No se han mapeado todos los municipios, pero con lo que va, sabemos que aproximadamente dos tercios del país está en silencio. Sabemos que en 287 municipios no hay medios locales que informen, que denuncien. En el mejor de los casos están las emisoras de la Policía Nacional o las de la iglesia, pero en términos de libertad de expresión eso no es suficiente.

Y en cuanto a la obstrucción del oficio, el panorama tampoco es muy alentador. En Colombia han disminuido los asesinatos, pero no las amenazas. En 2015 hubo dos periodistas asesinados, mientras que en 2016 la cifra fue cero y en 2017 una periodista fue asesinada. Pero en 2015 hubo 147 agresiones contra la libertad de expresión, mientras que en 2017 fueron más de 300. El año pasado hubo 130 periodistas amenazados y lo más grave es que 70 de estas agresiones fueron cometidas por funcionarios públicos y políticos. Ese es el panorama al que se enfrenta la libertad de expresión en plena implementación de un acuerdo de paz y en medio de un proceso electoral.

Para Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y exrelatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el proceso de paz sí ha tenido un impacto positivo en materia de libertad de expresión, aunque se quisiera que este fuera mayor. Pero las transiciones son difíciles y la firma de la paz no lo soluciona todo. Necesitamos, según ella, un Estado, pero también una sociedad que reconozca que el problema existe, que el silencio afecta la democracia y que es urgente que en Colombia se reconstruyan las redes locales de comunicación que destruyó la guerra.

De acuerdo con el proyecto Cartografías de la Información de la Flip, de los 503 municipios mapeados, 287 están silenciados, no tienen medios de comunicación para cubrir acontecimientos locales. ¿Cree que vamos por buen camino para cambiar este panorama?

Hay que mirarlo en perspectiva. Lo bueno en términos de libertad de expresión es que los indicadores de violencia ahora son absolutamente distintos a los de los años noventa, en los que hubo masacres a periodistas. En Colombia existe un sistema normativo, a diferencia de otros países, que garantiza la libertad de expresión. La justicia, en términos generales, protege y da garantías; aunque haya muchos lugares del país a los que esas normas no llegan y hay que hacer el esfuerzo para que lleguen.

A pesar de que se terminó el conflicto armado con las Farc, todavía hay un riesgo. Lo estamos viendo con los líderes sociales y los defensores de derechos humanos, pero también es un riesgo para los periodistas. Las transiciones son dificilísimas y los problemas no se resuelven sólo con la firma de la paz y la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Son procesos largos, difíciles y en Colombia hay brotes de violencia complicados. El Estado tiene que hacerse cargo de esas zonas en los que la violencia silenció a los periodistas independientes, críticos. Eso supuso que esas comunidades se quedaran sin medios locales y ahora es un problema grave. La pregunta es cómo activamos el Estado de derecho en esos municipios. Cómo tomamos medidas que permitan reconstruir el tejido que se destruyó. Cómo logramos reconstruir las redes que permitían la comunicación local.

¿Qué medidas debería adoptar el Estado para que se logre esta reconstrucción?

Nosotros no confiamos en las transformaciones culturales. Tenemos, las sociedades latinoamericanas y la sociedad colombiana, una esquizofrenia respecto de la ley. No la cumplimos, pero confiamos más en las transformaciones legales que en las culturales. Me parece que es más importante la cultural que la legal.

Lo primero es reconocer como sociedad que el discurso local es fundamental, que la gente tiene derechos a conocer y discutir lo que pasa localmente. Y en ese sentido, el silenciamiento del discurso local es una pérdida gravísima para la democracia. Tenemos que reconocer eso como sociedad, entender lo que pasa si en un departamento no hay un solo periodista que pueda cubrir lo que hace el gobernador o el alcalde o lo que está pasando con la minería ilegal, con la explotación de personas, con los migrantes.

Hay que darle seguridad a quien está dispuesto a restablecer esas redes de comunicación que fueron silenciadas. Hoy el riesgo sobre la vida sigue existiendo, aunque sea de manera distinta y por otros actores. Hay que proteger, desde el principio, a quienes están dispuestos a volver hablar. Creo que el Estado está en mora de construir una política integral de protección de líderes y periodistas. Y luego, está en mora de apoyarlos. Necesitamos medidas preventivas. No cuesta tanto y la recompensa democrática es enorme.

Esta semana la Corte Constitucional falló una tutela en contra de un concejal de Medellín por afectar, a través de medios de comunicación y redes sociales, el derecho al buen nombre, la intimidad y a la honra de una abogada. Si bien el fallo se refiere a la libertad de expresión con un pilar democrático, también dice que esta no es un derecho ilimitado. ¿Es problemático el fallo en materia de libertad de expresión? ¿Le pone esto un límite a las noticias falsas?

El que crea una fake news sebe que es falsa y la crea con la intención de manipular al público. No necesariamente ofende un bien jurídico, ni la honra, la reputación o la intimidad. El problema es que es falsa en sí misma.

En principio, una fake news no ofende a nadie. Entonces, ¿puede el Estado censurarla? Yo creo que el Estado no puede prohibir eso. ¿Quién es el Estado para determinar si es verdad o mentira? Lo que yo creo es que el Estado debe salir a hablar de lo que circula, decir si es o no razonable y aclarar la información. La Sentencia de la Corte no conduce a decir que el Estado puede prohibir la información falsa por el mero hecho de su falsedad. La sentencia no entra en ese terreno de las fake news. Lo que dice es que cuando hay una información falsa, veraz o parcializada, si afecta un derecho fundamental, entonces puede proceder la acción de tutela.

