El pasado 7 de junio, el presidente Iván Duque recibió en su alocución diaria preguntas de agricultores con motivo del Día Nacional del Campesino. El primero en aparecer ante la cámara le dijo: “Señor Presidente, yo soy Juan Parra, soy campesino y necesito que nos haga el favor y le baje a los insumos para seguir trabajando y darle empleo a la gente, para mandarle la comida a todos los de la ciudad”.

Para entonces habían transcurrido 75 días desde el inicio de la cuarentena y 71 desde la entrada en vigencia de la Resolución 071 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que planteó “medidas extraordinarias tendientes a evitar que se generen incrementos excesivos en los precios de los insumos utilizados para la producción agropecuaria, en comparación con los precios que se ofrecían antes de la Emergencia Sanitaria” por la COVID-19.

El testimonio de Juan Parra -como el de otros agricultores entrevistados por La Liga– muestra que el problema de los insumos no ha sido resuelto. La respuesta de Duque, el Día del Campesino, fue más bien general: “Hemos tomado muchas medidas para abaratar el costo de los insumos. Nos hemos valido también de políticas de control donde no queremos ni especulación ni acaparamiento y hemos tenido el acompañamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en ese propósito”.

Cuatro días después, la SIC abrió una investigación a 274 agentes del mercado, entre empresas y personas naturales comerciantes, que presuntamente omitieron enviar el reporte de precios de comercialización de agroquímicos que por norma deben hacer al Ministerio de Agricultura. La cartera anunció en su página que con esta medida estaban “protegiendo a los productores agropecuarios de aquellos que se quieran aprovechar incrementando injustificadamente los precios de los insumos”.

Sin embargo, lo que hay detrás -y nadie dijo- es que las empresas investigadas venían rezagadas con la presentación del reporte de precios ante el Minagricultura desde antes de la pandemia. Pero hay más, dichas empresas, al final de cuentas, son simples comercializadoras intermediarias que fijan los precios según el costo de los productos. Es en la importación de agroquímicos donde están los peces gordos: tres grandes compañías, Yara, Monómeros y Precisagro, a las que nunca toca el gobierno. Para el congresista del Partido Verde, Jorge Enrique Londoño, «detrás de eso, lo que hay es una protección a los importadores en detrimento de los campesinos” y afirmó que el tema siempre permanece “calladito”.

Las medidas anunciadas durante la cuarentena se explicaron a los campesinos como parte de una estrategia nueva para protegerlos, pero no son tal. Luis Alejandro Jiménez Castellanos, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), dice que el control de precios que hace el gobierno es una “burla”. Sobre la investigación de la SIC, precisa que aunque existan sanciones por parte de esa entidad a los investigados, “eso no resuelve el problema de fondo, porque no se afecta la fijación de precios”. Son asuntos que han venido advirtiendo y están llevando a la quiebra a los campesinos, más en esta temporada de emergencia por la COVID-19.

La política de precios que no es nueva

La “política de control” de la que habló Duque está contemplada en la Resolución 071 del 28 de marzo, por la cual el Ministerio de Agricultura somete al régimen de la “libertad vigilada de precios” a una lista de “productos claves” como insumos agropecuarios, alimentos para animales y medicinas veterinarias. 

La libertad vigilada es una de las tres modalidades de política de precios dispuestas  por la Ley 81 de 1988, y es la más laxa. Consiste en que los comercializadores fijan los precios libremente y están obligados a reportarlos a las autoridades junto a la cantidad vendida.  Los gobiernos también pueden optar por la libertad regulada (el Estado pone condiciones para la fijación de precios) y por el control directo de los precios (el gobierno pone un techo a los precios), cuando sea necesario, para garantizar el acceso de los consumidores a los productos. La aplicación de la libertad vigilada le compete a Minagricultura, está vigente desde 2006 y se ratificó en 2007.

El director de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas del Ministerio de Agricultura, Andrés Silva Mora, le dijo a La Liga que la entidad, “desde hace muchos años le hace vigilancia a los precios, desde hace 15 años, yo creo […] Lo que nosotros hicimos –y en el marco de la pandemia se nos facilitó– fue robustecer el marco de política de libertad vigilada […] Desarrollamos un aplicativo para hacerlo mucho más preciso, mucho más exacto”.

