La JEP no sólo es un aparato jurídico: un discurso de María Emma Wills

La ex integrante de la Comisión Histórica y actual profesora invitada en la Universidad de los Andes pronunció este discurso durante el balance de dos años de la JEP. Invita a entender esta justicia como un archivo vivo de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser como sociedad.

María Emma Wills

Profesora Visitante, Facultad de Artes y Humanidades, Universidad de Los Andes

04.02.2020

Primero, quiero agradecer a quienes tuvieron la deferencia de invitarme a hablar hoy en este balance del segundo año de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, en particular a su Presidenta Patricia Linares, y al Magistrado Danilo Rojas. Para mi, es un honor estar hoy acompañándolos.

He dividido mi presentación en tres momentos, uno introductorio en el que reflexiono brevemente sobre la mirada de “todo o nada” que los colombianos y las colombianas solemos construir sobre nuestro presente; uno segundo en el que delimito los criterios que, desde mi punto de vista, deben orientar la evaluación de todo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRR) y en particular de la JEP; y un último en el que hablo de lo que yo, como profesora y ciudadana rasa colombiana, he podido aprender de las audiencias que la JEP ha adelantado y que he tenido la oportunidad de repasar en varias ocasiones porque son públicas y pueden ser consultadas en red.

Del todo o nada y sus peligros

Suelo constatar que muchos gestores de opinión alimentan una mirada lúgubre y empobrecida de nuestra realidad. Pueden provenir de contrapuestas orillas políticas, pero comparten un sentido de “catástrofe inminente”. Auguran naufragios y debacles, e instalan en los imaginarios una aprensión sobre el futuro, sembrando las semillas de la desesperanza.

En todos los países, existen profetas apocalípticos, pero quizás en Colombia la diferencia radica en que, de tanto en tanto, suelen tener resonancias en amplios sectores de la opinión. Estas resonancias son preocupantes porque pueden transformar los malos augurios en profecías autocumplidas, convirtiéndose en estocadas certeras a procesos de cambio que apenas despuntaban.  

Cualquier proceso transicional como el colombiano enfrenta enormes desafíos. No existen milagros ni tampoco varitas mágicas para pasar de una situación de conflicto armado a un escenario donde los contrarios se perciben como adversarios legítimos y dirimen sus contradicciones por la vía del debate, la confrontación electoral y la contestación social en plazas y calles. Es necesario entonces recordarlo: Pasar de la política arropada en las armas a la política sin armas es un proceso, y un proceso que suele ser tortuoso, más aún si el conflicto ha sido tan prolongado como el nuestro.

Por eso, para no ahogar esta transición antes de tiempo con augurios apocalípticos, es necesario evaluar el contexto, reconociendo las dificultades y los reveses, pero también las semillas que albergan el potencial de encarrilarnos por sendas que nos permitan –ni más pero tampoco menos— vivir juntos sin matarnos, y cultivar un trato respetuoso como conciudadanos. Entre las semillas cargados de posibles futuros en paz, se encuentra justamente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

De los criterios de evaluación

¿Qué buscaba el SIVJRR cuando fue creado? ¿Con qué criterios evaluar a la JEP? Para responder a estas preguntas, es necesario recordar las apuestas que inspiraron el Sistema porque son ellas las que deben servirnos de rasero para evaluar su actuación. 

En primer lugar y acorde a la doctrina jurídica internacional, el Sistema buscó poner a las víctimas en el centro de todos los esfuerzos. Ellas reclaman verdad y justicia, y en reiteradas ocasiones y de manera conmovedora, han manifestado que sus luchas se orientan a que nadie en nuestro suelo pase por los sufrimientos, los miedos y los vejámenes que ellas han injustamente padecido. “¡Que otros no vivan lo que mi familia y yo hemos tenido que soportar!”. Esa súplica, ese ruego, esa aspiración, es la que las anima a ellas, y, por qué no decirlo, no solo a ellas sino también a muchos de nosotros que, sin haber sufrido en carne propia los ultrajes de las violencias, compartimos su deseo de un país en paz.

