La Minga de Suroccidente vuelve a salir del territorio para unirse a las manifestaciones del Paro Nacional. El 30 de abril, luego de dos días de la jornada del Paro Nacional, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, anunció que iniciaría su movilización hacia Cali para unirse a las demás protestas que han venido ocurriendo en la ciudad. Ya el 2 de mayo, distintas organizaciones indígenas y afro del Suroccidente, como la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ACONC, anunciaron que también se articularían a la Minga, para repetir un ejercicio similar al de Octubre de 2020. En total cincuenta chivas, con cerca de mil personas, llegaron anoche hasta la Universidad del Valle, en Cali, para unirse al Paro Nacional.
Este ejercicio de Minga hacia afuera es resultado, a su vez, de un proceso de Minga hacia adentro, que inició al Norte del Cauca. Un ejercicio que, el 20 de abril, tuvo como una de sus consecuencias el asesinato de la Gobernadora Sandra Liliana Peña, en Caldono, al norte del Cauca.
“Minga hacia afuera nos implica hacer un ejercicio de resistencia frente a las políticas de muerte que implementa el Gobierno Nacional, que son las mismas políticas que están acabando con nuestro territorio”, asegura Ovidio Hurtado, miembro de la comisión política del CRIC.
La Minga hacia adentro
“La pérdida de la gobernadora ha generado un impacto muy negativo para nosotros. Ella era una mujer luchadora, que buscaba cumplir con las demandas de la comunidad para cambiar el territorio y lograr romper con la violencia que nos ha estado invadiendo”, dice Hurtado quien, además, es uno de los encargados de liderar las investigaciones para encontrar a los asesinos de la Gobernadora Peña, quien fue asesinada el 20 de abril en la vereda El Porvenir, cuando dos hombres armados llegaron en una moto y le dispararon varias veces.
El día en que la enterraron, el pueblo Nasa asistió masivamente a Caldono, en el norte del Cauca, para acompañarla en su siembra. Ese mismo día, el Ministro de Defensa propuso una nueva incursión armada que permitiera dar con los responsables del asesinato, y a la vez organizar un consejo de seguridad con la comunidad Nasa.
No pudieron reunirse ante la negativa por parte del Gobierno de llegar hasta la vereda en la que la Gobernadora había sido asesinada. Adicionalmente, como lo manifestó el Senador Feliciano Valencia, sólo este año se han realizado al menos 12 consejos de seguridad en el Departamento, sin que hayan obtenido resultados que reduzcan la violencia. Tres días después del entierro, la Guardia Indígena había capturado a un primer sospechoso por el asesinato de la Gobernadora. Lo capturaron, junto con 5 atacantes más, durante una incursión armada que dejó a más de 32 comuneros indígenas heridos por bala en la zona de Caldono.
“Ella le estaba haciendo frente a los cultivos ilegales que se están apoderando de nuestro territorio y mantienen el narcotráfico bajo el que hemos estado viviendo. Sabemos además que el Norte de nuestro Departamento ha tenido un impacto especial por los cultivos [de coca y marihuana] y por ser una de las rutas de salida. Por eso es uno de los lugares en los que se inició este proceso, que ahora estamos midiendo paso a paso, para evitar poner en riesgo a más miembros de nuestra comunidad”, asegura Hurtado.
Y es que este proceso de Minga hacia adentro ha implicado localizar y empezar a retirar, manualmente, las matas de coca y de marihuana que están siendo sembradas en el Departamento. Este fenómeno ha crecido en los últimos años, principalmente al Norte del Cauca. Este año, la Policía Antinarcóticos publicó un informe en el que aseguran que, con un sobrevuelo a la zona, detectaron al menos 347,3 hectáreas de cultivos de marihuana creepy, lo que ha posicionado al Cauca como la zona con mayor concentración de este tipo de cultivos. Esta problemática se agudiza, principalmente, hacia el norte, entre los municipios de Toribío, Corinto, Caloto, Miranda y Jambaló.