Las novedades de la Resolución 071 son solo dos: que los reportes de precios se harán ahora por el nuevo software SIRIIAGRO y que la cantidad de productos vigilados disminuyó en un 20 %.

Ninguna de estas novedades está relacionada con la crisis que atraviesan los agricultores en tiempos de COVID-19, sino que corresponden al normal desarrollo de una política de insumos que Minagricultura empezó a diseñar desde el año pasado y que la pandemia solo “facilitó”, en palabras de Silva Mora.

La otra medida del gobierno, la investigación de la SIC a 274 empresas anunciada una semana después de la pregunta de Juan Parra al Presidente en su alocución del Día del Campesino, tampoco fue precisamente para controlar los precios en la pandemia. Es el resultado de infracciones viejas al reporte de precios que el Ministerio de Agricultura denunció apenas ahora, en medio de la emergencia. 

Silva Mora dijo que antes de lanzar el software de la resolución 071, su dirección depuró las bases de datos anteriores y encontró las “274 empresas que pasaron más de seis meses sin reportar [precios de los insumos al Ministerio] y eso se ofició a la SIC”, lo que terminó en la investigación a las comercializadoras de agroquímicos. Así las cosas, al Ministerio le tomó casi tres meses desde la emisión de la Resolución 071, denunciar a estos antiguos infractores del reporte de precios; pero para Silva Mora esto está bien ya que “la idea es mandar mensajes claros de que se está haciendo vigilancia”.

Para ser incluida en la investigación de la SIC durante la pandemia, una empresa tuvo que pasar al menos un semestre sin hacer reportes a Minagricultura. De cualquier forma no se trata de una investigación relacionada con los precios inflados en la actual emergencia, ni incluye a los grandes importadores de agroquímicos, que es lo que denuncian los productores del campo.

El grave problema agudizado por la emergencia

En el campo los efectos del alza de precios en los insumos se sienten. Sandra Patiño dirige una asociación de pequeños productores de hortalizas en Sogamoso, Boyacá. “Cultivamos menos de una hectárea y no todos cuentan con predio propio, unos están en arriendo”, dijo. El aumento de precios en medio de la pandemia impacta su ya frágil situación. Tanto Patiño como sus 25 asociados se abastecen de abonos en el casco urbano del pueblo y, por ejemplo, por un bulto de Triple 15, un abono químico, pagaban “antes $70.000 y ahora está costando $100.000”. 

Ni la libertad vigilada ni la investigación de la SIC han aliviado a agricultores como Patiño. Para producir 15.000 plántulas de lechuga batavia, que se demora dos meses, dijo que debe fertilizar una vez con tres bultos de Triple 15, lo que representa hoy 90.000 pesos más de lo que pagaba antes de la COVID-19. Para el tomate y el pimentón, que son cultivos de siete meses y un año, respectivamente, necesita fertilizar cada 15 días y con más cantidad. 

Según información del Ministerio de Agricultura, en mayo de 2020, el precio más bajo al que se vendió el Triple 15 se registró en Barranquilla, Atlántico, por un valor de 76.227 pesos (apenas por encima de lo que pagaba Patiño antes de la pandemia). En otros municipios superó ese valor hasta alcanzar el precio máximo registrado de 109.500 pesos en San Vicente, Caquetá. 

La primera explicación del alza está en que todos los fertilizantes químicos que usan los campesinos son importados o están hechos de derivados de petróleo extranjero, es decir, su producción depende del precio del dólar y del crudo. Al inicio de la pandemia “el efecto combinado entre aumento de precio internacional más aumento de tasa de cambio, en algunos casos, dio un incremento en los precios nacionales de 26, 28, 30 %”, explicó Silva Mora, de Minagricultura.

Sin embargo, cuando el petróleo bajó de precio durante la pandemia “y bajó, incluso a valores negativos, pero estuvo en 20 dólares, en 25, el fertilizante nunca bajó”, se queja Germán Palacios, presidente de la Federación Colombiana de Productores de Papa (Fedepapa), uno de los gremios que pide el control directo de los precios de los agroquímicos por parte del Ministerio de Agricultura.

Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), detalló que, normalmente, los insumos agropecuarios representan entre el 25 y el 40 % de los costos de producción de cualquier comida nacional. En el caso de la papa, este rubro llega hasta el 50 %, según Palacios.