La no repetición requiere entonces el tránsito de la indiferencia al involucramiento en las cuestiones públicas; de la incomprensión a la lucidez histórica; de la insensibilidad moral al discernimiento de lo que no es aceptable bajo ninguna circunstancia

Pero, ¿cuáles son las condiciones para alcanzar esa anhelada no repetición?  Quizás lo primero que es necesario reconocer es que la no repetición pasa por identificar a los responsables de infligir los daños, pero va más allá de esa individualización. Sí, es importante que en los procesos de verdad y de justicia se establezca que esta persona y aquella otra fueron responsables directos; que se sepa quién oprimió el gatillo; quién fue el que violó; quién el que torturó; quién el que amenazó; quién el que secuestró; quién el que se encargó de reclutar a niños y niñas; quién el que desapareció; quién el que desplazó. Pero la no repetición no se desencadena sólo con la lista interminable de los nombres de los responsables directos. Requiere, para ponerse en marcha, sobre todo de un proceso pedagógico, de un diálogo intergeneracional que le permita a nuevas y viejas generaciones pasar del registro caso a caso y nombre a nombre, a una comprensión integral y global sobre las condiciones y los entramados que permitieron el horror y la ferocidad ejercida, los patrones reiterados, y la impunidad de unos y otros.

Porque, ante todo, la no repetición prospera cuando masivamente una ciudadanía, con juicio crítico y sensibilidad moral, se compromete a ser veedora de los acontecimientos que se desenvuelven en su presente y se convierte, con convicción, en barrera moral para que ciertos hechos que ofenden la consciencia humanitaria de nuestro tiempo no se repitan.  La no repetición requiere entonces el tránsito de la indiferencia al involucramiento en las cuestiones públicas; de la incomprensión a la lucidez histórica; de la insensibilidad moral al discernimiento de lo que no es aceptable bajo ninguna circunstancia.

Y es con este horizonte en mente –el cultivo de una ciudadanía concernida por la suerte de sus congéneres y capaz de actuar en defensa de un trato regido por el respeto a la dignidad humana—que veo en la JEP no solo un aparato jurídico que culmina en sentencias sino un andamiaje que en el proceso de impartir justicia se convierte en un gran registro histórico de nuestro pasado pero también de nuestro presente, del que todos podemos aprender si hacemos uso de él y lo convertimos en archivo vivo.

La JEP: Un archivo a la espera de hacerse vivo

Cuando veo en el canal de la JEP en YouTube los informes orales, las audiencias de reconocimiento o de observaciones, me anima la convicción de que, en mi país, algo realmente trascendental está ocurriendo. 

Allí están consignadas las voces de las víctimas, lo que ellas piensan, sienten, exigen. Allí están también sus reclamos, sus hipótesis sobre por qué pasó lo que pasó, los hallazgos sobre responsabilidades, sistematicidad, o dispositivos de impunidad que ellas han logrado establecer en su largo trasegar por instituciones y vericuetos de la justicia ordinaria. Aprendo de las voces de las víctimas, tanto de las que provienen de sectores privilegiados como Ingrid Betancourt, como de aquellas que pertenecen a los sectores más discriminados y excluidos, como las Madres de Soacha.

Así, descubro que el saber académico que se requiere para reconstruir contextos ha dejado de estar encerrado en los salones de clase o las bibliotecas, y ha sido cultivado por las víctimas para hacer comprensible lo incomprensible, y darle sentido e inteligibilidad a lo vivido.  

Muchas de ellas, sin haber transitado por una educación formal, han ido reconstruyendo, a partir de sus propias indagaciones, el entramado de complicidades institucionales que dio lugar al oprobio de las ejecuciones extrajudiciales o, en el caso de las FARC, las decisiones y cadenas de mando que hicieron posible el secuestro a gran escala. En sus testimonios, encuentro un método de esclarecimiento que sigue pistas, insiste, escarba, encuentra contradicciones, hurga y aprende de protocolos y formalidades.

Las madres de Soacha, más que yo, politóloga graduada con doctorado a cuestas, saben que luego de un combate viene una “legalización”; que los uniformes que portaban sus familiares no tenían perforaciones de supuestos combates; que el CTI o Medicina Legal no cumplió con los protocolos; que la misma funcionaria hizo los levantamientos de cuerpos de varios de los asesinados…

Del testimonio de Ingrid Betancourt sobre su secuestro queda claro que el trato que sus captores le dieron estaba orientado a quebrar su voluntad y su dignidad; que ningún oprobio era improvisado; que el niño carcelero que el primer día llegaba con curiosidad a preguntar sobre su vida “allá afuera” se transformaba, bajo el influjo de órdenes, eufemismos, y chistes oprobiosos, en un pequeño déspota orientado a humillarla y vejarla. Gracias a su presentación, se comprende cómo se puede pasar de la niñez a la monstruosidad en un abrir y cerrar de ojos, bajo el influjo de unos adultos que autorizaban e instigaban al trato cruel de los secuestrados.

