“Mañana mismo subo a la DIAN y hablo con las personas que tenga que hablar”, dijo Manuel Martínez, asesor del viceministerio de Hacienda y Crédito Público, este 26 de septiembre, en un foro sobre lo que le hace falta a la reforma tributaria para cerrar las brechas de género. 

El evento se realizó en el auditorio Alejandría de la Vicepresidencia y fue convocado por la organización Artemisas, el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Equipo de Empalme de Derechos de las Mujeres. En agosto pasado el equipo había presentado su informe en el que concluía que los temas de género no contaban con un presupuesto robusto y que el destinado a la equidad viene cayendo desde 2020. A partir de sus hallazgos, las integrantes del equipo de empalme decidieron hacer un análisis de la reforma tributaria por esos días radicada en el Congreso, pero que desde entonces ha tenido varias transformaciones. Se centraron en tres artículos: las exenciones tributarias a las empresas que contraten a mujeres; los impuestos para alimentos ultraprocesados, y el artículo 68 que brinda herramientas a la DIAN para recolectar información con enfoque de género. 

A la modificación de ese último artículo —el único de la reforma que estrictamente contempla el género— se refirió el asesor Martínez cuando prometió hablar con la DIAN, aunque también insistió en sacar adelante un Sistema Nacional de Cuidado que cuente con un gasto específico en el presupuesto general de la nación. 

En Cerosetenta armamos una lista con los principales aspectos que se discutieron en el foro sobre los posibles sesgos de género —y raciales— de los sistemas tributarios. Además incluimos algunas de las recomendaciones que lxs participantes hicieron para que los asuntos que conciernen a las mujeres no queden olvidados en la reforma tributaria ni en la política fiscal. 

Uno: Un horizonte económico nacional crítico

Las cifras dan cuenta de un panorama económico crítico en el país: el desempleo llegó a 11 % y la informalidad laboral al 60 %. Tenemos una inflación de 10 % y un índice de Gini de 0,54 —lo que ubica a Colombia como uno de los países con mayor desigualdad de ingresos del mundo—. Y, según el Banco Mundial, 3,6 millones de colombianxs entraron a una situación de pobreza tras la pandemia. Así lo indicó Manuel Martínez, del viceministerio de Hacienda. 

En ese panorama el sistema tributario nacional, aun con más de 15 reformas en los últimos 30 años, ha cometido un error: ser altamente regresivo. Es decir que los impuestos se cobran sin tener en cuenta el nivel de ingresos de la gente por lo que, de acuerdo con Martínez, se termina cobrando más a los que tienen menos y menos a los que tienen más.

El nuevo gobierno ha indicado que la intención de la reforma es corregir ese error y contribuir a la igualdad y justicia social a través de tres principios: equidad, progresividad y eficiencia. Para lograrlo, la forma de cobrar pasará a ser progresiva: los que más tienen pagarán más. También se ampliarán las fuentes para financiar el gasto público —dijo Martínez que 11 de los 14,2 billones de pesos aprobados para el presupuesto general de la nación se destinarán a la inversión social— y se combatirá la evasión. 

De aprobarse, la reforma tributaria espera recaudar hasta 50 billones de pesos para 2026 y reducir el Gini a 0,49, en lo que Martínez define como saldar una deuda social histórica. 

Dos: Es aun peor para las mujeres

“En Colombia los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres”, dijo al comienzo del foro la economista Carolina Castro Medina, y agregó: “Y las pobres somos las mujeres”. 

Entre las mujeres, explicó Castro, la tasa de desempleo sube al 14 % y cerca del 75 % de quienes trabajan en el sector informal —muchas jefas de hogar— sobrevive con 261 mil pesos mensuales. En la pandemia, 2,5 millones de ellas perdieron su empleo, lo que se tradujo en mayor cantidad de tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerados. En opinión de Castro, ese desequilibro debería ser considerado en la política fiscal que, por ahora, carece de enfoque de género y cuya tributación regresiva afecta más a las mujeres. 

A su vez, la abogada Dayana Blanco, fundadora y directora de Ilex, una organización de acción jurídica por los derechos de las personas y comunidades afrodescendientes, subrayó que las mujeres negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales y en especial las mujeres trans, están aún más rezagadas en las brechas de pobreza, desempleo y desigualdad del país. Para Blanco, la primera recomendación es acceder a datos estadísticos confiables porque, en un insufrible círculo vicioso, la invisibilidad estadística de la población afrodescendiente no permite determinar en qué sectores de la economía están las mujeres negras y por tanto qué soluciones para ellas podría traer la reforma tributaria. 

Si el cuidado entrara en un sistema de valor, su aporte al PIB nacional sería del 20 %, y aun así, no hay beneficios tributarios para ese rubro, pero sí para otros trabajos masculinizados como la construcción

Tres: Una labor invisible (y un aporte desaprovechado)

Para Paola García, investigadora de la Mesa de Economía Feminista e invitada al foro, el acceso a derechos es distinto para mujeres y hombres. “Estamos en una sociedad salarial donde muchos derechos se obtienen a través de un salario, pero resulta que las mujeres no entramos ampliamente en esa sociedad y nuestros derechos suelen provenir de una relación de parentesco como ser la esposa de alguien que cotiza pensión. ¿Por qué no accedemos a la sociedad salarial? Por eso que se llama economía del cuidado”.

