La persecución contra la población LGBTI es un crimen de lesa humanidad

Colombia Diversa y Caribe Afirmativo presentaron hoy ante la JEP dos informes sobre las violencias contra la población LGBTI en el marco del conflicto armado. Es la primera vez en el mundo que se presenta un informe como estos ante un tribunal de justicia transicional y con el nombre de persecución, considerado un delito de lesa humanidad.

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Estefanía Avella Bermúdez

29.03.2019

Cuerpos vulnerables.

Cuerpos apropiables.

Cuerpos violentables.

Cuerpos penetrables.

Los cuerpos de las personas LGBTI han sido eso: cuerpos para la guerra.

Las violencias ejercidas contra esta población por parte de guerrillas, paramilitares y fuerzas armadas en Colombia no han sido un accidente. No han sido aisladas. No han sido por azar. Todo lo contrario. Las eligieron a ellas y ellos. Fue premeditado porque, como explica Daniela Díaz, abogada de Colombia Diversa, “vivimos en un sistema social que arregla la sexualidad y la identidad de las personas. Y por eso se espera que a quienes no encajan dentro de las reglas del sistema hay que impedirles el ejercicio de sus derechos. Hay que recordarles que son seres de segunda categoría. Hay que apropiarlos, violentarlos, penetrarlos”.

Hoy ante la JEP, Colombia Diversa y Caribe Afirmativo —organizaciones que trabajan por los derechos de las personas LGBT en Colombia— presentan dos informes: ‘Persecución, una guerra contra la diversidad en Colombia’ de Colombia Diversa y centrado en el municipio de Tumaco, y ‘¡Qué nunca más se repita! Informe sobre violencias contra personas LGBT en el marco del conflicto armado en Antioquia’ de Caribe Afirmativo y que abarca casos en 13 municipios de Antioquia. Es la primera vez en el mundo que se entrega un informe sobre violencias contra lesbianas, gays, bisexuales y trans ante un tribunal de justicia transicional. Es la primera vez que, en el marco de un conflicto armado, a las violencias contra la población LGBTI se les da el nombre de persecución: un crimen que ante el Estatuto de Roma es considerado de lesa humanidad.

"Marcar el cuerpo de una persona LGBT le genera miedo a la población. Pero al mismo tiempo "hay una amalgama perversa entre sociedad civil y actor armado" que la justifica."

Persecución es lo que lo que hicieron con los judíos en el holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Persecución es el genocidio contra la población maya en Guatemala durante la Guerra Civil entre 1981 y 1983.

Persecución es la segregación racial que se generó en el Apartheid y que privó de derechos al 80 % de la población sudafricana en la segunda mitad del siglo xx.

Persecución es la limpieza étnica en la antigua Yugoslavia contra los no Serbios durante la segunda guerra de los Balcanes, en la que más de 10 mil personas fueron asesinadas.

Persecución es el genocidio de Ruanda cuando los hutus intentaron exterminar a la población tutsi matando a más de un millón de personas y violando a más de 200 mil mujeres.  

Persecución es la privación intencional de derechos fundamentales de un grupo o una colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género. Eso es el crimen de persecución ante el Estatuto de Roma. Y eso, argumentan los informes que se presenta hoy, es lo que las Farc, el ELN, los grupos paramilitares y la fuerza pública han hecho contra la población LGBTI en distintos territorios del país.

“Cuando llegamos a Tumaco empezamos a escuchar los casos y nos dimos cuenta de un elemento común: la razón por la que eran elegidas las víctimas”, explica Daniela Díaz. Era por ser abiertamente gays o por sus tránsitos marcados. “De ahí que los actores dejarán muy claro el fin de las violencias en contra de estas personas: por marica, para que realmente te vuelvas mujer, porque los maricas no pueden existir”, explica. Para Mariana García Jimeno, quien acompañó a Díaz en la investigación, en el crimen hay un elemento subjetivo determinado por lo que está en la cabeza del perpetrador al momento de elegir a su víctima: el prejuicio. Eso es lo que permite identificar en estos casos un patrón de persecución.

La alianza Voces LGBT (conformada por Colombia Diversa y Caribe Afirmativo) ha documentado violencia contra la población LGBT en el marco del conflicto armado en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Nariño, Putumayo, Sucre y Tolima. Lo que entregan hoy se centra sólo en Tumaco y en Antioquia, porque esas son dos zonas en las que la JEP ya abrió casos: el 002 que prioriza la situación de derechos humanos padecida por la población de los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte en Nariño; y el 004 que prioriza la situación humanitaria en municipios del Urabá antioqueño y chocoano.

Son, ambas, zonas altamente afectadas por el conflicto, pero las dinámicas de victimización por parte de los actores fueron distintas. De los ocho casos documentados por Colombia Diversa en Tumaco, dos fueron contra mujeres trans y seis contra hombres gays. De los 8, además, 7 fueron cometidos por las Farc. En los 41 casos de Antioquia —de los que fueron víctimas 21 personas LGBT—, 16 fueron perpetrados por las Farc, 20 por grupos paramilitares y uno por la fuerza pública. En Antioquia, Caribe Afirmativo, documentó violencia sexual, amenazas, desplazamiento, homicidios y feminicidios, y esclavitud. Para Enith Bula Beleño, Investigadora de Caribe Afirmativo, son un patrón y una serie de conductas que constituyen un modus operandi de las violencias contra la población LGBT.  Y el fin de estas violencias: el control territorial. “Querían subordinarlas, hacer un uso instrumental de su presencia en los territorios”, explica Mariana García.

