Un fulgor llamó la atención del soldado Manuel de Jesús Vásquez la noche del 10 de marzo de 2015, en el Batallón Nueva Granada, en Barrancabermeja. Desde su puesto en la garita 3, Vásquez observó cómo el destello bajó desde un poste del alumbrado hasta un edificio contiguo. Según su testimonio, consignado en un informe militar, al resplandor se sumó una explosión. “Intenté avisar, pero no vi personal alrededor, y no podíamos dejar el puesto solo”, contó Vásquez en una declaración posterior. “Creo que había llovido”, dijo.

Minutos después, miles de documentos del batallón —algunos reservados y otros con información clave de operativos militares— ardieron. A las 20:00 los bomberos despacharon una máquina, pero ya había muy poco que salvar; lo que no consumió el fuego, lo arruinó el chorro de las mangueras. A las 20:40 los hombres terminaron su trabajo y a las 21:02 estaban de vuelta en la estación, según el registro de bomberos de Barranca. Allí quedó anotado: “Posibles causas u origen: por determinar”.

El fuego destruyó información sobre casi 20 años (1998-2015) de acciones militares en el Magdalena Medio, uno de los epicentros de la guerra donde ocurrieron violaciones de derechos humanos por agentes del Estado, paramilitares y guerrilleros. La pérdida nunca se hizo pública; no hubo registro en prensa, muy poca gente se enteró. El archivo se destruyó por completo, según dijeron el año pasado los militares a investigadores de la Comisión de la Verdad, un pilar del sistema de justicia transicional creado tras los acuerdos de paz. Los investigadores intentaban esclarecer la masacre de 32 personas ocurrida el 16 de mayo de 1999 en Barrancabermeja y otra en San Pablo (Bolívar).

Hay razones para pensar que la información perdida era valiosa. En marzo de 2020, el mayor (r) Oswaldo Prada Escobar, en 1999 jefe de inteligencia de ese batallón, fue admitido en la JEP por su presunta participación en la masacre de Barrancabermeja. Un expediente de la Fiscalía de Derechos Humanos lo señala, además, de reclutar combatientes para los paramilitares y facilitar su movilidad en la zona. Otros militares, policías y agentes del antiguo DAS (servicio de inteligencia) han sido señalados por paramilitares de participar o colaborar en la masacre. 

Según documentos del Ejército, en el incendio desaparecieron las identidades de quienes murieron en distintas operaciones durante casi dos décadas; los nombres de los capturados; los registros de desmovilizados; la relación de armamento, dinero o drogas incautadas; las minutas de las operaciones; las órdenes de movimientos; y la ubicación de las tropas en el terreno. Buena parte de la verdad no contada sobre el conflicto armado en esa zona.

Investigadores indicaron a La Liga que muchos archivos militares y de policía se han perdido en hechos similares, sin registro alguno: incendios (como este, este y este), inundaciones, trasteos, malas condiciones de almacenamiento e incluso extracción. “Hay casos de comandantes que se llevaron el archivo a su casa”, dijo uno de ellos.

Algunos de los archivos sobrevivientes son ahora materia de disputa entre el sistema que busca esclarecer los hechos de la guerra y los actores que participaron en ella. Documentos a los que tuvo acceso La Liga, y entrevistas realizadas a funcionarios y expertos, muestran que, pese a las declaraciones del Ministerio de Defensa y la firma de convenios de colaboración para buscar la verdad, existe renuencia en las fuerzas armadas a entregar información que podría esclarecer muchos episodios de la guerra. Estos incluyen crímenes de Estado como el asesinato de Jaime Garzón (1999); masacres como la de La Rochela (1989), Tacueyó (1985 y 86) y los Montes de María (2000); la Operación Fénix (2008), donde murió el exjefe de las Farc Raúl Reyes; interceptaciones ilegales en la Operación Andrómeda; y operaciones encubiertas de la DEA en Colombia, entre otros.

