Y si los responsables son las disidencias ¿entonces la culpa es del Acuerdo de paz con el grupo guerrillero y él, el Presidente de la República, no puede hacer nada al respecto?
“¿Por qué me dices paramilitar?” inquirió el presidente con el tono desafiante que lo caracteriza cuando es increpado por alguna responsabilidad omitida. No es que grite su molestia, simplemente se acerca e indaga, como midiendo la entereza de su interlocutor, dejando salir su rabia de manera segmentada. Es la pose insegura del que sabe que su poder no lo salva de la desaprobación y se protege planteando siempre una falacia ad hominem contra quien lo denuncia. Pero lo inquietante de este episodio no es un mandatario que se enfrenta a una voz anónima detrás de un cordón de seguridad. Tal actitud valiente, aprendida de su jefe político y celebrada por las bases de su partido, no es nueva. Lo que pasó inadvertido fue la siguiente frase del presidente: “los están matando las disidencias”. Cual fórmula mágica que desaparece el problema, Duque sentenció a los responsables y partió bajo la sombra indiferente de un edificio en La Paz.
El episodio ocurrió el 7 de diciembre durante los actos de posesión del nuevo presidente de Bolivia. Los manifestantes que acusaron a Duque le preguntaban sobre la muerte de los líderes sociales en Colombia. Más de 600 desde el inicio de su gobierno en 2018, según Indepaz. Si entendemos bien la lógica del mandatario, ¿decir que los líderes sociales están siendo asesinados por las disidencias excusa al gobierno nacional del hecho de no detener el fenómeno? Y si los responsables son las disidencias ¿entonces la culpa es del Acuerdo de paz con el grupo guerrillero y él, el Presidente de la República, no puede hacer nada al respecto?
Entre tanto, según cifras de Indepaz, a diciembre 16 de 2020, solo durante este año han ocurrido 85 masacres que dejan un saldo de 356 muertos. Michelle Bachelet, Alta comisionada para los derechos humanos de la ONU sostuvo que ha “documentado 66 masacres, en las que 255 personas fueron asesinadas, en 18 departamentos del país. Además, la Oficina ha recibido información sobre el asesinato de 120 defensores de derechos humanos en lo que va del año. Desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia también ha documentado 244 asesinatos de excombatientes de las FARC”.
Escribir estos números no logra dar cuenta del sufrimiento, terror e indignación que produce la muerte violenta de cada una de las vidas que el Estado colombiano tenía el deber de proteger, incluidas las de los firmantes del Acuerdo de paz. El Ministro de Defensa responde que son “por causa del narcotráfico”. De nuevo, una fórmula alarmante de justificación: ¿Los muertos se lo merecían entonces por presuntamente estar ligados con el narcotráfico (que se expandió gracias al Acuerdo de paz)? ¿Los ciudadanos debemos seguir nuestras vidas tranquilos, asumiendo que lo que es culpa de esa fuerza de la naturaleza inefable que es el narcotráfico, es inevitable?
En la primera mitad del siglo pasado todo era culpa de “La Violencia” (con V mayúscula), esa fuerza oscura o “mano negra” que asesina en Colombia y que nadie puede evitar. En el gobierno de Rojas Pinilla hablaban de los “damnificados de la Violencia”, como si fuese imposible hallar un responsable de la avalancha natural de muertes. Hoy el gobierno habla de las víctimas del “Narcotráfico” y solo vemos gatilleros enjuiciados. No sabemos quién dio la orden, quién desata las fuerzas que asesinan a ciudadanos colombianos como si ese fuese el destino contra el que ningún gobierno puede enfrentarse.
Sin embargo, algo sabemos de las masacres en los últimos 40 años. El Centro Nacional de Memoria Histórica define la masacre como “el homicidio intencional de cuatro o más personas en estado de indefensión y en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar, y que se distingue por la exposición pública de la violencia. Es perpetrada en presencia de otros o se visibiliza ante otros como espectáculo de horror. Es producto del encuentro brutal entre el poder absoluto del victimario y la impotencia total de la víctima”. En el informe Basta ya! De las 1.982 masacres documentadas entre 1980 y 2012, los grupos paramilitares perpetraron 1.166, es decir el 58,9% de ellas. Las guerrillas fueron responsables de 343 y la Fuerza Pública de 158, lo que equivale al 17,3% y 7,9% respectivamente. Por otra parte, 295 masacres, equivalentes al 14,8% del total, fueron cometidas por grupos armados cuya identidad no se pudo esclarecer. Las veinte masacres restantes corresponden a acciones conjuntas de grupos paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, o a acciones de otros grupos armados.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha proferido contra Colombia sentencias en 22 casos contenciosos por la violación de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y en otros tratados internacionales. Los casos abarcan un periodo comprendido entre 1985 y 1998 y corresponden a 96 víctimas directas de desaparición forzada, 77 de ejecuciones extrajudiciales, dos de atentados, una tortura, y el universo de sus núcleos familiares. Estos hechos ocurrieron, entre otros, durante las masacres de Mapiripán, Las Palmeras y 19 comerciantes.
En sus decisiones, la Corte ha señalado que la responsabilidad internacional del Estado se encuentra en actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana. Para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios. Es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención, u omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones. En otras palabras, la atribución de responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en casos en que el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes cuando se encuentren en posición de garantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Lo menos que se puede afirmar con respecto a las graves violaciones de derechos humanos que constituyen los cientos de asesinatos y masacres cometidas en Colombia durante 2020 es la responsabilidad del Estado colombiano al omitir la protección de los derechos fundamentales de las víctimas.
Las masacres constituyen la máxima degradación del conflicto armado en Colombia. Es la exposición de un poder paraestatal que somete a comunidades y poblaciones enteras al terror y el silencio. Es un mecanismo macabro de comunicación que busca arrebatar toda capacidad de liderazgo o agencia de la ciudadanía y establecer un control social y territorial útil a los fines del grupo que las efectúa. Si bien los máximos responsables de los grupos que cometen directamente las acciones deben ser perseguidos penalmente, no debe pasarse por alto que los agentes del Estado que omiten su deber de prevenir, investigar, juzgar y sancionar estas conductas, que ocurren de manera masiva en el país, también ostentan una responsabilidad por omisión, por la cual Colombia ya ha sido condenada en el pasado.
Sí, en Colombia, después de la firma del Acuerdo de paz con las FARC las disidencias y otros grupos siguen matando a personas por medio de homicidios selectivos y masacres y, sí, el Estado sigue siendo responsable por estas conductas.
