“Yo no esperaba que Duque se reuniera con nosotros”, dice Francisco*, excombatiente de las Farc. “Si no lo hizo con la Minga, que eran unas 10 mil personas, mucho menos esperábamos que lo hiciera con nosotros, que éramos apenas 2 mil”. Y aún así lo hizo.
El pasado 6 de noviembre, el presidente Iván Duque se reunió en la Casa de Nariño con un grupo de casi 2 mil excombatientes que llegaron a Bogotá después de movilizarse desde distintas zonas de reincorporación. La movilización, bautizada Peregrinación por la vida y por la paz, arrancó el 20 de octubre, el mismo día que fue asesinado Juan de Jesús Monroy Ayala, conocido como Albeiro Suárez, líder de un grupo de excombatientes de La Uribe, en el Meta. Y un día después de que la Minga del Suroccidente realizara un ‘juicio político’ contra el presidente Duque en plena Plaza de Bolívar de la capital.
Francisco* estuvo en la reunión como representante de los ex combatientes de la región Caribe. No esconde su sorpresa ante la decisión del presidente de acceder a la reunión pues, reconoce, la voluntad política de Duque y su Gobierno había sido muy esquiva. Lo mismo ocurrió con la Minga, que había citado cuatro veces antes a Duque para que se reuniera con ellos y las cuatro veces les incumplió. Las peticiones de la Minga y de la Peregrinación tampoco eran tan distintas: ambos exigían una reunión con el Presidente para detener el exterminio en su contra, que se respetaran los territorios y que se implemente el Acuerdo de paz. Aún así el presidente Duque sí se reunió con los excombatientes pero no con la Minga. ¿Por qué?
A Diana Sánchez, vocera de la plataforma COEUROPA, que se encarga de hacer veeduría sobre los procesos de movimientos sociales en Colombia, la decisión de Duque no la sorprendió.
“El motivo por el que no han podido destruir el Acuerdo de paz, por el que tampoco pudieron hacer ese desplante a los excombatientes, viene directamente del hecho de que el Gobierno está siendo muy vigilado por la cooperación internacional, por los mecanismos de control de otros países”, asegura. Para ella, la voluntad frente a los excombatientes siempre tendrá un tono diferente, principalmente por la veeduría de cumplimiento que existe para el Gobierno.
“Ceballos es un funcionario que sabe hacer jugaditas políticas. Para eso lo pusieron a negociar con la Minga. Él sabe muy bien cómo distraer y dilatar las conversaciones”
Eso se refleja en que el propio Gobierno acompañó la Peregrinación, como le dijo a Cerosetenta Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación del Acuerdo de Paz. “Desde que nos enteramos de la Peregrinación nos aseguramos de generar todos los espacios necesarios para conseguir un diálogo efectivo con el Presidente, que permitiera cumplir con las expectativas de quienes venían marchando”, dijo.
Sin embargo, cuando preguntamos por qué estos espacios no se habían creado para la Minga, nos contestó que él prefería no opinar en temas de la Minga, y que eso le correspondía al Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.
Ceballos no contestó nuestras llamadas para preguntarle por qué el Gobierno no se reunió con la Minga. Sin embargo, ya le había dicho a La Silla Vacía que la reticencia tenía que ver con que “ellos [la Minga] no quieren una reunión sino un debate político, y el Presidente no es citado a debates políticos, ni siquiera el Congreso lo cita”.
Voceros del gobierno como Diego Molano también dijeron en medios que la Minga estaba infiltrada por grupos armados ilegales, una versión que nunca se pudo comprobar, como reconocieron con cierto tono de sorpresa diarios tradicionales como El Tiempo, que incluso dijo que el comportamiento de la Minga en Bogotá fue ejemplar.
Aún así, justo mientras la Minga estaba en Bogotá, Ceballos viajó al Cauca a reunirse con líderes del Cric.
“Ceballos es un funcionario que sabe hacer jugaditas políticas. Para eso lo pusieron a negociar con la Minga. Él sabe muy bien cómo distraer y dilatar las conversaciones”, le dijo a Cerosetenta una fuente que acompañó de cerca el proceso de la ‘conversación nacional’ que promovió Duque para disolver el Paro Nacional y que prefirió hablar en anonimato para no dañar su relación con el Gobierno.
Así mismo lo entendieron los representantes de la Minga, para quienes fue desconcertante que, cuando ellos llegaron a Bogotá, Ceballos y la Ministra del Interior, Alicia Arango, hubieran viajado al Cauca. “Eso es una desinformación. Siempre juegan a la guerra sucia y a la desinformación”, afirmó Nelson Lemus, uno de los Consejeros Mayores del CRIC, en entrevista con Cerosetenta.
