La movilización social es un derecho constitucional, pero es frustrante ver como un sector de la sociedad se organiza en contra de las acciones que el Estado ha generado para garantizar los derechos quienes históricamente han sido violentados.
El día de ayer en más de 20 ciudades del país salieron a marchar, como en agosto del 2016, padres de familia, movimientos católicos y cristianos, su movilización se realizó –nuevamente- en contra de quienes construyen identidades sexuales diversas y se salen del patrón culturalmente construido. Las marchas que se realizaron bajo el lema ‘Ni cartillas, ni decretos’ -porque ya no sólo están en contra de las cartillas que promovió hace dos años el Ministerio de Educación en cabeza de Gina Parody-, protestan frente a dos decretos que firmó Juan Manuel Santos y que responden a iniciativas gestionadas por organizaciones sociales, líderes y lideresas LGBTI, y buscan que las personas con orientación sexual e identidad de género diversas de Colombia puedan vivir en condiciones de igualdad y de equidad frente a las personas heterosexuales.
Las declaraciones del líder de la marcha, Samuel Ángel, son dolorosas: dice que estos decretos están “empujando al país a mariquiarse”
Uno de los decretos en mención es el que creó la campaña #AquíEntranTodos, que propone espacios libres de discriminación, para que en ningún establecimiento comercial del país se discrimine a nadie en razón a su identidad de género u orientación sexual; a la fecha ya hay dos lugares que han obtenido el sello que los certifica: uno en Bucaramanga y otro en Bogotá, Bar El Mozo.
El otro decreto al que se oponen es, el más importante y estratégico porque da vida a la política pública LGBTI de la nación, que lleva varios años en construcción, aunque su firma la realizó el expresidente Santos días antes de terminar su mandato aún no se ha puesto en marcha y es el actual gobierno el responsable de implementar sus acciones, fortalecer la institucionalidad necesaria para ejecutarla y de construir el plan de trabajo que será clave, sobre todo, a nivel local en la articulación con los territorios que ya tienen una política pública LGBTI.
Las declaraciones del líder de la marcha, Samuel Ángel, son dolorosas: dice que estos decretos están “empujando al país a mariquiarse”. Eso demuestra que todavía en Colombia estamos a años luz de ser una nación respetuosa con la diversidad, creo que la gente no ha entendido que esto no se trata de preferencias, sino de garantizar igualdad en términos legales, porque sabemos que en términos formales y reales todavía distamos mucho de poder contar con instituciones sólidas y agendas claras que permitan garantizar los derechos de estos sectores sociales. Nosotros no estamos imponiendo nada, mientras quienes marcharon piensan que las reglamentaciones apuntan a beneficios, realmente, los decretos para los sectores LGBTI aportarán a cerrar las brechas de la desigualdad.
Somos conscientes desde el Estado y en mi caso personal, desde la administración distrital, que las personas LGBTI han vivido una serie de violencias asociadas a su identidad.
Las marchas de ayer estuvieron sustentadas nuevamente en el miedo a una supuesta ideología de género y en afirmaciones como que el acrónimo LGBTI reúne colectivos ideologizados de extrema izquierda, cuando lo que en realidad representa es una unión de fuerzas y de identidades que luchan por la no discriminación. La bandera de la diversidad sexual no es la bandera de la extrema izquierda, ni de ningún otro partido político, es un símbolo que promulga igualdad. Por ejemplo, Bogotá, Cartagena y el Valle, sin importar el tinte político de sus administraciones, han logrado mantener sus políticas públicas a favor de las personas LGBTI, por saber y reconocer que el Estado debe ser garante de derechos.
Somos conscientes desde el Estado y en mi caso personal, desde la administración distrital, que las personas LGBTI han vivido una serie de violencias asociadas a su identidad. Por eso, tenemos que garantizar que existan este tipo de decretos y políticas a favor de la igualdad. Y somos conscientes también que como Estado debemos garantizar que todas las posturas sean respetadas y validadas.
El gobierno nacional tiene la labor fundamental de generar espacios de diálogo y concertación entre estos sectores religiosos tan conservadores y las personas del movimiento social LGBTI, ese sería un escenario de diálogo interesante a fin de garantizar que el Estado, que es laico, represente los intereses de toda la ciudadanía. Eso sí, sin olvidar, que uno puede decir lo que quiera, pero con límites. Y el límite está en no afectar los derechos de los otros.