La Comisión de la Verdad, cuyo mandato dura tres años y culmina en noviembre de 2021, debe reconstruir algunos de los episodios más opacos y cruentos del conflicto y ofrecer una versión contrastada —aunque no definitiva— de estos eventos, a partir de su acceso a testimonios y documentos de guerrillas, paramilitares y fuerzas oficiales. 

Sí pero no

Una comunicación reservada entre la Comisión de la Verdad y el Ministerio de Defensa, fechada en octubre pasado, muestra las dificultades que ha tenido la Comisión para acceder a información de las fuerzas militares, la Policía y la Justicia Penal Militar. El documento repasa 38 solicitudes de información que no han sido respondidas satisfactoriamente desde octubre de 2019 y aprovecha para insistir en 12 solicitudes claves. Las peticiones se centran en masacres y ataques contra la población civil; operaciones, directivas y planes de las fuerzas armadas; recursos de inteligencia utilizados para interceptaciones y perfilamientos; manejo de archivos y documentos; narcotráfico; y acceso a expedientes de la Justicia Penal Militar. 

El documento pide con urgencia la información y aduce que, aunque existe un convenio, las fuerzas armadas ayudan poco con ciertos temas. Según el documento, con frecuencia se dilatan las respuestas; se espera hasta el último plazo legal para remitir la solicitud a otra entidad; se exigen detalles imposibles; se entrega copiosa información no solicitada; o simplemente se impide que los investigadores consulten los archivos, escudándose en amparos jurídicos o de jerarquía. La Comisión también lista los pedidos de información que han sido satisfechos, muchos relacionados con temas administrativos. “La Comisión desea dejar constancia de su insistencia en obtener un acceso oportuno, real y efectivo”, dice el documento de 18 páginas.

La Comisión enumera múltiples casos. En un oficio del 4 de junio pasado, la Policía Nacional asegura que no tiene información sobre la masacre de Tacueyó, en Cauca, porque “la unidad realizó eliminación del acervo documental”. Según dijeron a la Comisión, tampoco tienen información sobre las masacres en los Montes de María o la masacre de El Nilo. “[R]evisados los archivos de la SIJIN del Cauca y la Sección de Inteligencia del Departamento y defensa judicial, no se encontraron registros sobre la masacre de la finca El Nilo”, respondió la Policía a la Comisión, tras una insistencia. El Ejército también dice no tener información sobre estas masacres. “Al momento de consolidación del presente informe no se ha entregado información sobre las masacres… tal y como se solicitó”, dice la Comisión.

El Ejército tampoco ha podido ofrecer información sobre operaciones realizadas con ayuda de la DEA durante su presencia en el país (la agencia estadounidense, a través de un portavoz, se negó a comentar este tema), y  sobre las interceptaciones ilegales y perfilaciones llevadas a cabo por el Ejército desde la sala Andrómeda. La información puede que exista, pero no ha sido entregada. Algo similar sucede con la conformación de autodefensas en Puerto Boyacá. En este caso, el Ejército, de acuerdo con el documento, entregó a la Comisión un “informe de contexto elaborado con fuentes abiertas”. Es decir, información disponible con una simple consulta en Internet.

Otro tipo de respuesta está relacionado con la Operación Fénix, donde murió Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. En una carta del 5 de marzo de 2020, las fuerzas militares niegan la posibilidad del acceso por razones de seguridad nacional: “La publicidad de los referidos documentos puede generar un daño al interés público (…) siendo razonable y proporcional mantener la reserva legal de dichos documentos (…) es importante tener en cuenta que esta operación militar contiene contextos políticos y jurídicos coyunturales que dentro del ámbito de las relaciones internacionales son competencia única y exclusiva del señor Presidente…”, dice la respuesta.

La Comisión tampoco ha tenido acceso a expedientes específicos de la Justicia Penal Militar, encargada de juzgar a militares por actos considerados del servicio: “Sobre la solicitud de acceso a expedientes concretos, a la fecha no se ha facilitado acceso a ninguno de los expedientes…”, dice el documento.

El 8 de diciembre de 2020, la Comisión de la Verdad hizo pública su frustración durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington. El comisionado Alejandro Valencia (son once comisionados) expuso los diferentes obstáculos que el gobierno y varias entidades, incluidas las fuerzas armadas, han utilizado para no compartir información potencialmente sensible.

