Esta semana el gobierno de Iván Duque finalmente autorizó al sector privado para traer vacunas a Colombia. La decisión desató un debate en la opinión que se movió principalmente en dos posiciones: por un lado, que la vacunación por parte de privados puede ser una ventaja para agilizar la reactivación productiva y económica. Por otro, que los privados van a priorizar a unas personas sobre otras, incluyendo a los que puedan pagar, y eso validará la idea de ‘saltarse la fila’ en el proceso de vacunación. 

En ambos casos, sin embargo, el debate se ha planteado en los términos y escenarios erróneos. Ninguna de las posiciones está teniendo en cuenta que a nivel global hay escasez de vacunas. Y mientras esto continúe, ni privados ni públicos podrán aplicarlas. Por más que los privados quieran involucrarse o participar en la vacunación masiva, no van a poder. Los comunicados de Pfizer y Sinovac manifestando que por ahora no le venderán vacunas a privados ya son muestra de esta realidad.

El debate debería tener una mirada de largo plazo. La expectativa es que esta vacuna se tendrá que aplicar masivamente al menos una vez al año, durante muchos años. Por eso, deberíamos buscar una articulación que les permita a los privados sumar, no competir. Deberíamos estar pensando en cómo lograr colaboraciones realmente convenientes para todos: para la sociedad, para el Estado y para las industrias privadas. 

De lo contrario, el peligro es claro: seguir promoviendo la desigualdad. El Covid ha profundizado la desigualdad de muchas maneras y la vacunación se ha encargado de ahondarlas incluso más. Lo vemos cuando las personas más ricas de Colombia y Latinoamérica viajan a Estados Unidos para vacunarse. Son personas que están accediendo a un tratamiento prioritario porque tienen los medios para hacerlo, mientras el resto espera. Esto terminará creando una clasificación de ciudadanos, entre los pueden acceder y los que no, y causará que un sector tenga más libertades que el otro. Esta misma lógica no se puede replicar en las vacunas que traerán los privados. 

Lo que debe primar es la justicia y la equidad. No podemos tener ciudadanos priorizados porque tienen más recursos o porque están empleados por privados que pueden garantizar la vacunación. Esto atenta directamente en contra de los principios de equidad y de justicia bajo los que todos debemos estar regidos, mucho más durante una pandemia global. Por ello, lograr un acuerdo entre sector privado y público va a ser esencial para el juego a largo plazo. 

¿Cómo se puede lograr? Empecemos por entender cuáles son las fortalezas de cada sector para así lograr una cooperación más lógica y efectiva. Sabemos que uno de los retos más importantes es llevar las vacunas hasta lugares alejados del país donde no hay infraestructura física. Hoy hay compañías que ya llevan alimentos hasta esas zonas. Compañías que, además, tienen productos que requieren mantenerse refrigerados. Lograr una alianza de transporte y logística con esas compañías, por ejemplo, puede ser crucial. El Estado puede encargarse de poner al equipo de salud, mientras el sector privado pone lo necesario para llegar hasta allá. 

La siguiente pregunta que deberíamos hacernos es qué tipo de beneficios podría obtener el sector privado para apoyar al sector público en la logística. En términos económicos y sociales, todos necesitamos reactivar las labores de los empleados para que los dueños de las empresas puedan hacer una reactivación económica completa. Si conseguimos que la vacunación cobije cada vez a más personas, va a existir un efecto de mayor rendimiento social, que es beneficioso para todos. Reactivar la economía es reactivar a la sociedad. 

Por eso, debemos dejar de ver la participación de los privados bajo un escenario antagónico. Los privados no son malos. Tenemos que aprovechar sus habilidades, que son ante todo la logística y niveles de productividad que el Estado no tiene, para lograr una cooperación más beneficiosa. Esto sólo se logra con acuerdos. 

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Sin embargo, también tenemos que ser realistas y entender el Estado que tenemos. Es una vergüenza que, por ejemplo, el Estado colombiano se oponga a la liberación de la patente de las vacunas cuando estamos viviendo los efectos de la escasez. Ya pasó algo similar con el medicamento Kaletra, un antirretroviral para el que la sociedad civil solicitó la declaratoria de interés público que habría liberado la patente y habría permitido su adquisición a precios asequibles, ya que es crucial para los pacientes positivos para VIH. En ese momento se creó un comité que dilató la discusión y finalmente el Ministro de Salud terminó diciendo que no era de interés público. Lo mismo ha ocurrido con medicamentos contra el cáncer y contra la Hepatitis C. 

La liberación de la patente, así como la decidida inversión pública en capacidades locales de producción, pueden ser una solución en medio de una pandemia global donde sólo la vacunación masiva puede enfrentar los contagios. La vacunación es, sobre todo, una cuestión en la que debe primar la ética. 

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