Estamos ante una encrucijada: o dejamos morir estas huellas y fuentes en los anaqueles, o podemos usarlos para suscitar los debates que el país necesita para que, por fin, el respeto de la dignidad humana oriente nuestro devenir social.

De las presentaciones de los comparecientes, también expando mi comprensión de lo ocurrido. Observo lo protocolario que en ocasiones es su intervención, pero también las dificultades que la consciencia humana tiene para afrontar la responsabilidad por los daños causados; los meandros argumentativos que a veces los responsables tejen para justificar lo injustificable; y el uso recurrente de los eufemismos para minimizar la gravedad de lo acontecido. Se podría pensar, escuchándolos, que en ellos no hay rastros de arrepentimiento, pero entonces en alguna versión se cuelan variaciones que dan cuenta de la dificultad de estar ahí, pidiendo perdón, “perdón a dios, perdón a las víctimas, perdón a mis padres que no me enseñaron a cometer estos delitos”.  A algunos de estos hombres tan curtidos en la guerra, también, en ocasiones, se les quiebra la voz. Así, el reconocimiento de responsabilidades se revela un tumultuoso proceso tanto a nivel personal como institucional y colectivo. Quizás más o igual de difícil que la cárcel, es pedir perdón públicamente, aceptar que se cometieron los peores crímenes, y descubrir que no había justificación.

Cuando escucho de nuevo estos videos, encuentro en ellos toda una pedagogía emocional, moral e investigativa. Por un lado, como ciudadana, me siento compungida, habitando un país en ruinas, sobre todo de tipo moral.  ¿Cómo pudo suceder este horror? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué hice para detenerlo?

Afortunadamente, a este sentimiento de duelo y vergüenza se contrapone el asombro que me producen las víctimas, por el coraje y la entereza que han mostrado para vencer el miedo, y denunciar y reclamar.

Por otra parte, como académica, veo cómo los escenarios de la JEP, con estos videos puestos a disposición del público, se transforman en archivos y fuentes a los que se les pueden hacer preguntas de distinta índole en las aulas de clase, en los medios de comunicación, en los debates en el café de la esquina, así como en el Congreso de la República. Mirándolos, me surgen preguntas de muy diverso orden.

Pero sobre todo, del conjunto emerge una representación de lo que somos y hemos sido: un país enormemente desigual, donde , por un lado, las personas de sectores más privilegiados sufren secuestros por parte de una guerrilla que en el largo conflicto armado eclipsó las líneas rojas que nos hacen humanos; y , por el otro, las más excluidas y discriminadas, afrontan las desapariciones forzadas de sus seres queridos a manos de integrantes de la Fuerza Pública que, paradójicamente comparten  a menudo con las víctimas una misma condición social.

Y para concluir

Estas páginas son un ruego. Un ruego a los periodistas, los académicos, los estudiosos de la justicia transicional, los maestros, maestras y profesores universitarios, para que vean en el desenvolvimiento de la JEP no solo un aparato jurídico que de tanto en tanto hace declaraciones públicas y produce sentencias, sino una escenificación estremecedora de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. En las aulas de clase, en los medios, en los círculos políticos, en los talleres de creación artística, estos archivos del “presente-pasado-futuro” son enormemente poderosos: suscitan preguntas, debates, reflexiones que conectan a la juventud con lo que aconteció y acontece en su país. Nos permiten además profundizar sobre preguntas ontológicas en torno a la condición humana, los entramados y las condiciones históricas que le abren las compuertas al potencial de trato oprobioso que las personas albergamos en los más profundo de nosotros mismos.

Esta fuerza pedagógica puede, sin embargo, diluirse si estos archivos se refunden en medio de la avalancha de noticias diarias. Es cierto: Estamos ante una encrucijada.  O dejamos morir estas huellas y fuentes en los anaqueles, o podemos usarlos para suscitar los debates que el país necesita para, por fin, encausarnos por las sendas de una vida en común donde el respeto de la dignidad humana, no sea un precepto muerto, sino una convicción cotidiana que oriente nuestro devenir social.

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    Grandioso y pertinente, el discurso de Maria Emma Wills. En su contenido es el fruto de un sentimiento informado y ético, de alguien que, como ella conoce a fondo lo que significa el horror del Conflicto en Colombia.
    Gracias, Maria Emma.

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