La educación en Colombia está mal. Una frase que puede decirse en cualquier momento de la historia de la república desde su nacimiento hasta el día de hoy y siempre será cierta. Es verdad que hay avances en cobertura, pertinencia y calidad, pero los retos continúan.

Hay que comenzar por decir esa verdad que todos saben pero que nadie quiere hacer explícita, y menos sus protagonistas: la clase dirigente del país es la mayor responsable de que la educación en el país no tenga un modelo que pueda ayudar a toda la población a tener una mejor calidad de vida. Este grupo de personajes que siempre esperan, y exigen, ser referidos con el prefijo de Honorable o Doctor, no contentos con haber recibido una educación de calidad trabajan día a día por no ofrecerle lo mismo al resto de la población. Ellos tienen en sus manos dos procesos que cambiarían la cara del sector: que sea un tema de la agenda pública y que aumenten los recursos asignados.

Ambos temas han sido manejados con un alto cinismo que muestra la cara más sucia de la moneda de la política electoral nacional: los niños no votan y, por lo tanto, no hay que invertir en ellos. Amigos de las teorías de la conspiración van más lejos y dicen que la clase dirigente quiere tener a una población poco educada, o en otras palabras bruta, para mantenerse en el poder.

En el discurso, muchos políticos contradicen la anterior afirmación, pero las acciones dicen más. ¿Y qué dicen sus acciones? La educación no importa. Y volvemos a lo mismo, al fin y al cabo, lo niños no votan. Entre las reformas más importantes al sector de los últimos años que terminan afectando la educación en los colegios, y que han salido del capitolio está la ley de discapacidad, que no es solo del sector; los últimos dos planes de desarrollo PND que trasladan el Programa de alimentación escolar PAE al Ministerio de educación nacional y crean el Fondo de financiamiento de infraestructura educativa FFIE (que como PND no son de construcción de los congresistas); la del sistema de convivencia, y la ley que crea la inocua cátedra para la paz. Se podría añadir la de los estudios de historia, pero en realidad no cambia nada de fondo en el sistema. Esto solo por nombrar algunas sin entrar en detalles sobre las mismas. Más allá de eso, los honorables que tanto prometen cambiar el país se pasan horas es aprobando entregar distinciones, durmiendo y entrando al hemiciclo solo para contestar al llamado de lista.

Eso por el lado de los legisladores, y por el ejecutivo la cosa no es muy distinta. Decretos y resoluciones a diestra y siniestra que terminan siendo saludos a la bandera ha sido la regla desde la constitución del 91. Desde el nivel central se lavan las manos firmando esos papeles, y las gobernaciones y alcaldías, a través de sus secretarías, en su inmensa mayoría desfinanciadas, cumplen a cabalidad la regla de oro que heredamos de la colonia: se acata, pero no se cumple.

Hay que decir que esto es un ciclo vicioso de todo el sector, las sentencias obligan al legislador y al ejecutivo, lo mismo hacen las leyes con el ejecutivo y así dentro de las mismas ramas. Nos llenamos de leyes, decretos, resoluciones, sentencias y demás que pintan un modelo educativo perfecto… hasta que uno llega a cualquier escuela pública.

Por ejemplo, la ley de discapacidad, y su decreto reglamentario en el sector educativo, obliga a todos los colegios del país a aceptar a cualquier niño que esté en situación de discapacidad, y para esto debe tener planes individuales de ajustes razonables PIAR. Hasta ahí muy bien, todo tiene sentido, pero ¿y los recursos? Esto debe salir de recursos de las mismas entidades territoriales, los cuales escasamente cubren la planta docente. En el papel Colombia tiene un modelo perfecto, pero al ir a un colegio, no se confirma lo decretado. Se acata, pero no se cumple, y no se cumple porque no hay recursos ni técnicos y menos financieros para cumplir.

Estos temas terminan pasando de agache porque no están en la agenda pública. Y aunque en esto también tienen culpa los medios, lo cual daría para toda una disertación, los dirigentes no lo tienen como una prioridad y no quieren hacerlo. Hubo alguna emoción cuando dentro del discurso de la actual administración la paz, la equidad y la educación serían los tres pilares, tanto que quedó dentro del título del PND. Sin entrar a discutir los otros dos pilares, la educación, como siempre, se quedó en el discurso.

Es en este punto que entra la segunda razón que muestra que nuestros deshonorables padres de la patria y nuestros mandatarios electos no pasan del discurso a los hechos: no hay asignación de recursos. Las palabras pueden ser muy bonitas y todos los candidatos a cargos ejecutivos y a los órganos de representación prometen y, por lo general, cuando son preguntados, siempre dicen que los niños y la educación son el futuro del país. Tanto que, en los últimos 15 años, la participación del sector público en la educación como porcentaje del PIB no ha subido ni medio punto porcentual. Así es que respaldan su discurso, con ese medio punto porcentual. Y si se incluye la alimentación y la deuda que se tiene con las pensiones de los maestros, en realidad la inversión en calidad educativa ha disminuido. Esos son los hechos, mientras las palabras siguen echando la misma carreta.

El congreso no puede seguir dando paso a leyes sin pensar en asignación presupuestal. A estos legisladores recién electos les queda la tarea de revisar un nuevo PND que ponga primero la educación (o hacerle los cambios necesarios si el próximo gobierno no la tiene como prioridad) y año a año, aprobar un presupuesto que refleje ese compromiso. Además de poder presentar proyectos de ley que luego no se queden en el papel y de tramitar un presupuesto que los pueda cubrir, el control político es esencial, y sirve tanto para verificar que se esté cumpliendo lo ordenado y se esté usando el presupuesto responsablemente como para poner el tema en la agenda pública.

Si no se superan estos dos retos, agenda y plata, no importa el esfuerzo que se haga, el modelo educativo seguirá igual. Y estaremos como Lampedusa, cambiando todo para que todo siga igual. Hay reformas profundas al sistema escolar que no dan más espera, especialmente la ley 715, y temas que deben ser abordados presupuestalmente como la educación rural, para saldar la deuda que el país tiene con el campo.

Es claro que, en una democracia, desde la ciudadanía se puede lograr presionar a un gobierno para hacer ambas cosas. Pero para esto se necesita una ciudadanía educada. Lo que genera un círculo vicioso que mantiene al sistema educativo en una crisis constante, y es de ese círculo del que se debe salir. Sin importar si el espectro político en que se encuentren los dirigentes, impulsar un sistema educativo generaría más ganancias para el país que mantener un sistema de baja calidad, el problema es que mejorar el sistema le podría quitar el poder a los Doctores y Honorables que tienen a este país con un sistema desfinanciado e ineficiente. Una bancada multipartidista por la educación realmente comprometida podría ser un primer paso.

La materia prima existe. Todos los niños que logran hacer parte del programa Ser Pilo Paga, los empresarios y políticos que resaltan a pesar de haberse educado en un sistema de baja calidad demuestran que niños, niñas y adolescentes colombianos, sin importar su clase social, tienen la inteligencia y capacidades para salir adelante. Solo imaginémonos lo que sería de Colombia entregándoles la formación necesaria para competir con aquellos que pueden acceder a una educación de calidad. Tendríamos más doctores, pero de verdad. Tendríamos más honorables, pero justificando ese prefijo, y tendríamos la equidad que tanto merece un país que ha vivido más de medio siglo de conflicto. ¿Quién dijo miedo a este futuro tan prometedor? Aparentemente nuestros dirigentes.

* José Luis Sánchez es historiador y Magister en Periodismo del CEPER.

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