La niña de rojo camina por el bosque.

El lobo la ve.

Avanza.

El lobo se agazapa: el lobo tiene hambre.

Pero, nos lo han dicho, tuvo suerte la niña vestida de rojo. Un cazador valiente logra asesinar al lobo antes de que acabe con la niña y su abuela. 

Para Sandra Catalina Velásquez no fue igual. Su lobo fue quien más debió haberla protegido. Su lobo estaba uniformado de policía. A ella la violaron y asesinaron en 1993 dentro de la Estación de policía de Germania al lado de la Universidad de los Andes, que, veinticinco años después, está siendo demolida.

Pero el problema de su historia no fue la brutalidad de su muerte. No.  Fue la negligencia del Estado para protegerla. Ese día, Sandra Catalina iba con su madre Sandra Janneth Guzmán a visitar a su padre en la Estación de Policía, donde él trabajaba. Un lugar que, se supone, debería ser seguro. Sandra Catalina entró pero no volvió a salir. Veinte minutos después Sandra Janneth se preocupó y decidió entrar. La buscó por todas partes hasta que llegó al baño del tercer piso donde la encontró tirada en el suelo, con signos de violencia sexual. No respiraba.

Su padre, Gustavo Vasquez, fue el primer sospechoso por el simple hecho de que trabajaba en esa Estación. “¡Yo no maté a mi hija!” dijo Vasquez a un medio sensacionalista que cubrió la noticia. Su inocencia también la defendían algunos familiares.  Aún así, Vásquez terminó preso. 

Fue hasta dos años después que Diego Fernando Valencia, otro policía de la estación, confesó el crimen. Dijo, además, que estaba plenamente consciente durante sus actos. Esto es importante porque en la justicia Colombia, como en otros sistemas jurídicos,  la consciencia determina el grado del delito. Valencia terminó condenado a pagar 45 años de cárcel.  Al año siguiente de recobrar su libertad, Gustavo Vásquez demandó al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por su encarcelación. Y Sandra Janneth, su madre, los demandó por la muerte de su hija.

Todo esto transcurrió en un lapso de cuatro años lo que de cierta forma indicaría que la justicia actuó rápido. Pero no. Sin que se hubiera resuelto ninguna de las dos demandas, en el 2006 Diego Fernando Valencia recobró su libertad después de haber sólo cumplido diez años de su pena. Según Alirio Uribe Muñoz, ex representante a la Cámara por el Polo y el abogado del caso de Sandra Catalina, la razón es que durante estos años fue aprobada una norma que resultó más favorable para Valencia que la que lo había condenado y por lo tanto, se tenía que aplicar a su caso de forma inmediata. Además, Valencia colaboró para esclarecer los hechos y eso ayudó a la rebaja de su pena.

Pero aunque hubo justicia, la familia aún no había sido reparada. Tuvieron que pasar seis años más, hasta el 2012 (casi veinte años desde la muerte de Sandra Catalina) para que el Consejo de Estado fallara a favor de la familia y declarara culpable al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por su crimen. Así, ambos tuvieron que hacer un acto público de disculpa. Sandra Janneth no asistió porque consideró el acto como ‘un espectáculo’, pero Gustavo Vásquez sí fue. La familia tuvo que esperar otros tres años más para recibir una reparación económica por la muerte de Sandra Catalina, cuando otro fallo, esta vez de la Corte Constitucional, le ordenó al Estado hacerlo por los daños causados. Si es confusa esta parte es porque, como explica el abogado Muñoz, la responsabilidad de reparar a la familia de Sandra Catalina se la pasaron como una papa caliente.

Mientras tanto, lo único que quedó de la memoria de Sandra Catalina en el lugar donde ocurrió su crimen es una placa de cemento rodeada por un jardín en el parque de al frente a la estación de Policía de Germania. La pusieron las amigas de Sandra Catalina, ya adultas, en alianza con el Jardín Botánico de Bogotá.  

[Foto: Sebastián Payán]

Aunque durante estos años se han hecho eventos públicos y misas que los medios han cubierto en honor a Sandra Catalina, para su abogado  “son actos que son un bálsamo para los familiares» pero no han logrado impactar a la sociedad «para que no se normalicen este tipo de tragedias».   