A la dependencia de productos importados hay que sumar la “cantidad de intermediarios” que hay entre el puerto y la finca “que hacen que se vaya elevando el costo”, explicó Silva Mora, aunque Palacios, de Fedepapa, discrepa: “Esa teoría de los distribuidores es completamente falsa […] No estamos de acuerdo con eso. Somos distribuidores de insumos agropecuarios, por eso tengo la certeza de lo que le estoy diciendo”.

Para Jiménez, presidente de la ANUC, la libertad vigilada de la que habla el gobierno “es un saludo a la bandera”. “El productor, distribuidor y comercializador se ponen de acuerdo en el precio y ellos simplemente le informan al gobierno, no va más allá de eso. Le cuentan, pero después de que ya lo han cobrado. Eso es una burla”, señaló. Sobre la investigación de la SIC, Jiménez dijo que aunque existan sanciones por parte de esa entidad a los investigados, “eso no resuelve el problema de fondo porque no está afectándose realmente la fijación de los precios”. 

Para el senador Jorge Enrique Londoño, ni la Resolución 071 ni el anuncio de la SIC fueron suficientes. El 1 de mayo encabezó un debate de control político al ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, en el que le pidió medidas más drásticas para frenar el aumento de los insumos agropecuarios.

En medio de esta discusión sobre si la política de precios debe ser de vigilancia o de control directo hay un punto ciego: un actor fundamental que siempre está por fuera de todo debate y que, sin embargo, nunca pierde.

«Detrás de eso, lo que hay es una protección a los importadores en detrimento de los campesinos. Si el gobierno quisiera, regularía los precios e iniciaría programas alternativos como el de tratar de incentivar la producción de insumos menos químicos y más ambientales, pero lo que no hay es voluntad política«, afirmó el senador Londoño a La Liga.

Un ecosistema para peces grandes

Ninguna de las empresas más grandes de producción de agroquímicos en Colombia, que se quedan con la mayor parte de las ganancias del mercado, fueron tocadas por la investigación de la SIC. El mercado de insumos en Colombia involucra a unas 7.500 empresas registradas ante el Instituto Colombiano de Agricultura (ICA), de las cuales 1.500 son importadoras/productoras y el resto distribuidoras/comercializadoras, según información de Silva Mora, de Minagricultura. 

Sin embargo, Palacios, de Fedepapa, dice que “los agricultores están en manos de tres compañías que son las que producen fertilizantes, que son Yara, Monómeros y Precisagro. Estas empresas se están apoderando cada vez más, para tener una rentabilidad mucho mayor a costa de los productores del sector agropecuario”.

Las tres empresas son importadoras/productoras, todas son multinacionales y están agremiadas a la Cámara de Procultivos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), donde Silva Mora, de Minagricultura, aseguró tener un diálogo muy fluido. “Son conscientes de que hay muchas quejas de que están poniendo precios y han sido súper receptivos para dar información y participar, un poco con la lógica de sincerar las cifras y que se sepa que ellos no es que sean los malos de la película”.

La posición de la Cámara de Procultivos es que el mercado de los agroquímicos “se tiene que regular por sí solo”, dijo su vocera María Helena Latorre. En entrevista con La Liga, explicó que desde el año 2000 le pidieron al gobierno una política integral, porque hasta ahora “el foco ha sido que tenemos que bajar los costos [de producción] bajando los precios [de los fertilizantes y los plaguicidas]”. Latorre señaló que desde 2006 han colaborado y apoyado a Minagricultura para que continúe con la vigilancia de precios. 

Latorre envió a La Liga documentos con gráficas (primero, segundo) de los precios internacionales de los fertilizantes simples comparados con los precios internos que ellos mismos han reportado a Minagricultura, para refutar la idea de que los precios nacionales no bajen como los internacionales. No incluye los fertilizantes compuestos ni los datos mensuales en el periodo de pandemia. 

Sobre las tres empresas más grandes del sector, Latorre admitió que sí concentran el mercado, “eso sucede en el mundo”, pero descartó que incurran en acaparamiento y otras prácticas perjudiciales. Apuntó que la SIC hizo una detallada investigación del sector para determinar si existen posiciones dominantes “y en algunos submercados pueden existir […] pero no existe abuso de posición dominante ni de fijación de precios”. El estudio es de 2013 cuando había más compañías en el mercado.

