Los excombatientes de las Farc están, cada día, más asustados. No sólo suman ya 283 asesinatos desde que se firmó el Acuerdo de Paz en 2016. Además, justo después de que instalaron un campamento en plena Universidad del Cauca, en Popayán, para exigir atención del Estado y garantías para su vida, la violencia los hizo desistir y salir de la ciudad más rápido de lo que tenían proyectado. 

El campamento estaba pensado para ser temporal. Estaban viviendo en carpas y alimentándose con ollas comunitarias, acompañados por la Guardia Indígena y los estudiantes. En teoría terminaría hoy 25 de agosto. Pero el asesinato del joven y líder estudiantil Esteban Mosquera los obligó a salir antes, pues ocurrió muy cerca de donde estaban reunidos. 

Y es que “la tasa de muertes de excombatientes en la región del Suroccidente del país (5.28%) dobla la tasa de muertes a nivel nacional (2,59%)”, dijo ayer Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. 

Hablamos con Edgar López, uno de los integrantes del Consejo Nacional del partido Comunes y firmante de la paz, quien se movilizó hasta el campamento y es uno de los voceros que acompañó el proceso, para comprender de qué se trató y cuáles son sus expectativas ahora. 

Cerosetenta: ¿Cuántos firmantes estuvieron en el campamento y desde dónde llegaron?

Edgar López: Llegaron más de 300 representantes que vinieron del Putumayo, de Nariño, del Tolima, del Valle del Cauca, del Cauca y de otros territorios. También representante de los ETCRs [zonas donde se concentraron los exguerrilleros para desmovilizarse] de todas estas zonas. 

C.: ¿Cuál era el objetivo del campamento? 

E. L.: Este fue un campamento humanitario, un refugio. El refugio es una forma internacional en la que las personas piden auxilio porque su vida corre riesgo. En este caso no salimos a un refugio internacional, pero las personas que viven en los territorios, en las fincas, en los municipios donde tenían sus proyectos productivos o formas asociativas, les tocó salir huyendo y no pueden regresar en el momento. 

Esta figura busca visibilizar los asesinatos que se han perpetrado contra las personas que firmaron el Acuerdo de Paz, pero que a la vez estaban creyendo y construyendo proyectos productivos para su desarrollo y para incorporarse a la sociedad como se había acordado en los Acuerdos con el Gobierno Nacional. 

Esa forma de incorporarse económica y socialmente a la vida civil quedó destruida para nosotros y por lo tanto, al querer salvar nuestras vidas, los firmantes estamos huyendo. Huimos a la ciudad, en este caso hacia Popayán. En este momento, el objetivo que tenemos es visibilizar esa problemática. 

Pero, además, queremos visibilizar que la situación se ha hecho absolutamente más grave porque se han extendido estas amenazas a las comunidades en medio, a quienes habitan en estos territorios.  Ahora hay riesgo para todos. 

C.: ¿A qué se refiere?

E. L.: A hechos tan graves como el asesinato del líder estudiantil Esteban Mosquera, que ocurrió muy cerca al campamento. A esto le sumamos otros hechos intimidantes que han ocurrido estos mismos días en el territorio. Podemos contar que desde el mismo día en que se instaló el refugio humanitario fueron asesinadas tres personas en Santander de Quilichao muy cerca a la sede de la Guardia Indígena que se encuentra allí. 

También hubo bombardeos en Argelia al otro día, donde supuestamente se estaba dando un combate entre el Ejército y los grupos armados que se encuentran en el lugar. Pero cuando se fue a mirar no había combates. Posteriormente hubo otro asesinato de dos jóvenes por los lados de Puerto Tejada. A esto, además, debemos sumar el atentado a uno de los líderes que se dirigía hacia el campamento humanitario. 

C.: Hace un tiempo Emilio Archila, el Consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, nos señalaba que debido a la alta dispersión que han tenido los firmantes por el territorio nacional, garantizarles protección se dificultaba, ¿qué pueden decir ustedes al respecto? 

E. L.: Esa es una explicación traída de los cabellos. El Estado colombiano, en primera medida, tiene que garantizar constitucionalmente la vida, la honra y el respeto a los ciudadanos en todo el territorio nacional. Ese es su compromiso y eso incluye, también, a los excombatientes. Cuando nosotros firmamos el Acuerdo con el Gobierno, el Gobierno reclamó que ellos tenían el monopolio de la fuerza y de la justicia y que por lo tanto las FARC y debíamos entregar nuestras armas al Estado, además de por supuesto desmovilizarnos. 

De tal manera que en los compromisos que firmamos el Gobierno y las FARC quedamos en que se iba a desarrollar toda una estrategia social, económica y política para incorporar todos los territorios que estuvieran en las profundidades de Colombia y que allá había que llegar para hacer presencia del Estado. 

Uno de los grandes problemas en Colombia precisamente es el abandono del campo. Por eso, la preocupación del Estado debe ser por llegar institucionalmente con proyectos de desarrollo social, económico y político, no únicamente con presencia de la fuerza militar. Por todo esto, creo que esa es una respuesta del Comisionado simplemente es evasiva e irresponsable. 

C.: Alcanzamos la cifra de 283 firmantes asesinados desde la firma del Acuerdo. ¿qué está pasando?

E. L.: El contexto de los asesinatos tiene múltiples aristas. La primera es que hay dos o tres departamentos en los que se concentran más de la mitad de los asesinados. Por ejemplo, en el Cauca se calcula que hay el 36% de todos los asesinatos. Es una situación muy preocupante, más si tenemos en cuenta que los municipios en donde se concentran son pocos, y que además son lugares que tienen una enorme presencia de las fuerzas de seguridad y policiales del Estado. 

Por otro lado también hay otra serie de argumentos  que tienen que ver con las medidas que se implementan y cómo se cumplen. 

C.: ¿Qué le piden al Gobierno Nacional para garantizar su seguridad?

E. L. ¿Qué le exigimos nosotros al Gobierno? Primero, creemos que las medidas militares y policiales de aumento de fuerza han fracasado. Que cada mes se reúne el Consejo de Seguridad para analizar un muerto más. En definitiva, esa no es una solución. Los muertos ocurren en medio de la Fuerza Pública y resurgen los grupos paramilitares y surgen las bandas asesinas. Debemos repensarnos la manera en que se va a construir la seguridad y pensar en las formas asociativas que tienen las comunidades para que sean formalizadas y se vinculen de manera activa a esa forma de crear un espacio de seguridad y un ambiente de confianza. 

La fuerza pública ha sido muy cuestionada por su participación en la represión y por lo tanto, es necesario que ganen legitimidad ante la comunidad y en todas las otras actividades que se van a hacer alrededor de la seguridad de todos los pobladores. 

Yo creo que esta situación tan caótica que se presenta en el territorio amerita precisamente repensar la situación política y social del país, pero principalmente de una manera integral que nos permita a los colombianos pensarnos en qué país y sociedad estamos construyendo y que nos permita llegar a los centros de poder. Ojalá pudiéramos contar con la voluntad del Presidente de la República y ojalá pudiéramos contar con la participación de la Fuerza Pública. Ojalá pudiéramos contar con la inter institucionalidad para que construyamos de la mano de la comunidad y juntos podamos hallar una solución a esta grave situación. 

De todas maneras, un país en paz será mucho más rico, podrá construir y producir una vida nueva, explorar la ciencia y hacer una vida de convivencia mucho más amable.