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¿Por qué tienen tanto miedo?

Ninguna otra movilización social como la del próximo Paro Nacional del 21 de noviembre ha generado tanto rechazo y estigmatización por parte del Gobierno y sus partidarios. ¿Tienen razones para estar atemorizados? Hablamos con académicos y analistas para responder esta pregunta.

por

Tania Tapia Jáuregui


18.11.2019

Ilustración: Daniel Gómez Dugand

A pocos días del jueves 21 de noviembre, fecha del gran Paro Nacional, 350 militares llegaron al centro de Bogotá. Lo hicieron en la noche. Llegaron de varios lugares de Cundinamarca: de Las Águilas, de Facatativa, del Páramo de Sumapaz, de Tolemaida. “Básicamente tenemos gente de todo el departamento”, dijo el mayor Luis Fernando Barco a Caracol Noticias. Llegaron armados con fusiles y uniforme camuflado. Luego de una reunión en el Batallón de la Guardia Presidencial, se fueron a los barrios del centro e hicieron requisas y confiscaron armas blancas y drogas. “La intención”, dijo el mayor Barco, “es apoyar a la Policía Nacional. Que nuestra gente de la capital, del centro de Bogotá, se de cuenta de que el Ejército Nacional de Colombia está en Bogotá y que está acompañando a la Policía Nacional”. Se espera que esta semana lleguen más militares. 

Esta militarización del centro de Bogotá, escenario de enfrentamientos entre marchantes y fuerza pública, llega en medio de un escalamiento de discursos en contra del Paro Nacional. 

Todo empezó el 4 de octubre: “El gobierno de Iván Duque y los gremios han anunciado la necesidad de unas reformas laboral y pensional (…) que buscan empeorar las condiciones de los trabajadores, pretenden aumentar las ganancias de los empresarios (…), garantizar el fortalecimiento de los fondos privados de pensiones a costa de eliminar o marchitar Colpensiones”. 

Con este comunicado, la Central Unitaria de Trabajo (CUT) hizo el primer llamado al Paro Nacional del 21 de noviembre. La decisión fue resultado del Encuentro Nacional de Emergencia, un evento al que asistieron más de 100 organizaciones sociales, estudiantiles, indígenas y sindicales.

El 30 de octubre, casi un mes después, líderes indígenas de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) reiteraban sus intenciones de hacer parte del paro. Lo hacían un día después del asesinato de cuatro indígenas del pueblo nasa que se sumaban a los más de 60 indígenas asesinados en ese departamento en lo que va de este Gobierno.

Y el 4 de noviembre, el senador Roy Barreras denunció en el Congreso que el Ministerio de Defensa, en cabeza de Guillermo Botero, había ocultado la muerte de ocho niños durante un bombardeo en Caquetá. El senador promovía una moción de censura contra Botero, quien renunció a su cargo antes de que se acabara el proceso en su contra. Duque aceptó la renuncia y aprovechó para hacerle un homenaje a Botero. 

Durante ese tiempo, desde el 4 de octubre hasta hoy, la convocatoria para el Paro Nacional del 21 no ha parado de crecer, pero tampoco lo han hecho los discursos, oficiales y no oficiales, que rechazan la movilización y que aseguran que el 21 estará protagonizado por la violencia promovida por “fuerzas oscuras” y que las causas de la movilización son todas mentiras. 

La semana pasada, en dos eventos distintos —un taller Construyendo País y el Congreso de la Asociación de Cajas de Compensación—, el presidente Duque aseguró que su gobierno está siendo blanco de críticas que sólo buscan desvirtuarlo y llamar a la violencia. Un par de días después, en el Congreso Agropecuario Nacional, aseguró que la movilización no veía dónde “meterle el palo a la rueda”, que buscaba “jactarse del fracaso de las políticas”, y que eso solamente era “vampiresco políticamente”.

El expresidente Álvaro Uribe fue más lejos. En un hilo de tweets, aseguró que el paro hacía parte de la “estrategia del Foro de São Paulo que intenta desestabilizar a las democracias de América Latina”;  hizo referencia a “anarquistas internacionales” que se podrían filtrar en la marcha y aseguró que las reformas laborales y pensionales, por las que muchos saldrán a marchar, eran “noticias falsas que hacen parte del plan de desestabilización”.