Ninguna de las empresas productoras figura en la lista de las 274 investigadas por la SIC, como confirmó Silva Mora: “Esas denuncias están entre comercializadores/ distribuidores. No creo que haya productores/ importadores”.

Sin embargo, el funcionario niega falta de control a las grandes compañías o presiones relacionadas con ese sector. “Te puedo decir, desde el cargo donde yo estoy: no he tenido ninguna presión por parte de ninguna industria en torno a este tema de la vigilancia, de hecho, ellos han sido muy colaboradores”.

Por ahora, las autoridades se limitan a no tocar los precios sino a mirar con más detenimiento cómo suben, a través del software SIRIIAGRO. En el primer boletín de precios de agroinsumos, que usa esa aplicación, se observa que en casi todos los fertilizantes se registran incrementos entre febrero y abril de 2020. “Por eslabones de la cadena de comercialización, los mayores incrementos se registran en los precios de los productores-importadores, mientras que en los distribuidores las variaciones son inferiores al 5%”, se lee.

«Esto de los insumos se ha mantenido calladito, nadie habla de eso, y claro, es un gran negocio, y es un negocio que perjudica a los campesinos», dijo el senador Londoño.

La revista Dinero publicó en 2019 el listado de las 500 empresas más grandes de Colombia, y en el sector de las agroindustriales, Yara y Monómeros ocupan el primer y segundo lugar en la lista, con más de un billón de pesos en ventas cada una en 2018, el doble de la tercera en la lista, en la que Precisagro ocupa el cuarto lugar. 

El diario La República hizo un ránking similar con las mil empresas más grandes del país, sin discriminar por sectores, en el que las tres multinacionales de los agroinsumos quedaron en la primera mitad. Yara en el puesto 121, Monómeros en el 147 y Precisagro en el 409.

Yara es la empresa de fertilizantes más importante a nivel mundial. Con más de un siglo de historia, fue fundada en Noruega y tiene presencia en más de 50 países. En Colombia creció aún más con la compra de Abonos Colombianos S.A. (Abocol) en 2014 y desde entonces opera en Cartagena. En ese momento algunos analistas alertaron sobre la concentración del mercado de fertilizantes. Para 2016 la firma anunció una millonaria inversión en Colombia con un apretón de manos con el entonces presidente Juan Manuel Santos.

– We are investing more than $100M in Colombia, growing productivity & prosperity, says Yara’s CEO Svein Tore. https://t.co/nfRRiMjCTQ pic.twitter.com/P2VsoqAY9h

— Yara International (@yara) September 26, 2016

Por su parte, Monómeros es filial de la petroquímica estatal venezolana Pequiven y tuvo participación colombiana, a través de Ecopetrol y el Instituto del Fomento Industrial, hasta que vendieron sus acciones en 2006. Esta empresa, con base en Barranquilla y sucursal en Buenaventura, sufrió en 2019 una tormenta política y administrativa que la puso bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades de Colombia.

Como empresa estatal venezolana, Monómeros estaba dirigida por el gobierno de Nicolás Maduro. En abril de 2019, Juan Guaidó tomó control de la filial en Colombia, como lo hizo con otros activos en el extranjero, al ser reconocido por el gobierno de Duque como presidente de Venezuela. Ese mismo mes la Superintendencia de Sociedades sometió a control a la empresa por “una situación crítica de orden financiero y económico”.

Para principios de 2020, Monómeros registró una recuperación en tiempos en los que otros sectores están en crisis. Según El Heraldo, el volúmen de ventas de Monómeros aumentó un 18 % en el primer semestre de 2020, en comparación con el mismo periodo de 2019, y sus utilidades subieron un 172 %. 

Ante una consulta de La Liga sobre la situación actual de Monómeros, la Supersociedades informó que luego de la implementación de un “plan de mejoramiento”, a partir de febrero de 2020 la empresa fue “exonerada de control” y pasó a ser “una sociedad vigilada” por esa entidad.

La tercera compañía más grande del mercado, Precisagro, es la subsidiaria colombiana de la gigante Disagro, de origen guatemalteco. En 2011 la empresa abrió las puertas de su primera planta, en Yotoco, Valle del Cauca, y tras un exitoso primer año de operaciones construyó una segunda en Soledad, Atlántico, y tiene posibilidades de seguir creciendo.

