[Una versión de esta columna fue publicada previamente en Razón Pública]

En abril de 2017, durante la etapa inicial de la campaña presidencial, los colombianos contamos con la apuesta de ocho candidatas. Sin duda, este ha sido el número más alto de aspirantes a la presidencia desde que las mujeres iniciaron a mediados del siglo XX su participación en una arena reservada prioritariamente para los hombres. Con estas ocho, se rompía entonces una marca en la historia nacional, pues parecía estarse ampliando ese estrecho espacio de la cultura política colombiana de cara a los nombres femeninos presidenciables. Sin embargo, un año después el panorama cambió radicalmente. En abril de 2018, en la recta final de la contienda por el ejecutivo, quedaron únicamente 2 de las candidatas, y ambas terminaron por renunciar. Las muchas mujeres se diezmaron.

El grupo inicial lo conformaban Clara López Obregón por Todos Somos Colombia, Myriam Pinilla por Constituyente Ciudadana Popular, Piedad Córdoba Ruíz por Poder Ciudadano, Martha Lucía Ramírez por Por una Colombia Fuerte y Honesta, Claudia López por Alianza Verde, Viviane Morales por Partido Somos y Paloma Valencia y María del Rosario Guerra por Centro Democrático.

Como era de esperarse, la novedad de ese gran número de candidatas jugó inicial y discursivamente como un indicio del progreso y del cambio de la sociedad y la política colombianas, igual que lo haría en su momento la estrategia retórica de Alfonso López Michelsen, al anotar durante su discurso de inauguración presidencial el papel que tendrían numerosas mujeres en su gobierno. Fueron seis las que él contó entonces, y eso valió como la transgresión que definía su carácter de hombre de avanzada a mediados de la década de 1970.

Pero ni apertura ni transformación social ni política en los setenta ni hoy. Poco se resuelve con el falso optimismo de ir hacia adelante, hacia un cambio, únicamente por el aumento de los números de mujeres en un gabinete de gobierno del último cuarto del siglo pasado (seis para reiterar) o en las presidenciales de 2018 esto, dicho de paso, le ha dado pie a varios para señalar el fin de la era del derecho a las quejas femeninas por su exclusión; las premisas y conclusiones se leen así: son incluidas, pues permanecen activas en el ajedrez político, tanto que pueden optar por lanzarse a la presidencia o la vicepresicencia, de manera que pueden todas ya quedarse tranquilas y dejar de agitar las banderas de un agotado y por lo tanto vacío feminismo que clama equidad.

Aunque el punto no es exclusivamente el número mismo ni cómo plantear el aumento de cifras en clave de tibio esperanzador progreso y lacónica transformación, una cosa sí mostraron las ocho candidatas: que, como muchas otras en Colombia, en América Latina y en el resto del mundo, las mujeres pueden hacer y hacen política, sea cual sea la orilla en la que estén paradas, y podrían tener poder (o más poder), si las condiciones fueran realmente justas. El asunto crítico es que son con frecuencia invisibles o tratadas con condescendencia o llamadas para reforzar prejuicios o desbancadas en las fases finales. Esto ocurre tanto por el funcionamiento de la política misma como por el de las lógicas del lenguaje y la producción de los medios. También gracias a la legitimidad que la ciudadanía le otorga a este desplazamiento de las mujeres del centro de los foros públicos de discusión hacia sus áreas de segundo y tercer renglón.

Por diversas razones –consultas internas de los partidos, consultas interpartidistas, alianzas entre campañas y retiros prontos o tardíos–, es un hecho que todas las candidatas dejaron su postulación presidencial, menos Morales y Córdoba. También es un hecho que tres abandonaron muy pronto: Pinilla, Valencia y Guerra. A su vez lo es que las tres restantes terminaron de fórmula vicepresidencial: Martha Lucía Ramírez por Coalición del No–Centro Democrático, Clara López Obregón por Liberal-ASI y Claudia López Hernández por Coalición Colombia. A este trío de presidenciables que se volvieron fórmula se sumó Ángela Robledo por Coalición Petro Presidente, arrojando un total de cuatro mujeres vicepresidentes para primera vuelta. Este cambio de aspiraciones de las candidatas confirma que en efecto las mujeres sí participan de la política y su orden institucional, pero también que debemos seguir considerando dónde, cómo y cuándo. Es decir, la participación de las mujeres en esta campaña presidencial nos muestra principalmente que el tema de la cultura política y su equidad es aún más que pertinente e impostergable en el país.

Ante este panorama, la pregunta clave aquí es qué pasa con el escenario político y sus reglas como para que solo dos de las ocho candidatas hayan continuado y finalmente desistido, tres abandonado del todo y tres optado por aceptar postulaciones a vicepresidencias. Ciertamente, la respuesta implica una discusión no sobre estas mujeres a título personal ni individual, ni tampoco de índole general donde mujerse entienda como una palabra que reúne cualidades esenciales, transferibles a todas (bondadosas, entregadas, cariñosas, entre otras miles, que pudieran llegar a sugerir que Ramírez, López Obregón y López Hernández decidieron amablemente acompañar a los hombres de Colombia y hacer un equipo representativo de la especie natural humana o que Guerra, Valencia y Pinilla decidieron darle su apoyo, desde su lugar propio de mujeres, a quienes también por naturaleza están en el podio del poder). La discusión necesaria comprende que mujer es una categoría de análisis que permite presentar argumentos, pues el colectivo que ésta designa es realmente difuso y dinámico en términos de diferencias y desigualdades de clase, raza, lugar, orientación sexual e identidad de género, por mencionar algunas. De manera importante, la respuesta frente a la pregunta por la ausencia de candidatas, luego de tener casi una decena, exige un debate sobre los partidos políticos mismos, el sistema electoral y las organizaciones como fuerzas políticas en una sociedad desigual, aún con raíces profundas en las violencias y exclusiones.