“Es que las personas, hasta que no las tocan no reaccionan. Esto se tiene que sentir en la piel”, explica Sandra Janeth. «Todos piensan que eso no les va a tocar, pero cuando los toca las cosas cambian”.

[La madre Sandra Janeth Guzmán. Foto: María Fernanda Fitzgerald]

Mientras tanto,  la Universidad de los Andes hizo un convenio con la Policía Nacional en el 2009 para construir una nueva estructura en lugar de la antigua estación. Allí piensa construir un Centro Cívico Universitario, como parte de su plan de continuar la expansión de su planta física. El edificio, diseñado por Konrad Brunner y Cristián Undurraga, está pensado como un espacio de integración entre la comunidad estudiantil y los habitantes de la zona, similar al proyecto Fenicia. Y se espera tener espacio para una galería, una librería, un teatro y un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI).

El pasado miércoles 19 de septiembre comenzó la demolición. Ese día, la Universidad de los Andes celebró una misa e invitó a Sandra Janneth y a la abuela de Sandra Catalina, Blanca Aranda, a dar el primer martillazo contra la estructura. Entre la ansiedad, Sandra Janneth miró por última vez el interior del edificio. «Nada de esto ha cambiado desde ese día», dijo, refiriéndose al 28 de febrero de 1993. «Lo que quiero hacer hoy es cerrar un ciclo al menos en el plano material, en un espacio físico, porque igual ese momento nunca se me va a borrar del corazón».

Hoy, mientras la estructura ya está demolida en un 40 %, Sandra Janneth dice que le «gustaría que en ese sitio se construyera un edificio frente al que cada estudiante, cada persona, cada ciudadano, cada extranjero que pase por ahí recordará a Sandra Catalina. No para llorar, no para decir ‘ay, la mártir’, sino para decir ‘mire, acá en este edificio, que era una Estación de policía, torturaron, violaron y mataron a una niña de tan solo nueve años, pero eso sirvió porque de esa fecha hasta nuestros días, se ha disminuido la estadística de abuso sexual a menores’”,  le dijo Sandra Janneth a Cerosetenta. «ojalá el edificio se llamara Sandra Catalina”.

“Es un proceso de exorcizar un sitio donde ocurrieron tantas cosas» agrega el abogado Alirio Uribe. «Pero no debe ser el de borrar y olvidar, sino que debe ser acompañado de un proceso pedagógico que haga que las personas se pregunten qué pasó ahí, quién era Sandra Catalina y qué se está haciendo para que eso no vuelva a ocurrir».

Sin embargo, por ahora, la Universidad no tiene proyectado hacer algo así. Ponerle el nombre de Sandra Catalina a algún edificio «se refiere a la memoria de lo que había ahí antes, pero no a la memoria de la Institución», le dijo a Cerosetenta Maurix Suárez, director del proyecto Progresa Fenicia que servirá de puente entre la Universidad y el centro cívico. «La Universidad tiene procesos muy claros para la asignación de nombres de sus edificios y ese no se ha contemplado». 

Por eso, el único elemento que por ahora quedará en el sitio para recordar la memoria de Sandra Catalina Guzman es la placa que se mantiene en el parque al frente de la antigua estación. Un monumento que sin embargo, es muy poco conocido entre los estudiantes de la Universidad de los Andes que cada vez más son los transeuntes más frecuentes de esta zona de la ciudad.

Esto se debe, según Tatjana Louis,coordinadora de la maestría en Construcción de Paz de la Universidad de los Andes, se ha establecido el rol de la comunidad uniandina frente a este caso. Ella reconoce que “aquí la gente no sabe muy bien quién es esta niña». Y por eso, hacer una conmemoración frente a este caso es difícil porque esto implica «generar sentido para la gente. Detrás de todo eso tiene que haber un aprendizaje significativo”, dice. Ese entendimiento es la clave del ejercicio de memoria histórica: que un miembro de la sociedad entienda que aunque no fue afectado por esta historia dolorosa, la historia de las víctimas también es su historia.

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