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Puede haber excepciones, pero casi siempre ocurre así: una mujer sale de prisión y no tiene trabajo, ni casa, ni una comida asegurada en los próximos días. Durante el tiempo que estuvo privada de la libertad sus vínculos familiares se agrietaron, su pareja la abandonó, sus hijxs están bajo protección de Bienestar Familiar o los cuida una pariente (con frecuencia la abuela y en raras ocasiones el padre). Ahora debe hacerse cargo de ellxs como lo hacía antes, aunque la rechacen. Desde su detención la policía, el juez, los fiscales y las guardias la acusan de ser mala madre. Le dicen que cómo se atrevió a delinquir, a hacerles eso a sus hijxs, acaso no lxs quiere. Es probable que sienta culpa.
“Es una mujer que no tiene nada y en su hoja de vida hay un antecedente penal que no puede borrar. Estuvo cinco, seis años, aislada del mundo laboral, sin experiencia ni más herramientas que las que tenía antes de entrar a prisión. Allá al menos contaba con un ingreso haciendo tareas, un lugar donde dormir -con hacinamiento- y una comida pésima”, dice Luz Piedad Caicedo, codirectora de la Corporación Humanas, un centro de estudios feminista que trabaja por la justicia de género. La Corporación hace parte de la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la sentencia T-388 de 2013 en la que se declara el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario del país.
Quizás esa mujer empiece a trabajar como vendedora ambulante o puede que intente buscar un empleo por fuera del sector informal, a menudo en el área de limpieza. Entonces “llega el primer rechazo”, explica Claudia Cardona, fundadora y directora de Mujeres Libres, una organización de mujeres que estuvieron en prisión o tienen familiares allí y fomentan la abolición del encarcelamiento para las mujeres. Con antecedentes penales -que además están al alcance de cualquiera en internet- no la contratan. En el inusual caso de que sí, “le piden una cuenta para pagar la nómina, pero por los antecedentes los bancos no lo permiten”, agrega Cardona. Por el mismo motivo arrendar un apartamento o una habitación es casi imposible.
“La sociedad le dice: ponga un puesto de arepas. Pero para un puesto de arepas se necesitan insumos y para los insumos plata”. Cardona recuerda que Mujeres Libres acudió a un banco a pedir un préstamo para comprar máquinas de coser destinadas a mujeres que habían salido de prisión. Necesitaban un millón de pesos por máquina y les dijeron que no.
En una encuesta que la organización realizó junto a la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional les preguntaron a 41 pospenadas (un término que se refiere a la persona que ha cumplido con la pena que le fue impuesta) si tenían trabajo. Solo cuatro de ellas habían conseguido un empleo formal.
Pero también en esa situación los obstáculos siguen. En los talleres de Mujeres Libres donde se habla, por ejemplo, de las Reglas de Bangkok, las disposiciones de Naciones Unidas para el tratamiento de las mujeres en prisión, las asistentes cuentan que cuando logran trabajar les pide rendir más que a otras empleadas o les pagan menos o sus empleadores las acosan sexualmente bajo la amenaza de “agradezca que le doy trabajo”.
“La semana pasada una chica nos comentó que su empleador le cogió la cola y cuando ella le abrió los ojos él le dijo: pilas, este es su trabajo. Ellas lo necesitan así sean explotadas y muchas no denuncian porque piensan: cometí un delito, me lo merezco”, dice Claudia Cardona.
En el texto Ser mujer y haber estado privada de la libertad: el estigma hacia las mujeres pospenadas, la socióloga María Paula Molina detalla que entre 2014 y 2019 un total de 6.023 mujeres cumplieron su pena en uno de los seis centros de reclusión para mujeres en Colombia o de los 46 pabellones adecuados para ellas en establecimientos para hombres. En el 90% de los casos la pena fue menor a cinco años.
El pasado 30 de marzo el Congreso aprobó la Ley de Segundas Oportunidades que dará beneficios tributarios a empresas que contraten a población pospenada. Consultada por Cerosetenta, la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, quien lideró el proyecto, respondió por escrito que el descuento en el pago de parafiscales -uno de los beneficios estipulados en la ley- será mucho mayor y hasta del 90% en el caso de mujeres.
“El desempleo para ellas siempre es mayor que el masculino y con este incentivo pretendemos vincularlas al mercado laboral y brindarles una segunda oportunidad”, indicó la representante Miranda.
Aunque Claudia Cardona celebra la aprobación de la ley, dice que no va a servir de mucho si no se hace un seguimiento de las condiciones y garantías laborales. Insiste en que no cree en el concepto de segundas oportunidades porque a las mujeres privadas y exprivadas de la libertad nunca se les dio una primera oportunidad. Por eso llegaron a prisión.
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Las mujeres privadas de la libertad en Colombia son pobres (antes de la detención el ingreso mensual en sus hogares era inferior a dos salarios mínimos) y sin embargo de ellas dependen, aún desde la prisión, sus hijxs y otros familiares.
La mayoría son solteras y se identifican como heterosexuales. Se encuentran en edad productiva y reproductiva. Tienen un nivel de escolaridad bajo y suelen conseguir trabajos precarios. Así lo muestra el informe Mujeres y prisión en Colombia: desafíos para la política criminal desde un enfoque de género, elaborado por la Pontificia Universidad Javeriana, la Cruz Roja y el CIDE de México.
