación integraron 10.000 fincas en cuatro nodos para promover la agricultura sostenible, partiendo de acuerdos colectivos con los campesinos. “Hay 80 ó 100 especies alimentarias distintas que se cultivan en estas fincas. Variedades maravillosas de arroz, ñame y diferentes tipos de tubérculos”. Con la Reforma Rural, agrega, sería más fácil que la sostenibilidad se extienda en otras fincas del país.
*Santiago Valenzuela es periodista en ¡Pacifista!
