Para las venezolanas el embarazo es una encrucijada

La escasez de anticonceptivos y un sistema de salud incapaz de atenderlas expulsa a las mujeres de Venezuela. Pero al cruzar la frontera, las recibe la xenofobia y la desinformación. Las mujeres migrantes están sufriendo una doble discriminación.

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Natalia Arenas

12.07.2019

Si hubiera una fórmula matemática sería algo así: menos anticonceptivos es igual a más embarazos no deseados. Embarazos no deseados más aborto ilegal, igual a abortos riesgosos. Y abortos riesgosos son, en definitiva, más muertes de mujeres. 

Todos los días, a las oficinas de Médicos Sin Fronteras en Tibú, La Gabarra y Puerto Santander —tres municipios del Catatumbo en Norte de Santander muy cerca de la frontera con Venezuela—, llegan entre 30 y 40 mujeres venezolanas a preguntar por métodos anticonceptivos. Casi siempre buscan lo mismo: el implante subdérmico, un dispositivo que parece una pila que se inserta en un brazo y que tiene varias ventajas: tiene una vida útil de cinco años, no exige aplicaciones continuas y tiene muy pocos efectos secundarios. 

Llegan porque en Venezuela hay una escasez de todos los tipos de anticonceptivos. Incluso, hay ciudades donde el desabastecimiento es del 100 %, como denunció la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. La consecuencia no sólo ha sido que se han disparado los embarazos no deseados sino que han muerto miles de mujeres venezolanas embarazadas. “Un estimado 20 por ciento” de esas muertes, dice el informe de Bachelet, estarían “aparentemente relacionados con abortos realizados en condiciones no seguras”. Las otras causas son la falta de personal calificado para atender los partos, la falta de suministros médicos y las malas condiciones en que se encuentran los hospitales. 

Aunque no hay cifras oficiales desde 2016, cuando se hablaba de un aumento de la mortalidad materna del 66 % con respecto al 2015, este año, solo en una sala de maternidad, la Concepción Palacios de Caracas, murieron cuatro mujeres en tres meses. Todas tuvieron hemorragias que no pudieron ser controladas porque el banco de sangre de la maternidad está funcionando a medias. En ese mismo hospital, según organizaciones de derechos humanos venezolanas, ya habían muerto 15 mujeres durante el 2018. Muertes, todas, que se hubieran podido evitar. La situación, insiste Bachelet en su reporte, “ha llevado a muchas mujeres a salir del país para dar a luz”. No sólo para dar a luz, también para evitar quedar en embarazo.

“Hemos atendido mujeres que vienen desde Caracas solo por los implantes”, cuenta Johana Vinasco, gestora de actividades médicas de la ONG Médicos Sin Fronteras que atiende migrantes en Tibú, La Gabarra y Puerto Santander. “Las mujeres se desesperan, se quedan durmiendo afuera. Pueden esperar hasta cinco días solo para que se los pongan”

A pesar de que organizaciones como Médicos Sin Fronteras y Profamilia trabajan desde un enfoque de autonomía de derechos reproductivos que respeta el deseo de las mujeres a quedar en embarazo, ambas reportan que la mayoría de servicios que están atendiendo en este momento en la frontera son de mujeres que quieren acceder a métodos anticonceptivos. 

"Solo tienen dos opciones: buscar atención médica para continuar su gestación o buscar métodos para interrumpir voluntariamente su embarazo. En ambos casos las mujeres se enfrentan a trabas, maltratos y xenofobia. "

Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, ha realizado 4.668 consultas para planificación familiar en siete ciudades de frontera en Arauca, La Guajira y Norte de Santander entre noviembre del año pasado y mayo de este año. Y, según cifras de Profamilia, entre enero del 2018 y mayo de este año, la entrega de anticonceptivos representa el 50 % de los servicios que está ofreciendo para población migrante. 