Hay miedo. Las acusaciones que han hecho los líderes políticos repercuten en la opinión pública y ya han empezado a correr cadenas de WhatsApp en las que se alerta de los posibles desmadres que podrán ocurrir y en los que se alienta a no salir ni “dejar salir a sus hijos” a marchar. Eso sin mencionar la aparición de videos como en el que aparece Jaime Arturo Restrepo, conocido en redes como El Patriota, en el que anuncia la creación de grupos civiles antidisturbios en Medellín.

Cadenas sobre el paro nacional del 21 de noviembre

Hay miedo. Ninguna otra movilización social había generado tanto nerviosismo en un Gobierno como el próximo Paro Nacional.

En el extremo de esa “narrativa uribista”, además del mismo Uribe, están otros como Paloma Valencia que transmiten los mismos mensajes con mucho más ahínco.

Ni representación ni transparencia

El Paro llega en un momento de grave inflexión del Gobierno Nacional. La popularidad de Iván Duque sigue bajando: según la última encuesta Gallup, el presidente tiene una imagen favorable de apenas el 26 %. En los señalamientos del presidente y de otros miembros del Centro Democrático se siente un miedo latente.

“Imagino que el Gobierno siente angustia de que ese nivel de insatisfacción de la gente se convierta en un movimiento social enorme en la calle que no esté en condiciones de negociar o de atajar”, dice Sandra Borda, profesora de la Universidad de los Andes y experta en relaciones internacionales. “A esto hay que sumar que estamos ante un Gobierno que en el año y medio que lleva no ha aprendido a hablar con nadie: ni con el Congreso ni con otros partidos políticos. Habría que preguntarse, si llegara el momento de sentarse a negociar con los líderes de movimientos sociales, qué va a salir de eso. Parece complicado. Si yo fuera ellos, también estaría asustada”.

“En general el uribismo ha seguido trabajando en la misma retórica que tenía como oposición”, dice Carlos Cortés, periodista de la Mesa de Centro y analista político. “El video que subió Uribe diciendo que esto era una agenda alimentada desde el foro de Sao Paulo es una muestra. Claro, no pueden seguir diciendo que es algo que se hace en La Habana o en el proceso de paz, porque eso ya no está, entonces ahora es el foro de Sao Paulo: un fantasma creado que es una tontería”.

Para Cortés, además, el discurso del presidente Duque alrededor del paro del 21 ha mostrado un giro en su actitud que se aleja del mensaje de diálogo y consenso con el que llegó a la presidencia y que ahora se acerca más a la narrativa uribista. “Me parece que a medida que ha avanzado el tiempo y que él se siente un poco más presionado, se le ve más irascible”.

En el extremo de esa “narrativa uribista”, además del mismo Uribe, están otros como Paloma Valencia que transmiten los mismos mensajes con mucho más ahínco. En un video que la senadora publicó en Twitter, afirma que los promotores del paro no tienen ningún interés en los temas que están tratando y que todo es un esfuerzo para que al gobierno de Duque no le vaya bien, porque cuando a la gente no le gusta el gobierno cree que puede tomarse la calle —y pues sí, salir marchar es un derecho protegido que sirve para expresar la inconformidad, entre otras cosas, con el gobierno—. “No es cierto que el Gobierno tenga una reforma pensional (…) Todas esas son mentiras que dicen porque lo que realmente quieren es sabotear al Gobierno”, dice Valencia en el video.

Sin embargo, el 14 de octubre, Portafolio publicó un artículo en el que aseguraba había tenido acceso exclusivo al proyecto de ley de reforma pensional, un documento que proponía eliminar el régimen de prima media —operado en gran parte por Colpensiones— y aumentar la tasa de cotización. “El cambio busca que Colpensiones opere igual que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), lo cual elimina los subsidios. Así, el Estado se ahorraría unos $15 billones anuales después de la desaparición de la entidad, que tomaría unos 35 años», dice. 

La Ministra de Trabajo Alicia Arango, sin embargo, ha dicho que no hay intenciones del Gobierno de acabar Colpensiones, que la información que ha circulado es falsa y que solo se ha convertido “en la excusa de las manifestaciones”.

Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, asegura que esas afirmaciones por parte del Gobierno son deshonestas, pues ya hace más de un año que el Gobierno ha estado escuchando a expertos y a distintos sectores a propósito de una reforma pensional sobre la que estaría trabajando. Eso le consta: él mismo ha sido una de las personas invitadas a esas discusiones.

“Yo creo que casi todas las propuestas de los que hemos participado en estos diálogos dicen que hay que reconsiderar el régimen de prima media actual, que es Colpensiones. Que el Gobierno salga a decir que es mentira que van a acabar Colpensiones es deshonesto”, cuenta Reyes, quien agrega que lo que el Gobierno parece estar diciendo es que no dejará de existir una entidad llamada Colpensiones, más no explica cuáles podrían ser los cambios que atravesaría esa entidad.

“Cuando el Gobierno dice eso le está diciendo al lector casual que todo va a seguir igual, pero ninguna de las propuestas de reforma contempla que sea así. Por eso entiendo que a mucha gente le dé rabia, porque nos están tratando de enredar con leguleyadas, con la existencia de la persona jurídica, cuando de lo que queremos hablar es de qué va a pasar con ese sistema de retiro que tenemos”, dice el académico, quien asegura que esa rabia es la que ha llevado a mucha gente a apoyar el Paro y a unirse a la gran convocatoria que atemoriza al Gobierno.

Con esa imagen violenta que el Gobierno viene construyendo del paro, dice Cortés, se está cultivando el miedo en la gente.

La estigmatización del Paro

Las afirmaciones de la ministra de trabajo, de Duque, de Paloma Valencia y del mismo Uribe son, de alguna forma, la cara más oficial del relato contra el paro que ha circulado en los últimos días. No obstante, hay otra cara en redes sociales menos visible, que se alimenta de ese relato de estigmatización más oficial y que se torna evidentemente más violenta. En Facebook, por ejemplo, ha circulado una publicación de un sujeto que se identifica como miembro del ejército y cuyo mensaje resulta claramente amenazante.

Cadenas sobre el paro nacional del 21 de noviembre

No es casual encontrar en el mismo perfil de Facebook información distribuida por miembros del Centro Democrático: la acusación de presuntos infiltrados extranjeros en las marchas —que han definido como “saboteadores profesionales”— o el video del hombre encapuchado que defiende la marcha al tiempo que pone el link de un instructivo en YouTube de cómo hacer papas bomba.

“Haría falta tener más elementos, pero a mí me parece muy posible que todo sea la fabricación de cierto tipo de hechos para que la agenda y la conversación se vayan para allá”, asegura Carlos Cortés, “Lo del encapuchado es una cosa que, según mucha gente que lo ha analizado, tiene una cantidad de elementos cuestionables que ponen en tela de juicio su veracidad. Probablemente haya agitadores que se infiltran en las marchas, algunos medios han reportado que en Colombia hay elementos de espionaje que buscan desestabilizar al Gobierno, pero lo que el presidente y el uribismo buscan es que esos hechos de alguna forma se vuelvan el argumento para que la gente no salga a marchar”. 

Con esa imagen violenta que el Gobierno viene construyendo del paro, dice Cortés, se está cultivando el miedo: “Es básicamente el mismo libreto que usaban como oposición: la del miedo, pero esta vez como partido de Gobierno, lo cual me parece impresentable (…) La tensión está en si el paro terminará generando desmanes, y probablemente van a grafitear edificios y van a romper vidrios, y eso será una disputa de quien interpreta cuál es el balance de la marcha. Pero si pasa algo grave, yo señalaría de inmediato al Gobierno, porque ellos se están encargando de generar unas condiciones muy adversas para esa protesta”.

Por eso tienen miedo

Desde la posesión de Iván Duque, la movilización en el país ha aumentado considerablemente. Según un informe de la organización Defender la libertad, sólo en los primeros tres meses de este gobierno hubo 348 protestas, un 59 % más que las protestas que hubo en el mismo periodo en 2017. Y si bien movilizaciones como las de los estudiantes fueron señaladas por parte del gobierno, ninguna marcha hasta la fecha, sobre todo en su etapa de convocatoria, ha suscitado tanta prevención y estigmatización de parte del Gobierno como el paro del 21 de noviembre. Esta vez está pasando algo distinto.