“Vale la pena recalcar que los últimos años la minga era un ejercicio hacia afuera. No era una minga que iba dirigida a recuperar territorios ancestrales, iba más dirigida a llamar la atención de los gobiernos departamentales y nacionales frente a eventos e incumplimientos que se tenían”, asegura Carlos Duarte, coordinador de la línea de investigación Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial de la Universidad Javeriana de Cali.
Además, agrega: “es evidente una preocupación del tejido social indígena por sus territorios, y además, la preocupación que les genera también la falta de cumplimiento con los acuerdos de paz y, por ende, del rearme de los grupos armados, como las disidencias de las FARC, la nueva Marquetalia o el ELN, en el Departamento”.
Tanto Duarte como Hurtado resaltan que en este momento, los ejercicios de Minga hacia dentro pueden poner en mucho riesgo la vida de los comuneros indígenas, además de recrudecer inicialmente la violencia en la zona. Por eso, ambos apuntan al hecho de lograr concebir unas políticas de trabajo colaborativo, con todas las comunidades de la zona, incluyendo a afros y campesinos, para así lograr un mejor resultado durante estos ejercicios.
La Minga hacia afuera
“Luego de los Acuerdos de paz nosotros tuvimos la esperanza de que nuestros territorios dejaran de estar en guerra. Sin embargo, las cosas se han recrudecido, en realidad, y nosotros, nuestros comuneros, nuestros líderes, están siendo asesinados”, asegura Johe Sauca uno de los Consejeros mayores del CRIC. Para ellos, es esencial que el Gobierno empiece a hacer una intervención efectiva al Departamento, que pueda empezar a desescalar los niveles de violencia a los que se han visto sometidos.
Por eso, la Minga sale del territorio. Para ellos, el ejercicio de Minga hacia afuera exigirá el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, además de demandar que se retire la reforma a la salud, las fumigaciones con glifosato y que se dé una respuesta lógica a las demandas de seguridad que tiene el Departamento, pues hasta ahora, no se han visto resultados claros.
De acuerdo con este informe de INDEPAZ, el Norte del Cauca es la zona del país en la que existen más registros de asesinatos a líderes sociales. Según el informe, hasta Junio del 2020, 240 líderes habían sido asesinados en todo el Departamento, y entre ellos, 84 asesinatos habían ocurrido en las zonas de Caloto, Corinto y Toribío.
“Es evidente que el Estado y su política, tanto de seguridad como la de protección de derechos humanos, ha fracasado. Actualmente no ha podido ni afectar las estructuras criminales que se encuentran allí, ni ha podido defender la vida, ni los liderazgos sociales. Y sobretodo, ha incumplido de manera crasa con los acuerdos del proceso de paz, tanto en el punto de una reforma rural integral, como en el punto del PNIS y de todo lo que significaba la sustitución voluntaria”, asegura Carlos Duarte.
Además, considera que es inconcebible que una zona que cuenta con una presencia militar de 7 mil hombres en su pie de fuerza, no haya podido dar control al tránsito del narcotráfico que se mueve por todo el Departamento: “son bastante inoperantes, no solamente para proteger la vida de la gente, sino la circulación libre de los insumos que necesitan los cultivos ilícitos”.
“Por la guerra que vemos en nuestros territorios es que hemos decidido volver a salir, por la falta de financiación a la educación, por el empobrecimiento de los campos colombianos, por la venta de nuestras tierras a mega industrias extranjeras”, asegura el Consejero mayor Sauca: “todas las dinámicas criminales y violentas que vivimos adentro, son una consecuencia directa de las dinámicas y políticas que vienen de afuera. Nosotros no tenemos garantías en nuestros territorios y sabemos que debemos empezar a recuperarlos, pero primero debemos contar con la voluntad política del Gobierno Nacional, para que no seamos nosotros quienes sigamos poniendo las víctimas de la violencia que ellos no han sabido controlar”.