Algo similar hizo el propio Iván Duque, que justo mientras la Minga protestaba en Bogotá viajó de urgencia a Chocó para «hacer una revisión de la seguridad en esta región del país, atendiendo las denuncias ciudadanas, y evaluar el alcance de la inversión social que se ejecuta», como informó la Casa de Nariño.
En cambio, el Presidente sí atendió a los excombatientes en una reunión donde se lograron acuerdos relacionados con el impulso de la implementación del Acuerdo de paz para detener la estigmatización contra los excombatientes, acelerar su reincorporación política, económica y social, darles acceso a tierras, vivienda digna y proyectos productivos y, finalmente, afianzar la relación con el Consejo Nacional de Reincorporación, el organismo encargado de acompañar la reintegración de los excombatientes, para fortalecerlo.
Los excombatientes sienten especial entusiasmo por los procesos de vivienda digna y el acceso a tierras con oportunidades productivas, dado que muchos firmantes aún viven en los Espacios Territoriales de Reincorporación, que fueron espacios pensados como algo temporal, y con los años han dejado de ser espacios dignos para vivienda. Entre ellos prevalece la duda con su compromiso: “Yo hasta que no vea que estos acuerdos empiezan a funcionar, prefiero abstenerme de tener mucha esperanza o mucho escepticismo”, dice Francisco*. “Aún no sabemos si el Presidente va a cumplir lo pactado, todo lo que podemos saber hasta el momento es que pudimos reunirnos, que fue más de lo que le han dado a otros movimientos”.
Dice que los excombatientes no podrán tener seguridad de que la Peregrinación fue efectiva hasta que en los territorios dejen de asesinar a los firmantes del Acuerdo de paz: “incluso, durante los días de la peregrinación, pasamos de 234 firmantes asesinados a 238. Lo que necesitamos, con urgencia, es que dejen de asesinarnos”.
El sentido de urgencia lo comparte Diana Sánchez quien, además, apunta a que en este momento el Gobierno reconoce la gravedad del exterminio y no ha conseguido tomar acciones efectivas que lo detengan: “a nosotros, como expertos, han llegado a consultarnos pues muchos de los funcionarios de este Gobierno no saben qué hacer frente a estas circunstancias, pero sí tienen encima a una serie de organismos que les están exigiendo dar respuestas concretas a esta situación tan grave”.
¿Y la Minga?
El Suroccidente continúa en Minga y aún sin una respuesta concreta. A pesar de que el Presidente Duque ha repetido varias veces que su gobierno cree y está abierto al diálogo con todos los sectores sociales, no ha cumplido la cita que demandan los movimientos sociales de la región que ha puesto más víctimas desde que se firmó el Acuerdo de Paz: 240 líderes asesinados, la mayoría, entre los municipios Corinto, Toribío y Caloto, que encabeza la lista con al menos 32 homicidios.
La explicación, tanto para Diana Sanchez, como para Carlos Duarte, investigador de movimientos sociales en el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, también tiene que ver con la legitimidad que ha ganado la Minga y sus demandas entre la opinión pública. Para él, la construcción alrededor de la Minga proviene de una demanda popular, colectiva, que reúne el interés de muchos sectores sociales de Colombia y que, a su vez, recibe mucho apoyo de la ciudadanía.
Y Diana Sánchez agrega: “reconocer a la Minga es reconocer que el Gobierno está fallando al país. Usualmente, los movimientos que provienen de sectores indígenas, afros y campesinos reciben mucho apoyo porque los entendemos como personas que han estado involucrados en el conflicto y han sufrido sus consecuencias, sin llegar en ningún momento a portar un arma. Eso les da mucha legitimidad”, dice Sánchez.
Además, Sánchez considera que la movilización de excombatientes, aunque en extremo urgente y necesaria, responde a intereses de un grupo más particular que, por los altos grados de estigmatización que ha sufrido, puede no recibir tanta atención de los demás ciudadanos.
Para Aída Quilcué, el asunto se resume en que el Presidente no le quiso dar validez a sus reclamos: “nosotros traíamos temas estructurales, que hemos venido demandando desde hace un buen tiempo. Las comunidades indígenas, negras y campesinas han sido sometidas a un olvido estatal que requerirá de mucho esfuerzo para ser reparada. El Presidente no quiso abrir espacio a ese debate, porque conoce las dimensiones de la deuda, por eso prefirió negarnos la reunión”.
Como nos dijo Nelson Lemus, la Minga ya no se sentará a conversar con Duque, pues ese espacio se cerró con su cuarto incumplimiento. En su lugar, tomarán la vía jurídica para exigir sus derechos. “El Presidente de alguna forma tendrá que darnos respuesta y aún la estamos esperando”, insiste Quilcué.
Lo cierto, en todo caso, es que la movilización de los excombatientes e incluso la reunión que llevaron a cabo en Casa de Nariño tuvo mucho menos impacto en la opinión pública que la Minga. Quizá sólo por eso el Presidente sí se reunió con ellos.