“Las mujeres que llegan no quieren quedar embarazadas y sí que son conscientes de que no es el mejor momento”, dice Vinasco. Para ellas, sin embargo, las opciones para encontrar estos métodos son escasas. “Las entidades públicas no dan acceso a métodos de planificación. Sólo atienden urgencias vitales o los partos. Quizá pueden conseguir anticonceptivos en las farmacias, pero muchas no tienen la capacidad económica para acceder a ellos”, cuenta. 

“Este panorama desmitifica la idea de que las mujeres están viniendo a Colombia voluntariamente. Es una migración forzada”, agrega Angélica Cocomá, abogada de Women’s Link en Colombia. “Vienen porque es su única alternativa, porque se enfrentan al riesgo de morir”. 

A finales de mayo, Profamilia publicó un informe que resume la situación: en tres de las cuatro ciudades fronterizas a donde ha llegado más población venezolana —Cúcuta, Riohacha, y Valledupar— la necesidad más urgente e inmediata es el acceso a servicios de planificación familiar: anticonceptivos. En la cuarta ciudad, Arauca, esa es la segunda necesidad más apremiante, después de servicios de aborto seguro y atención posparto. Los investigadores que hicieron el informe visitaron varias instituciones prestadoras de salud y constataron que algunas sí entregan anticonceptivos, pero sobre todo condones, pastillas o inyectables que deben ser aplicados con regularidad o pierden sus efectos. 

Por eso, una vez embarazadas, las mujeres solo tienen dos opciones: buscar atención médica para continuar su gestación o buscar métodos para interrumpir voluntariamente su embarazo bajo las tres causales que permite la ley en Colombia. En ambos casos, según varias organizaciones que están trabajando en terreno, las mujeres se enfrentan a trabas, maltratos y xenofobia. 

 

La xenofobia en la atención prenatal

María* dice que, en Venezuela, no tuvo acceso a anticonceptivos y cuando tenía tan solo 14 años quedó embarazada de su novio. El pasado 27 de julio cruzó la frontera con 17 semanas de embarazo y un diagnóstico de toxoplasmosis, un parásito que se contrae al comer carne en mal estado o al entrar en contacto con heces de gato infectadas. La enfermedad no perdona a las mujeres mal alimentadas y menos a las embarazadas. En Venezuela no consiguió acceder a controles prenatales a pesar de que su embarazo era de alto riesgo por la posibilidad de transmitirle la enfermedad al bebé y por eso vino a Colombia para buscar atención prenatal. Aquí, sin embargo, dio a luz hace cinco meses sin haber tenido un solo control. 

La situación fue crítica desde que llegó. En Arauca, su familia no consiguió albergue para hospedarse básicamente porque no hay. La única opción es la calle o buscar techo en la casa de un desconocido. Hay quienes lo prestan de buena fé, pero hay otros que cobran: 37 días después de haber pisado suelo colombiano, a María la violó su vecino, el hombre que accedió a darle posada a ella y a su familia en su lote. María se deprimió. Dejó de dormir. El 11 de septiembre del 2018, su mamá denunció al agresor ante la Fiscalía. La Policía de Infancia y Adolescencia que revisó el caso remitió a María a ‘exploración médica’. El 2 de octubre María y su mamá fueron al Hospital local. No las atendieron. Fueron entonces al CRUE, un centro que atiende urgencias y emergencias. Tampoco. María no tenía papeles, no tenía Sisben. María no es colombiana. 

La única alternativa para acceder a los servicios de salud era a través de una tutela, una situación que en Arauca se ha vuelto repetitiva, según Médicos Sin Fronteras. María consiguió asesoría de Women’s Link y en octubre radicó una tutela para exigir que la atendieran. Mientras tanto, la familia tuvo que desplazarse a Cúcuta porque el agresor de María —que tenía vínculos con actores armados— los amenazó y hostigó, cuenta su abogada Angélica Cocomá. Allá la cogieron los dolores del parto. Su hija nació en el hospital Erazmo Meoz en diciembre. María acababa de cumplir 15 años.