De acuerdo con Valencia, representantes de la fuerza pública les han dicho a los comisionados que parte de la información sobre masacres fue destruida siguiendo una norma de 2007, que le permite a las fuerzas armadas destruir archivos luego de siete años. El magistrado no respondió a La Liga cuando se le pidieron más detalles; tampoco fue posible ubicar esta norma. Los archivos de inteligencia debían ser microfilmados o conservados de manera indefinida, de acuerdo con los protocolos de destrucción de archivo vigentes, pero todo parece indicar que esto no se hizo para la información de algunas de las masacres más emblemáticas del conflicto armado colombiano. 

Según Valencia, la mayoría de los problemas de acceso están relacionados con masacres, violaciones de derechos humanos y operaciones militares donde la actuación del Estado se ha puesto en entredicho. “Cuando vamos a puntos más sensibles donde sabemos, o por lo menos hay denuncias, de que la fuerza pública está implicada, hemos encontrado mayor dificultad”, dijo a la CIDH. 

“Nunca se ha negado ninguna información. La única información que pudiere haberse entregado con reserva es aquella que tiene que preservarse para proteger las fuentes, de acuerdo con la ley de inteligencia”, dijo a La Liga el general Javier Ayala Amaya, comandante del Comando Conjunto Estratégico de Transición -CCOET, la unidad que tramita ante las fuerzas las solicitudes de la Comisión.

Según Ayala, de los 40 requerimientos de la Comisión, los militares han dado “respuesta clara y de fondo” a 36, y sobre cuatro trabajan en la búsqueda de información.

La Liga solicitó una entrevista y envió un cuestionario sobre el tema a la Comisión de la Verdad para contrastar esa información pero no obtuvo respuesta. Además, contactó al secretario general del Ministerio de Defensa, Gregorio Marulanda, quien también tramita las solicitudes de la Comisión, pero no respondió llamadas ni mensajes.

Según varias fuentes castrenses contactadas, los reclamos públicos de la Comisión son un exabrupto. Entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada han elaborado y entregado 61 informes que suman miles de páginas con su versión de la guerra, una en la que los militares y sus familias son también víctimas.

El informe Alétheia, por ejemplo, detalla ataques y violaciones al Derecho Internacional Humanitario contra miembros de la Fuerza Pública desde 1960. Este último, al igual que el informe Génesis, un documento de 50 tomos y más de 18.000 páginas sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por las FARC, se encuentran en manos de la Comisión y de la JEP.  

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, ha destacado públicamente esos esfuerzos, pero también ha pedido mayor acceso. “Esperamos que nos entreguen la totalidad de la información reservada que la Comisión necesita y que es un derecho insoslayable de las víctimas”, dijo en septiembre de 2020. Pero los militares sienten que ya entregaron todo lo que pueden ofrecer sin exponerse demasiado, explicó una fuente con conocimiento del tema.

Las fuerzas armadas saben que la información que entreguen puede tener consecuencias judiciales, por lo que intentan controlar el relato de su participación en la guerra. Por eso el trabajo de los investigadores internos pasa por el tamiz de las unidades jurídicas de cada fuerza, donde se revisa con lupa cada línea.

“Después de que se firman los acuerdos de paz, el tema no es solo de memoria histórica, sino de verdad y establecer responsabilidades”, dijo Juan Esteban Ugarriza, investigador de la Universidad del Rosario, autor del libro “Militares y guerrillas: La memoria histórica del conflicto armado en Colombia desde los archivos militares 1958-2016”. Ugarriza coordinó un proyecto de memoria histórica dentro del Ejército. 

Borrar el pasado

El incendio que borró 17 años de información sobre la guerra en el Magdalena Medio demuestra cuán vulnerable puede ser la información bajo custodia militar, que puede desaparecer con facilidad y sin consecuencias. Al día siguiente del incendio, el comandante del Batallón Nueva Granada ordenó una indagación para esclarecer los hechos. El Comandante de la Segunda División envió a su inspector, el coronel Jaime Remolina Fontalvo. La Fiscalía de Barrancabermeja abrió una investigación penal (00483) y desde Bucaramanga llegó un experto en incendios y armas no convencionales del CTI. 

