El pasado 6 de abril, los indígenas Embera que desde hace siete meses están asentados en el Parque Nacional de Bogotá bloquearon la avenida séptima en protesta. Dicen estar cansados de vivir en entre el plástico negro, el frío de la ciudad y el cemento mojado. Pero el conflicto armado y la falta de cumplimiento a lo pactado con la Alcaldía de Bogotá, aseguran, los ha obligado a permanecer en la ciudad.

—Nuestros niños solo comen pan y agua—, cuenta William Campo, líder indígena de la comunidad Embera Katío. —Por esa razón nosotros cerramos la Séptima, porque el gobierno nos ha incumplido en todo—, dice refiriéndose al enfrentamiento entre el ESMAD y su comunidad el 6 de abril.

Según la policía, los indígenas retuvieron e intimidaron 30 carros que pasaban por la carrera séptima, les pidieron plata y supuestamente retuvieron a unos gestores de convivencia de la Alcaldía, lo que según ellos justificó la intervención del Esmad que dejó 23 personas heridas, incluyendo 2 mujeres embarazadas.

—Los embera no somos violentos, queremos medidas de seguridad, comida y  vivienda— dice Leonibal Campo Murillo, otro líder Embera.

Según cuenta Jairo Montañez, líder indigena Wayú y antropólogo de la Universidad Nacional, la comunidad indígena está a la espera de una caracterización que les permita ser reubicados de manera definitiva y proveerles un territorio nuevo para vivir. 

Hasta el momento, sin embargo, la caracterización que había identificado 536 núcleos familiares y 1.587 personas en el campamento del Parque Nacional quedó mal hecha   (hubo un error del 60% en el censo) y la Alcaldía Mayor, en cabeza de la Secretaría de Gobierno, le dijo a los indígenas que debían esperar y volver a hacer el proceso. 

Es inaudita la presencia del ESMAD en las inmediaciones del Parque Nacional ¡Que este no se convierta en un nuevo escenario de arrepentimiento por lo cometido, alcaldesa @ClaudiaLopez! Hay más de 300 bebes, niños y mujeres embarazadas acompañando el #ParoIndigena. pic.twitter.com/TjqeaXc2m0

— Fundación Asimetría Cero (@AceroONG) April 7, 2022

La situación no es nueva

Los asentamientos de los Embera Katío en Bogotá no son nuevos sino que datan, al menos, desde 2010. Una década después, sin embargo, la Alcaldía de Bogotá, en cabeza de la Secretaría de Gobierno y la Subdirección de Asuntos Étnicos, estableció mesas de diálogo. En esas conversaciones, las comunidades han pedido un territorio para vivir, vivienda digna, acceso a agua potable, un aseguramiento económico para cubrir arriendo, posibilidades de trabajo, pero sobre todo piden condiciones de seguridad lejos del conflicto armado. En pocas palabras, exigen una ruta de reparación a las víctimas. 

—En el 2020 estuvieron en Ciudad Bolívar y San Cristóbal, pero se fueron al Parque Nacional—, dice Tupac Amaru, asesor de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y ex asesor de políticas públicas de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá. 

La situación es injusta por donde se le mire, como lo dice la Alcaldesa Mayor Claudia López. Los embera Katío están en peligro de extinción, su ubicación original está entre Antioquia y Chocó, dos de los lugares más vulnerables al conflicto armado actualmente por la presencia de las llamadas disidencias. 

En respuesta, la Alcaldía se ha comprometido en varias ocasiones a ofrecerles a los Embera mercados, reubicación, bonos solidarios para alimentación y manutención. Pero esos compromisos, dice la comunidad embera, no se han cumplido. 

—Nosotros no queremos que nos den todo, necesitamos tierra para sembrar, porque es lo que sabemos hacer—, esta es la respuesta de René Tique, Indigena embera y responsable de la guardia en el Parque Nacional, frente a sí vivir del dinero del gobierno puede ser una medida asistencialista y poco sostenible. Tupac, además, señala que toda medida asistencialista es paternalista y discriminatoria, y que las soluciones deben surgir de procesos consultivos y de concertación con la comunidad indígena.

Por su parte, la Alcaldía de Bogotá ha asegurado que desde marzo del 2020 se han destinado 1.895 millones en atención a la comunidad. En la pandemia, por ejemplo, la Alcaldía propuso incluirlos en el programa Bogotá Solidaria, un bono de arrendamientos y uno de alimentación que les fue asignado por cuatro meses. A su vez, secretaria de Hábitat dice que ha entregado 181 millones de pesos en arriendos y Unidad de Victimas dice haber girado casi 482 millones de pesos en giros humanitarios. 

La Secretaría de Gobierno, además, habló este año de asentarlos en el  polideportivo de Arborizadora Alta en Ciudad Bolívar y en el Parque la Florida, a la salida de Bogotá por la calle 80.  En este último sí hubo asentamiento y retorno.

Líderes del asentamiento del Parque Nacional como William Campo o Leonibal Campo, dicen enfáticamente que un polideportivo u otro espacio público no puede ser el lugar de retorno definitivo para ellos. Ellos reclaman un posible retorno que les garantice seguridad en su territorio.

—Si nos vamos de acá el Gobierno va dar por terminado nuestro proceso—, cuenta René sobre la reubicación. Además comenta que esta lucha por el reconocimiento y la reparación lleva años y que juzga es un acompañamiento continúo que debe hacer el Gobierno, porque las necesidades son varias y crecen con el abandono y la pobreza. Y es que muchos de los indígenas que habitan los cambuches están amenazados por los grupos armados y permanecer en el Parque Nacional es una forma de sobrevivir física y culturalmente.  

Salieron de su territorio huyendo del conflicto, pero también lo han encontrado en la ciudad y el enfrentamiento con la fuerza pública lo demostró:

 —Los niños no quieren salir de los cambuches, las mujeres lloran porque tienen miedo. Lo de anoche nos dejó a todos asustados —, dijo el jueves William Campo a Cerosetenta.

—Llevamos acá meses y estamos sufriendo. Pero preferimos sufrir que morir en el conflicto armado. Queremos tierra para vivir y cultivar—, menciona René Tique.

Sin embargo, retornar la comunidad al territorio del que huyeron parece no ser la solución que demanda el problema. Así lo asegura Duván Carvajal,  exfuncionario de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno y actual defensor de los derechos étnicos.

—Los Embera ya viven en Bogotá y no van a retornar, porque en su conciencia el Parque Nacional ya es su territorio. Y habitar en Bogotá implica respetar su organización y la posibilidad de tener un gobierno propio, un gobierno autónomo indigena. Por otro lado, lo que el gobierno acuerde con un pueblo indigena debe acordarse con todos los demás, por derecho de igualdad—, dice.

Esto implica en pocas palabras, que el desalojo no es una opción y que moverlos del parque no depende solo de la voluntad de los ciudadanos o incluso de la Alcaldía Mayor, se debe tener un protocolo humanitario muy detallado, porque los Emeberas cumplen con todas las vulneraciones descritas en la Unidad de Víctimas. Incluso, el accionar del Esmad durante la noche del 6 de abril, debió estar regido por la directiva 016 del 2006 que obliga a la fuerza pública a reconocer los Derechos Humanos de las comunidades indígenas. 

—Estamos cansados de comer pasta y pan—, pero la resistencia continúa, concluye René Tique.