Durante el parto, ella sufrió una hemorragia severa por un desgarre. “Los médicos le dijeron cosas como ‘acá les estamos haciendo un favor’, ‘tan chiquita y embarazada, entonces no llore’. La tuvieron que dejar hospitalizada tres días pero como no estaba afiliada al Sisbén, no le dieron acceso a medicinas. La atención después del parto la recibió gracias a la ayuda de cooperación internacional”, cuenta Cocomá. 

En junio, cinco meses después del parto, la justicia falló a su favor. La Corte Suprema ordenó que le dieran atención urgente a ella y a su bebé. “Es una victoria agridulce”, dice Cocomá. “La atención está mediada por la xenofobia. El Estado te pone entre la espada y la pared porque no te da atención comprensiva en salud si no estás afiliada al Sisben y luego vas al Sisbén y te ponen todas estas barreras por ser migrante”. 

María no es la única que ha vivido una situación similar a pesar de que en Colombia los cuidados a los recién nacidos y a sus madres tienen cobertura universal. Según el informe de Profamilia, en 2018, 8.209 mujeres gestantes venezolanas han requerido acceso a controles prenatales y atención especializada del parto, pero 6.304 no han tenido ningún control prenatal. “Muchas de estas gestantes han logrado acceder a controles prenatales y la atención del parto en Colombia luego de sufrir injusticias, xenofobia y discriminación por parte de los prestadores de servicios de salud, particularmente en la red pública de hospitales, que por ley está a cargo de la atención de la población migrante venezolana”, dice el informe. 

Esa xenofobia se nota por ejemplo en las trabas que les ponen para afiliarlas al Sisben. “Les dicen mentiras”, cuenta Cocomá. “Que no tienen cobertura, que ya se les acabó la plata para mujeres migrantes, que el trámite se demora seis meses para subir los datos al sistema y un año para hacer la encuesta. Las maltratan con frases como ‘vienen a aprovecharse de nuestros recursos y después se devuelven’. Pero, ¿devolverse a dónde?”, se pregunta Cocomá. 

"Profamilia reporta un incremento de 148 % en procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo en áreas fronterizas como Santander, Guajira y Arauca. Solo en una clínica de Bogotá se atienden dos abortos diarios a venezolanas"

Las trabas para acceder al aborto

El caso de María es prueba de otra realidad que enfrentan las mujeres migrantes: la violencia sexual. Las están violando en Venezuela, en las trochas y en Colombia. A pesar de que hay un evidente subregistro, la situación está disparada desde el año pasado. Según el informe de Profamilia, el Instituto Nacional de Salud reportó que las atenciones por violencia de género a las migrantes venezolanas aumentaron en un 207 %, pasando de 71 casos en 2017 a 218 casos en 2018. Profamilia constató además que hasta noviembre del año pasado instituciones prestadoras de salud en las cuatro ciudades que evaluó el informe reportaron conocer casos recientes. En Valledupar, por ejemplo, dos instituciones reportaron 26 casos entre septiembre y noviembre del año pasado. 

Por su parte, Médicos Sin Fronteras ha atendido 57 casos de violencia sexual en La Guajira, Norte de Santander y Arauca desde noviembre del año pasado a mayo de este año. Casi una mujer violada cada cuatro días. 

“No nos llegan los casos inmediatamente ocurren. Las mujeres no saben que pueden acceder a la ruta de atención”, dice Johana Vinasco, gestora de actividades médicas de Médicos Sin Fronteras. “Hemos recibido casos que no son menores a 7 días pero sí menores a seis meses”. 

Cuenta que la mayoría de los casos que han recibido ocurren en Venezuela después de que las mujeres se ven obligadas a tomar la decisión de dejar a sus hijos del otro lado de la frontera para venir a buscar trabajo en Colombia. Es el caso de una niña de 9 años que fue abusada por su tío que supuestamente la estaba ‘cuidando’ a ella y a sus seis hermanos. “El paso tiene un riesgo, un costo”, dice Vinasco. 

