Nadie tiene agua potable, ni fluido eléctrico constante. En medio del pacífico nariñense, en Salahonda, sus habitantes decidieron que este año no acudirían a las urnas. Y nadie salió a votar.
Salahonda es la cabecera del municipio nariñense Francisco Pizarro. Para llegar a este pueblo, es necesario tomar una lancha desde Tumaco por 45 minutos, atravesando parte del océano Pacífico. Después de pasar la Bahía de Tumaco, se encuentra un pueblo perdido en el tiempo que –entre árboles y agua–, está suspendido en pilotes de madera apoyados en el fondo del mar. Podríamos hablar del rico ecosistema de Salahonda, o de los muchos ritmos musicales que se cultivan acá, pero no: hablar de Salahonda del estado paupérrimo de servicios públicos.
“A pesar de la alegría de su gente, Salahonda es un pueblo sumergido en problemas. El conflicto armado, la falta de agua potable debido a la falta acueducto, la exagerada racionalización de energía y la escasez de medicamentos, son el pan de cada día con el que tenemos que lidiar”, afirma Olister Vicente Aguiño, líder comunitario del pueblo. Este hombre nacido y criado en el municipio Francisco Pizarro, ha sido víctima y testigo de la falta de presencia de las autoridades estatales en Salahonda. De acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos, en el 2017 Nariño fue uno de los tres departamentos del país que más diligenció reclamos por la deficiencia en los servicios públicos. Asimismo, la prestación de servicios médicos es un problema principal de la región del Pacífico, en donde, según un estudio realizado por el Observatorio de la Democracia en el año 2016, el 78,28 % de la población encuestada muestra un alto grado de insatisfacción frente la prestación de dichos servicios. “De pequeño no me acuerdo de prender un bombillo en mi casa ni de ir a un médico cuando me sintiera mal. La preocupación más grande de mi madre era que un día saliera a la calle y me mataran”, relata Aguiño.
En medio de la inconformidad sobre las condiciones en las que vivía, este individuo decidió volverse un miembro activo de la comunidad, dispuesto a conseguir la justicia y tranquilidad que nunca había tenido. Así, después de años de reclamarle al alcalde municipal sobre las condiciones deficientes en las que vivían los habitantes de Salahonda, Aguiño afirma que se reunió el jueves 8 de marzo de 2018 con la asamblea general del municipio en el parque principal. Allí, tomaron la decisión de empezar a protestar para que el Gobierno Nacional les diera soluciones concretas: nadie de Salahonda saldría a votar en las elecciones de Senado y Cámara que se celebrarían el domingo 11 de marzo de 2018.
Así, en la mañana de las elecciones, relata cómo se reunieron alrededor de 500 habitantes del pueblo al frente de la alcaldía municipal, en donde protestaron y exigieron respuesta por parte del alcalde Angelmiro Moreno. Aguiño afirma que en los últimos dos años, el municipio había recibido más de 16 mil millones de pesos y no había constancia de cómo y en qué se habían gastado. Ante la falta de presencia de Moreno, y cansados del abandono por parte del Estado, se remitieron a entrar forzosamente a las instalaciones de la Alcaldía, el Concejo y la Registraduría, de donde sacaron documentación y muebles que fueron incendiados. Además, los protestantes impidieron que agentes de la Registraduría instalaran las 24 mesas previstas para la votación. De acuerdo con datos recolectados por la Registraduría, de los 594.976 votos que se recogieron del departamento de Nariño, ninguno provino de Salahonda. Adicionalmente, y como tenían previsto los líderes comunitarios, de las 6.252 personas habilitadas en la localidad, ninguna salió a votar el pasado 11 de marzo.
¿Es legítimo que el pueblo, de manera consciente y voluntaria, haya incumplido con su deber ciudadano de votar? ¿Acaso votar es la única forma de participación política? ¿Se puede considerar esta manifestación como una forma de apatía frente a las elecciones?
Natalia Ángel, profesora de derecho constitucional de la Universidad de los Andes, afirma que existe una concepción errada de que la democracia implica meramente depositar un voto en una urna. “Es mucho más. Votar se enmarca dentro del componente de representación política. Pero la participación política per se, que es un concepto distinto e implica muchas cosas diferentes al ejercicio de votar. Se refiere también a espacios de participación, equidad y, en ocasiones, manifestaciones”. Establece que la abstención, como aquella realizada por los habitantes de Salahonda, es una forma absolutamente legítima de participación política. No toda abstención es apatía o desinterés, pues tomar la decisión consciente de no ir a votar es una estrategia política para mostrar inconformismo.
Por otra parte, pensar que el mal ciudadano es aquel que no vota es concepción minimalista, según Santiago Virgüez, politólogo y abogado con énfasis en derecho constitucional de la Universidad de los Andes. “Tenemos que empezar a problematizar la visión de que quien se abstiene de votar es porque no quiere o por perezoso. Este tipo de afirmaciones no tienen en cuenta las condiciones en las que vive la mayoría de la población colombiana”. Virgüez establece que, en ocasiones, los habitantes de poblaciones que han sido abandonadas por el Estado no ven en el voto algo útil y no por falta de conocimiento ni interés, sino por la pérdida de confianza en el institucionalismo. A los habitantes de Salahonda no les interesaba votar pues, según Virgüez, “el votar implica legitimar las condiciones en las que se encuentran”. Esto concuerda con el relato de Aguiño, quien afirmaba que lo último que quería la comunidad de Salahonda era legitimar el orden existente. Querían ser escuchados y atraer la atención del Gobierno, aquel que los había ignorado durante las últimas décadas.
Pero Virgüez afirma que “el caso de Salahonda es paradójico frente al resto de los casos de abandono por el Estado. En la mayoría, como el de la Guajira, la gente no solo vota sino que lo hace por los políticos tradicionales”. Lo anterior se evidencia en los resultados de las elecciones legislativas del 11 de marzo en las que, para Senado, ganó el partido conservador con 28,37 % de los votos. Para Virgüez, esto se debe al clientelismo entre líderes comunitarios y políticos, quienes hacen convenios para mejorar las condiciones de vida a cambio de votos. Pero Salahonda no cayó en el mismo patrón, saliéndose de la forma de voto en poblaciones donde el Estado nunca ha estado. Aguiño recalca que a él no le interesaba que le prometieran cosas, sino que le solucionaran ya los problemas. Que le dieran agua potable a los niños, que les permitieran hacer uso de electricidad constante y que hubiera un centro médico capacitado. Lo anterior demuestra un interés particular, y urgente, de los habitantes para que el gobierno mismo tomara responsabilidad por sus actuaciones y remediara las problemáticas del pueblo.
En casos como el de Salahonda, el voto visto como un deber ciudadano se empieza a problematizar. Como lo afirma la Corte Constitucional en las sentencias T-324/94, C-337/97, C-114 del 2004, en una democracia el Estado se debe encargar de que los ciudadanos estén en condiciones iguales frente a un mínimo de derechos para poder gozar del sufragio. Entonces, ¿cómo puede considerarse el voto un deber ciudadano en una sociedad donde la institucionalidad falla en garantizar las condiciones mínimas de subsistencia?. Como afirma Aguiño: “Primero que mis hijos tomen agua potable, después miro por quién voto”.