García se refiere a todas aquellas labores que posibilitan la reproducción social —y con ello la vida— no solo del núcleo familiar sino también, en algunas regiones, de la comunidad y el territorio, y que históricamente han recaído sobre las mujeres sin que ellas reciban un peso a cambio. Si el cuidado entrara en un sistema de valor, su aporte al PIB nacional sería del 20 %, y aun así, como se mencionó en el foro, no hay beneficios tributarios para ese rubro, pero sí para otros trabajos masculinizados como la construcción.  

Además, juzga la abogada Dayana Blanco, los millones de mujeres que cuidan de otrxs deben participar en la discusión sobre tributación. “Hay que pensar en desexpertizar este tema. Llevarlo a una colectiva barrial o a una comunidad indígena”, sugirió. 

Cuatro: El IVA: el rey de los impuestos inequitativos 

En una política tributaria los asuntos de género pueden aparecer de manera explícita o implícita, explicó Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana. En el primer caso, las tarifas tributarias dependerían del género de la persona, mientras que, en el segundo, podría haber una estructura progresiva que tendría en cuenta los ingresos —que en el caso de las mujeres suele ser estadísticamente menores— y que, por tanto, corregiría las brechas. “El marco tributario no tiene que ser explícitamente sensible al género siempre que sea progresivo. El problema es que a veces no lo es”, dijo Pardo. 

El IVA, por ejemplo, es un impuesto regresivo que recae sobre las mujeres cuyo consumo de productos para el hogar es mayor. Para explicarlo, la economista Carolina Castro imaginó esta situación: “Cuando estamos mercando a nosotras no nos preguntan ¿usted cuánto gana? No. El IVA igual es del 19%”. 

El foro celebró la sentencia C-117 de 2018 en la que la Corte Constitucional exoneró de impuestos a toallas higiénicas y tampones, pero compartió la necesidad de quitar el IVA de otros productos de consumo mayoritariamente femenino o familiar. 

Paola García, de la Mesa de Economía Feminista, no está de acuerdo con pagarle a nadie para que contrate a una mujer como si se tratara de un favor. “Más bien, le doy una exención si usted genera empleo justo y en igualdad de condiciones y es agencia de cada quien resolverlo”  

Cinco: Contratar a mujeres no es ningún favor 

El asesor del viceministerio mencionó la importancia de establecer beneficios tributarios para las empresas que contraten a mujeres y para aquellas que las incluyan en sus juntas directivas. Sin embargo, para la economista Castro, la política que desde 2011 otorga beneficios para quienes vinculen laboralmente a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar no ha arrojado resultados claros y hace falta información: 

“Nos preocupa no poder revisar cuánto se ha recaudado, cuántas mujeres han sido beneficiadas y cuántas empresas conocen eso”. Por su parte, Paola García, de la Mesa de Economía Feminista, no está de acuerdo con pagarle a nadie para que contrate a una mujer como si se tratara de un favor. “Más bien, le doy una exención si usted genera empleo justo y en igualdad de condiciones y es agencia de cada quien resolverlo”, propuso Castro. 

Seis: El artículo 68: una buena idea que falta aterrizar

“Yo sé que la reforma tributaria tiene escaso contenido con enfoque de género”, dijo el asesor Martínez y mencionó que el artículo 68 es el único, por ahora, con ese enfoque. Aunque en términos generales fue bien recibida la idea de que la DIAN recolecte información con una diferenciación de género que le permita hacer análisis estadístico y proponer medidas para cerrar brechas, hubo dudas sobre la forma de aplicación. “¿Quién sería el doliente encargado de analizar esa información? ¿Alguien en el Ministerio de Hacienda?”, preguntó la profesora y doctora en Economía Paula Herrera. “Es un avance, pero aún muy etéreo”, agregó Castro.

Siete: ¿Un enfoque de salud que demanda más trabajo? 

También, a pesar del consenso en la necesidad de mejorar la alimentación y nutrición de lxs colombianxs, hubo inquietudes respecto a los llamados impuestos saludables sobre alimentos ultraprocesados, productos de paquete, jugos artificiales, bebidas azucaradas, gaseosas y embutidos. La preocupación residió, por un lado, en si la iniciativa no va a ocasionar que la responsabilidad de la alimentación sana recaiga —de nuevo— en las mujeres. Y por otro, en cuáles van a ser los sustitutos de ese tipo de comida ahora gravada, sobre todo para la población empobrecida del país. 

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El foro concluyó con intervenciones del público —no tan amplio, pero muy atento— que habló de asuntos como mantener la perspectiva de derechos sexuales y reproductivos en el IVA, la inclusión de mujeres rurales y campesinas, las empresas lideradas por mujeres, la pedagogía tributaria, la renta básica y el gasto público. “¿A dónde irá el recaudo? ¿Va a resolver las brechas de género?”, preguntó una asistente. Y otra: “¿Esto que se ha dicho lo soporta la reforma tributaria o tiene que ver más con la falta de inclusión de enfoque de género en la política pública en general?”. 

El asesor Manuel Martínez anotó y prometió que todo se tendrá en cuenta. “Porque la reforma tributaria está en curso y esto toca hacerlo con urgencia”.