Por eso, cada vez más, venezolanas víctimas de violencia sexual y aquellas que por su condición de migrantes tienen embarazos no deseados están acudiendo a la interrupción voluntaria del embarazo. Médicos sin Fronteras, por ejemplo, ha atendido 119 casos entre noviembre y mayo de este año, la mayoría, al menos en Norte de Santander, de mujeres sobrevivientes. Profamilia también reporta un incremento considerable. Mientras que en 2018 realizaron 3.617 procedimientos, en los primeros cinco meses del año hicieron 4.212, un incremento de 148 % en áreas fronterizas como Santander, Guajira y Arauca. Solo en una clínica de Bogotá se atienden dos abortos diarios a venezolanas, según Natalia Acevedo, directora de incidencia de Profamilia. 

El problema es que a pesar de las reiteradas campañas de información, muchas mujeres no están llegando directamente a estas instituciones. Llegan a los hospitales públicos y allá, a muchas, no las están atendiendo.   

“Muchos de estos lugares ya tienen brechas muy marcadas frente a la atención de interrupción voluntaria del embarazo. No hay acceso, hay estigmatización, se viola la confidencialidad. Cuando le agregas un fenómeno migratorio, esas brechas se acentúan por la xenofobia. Los casos se vuelven mucho más complejos”, dice Acevedo. 

En este contexto la desinformación tiene un poder tremendo. En Venezuela, el aborto es penalizado salvo cuando está en peligro la vida de la mujer. En cambio, en Colombia, las mujeres pueden acceder a un aborto seguro bajo tres causales: cuando el feto es incompatible con la vida extrauterina, cuando la mujer ha sido víctima de violencia sexual, o cuando la vida de la mujer está en riesgo en un sentido amplio, por ejemplo, cuando su salud mental se está viendo afectada. Las mujeres venezolanas no lo saben y por eso, cuando llegan a pedir un aborto se sienten culpables, temen que las deporten o que las metan presas. 

No es un miedo infundado. Acevedo cuenta que a principios de este año a Profamilia le tocó intervenir en el caso de una mujer venezolana a quien se la iban a llevar presa en Villa del Rosario, Norte de Santander, porque se había hecho un aborto. “El esposo la había dejado y ella decía que no podía tener más hijos. El día anterior, además, había intentado tirársele a un carro. Claramente su salud estaba muy afectada, y lo que hizo ese Hospital fue mandarle a la Policía”, dice Acevedo. Agrega que no es el primer caso que conoce de mujeres que son criminalizadas cuando abortan en Norte de Santander pero considera que cuando se trata de venezolanas, “el sistema se ensaña contra ellas”. De todas formas, insiste: “no todos los funcionarios son xenófobos, no todas las instituciones son malas. Hay buenas, que piensan en los migrantes. Pero hay mucho de los dos”.  

Aún así, la mayoría de las instituciones públicas sólo están prestando servicios de interrupción voluntaria del embarazo en situaciones de emergencia y bajo la causal de violencia sexual, tras exigirle a las mujeres que presenten una denuncia ante la Fiscalía. El problema es que muchas mujeres no quieren denunciar. Porque tienen miedo, porque su agresor es un conocido, porque puede tener vínculos con los actores armados que están en la región, porque temen que iniciar un proceso ante la justicia las ponga en riesgo por su situación migratoria o que las puedan expulsar del país. 

La restricción no tiene fundamento. Women’s Link tiene la respuesta a derecho de petición donde el Ministerio de Salud asegura que el aborto en las tres causales y en cualquier semana de gestación se debe entender como una atención en urgencias, y las mujeres deberían ser atendidas independientemente de su situación migratoria o si están o no afiliadas al Sisben. 