A las 10:00, en una visita fugaz, el experto tomó fotografías de las paredes ennegrecidas y dictaminó que probablemente el incendio no fue provocado. De acuerdo con un informe del Inspector delegado ante la Segunda División, fechado el 11 de marzo, las llamas surgieron debido a una sobrecarga en el aire acondicionado. El asunto quedó resuelto. 

No obstante, el inspector relaciona una serie de falencias que impidieron evitar el incendio. “Las instalaciones donde funcionaba el archivo […] no contaban con detectores de humo, aspersores, ni alarmas. No se encontró puesto de incendio ni extintores para evitar el daño de la documentación. No se realizó transferencia de documentos que perdieron su clasificación de secreto al archivo central de la unidad”, escribió. Menos del 5 % del archivo se salvó, según el inspector. 

El asunto no era una novedad para la comandancia, como lo muestra un memorando del 28 de agosto de 2014 donde el personal del archivo solicita al segundo comandante del Batallón extintores y extractores de humedad. “Nunca nos dieron respuesta a ese oficio ni hicieron adecuación alguna”, dijo un empleado del archivo en una declaración que figura en el expediente.

Otro empleado dijo a La Liga que la estantería era de madera, el techo de icopor  y que el edificio tenía ventanas, todo prohibido por las normas nacionales de archivo. La investigación interna se cerró nueve meses después acogiendo las primeras versiones que hablaban de una sobrecarga. No hubo consecuencias administrativas ni disciplinarias. La Justicia Penal Militar ni siquiera abrió una investigación.

Pero el expediente contiene un dato esperanzador. Del incendio se salvó una parte, aunque nadie ha dicho dónde está. Lo confirmó la archivista, quien en una declaración contó que al conocer el siniestro corrió hacia el lugar y buscó al coronel que comandaba el batallón. “Le dije que lo relacionado con su mandato, las órdenes de operaciones con resultado del 2013 y 2014, estaban en la oficina del S3 (operaciones)”. Es decir, en otro lugar. Pero en la respuesta a la Comisión, el Ejército omite ese detalle y da por perdido el archivo completo.

Los archivos militares suelen ser una caja negra celosamente custodiada y a veces un lastre a merced de los ratones y el moho. “Sí, hay un problema de la preservación de ese material documental. Desde los ochenta no había un sistema archivístico del duplicado. No había instalaciones que controlaran la humedad o el deterioro de las hojas”, dijo Marco Forero, un historiador e investigador que visitó archivos en las regiones. “Una unidad militar no está para cuidar documentos. Los papeles viejos se acumulaban en una habitación y ahí se podrían”, dijo.

“Falta mucho apoyo”, dijo una persona que trabajó durante cinco años en un archivo de batallón en Santander. “No hay cajas, carpetas, etcétera. Tuve que molestar mucho para que me dieran un escáner. Yo trabajaba con mi computador personal y ni siquiera tenía contrato. Lo mismo pasa en otras unidades”, contó. 

Otro investigador, que participó en la redacción de algunos informes de memoria histórica para el Ejército, contó que con frecuencia comandantes de batallones o brigadas obstaculizan el acceso a los archivos. “Intentaron bloquear muchas cosas y seguramente lo lograron”, dijo. 

El acceso a esos archivos es crucial para la Comisión de la Verdad y para la construcción del posconflicto, pero Ugarriza duda de que allí repose alguna evidencia que aporte otra narrativa de nuestra guerra. “Si existieran documentos incriminatorios, no estarían en los archivos. Y si existieron, seguramente fueron destruidos”, dijo. Para Ugarriza la actitud de los militares frente a la memoria histórica y la verdad tuvo un cambio radical con el actual gobierno y sus nuevos mandos. “Hay un gran temor de que la verdad los lesione. Se perdió una ventana de oportunidad histórica”, lamentó.