Los casos de Morales y Córdoba hablaron de discriminación política directa. Ambas señalaron la manera en que sus campañas fueron sistemáticamente ignoradas por los grandes medios y la opinión pública general, hecho que por cierto sí llegó al extremo de dejarlas por fuera de los primeros debates entre candidatos presidenciales. Esta invisibilidad la destacó Córdaba el pasado 9 de abril, cuando renunció definitivamente a su candidatura y subrayó la discriminación a la se fue sometida.

Lo sucedido con la candidatura de Clara López es muy ilustrativo de los vicios de las prácticas inequitativas de la política. Desde muy temprano, López Obregón desapareció del relato público y periodístico de las elecciones. Eso, a pesar de que en septiembre de 2017 ocupó el tercer lugar en una de las encuestas de intención de voto en el país y de que en octubre del año pasado la encuesta Gallup la ubicaba en un lugar prominente dentro de las opciones de voto. Cuando los resultados de encuestas, los mismos que posicionan y logran catapultar a los candidatos, midieron las oportunidades de López Obregón, una muy escasa atención se les prestó, casi avalando la norma del binomio hombre-presidente. Su apuesta pareció ser la de quien sabe que el proyecto de estar en el Palacio se consolida más favorablemente al entrar a formar equipo con alguien más, en este caso un Humberto de la Calle, quien finalmente obtuvo una pobre votación que la eliminó de todas formas de la contienda por la presidencia.

Por su parte, aunque Claudia López le ganó la candidatura a Antonio Navarro Wolff en el Partido Verde, desde muy temprano se escogió como candidato de ese grupo a Sergio Fajardo. Su destacada trayectoria como investigadora, primero, y, más adelante, como senadora, en particular con la campaña de recolección de firmas para el referendo anticorrupción, la posicionó como una figura política de peso, pero con perspectivas de corto alcance para 2018, frente a un Fajardo que ya había actuado como alcalde y gobernador. Además, lo cierto es que entre más visibilidad ganaba, aumentaban las críticas misóginas, ancladas en estereotipos sobre su voz y prejuicios sobre su orientación sexual.

La posición de vicepresidente de Ramírez resultó del entramado de fuerzas del poder, las mismas que le han dado un lugar en la política, pero que igual la han puesto a tambalear y a acompañar a un candidato con mucha menos experiencia que ella en el plano de manejo de asuntos de Estado y de gestión pública. Su vicepresidencia salió de un acuerdo sellado entre miembros de organizaciones, sectores y partidos uribistas que empujaron la decisión de presentarla a ella, junto a Iván Duque y a Alejandro Ordóñez, en una consulta que de todas maneras era coherente con su apoyo al No durante el plebiscito y con su trayectoria ideológica. Manuel Santiago Mejía Correa, uno de los empresarios prominentes del país, fue fundamental para que Ramírez pactara la triada de la que salió ganando Duque, luego de un trabajo arduo de todos a su alrededor para su victoria sobre Ramírez. Aquí importó poco que ella tuviera una trayectoria larga de ministra, viceministra, embajadora y congresista, por ejemplo, y que se presentara por segunda vez al ruedo de las presidenciales. En las elecciones de 2014 participó por el Partido Conservador y obtuvo alrededor de 2 millones de votos como candidata, cifra poco despreciable, pues este número sobrepasó al de votantes que apoyaron a los congresistas conservadores elegidos en las elecciones parlamentarias de ese año. Su lugar como fórmula vicepresidencial para elecciones de 2018 muestra que terminó anteponiendo el regreso del proyecto uribista al poder sobre sus propias ambiciones políticas de ocupar ella misma la silla presidencial.

La desconfiguración del grupo de candidatas presidenciales y la subsiguiente formulación de uno de vicepresidentas no significa que éstas mujeres dejaran de contribuir al debate y proceso político de las elecciones. Sin duda, todas han sido protagonistas de esta contienda y su contribución ha sido sustantiva. Cuando sus candidatos perdieron en primera vuelta, Clara López Obregón y Claudia López tomaron posición. Han combatido el voto en blanco, en una de las disputas centrales sobre los elementos que incidirían en los resultados de segunda vuelta. Martha Lucía Ramírez, por su parte, ha ayudado a que los indecisos ganen confianza y terminen votando por el uribismo. Robledo, la nueva del grupo, significó una reiteración de la estrategia política de reclutar una mujer como fórmula. Pero ella también ha mostrado capacidad para tender puentes, abrir diálogos con los antagonistas de Gustavo Petro y disuadirlos. Robledo viene del movimiento político de Antanas Mockus y fue parte del gabinete en su alcaldía. Como representante a la cámara, se destacó por su trabajo por los derechos de las mujeres, estableciendo alianzas con congresistas de otros partidos políticos en temáticas como la violencia sexual en el conflicto armado. Su experiencia en negociación tensionantes es indiscutible. Petro le debe a Robledo la adhesión de Mockus y López a su campaña en segunda vuelta.

Como otras antes que ellas, por ejemplo, Cecilia López e incluso Ingrid Betancourt, las mujeres de estas elecciones ya se habían curtido en todas las lides que se le exigen a quien ha de subir despacio y con paciencia, antes de abrogarse el derecho de la ambición de poder más alta. Y cuando parece que lo único que necesitan es decidirse, nuevamente unas estructuras políticas, queriendo esconder sus residuos machistas, las ponen en el único lugar donde son tolerables estas mujeres poderosas. En las siguientes elecciones, sabremos si algo ha cambiado radicalmente, si las aspirantes pueden mantenerse hasta el final como opciones reales para ocupar la presidencia.

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