Alejandro Ordóñez estará sentado en el Consejo Permanente de la OEA, uno de los órganos políticos más importantes de esta organización. Este Consejo es el encargado de definir, entre otras cosas, el presupuesto destinado a los órganos de defensa de derechos humanos, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estos órganos son los encargados de defender los derechos humanos de todos los habitantes de la región cuando fracasa la protección interna de los estados. La actuación de la CIDH suele ser poco placentera para los gobiernos porque su labor es vigilancia. Por eso es tan importante que en el Consejo Permanente estén sentados embajadores convencidos de la importancia de ese sistema para que lo puedan defender. Con el nombramiento de Ordoñez Colombia tendrá una persona que no cree en el sistema ni en la CIDH, tal como él mismo lo ha manifestado en sus redes sociales.
Hay tres problemas con que Alejandro Ordóñez ocupe ese lugar. El primero es que el ex procurador no cree en los derechos de las minorías. Los órganos de derechos humanos como la Corte son esencialmente contra mayoritarios, es decir que defienden los derechos de las minorías. Las mayorías ya tienen quien las defienda: eligen alcaldes, congresistas o presidentes. Son las minorías, los miembros de la comunidad LGBTI, por ejemplo, los que necesitan una protección robusta en muchos países de la región. Protección que muchas veces solo puede provenir de órganos como la CIDH y la Corte Interamericana. Hay, por ejemplo, países que prohíben las manifestaciones del orgullo gay. Y en esos casos es muy importante que los embajadores respalden políticamente lo que la Comisión y la Corte hacen.
Es totalmente contraproducente enviar a Washington a una persona que no está dispuesto a defender al único mecanismo que realmente está sirviendo de algo contra la arbitrariedad en países como Venezuela, Honduras o Nicaragua.
Esa no es la posición de Alejandro Ordóñez. No es una persona que vaya a respaldar a los órganos de derechos humanos cuando tomen decisiones difíciles en estas materias. Él, por ejemplo, escribió un libro llamado “El Libre Desarrollo de la Animalidad” para burlarse de las decisiones de la Corte Constitucional colombiana que, en nombre del libre desarrollo de la personalidad, protege a las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI.
Los primeros que pierden cuando los embajadores no creen en los derechos humanos ni creen en el sistema son, justamente, las minorías. Y esto genera problemas para las víctimas de toda la región que necesitan de los órganos de la OEA cuando no son protegidas por los Estado.
Hay, por ejemplo, países en donde los gobiernos promueven grupos armados al margen de la ley que abusan de la fuerza y que cometen atrocidades. Pasa por ejemplo en Venezuela con los llamados colectivos y pasó recientemente en Nicaragua con los grupos de choque que asesinaron a cientos de estudiantes cuyo único crimen fue manifestarse contra Daniel Ortega. Fue una cruzada brutal de un grupo de personas armadas que, con toda la protección del Estado, atacaron a la población civil que estaba ejerciendo su derecho legítimo a la protesta. La única que se paró en medio de esa barbarie fue la CIDH y aunque no pudo evitarla, logró disminuir sus efectos. Eso tiene un costo político altísimo. Si la Comisión no hubiera intervenido, la masacre hubiera sido mucho peor de lo que fue. Para poder hacer ese trabajo, necesita respaldo político y eso significa respaldo de quienes están sentados en el Consejo permanente de la OEA.
La Comisión, por ejemplo, creó en México un grupo especial para investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Gracias a este grupo fue posible desmentir la verdad oficial creada por el Estado y hoy se están impulsando investigaciones más adecuadas para saber qué fue lo que pasó con esos 43 jóvenes desaparecidos. Evidentemente el gobierno de México no estaba contento con esas decisiones de la CIDH, pero fue posible mantenerlas gracias al apoyo político de este órgano.
Tener un embajador que no cree en el Sistema Interamericano lo que hace es debilitar al sistema. Es totalmente contraproducente enviar a Washington a una persona que no está dispuesto a defender al único mecanismo que realmente está sirviendo de algo contra la arbitrariedad en países como Venezuela, Honduras o Nicaragua.
En la CIDH se está tramitando un caso contra el Estado colombiano por violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por las decisiones del ex procurador Ordóñez en contra Gustavo Petro.
Lo segundo es que el ex procurador tiene un interés directo sobre un caso que está siendo tramitado por los órganos de Derechos Humanos. Esto, a mi juicio, representa una incompatibilidad ética. En efecto, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se está tramitando un caso contra el Estado colombiano por violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por las decisiones del ex procurador Ordóñez contra el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, a quien destituyó e inhabilitó en 2013. En un primer momento, la Comisión decretó medidas cautelares suspendiendo las decisiones del entonces procurador.
Tercero, cuando la CIDH adoptó las medidas cautelares suspendiendo la decisión de Ordóñez, el exfuncionario no respondió con argumentos jurídicos ni de forma diplomática. Por el contrario, se fue lanza en ristre contra la CIDH, exactamente en los mismos términos en que los embajadores y funcionarios venezolanos o ecuatorianos (durante el Gobierno de Rafael Correa) han insultado a este mismo órgano. Su argumento residió en descalificar a las personas y al organismo que había producido la decisión, sin ningún dato o argumento sólido en su contra. Es legítimo argumentar contra una decisión que uno no comparte; lo que no lo es legítimo es insultar al órgano que lo provee que en este caso fue la CIDH, es decir, el mismo órgano que él ahora tendría que defender ante la OEA.
Si él llega e intenta debilitar el Sistema de Derechos Humanos pueden pasar dos cosas.
Primero, que lo consiga. Si Ordóñez logra liderar con éxito los ataques al Sistema, entraría —paradójicamente— en sintonía con Venezuela, Bolivia y Nicaragua, representantes del Socialismo del Siglo XXI y los principales detractores del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos durante la última década (antes fue Fujimori, y un poco antes las dictaduras militares del Cono Sur). Esta cruzada podría disminuir la potestad y las capacidades de acción del Sistema Interamericano, y las víctimas de violaciones de derechos humanos de la región quedarían aún más desprotegidas.
La otra opción es que no tenga éxito: que lidere ese bloque pero que no sea suficiente y que países como Brasil, Canadá o México se opongan al debilitamiento del Sistema Interamericano. En ese caso lo que pasa es que quedamos en ridículo porque sería evidente que el embajador colombiano litiga en nombre propio liderando a un bloque políticamente desprestigiado. Una típica república bananera. Esto le quita seriedad diplomática a la gestión del país OEA.
No creo que pueda existir un Alejandro Ordoñez diferente al que ya conocemos. No veo uno que sea diplomático, con un comportamiento acogido al derecho, aceptando con humildad democrática que a veces se gana y a veces se pierde y admitiendo su derrota ante el sistema interamericano de manera tranquila, separando su interés personal del interés del país y de la OEA. Una persona apegada al derecho que declare abiertamente sus conflictos de interés y se declare impedido cuando sea necesario. No lo veo en una actitud de embajador ni de hombre comprometido con la defensa de los derechos humanos y las minorías. No lo hizo cuando fue Procurador, no encuentro razones para pensar que lo hará siendo embajador. Con la evidencia que tenemos hoy, podemos pensar que lo que va a hacer es atacar a los órganos de derechos humanos y eso los debilita y afecta a toda la región, especialmente en aquellos países que más necesitan al sistema.
*Catalina Botero fue, de 2008 a 2014, relatora especial para la libertad de expresión de la CIDH.