“Las IPS son las que ponen esas barreras. Que si no tiene el PEP (permiso especial de permanencia) o no está afiliada al Sisben, no las atienden. Hace falta un pronunciamiento explícito del Ministerio de Salud o una reglamentación o por parte de la Corte Constitucional, pero nosotros tenemos una respuesta que tiene valor jurídico y que dice que sí deberían estar prestando el servicio”, agrega la abogada Cocomá. 

Como si esas barreras no fueran suficientes, muchas mujeres venezolanas se enfrentan a un tercer obstáculo que es quizá el más peligroso: en muchas de estas ciudades no se realizan abortos después de la semana 14. Entonces, las mujeres tienen que pedir un permiso especial a Migración Colombia para salir de los departamentos donde están para viajar a otras ciudades donde sí les realizan el procedimiento, como Bogotá y Medellín. El problema es que el trámite toma mucho tiempo y que muchas que ya son madres o tienen bajo su cuidado a menores de edad, no tienen dónde dejar a sus hijos durante el viaje. 

“Se gastan pasajes, tiempo, no hay información, no tienen acompañamiento. Las citas se demoran. A ellas se les nota el miedo. Y el día que los autorizan, el embarazo ya está a término. Es muy frustrante y doloroso”, dice Alejandra Vera, directora de la Corporación Mujer, denuncia y muévete, que trabaja en Norte de Santander por los derechos sexuales y reproductivos de mujeres colombianas y venezolanas.

Cuenta por ejemplo el caso de Génesis, una niña venezolana de 16 años que llegó a Cúcuta buscando un aborto tras ser violada en Venezuela. No pudo poner una denuncia porque los hechos no ocurrieron en Colombia. Aún así, logró ponerse en contacto con Vera que remitió su caso a Profamilia. Como el embarazo estaba avanzado, Génesis tuvo que pedir permiso para trasladarse a otra ciudad donde le pudieran practicar el aborto. 

“El proceso tardó tres meses”, dice Vera, “no sólo porque era menor de edad sino porque su mamá no quería acompañarla”. Génesis regresó a Rubio, en Venezuela, a esperar. El 22 de febrero, el día que se llevó a cabo “Concierto por la libertad de Venezuela” en la frontera, Génesis llamó a Alejandra y le pidió ayuda: sentía un dolor terrible en la barriga. Ese día, el gobierno de Maduro ordenó el cierre temporal de los tres puentes fronterizos. No había forma de trasladarla a Colombia, “todo estaba cerrado”, dice Vera. Aún así, con la ayuda de la Cruz Roja, logró enviarle unas medicinas hasta Rubio y allí, a Génesis le practicaron una cesárea de emergencia. El feto estaba muerto hacía tres horas.

“El hospital de Cúcuta es de cuarto nivel. Entonces, ¿por qué las mujeres tienen que pasar por eso, exponerse a un viaje tan largo y sin una red de apoyo?”, se pregunta Vera. “¿Por qué culpabilizar a las mujeres como si nosotras nos reprodujeramos solas?”.

Por ahora, estas barreras están siendo superadas con ayuda legal y psicosocial que prestan organizaciones sociales y de cooperación internacional. Son respuestas asistencialistas, que apuntan a solucionar los problemas inmediatos. Sin embargo, son barreras que también enfrentan muchas mujeres colombianas, sobre todo aquellas que están en lugares alejados y en poblaciones rurales. 

“Nos estamos aproximando a la migración como si se les estuvieran quitando derechos a las mujeres colombianas pero realmente, si prestamos atención y nos enfocamos en fortalecer a los hospitales y reforzar la institucionalidad local, ganamos todas”, asegura Cocomá: ganan las colombianas y las venezolanas. Esa es precisamente la atención que reclaman las organizaciones que están trabajando en terreno: que las mujeres puedan hacer uso de sus derechos sexuales y reproductivos vengan de donde vengan.

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