Las operaciones de estas compañías se basan en la importación de materias primas, que ha crecido con el tiempo y que tienen a Estados Unidos como principal proveedor, según datos del DANE-DIAN, procesados por la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo.

En un mercado en el que prima la importación, las alternativas para adquirir productos locales son reducidas. Por normas de calidad y reglamentación interna, un agricultor solo puede usar el abono orgánico que fabrica para autoconsumo. En el caso de los abonos químicos, Fertilizantes Colombianos (Ferticol), la última empresa de producción local que quedaba y que utilizaba petróleo de Ecopetrol, perdió fuerza por malos manejos hasta que fue liquidada en abril de 2018 con una deuda a sus empleados mayor a los 60.000 millones de pesos.

Doble rasero

Las dudas sobre la actuación de los grandes importadores/productores de insumos y la inacción del gobierno crecen proporcionalmente a la ruina de los campesinos. El control de precios que el Estado se niega a implementar para los agroinsumos, sí lo está aplicando para los precios de venta de los alimentos desde abril con el decreto 507 de 2020. 

En esta situación, los altos costos de producción son asumidos por el agricultor, que cosecha caro y vende barato, y no por el consumidor final. “Es bastante perverso, mientras el campesino está comprando insumos a precio inflado, sí está vendiendo su producto a peso colombiano”, anotó el senador Londoño.

Óscar Gutiérrez, vocero de Dignidad Agropecuaria, describió también cómo en estos meses de pandemia ya no es negocio producir alimentos: “Productores de pera y de durazno en Nueva Colón, Boyacá, que no pueden sacar; productores de papa que han expresado que la van a dejar enterrada porque no vale la pena sacarla; zonas en las que la producción de mango está  sin  vender; casos de yuqueros que voltearon la tierra, con el cultivo ahí, metieron el tractor y picaron esa yuca, y la dejaron ahí de abono; casos de productores de leche que tienen que botarla porque no la han comprado; productores de queso que no tienen cómo colocarlo”.

“En el Ministerio de Agricultura dicen que ellos compraron o van a comprar toda esa producción [perdida], pero es pura carreta”, dijo Jiménez, de ANUC, al reclamar la falta de respuesta. “Por ejemplo, el tema de la yuca en Córdoba y Bolívar es altísimo. Esta semana le escribí al asesor del ministro: ‘oiga, tenemos 350 toneladas de yuca dulce allá’, y ni siquiera responden”.

Jiménez está seguro de que el costo de los insumos “se va a ver reflejado en los próximos meses en menores áreas sembradas”. Esta tendencia se empieza a notar en el boletín diario de precios mayoristas del 1 de julio del DANE, donde la mayoría de reportes de precios de verduras, hortalizas, frutas y tubérculos están al alza por menor producción.

Gutiérrez, de Dignidad Agropecuaria, tampoco ve solución a la quiebra de los campesinos en los programas lanzados por el gobierno para conectar al productor con las cadenas de supermercados, a través de las federaciones. “Nosotros sabemos cómo es el cuento de las ventas en todas esas cadenas, pues exigen unos procedimientos, normas de calidad, devuelven productos, descuentan arbitrariamente de los pagos, pagan a 45 días, hacen lo que quieran. Ellos son los dueños del mercado. Y ahí no hay ningún tipo de control ni de nada”.

Silva Mora, de Minagricultura, concentra sus esfuerzos en el diseño de un programa que subsidie el 30 % de la compra de insumos, que aún no se ha lanzado. Planea también un piloto para finales de este año en el que un grupo de productores hagan una compra centralizada de insumos y accedan así a precios de mayorista, algo que la compra al detal no les permite hasta ahora. 

Lo cierto es que los agricultores no tienen herramientas para resolver por su propia mano el problema de los altos costos de producción y bajos precios de venta que los afecta. Dependen de empresarios que concentran el mercado y de gobernantes que presentan como nuevas estrategias las mismas que existen hace varios años. “Toca esperar a ver si sí es verdad que no va a haber problemas de abastecimiento”. Así resume Guitérrez, de Dignidad Agropecuaria, la incertidumbre hacia el futuro.