Un alto porcentaje de las 536 encuestadas vivió situaciones de violencia física, psicológica y sexual durante su infancia y dejó el hogar antes de los quince años. El 85% de ellas son madres. Para el 80% fue su primera vez en prisión y la mitad aseguró haber cometido el delito para ganar dinero. El 45,2% fue condenada por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
«La política contra las drogas aumentó el encarcelamiento de mujeres vulnerables sin generar ningún efecto en la seguridad pública” — Juan Sebastián Hernández
En los últimos treinta años el número de mujeres en prisión creció un 429% (el de hombres 300%) y hoy su población carcelaria llega a las 8.868. Ese incremento tendría que ver con la implementación de la política contra las drogas, que “aumentó el encarcelamiento de mujeres vulnerables sin generar ningún efecto en la seguridad pública”, señala Juan Sebastián Hernández, investigador en el área de sistema judicial de Dejusticia.
En su libro Mujeres en prisión por delitos de drogas, Luz Piedad Caicedo, de la corporación Humanas, escribe que en la industria de las drogas existen jerarquías por varios factores, incluido el género, y que, por lo general, las mujeres ocupan los escalones más bajos de la cadena con oficios de limpieza, venta al menudeo, domicilios o como empacadoras y cajeras.
“La política de lucha contra las drogas ha fijado sus medidas en la persecución y el aumento de penas y eso no ha generado ninguna reducción en la producción ni en el consumo ni en la venta ni en el tráfico. Lo que sí ha logrado es una enorme conflictividad y violencia”, dice Caicedo. Claudia Cardona añade: “La política contra las drogas no sirve porque se creó para agarrar a los grandes narcotraficantes, pero las que pagan son las mujeres pobres que acuden a eso para vivir. Son utilizadas y si las agarran pues buscan a otras”.
Por eso, y teniendo en cuenta que el hacinamiento en cárceles de mujeres alcanza casi el 40%, otro proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso el año pasado, pero objetado por el presidente Iván Duque propone el servicio de utilidad pública (o servicio comunitario) como pena alternativa para mujeres cabeza de hogar condenadas por delitos leves. El proyecto está siendo revisado por la Corte Constitucional.
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Mucho de esto ha sido documentado por la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la sentencia T-388 de 2013 que ha presentado diez informes sobre el estado de cosas inconstitucional en las prisiones del país:
Que el sistema penitenciario y carcelario está construido pensando en hombres y sin enfoque de género. Que las mujeres reciben un castigo doble: primero por haber violado la ley y segundo por incumplir con su papel de madres y cuidadoras. Que, en el caso de la reclusión de mujeres de Bogotá conocida como El Buen Pastor, el ginecólogo solo asiste una vez al mes para atender a una población de 1.800 mujeres. Que hay cientos de problemas uterinos que se dejan pasar hasta que la única solución es una histerectomía. Que entregan veinte toallas higiénicas a cada una cada tres meses. Que las filas para una llamada telefónica son enormes y no hay acceso a computadores. Que, aunque el INPEC abrió las visitas en otras prisiones desde marzo de 2021, en El Buen Pastor recién ahora permiten las visitas de menores. Que muchas mujeres duraron dos años y dos meses sin ver a sus hijxs. Que a veces la comida está cercana a la putrefacción. Que no están autorizadas a cambiar de pareja en las visitas conyugales sino cada tres meses. Que las clases de primaria y bachillerato no cuentan con buenos docentes y no hay acompañamiento psicosocial. Que las actividades de resocialización (el mecanismo que posibilita la reinserción social de quien cumple una condena) son altamente feminizadas según roles asignados de género: talleres de costura, bordado, cocina, bisutería y limpieza. Que no sirven al salir en libertad. Que vendiendo manillas nadie paga arriendo, comida y sostiene a una familia. Que cuando se violan los derechos humanos no se logra ninguna resocialización.
«La prisión no debería ser un lugar en el que se refuerce el castigo: usted merece la porquería de comida que le doy, que yo la grite, dormir en el piso, no tener toallas higiénicas porque es una delincuente» — Luz Piedad Caicedo
La raíz podría estar en la tendencia punitivista de la política criminal dominante que, como explica Juan Sebastián Hernández, de Dejusticia, se instaló a nivel mundial en los años setenta con la creencia neoconservadora de que la gente comete delitos porque es mala; por un asunto de libertad individual que nada tiene que ver con causas estructurales y sociales. Por el contrario, la resocialización apunta a que la función del encarcelamiento no es aislar, “encerrar a la persona mala y botar la llave”, sino darle un espacio para reflexionar sobre su conducta y herramientas para que no lo vuelva a hacer.
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Pero en Colombia eso no sucede, dice Luz Piedad Caicedo.
“La prisión no debería ser un lugar en el que se refuerce el castigo. Es decir, el castigo debería ser la pérdida de la libertad, pero no estar castigada todos los días: usted merece la porquería de comida que le doy porque es una delincuente, merece que yo la grite porque es una delincuente, merece dormir en el piso porque es una delincuente, merece no tener toallas higiénicas porque es una delincuente. Además, hay torturas, golpes, abusos. Ese punitivismo violatorio de la dignidad de la persona no debería existir”.
Lo que sí debería existir, para Caicedo, es la solución de problemas estructurales: “Yo creo que un elemento fundamental no solo para las mujeres que han salido de prisión, sino para aquellas que viven en la pobreza, es que el Estado se ocupe del cuidado de sus hijxs. Que haya salacunas gratuitas y centros de educación preescolar, primaria y secundaria en jornada completa. Con esta infraestructura básica las mujeres tendrían el tiempo necesario para trabajar y formarse”.
Lo segundo, anota Caicedo, es incentivar la producción para que haya trabajo. En 2020 la tasa de desocupación de las mujeres llegó al 25% y la de los hombres al 15%. Cuando este tipo de cosas ocurre, es probable que las mujeres pospenadas reincidan en la conducta que las llevó a prisión. Y el ciclo vuelve a empezar.