“Me parece que ese nerviosismo se debe al escenario latinoamericano”, dice la filósofa Luciana Cadahia. Según ella, lo que ha pasado en Chile y en Ecuador demuestra que hay un malestar en la región frente a los gobiernos de derecha que han tomado medidas impopulares frente a las que la ciudadanía se ha movilizado. “En ese escenario de protesta ciudadana, el uribismo tiene mucho miedo de que aquí se produzca un escenario similar, que las protestas expongan el malestar de la sociedad colombiana que, al igual que en Chile, lleva muchas décadas”. 

Para Cadahia, ese malestar terminaría reflejado en el paro con la exigencia de tres principios: la paz, la igualdad y la democracia, tres demandas que, asegura, Duque no puede satisfacer. 

“Este es un Gobierno contrario a la paz porque ha reactivado la lógica de la guerra, el asesinato de los 18 niños es el ejemplo más paradigmático. Es un gobierno que va en contra de la igualdad. La ley de financiamiento, por ejemplo, favorece a los que ya tienen la concentración del poder económico y desfavorece a las clases medias y populares. Y a su vez es un gobierno que no promociona la democracia porque los mecanismos institucionales se ven corrompidos e interrumpidos por la violencia y la corrupción. El gobierno de Iván Duque se sostiene sobre las antípodas de estas tres demandas y eso es lo que le causa nerviosismo”.

La ola de protestas en Latinoamérica responde también a un mandato internacional de austeridad económica. El caso más claro es el de Ecuador, cuyas manifestaciones iniciaron después de que el presidente Lenín Moreno anunciara varias reformas económicas —como la eliminación del subsidio a la gasolina y la disminución de los salarios en el sector público— para ponerse al día con la deuda externa que ha acumulado por años.

“Como en los ochenta y noventa, estamos viendo otra vez una ola de movilizaciones que tienen que ver con cuestiones económicas. No hay que generalizar, porque por ejemplo Chile fue una sorpresa, pero si uno analiza ve que es un país que a pesar de haber bajado mucho mejor que los demás sus niveles de pobreza, conserva una altísima desigualdad”, asegura María José Álvarez, socióloga y profesora de la Universidad de los Andes.

Sin embargo, la académica subraya que las cuestiones económicas por sí solas no causan las protestas. Tiene que haber, dice ella, una politización de esos temas y una coyuntura en la que la marcha puede ser efectiva. Prueba de eso es que a pesar de que la desigualdad y la pobreza sean a veces una constante o cambien poco, las protestas sobre esos temas no lo son. “Las cuestiones económicas tienen que juntarse con oportunidades políticas. Es decir, con señales del sistema político de que eso de protestar sirve para algo. Cuando se combinan las necesidades económicas con oportunidades políticas de algún tipo y con los recursos de las organizaciones que actúan juntas, eso genera movilización”.

Esa coyuntura política necesaria es la que se ha configurado desde inicios de este Gobierno: un gobierno impopular que no ha aprendido a hablar con nadie, que usa la misma retórica del “enemigo” que ya parece no funcionarle, que además ha vuelto a la lógica de la guerra y en ese sentido ha, además, truncado el funcionamiento de las instituciones y de la democracia. Luis Carlos Reyes, del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, ve un factor adicional: un cambio en el funcionamiento de la democracia en Colombia en el que la forma tradicional de hacer política ya no parece estar funcionando.

“Yo creo que más o menos a partir del Gobierno de Uribe dejó de ser cierto eso de que en Colombia se pudieran ganar elecciones repartiendo platos de lechona en los pueblos. Han ido surgiendo otros movimientos fuertes, con un voto de opinión que tiene cada vez más fuerza”. En ese contexto, dice Reyes, son cada vez más los políticos elegidos que llegan al Congreso y a los Concejos representando efectivamente a la ciudadanía que los elige y, en ese sentido, legislan de acuerdo a los intereses de la población. 

Toda esa coyuntura se ha configurado bajo el mandato de un gobierno que, sobre todo, ha fallado en representar a una gran parte del país y que en el paro del 21 recibiría las exigencias de una ciudadanía que le pide hacerse cargo de los temas que ha sacado de su agenda. Una rendición de cuentas. Por eso tienen miedo.

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