Ahí lo que se puede discutir es si la Corte aplicó bien o no los estándares de libertad de expresión. Creo que dejó desprotegido, de alguna manera, el discurso político. La orden final de la Corte le prohíbe al Concejal que vuelva a referirse a la abogada con afirmaciones que puedan afectar su honra. ¿Pero qué quiere decir eso? Es muy ambiguo. Las órdenes en materia de libertad de expresión deben ser absolutamente precisas y proporcionadas.

Hay una ola reciente de gobiernos de derecha en América Latina. ¿De qué manera esto afecta la libertad de expresión en la región y, ante eso, cómo está Colombia en relación con los demás países latinoamericanos?

El problema no es si es de izquierda o de derecha. Diría que los grandes depredadores de la libertad de expresión hoy son Venezuela y Nicaragua, cuando en otros momentos eran los gobiernos de derecha o las dictaduras que desaparecieron y asesinaron a periodistas críticos y a las personas que pensaban distinto. Se trata más de la pose autoritaria y de talante antidemocrática que tienen esos líderes que creen que el derecho y el país son ellos. Que no entienden el Estado de derecho ni la importancia de la deliberación ni de la crítica.

Colombia es heterogénea. Hay zonas en las que la situación es tan grave como en Venezuela. La Guajira, por ejemplo, bajo Kiko Gómez que amenazó de muerte a los periodistas que lo investigaron.

Pero Colombia tiene zonas como Bogotá, que es mucho más libre. En donde el mercado de las ideas circula. En donde si te pasa algo puedes poner una tutela y hay un juez que te va a proteger, en donde prima la constitución política. Colombia es heterogénea. Hay muchas Colombias en Colombia. Hay zonas en las que se pueden acceder a garantías, pero otras en donde el Estado de derecho no se aplica para todo el mundo y son controladas por mafias que se han tomado la política como Kiko Gómez y como muchas familias que hoy gobiernan en algunos territorios.

Hay zonas en donde tenemos una situación tan grave como en los estados controlados por el narcotráfico en México, y sin embargo tenemos zonas que gozan de salud en materia de libertad de expresión.

¿Y eso de qué nos sirve? ¿Es suficiente?

Le sirve a quienes viven en esas zonas, a quienes tienen al alcance una acción de tutela. Claro que no sirve en las zonas controladas por las bandas criminales o grupos paramilitares o ELN. Siempre es mejor estar en una zona protegida. Nuestro esfuerzo tiene que ser por extender el Estado de derecho hasta allá. Por eso es tan importante el proceso de paz, porque en el futuro lo que busca es que quienes viven en esos territorios tengan el mínimo derecho como ciudadanos. Lo mínimo es que haya un monopolio del uso de la fuerza y que puedan ir a un juez que proteja sus derechos si alguien se los viola. No estamos pidiendo mucho, es lo mínimo.

Que quienes viven en Bogotá puedan gozar de derechos, no le sirve para nada a las personas que viven en el Catatumbo. Tenemos con ellos la obligación de solidaridad. Hay compatriotas que no gozan de los beneficios que gozamos nosotros. Nuestra obligación es intentar que ellos tengan esos mismos beneficios y no sigan viviendo en un estado que es tierra de nadie.

En época electoral, ¿qué reto tenemos los periodistas frente a la digitalización de la información?

Las nuevas tecnologías que democratizan y que abren espacios tienen unos riesgos enormes. Uno es la generación de nichos, la gente se queda ahí. No oye ni conversa con quienes piensan distinto. Empieza a creer que eso es la comunidad del conocimiento. Pierde la capacidad de diálogo. Sólo salen de la zona de confort, de esa cápsula, para insultar. Eso disminuye la capacidad de deliberación, de comprensión de las ideas de otros, de tener que someter los pensamientos y creencias a la prueba ácida de la deliberación.

La gente se convence, se fanatiza y reduce la capacidad de tolerancia. Eso está relacionado con la post verdad y las fake news. Lo que importa es lo que tiene que ver con sus convicciones y si es así está feliz. Se crean nichos que refuerzan imaginarios y que se alimentan de los discursos en los que la gente cree y por los cuales votan y actúan de cierta manera. No están anclados ni en la realidad ni en los hechos, ni en los argumentos racionales, sino en sentimientos y deseos personales. Eso es gravísimo, conduce a tragedias.

Ese es el gran desafío de las redes sociales, entender que tenemos que salir del nicho, que no podemos dar like y retweet porque se adecua a nuestras opiniones o deseos. Que tenemos que exigir la prueba de lo que nos dicen y eso supone dos cosas: educación digital a los usuarios y fact checking. Que los medios y que los periodistas no se monten en esta vorágine vertiginosa de información. Que se den su tiempo, que no contribuyan a ese discurso de la post verdad y que hagan fact checking, que hagan contrapeso.

¿Y cree que realmente lo están haciendo los medios?

Algunos lo están haciendo, no es fácil. La Silla Vacía y el Mentirosario de Caracol Radio. Hay algunos esfuerzos de medios y periodistas, aunque es probable que nos falte y que sea necesario ampliar esos esfuerzos. Hay una preocupación en los medios, pero aún nos hace falta en educación digital y en fact checking. Está bien que haya periodistas militantes, es legítimo, pero debe haber otros que independientemente de sus convicciones políticas tienen que salir a decir que algo no es cierto. Así eso vaya en contra de sus cometidos políticos. Necesitamos unos intermediarios que nos cuenten los hechos y que luego den sus opiniones.

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