Violentar a las personas por “maricas” es una forma de ganar control y legitimidad. Entre los grupos armados y una parte importante de la sociedad civil hay “una idea compartida de que la personas LGBT no son deseables”, dice Díaz, y agrega que es eso lo que les da la legitimidad a los grupos armados y la posibilidad de entrar a estos territorios.

Es paradójico. Marcar el cuerpo de una persona LGBT le genera miedo a la población. Pero al mismo tiempo hay un sensación dentro de la comunidad: “menos mal porque esos maricas son lo peor”, explica Díaz, “es una amalgama perversa entre sociedad civil y actor armado”.

Una violación, un desplazamiento, una amenaza y un homicidio contra la población LGBT son “un mensaje ejemplarizante y de control social”, explica Enith Bula Beleño, investigadora de Caribe Afirmativo. Es decirle a la comunidad que eso no está permitido.

Es hacer que las personas LGBT, a la fuerza y en contra de su voluntad, oculten su orientación sexual y su identidad de género para encajar en parámetros de conducta socialmente aceptables. Esto hace que las mismas víctimas hayan “naturalizado” estas violencias, de acuerdo con Bula. Fueron esas violencias contra ellas o contra las demás personas las que llevaron a las víctimas a “comportarse bien”, es decir a no expresarse ante la comunidad y los grupos armados para evitar ser violentadas

"En nuestra mente machista se piensa que una masacre es un acto propio del guerrero. Y como no tenemos una lupa feminista para entender la guerra, creemos que la violencia sexual no tiene nada que ver con la guerra y con el control"

A la naturalización por parte de las víctimas se suma que las violencias ejercidas contra ellas gozan de total impunidad. “La impunidad hacía parte de este patrón que conformó el crimen de persecución”, explica Bula. Sucedieron en territorios con muy baja presencia estatal, por lo que no hay acceso a la justicia institucional. Y sucedieron, además, en territorios en los que lo LGBT no tenía derecho a existir, por lo que gozaban de impunidad social. “Los actores armados, al conocer esa impunidad sabían que podían seguir perpetrando estas violencias sin reproches por parte del Estado y de la comunidad”, dice Bula. Es por esto que las violencias contra esta población no son hechos aislados. Por el contrario, “tienen todo que ver con las dinámicas de la guerra. Si la guerra no hubiese ocurrido, esas violencias tampoco. Porque controlar los cuerpos es otra manera de controlar los territorios”, dice Daniela Díaz.

Actualmente la JEP está citando a los comparecientes de los casos 002 y 004. En el 002, por ejemplo, están llamando a comparecer a los mandos bajos y medios de las estructuras de las Farc que hacían presencia en los municipios de Nariño priorizados. Por eso, dicen las investigadoras de Colombia Diversa, es indispensable que la JEP tenga desde ya la información sobre las violencias cometidas contra la población LGBT en estos territorios. Con esta información se podrá comenzar a reconocer lo que pasó, se podrá empezar a aportar verdad sobre los casos y saber por qué lo hicieron.

El informe que entregará Caribe Afirmativo con los casos documentados en 13 municipios de Antioquia incluyen hechos de violencia que fueron ejercidas por grupos paramilitares. Aún así, los presentarán ante la JEP porque consideran que es una manera de reconocer esas violencias y de incentivar una reparación integral para las víctimas. “Hay que analizar caso a caso. Entender que una víctima pudo haber sido violentada primero por las Farc y después por los paramilitares”, dice Cindy Hawkins Rada, investigadora de Caribe Afirmativo. Para ella, que la JEP tenga en cuenta estos casos ayudaría a garantizar la no repetición y los derechos de las víctimas.

Está en manos de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Reparación analizar estos casos e incluirlos en los procesos que ya tienen abiertos dentro de los casos 002 y 004. Si eso no sucede, estos casos tendrán que pasar a la etapa de no reconocimiento y pasar por un proceso de litigio, de acuerdo con Daniela Díaz.  Tanto Colombia Diversa como Caribe Afirmativo esperan que se pueda obtener verdad a través de la JEP, porque como explica Enith Bula, la JEP es la oportunidad de reconocer que estas violencias tienen como móvil el prejuicio: “reconocer el crimen de persecución es un paso más para limpiar el nombre de las víctimas. Para entender que no murieron ni fueron violadas ni desplazadas por ser desviadas, sino por prejuicios sociales que debemos deconstruir”.

Aún así, son conscientes de las dificultades que pueden enfrentar estos casos de violencias contras la población LGBT en la JEP. Es difícil porque por la experiencia que ha habido con los paramilitares en Justicia y Paz, por ejemplo, se sabe que ellos reconocen y aclaran hechos atroces como masacres, desplazamiento, ejecución extrajudicial, pero no violaciones. “En nuestra mente machista se piensa que una masacre es un acto propio del guerrero y como no tenemos una lupa feminista para entender la guerra, creemos que la violencia sexual no tiene nada que ver con la guerra y con el control. Eso tiene que ver con la mirada machista del mundo y en particular de la guerra”, dice Díaz.

La violación es en los conflictos un arma de guerra, pero hay una negación a entender que esto haga parte de las dinámicas de control, agrega. Si los victimarios no suelen reconocer que violan a una mujer, mucho menos que violan a un hombre gay o una persona trans. “Nuestra apuesta es totalmente feminista. Que los sujetos en la guerra sean apropiables y penetrables tiene que ver con los roles de género y cómo éstos se refuerzan en el marco de la confrontación armada”, dice. Reconocer que masacraron no pone en riesgo su lugar como guerreros, en cambio que violaron sí. “Renunciar a la victoria simbólica que representa el estatus del guerrero, puede ser más difícil, incluso, que renunciar a su libertad”.

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