La Misión Electoral Especial ya lleva más de quince días andando de manera oficial. Parece poco tiempo pero es corto el plazo que tiene para terminar la labor de sugerirle al Gobierno qué cambios requiere el sistema electoral para que, como reza el título del punto dos del acuerdo final, haya una “apertura democrática para construir la paz”. “Y yo sé que ustedes tienen tres meses”, les dijo Juan Manuel Santos a los siete integrantes en la ceremonia de instalación “pero les voy a pedir de corazón que adelanten ese tiempo en dos meses”.
En entrevista para Congreso Visible, Juan Carlos Rodríguez, uno de los integrantes de la Misión Electoral Especial (MEE), describió la hoja de ruta que están siguiendo para entregar las recomendaciones. Por un lado, el equipo estará haciendo una revisión de la información más relevante que, desde la academia, se ha producido sobre asuntos electorales. Este esfuerzo incluye una revisión de experiencias nacionales e internacionales que puedan dar luces sobre las reformas que se van a sugerir.
Paralelamente, la MEE estará cumpliendo con el mandato del acuerdo final de buscar un consenso tan amplio como sea posible. Para esto tiene que haber participación de todos los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, organizaciones ciudadanas y varias instituciones que cumplen funciones relacionadas con el sistema electoral.
Toda la información que van a reunir va a ser sistematizada y luego evaluada para la creación de un informe final. A partir de este el Gobierno promoverá los ajustes normativos e institucionales necesarios. Desde antes de la instalación de la misión, el pasado 17 de enero, se ha estado hablando sobre algunos temas que, parece, van a ser cruciales al momento de pensar las recomendaciones. Santos, para empezar, ha hecho especial hincapié en el tema de la financiación de las campañas que, según él, debería ser estatal. Se ha hablado también de si las listas de los partidos deberían ser abiertas o cerradas y si el Senado debería ser elegido por circunscripción nacional o regional.
Esto es como un rompecabezas (...) porque cualquier reforma puede afectar las otras
Estos temas, aunque fundamentales, son sólo una parte de la agenda cuyos asuntos se van a agrupar en uno de tres grandes temas: arquitectura institucional, es decir, cómo las diferentes entidades o actores se relacionan y las funciones que cumplen; sistema electoral o la manera en que los votos se traducen en escaños o curules, y el sistema de partidos. Entre los asuntos que la MEE va a tener que evaluar está el rol del Consejo Nacional Electoral (CNE), que actualmente es la autoridad suprema en materia de regulación y vigilancia electoral.
“El acuerdo habla del tema de arquitectura institucional para garantizar la autonomía del Consejo Nacional Electoral o quien haga sus veces. Evidentemente ese “quien haga sus veces” entra dentro de nuestra discusión. ¿Se mantiene el CNE, se modifica o se va a mantener pero también se va a crear otra instancia? Ese es un tema muy importante”, explica Elisabeth Ungar, integrante de la misión.
Añade que cada recomendación depende de las demás: “Esto es como un rompecabezas. Si tú haces una propuesta en el tema de financiación de campañas tienes que mirar el del voto preferente (lista abierta). Si miras el del voto preferente tienes que mirar la consulta interna de los partidos. Cuando miras el de democracia interna de los partidos, tienes que mirar temas de umbrales. Por eso esto es tan complejo, porque cualquier reforma puede afectar las otras. ”.
Hay un factor que hace más completo el trabajo de la misión. Las recomendaciones se tendrán que pensar para un corto plazo y uno mediano. Aunque los integrantes aún no saben cuáles van a ser, tienen claro que las elecciones del 2018 exigirán ciertas modificaciones mientras que otras podrán esperar más tiempo para ser implementadas.
Por ahora está pendiente el nombramiento del séptimo integrante de la MEE. Desde el acuerdo final se previó que iba a estar conformada por seis expertos y Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral. Entre los elegidos, Armando Novoa es el único que no está trabajando en las recomendaciones. El Congreso decidió que, por ser actualmente magistrado del Consejo Nacional Electoral, Novoa tendría un conflicto de intereses y por eso le negó la licencia necesaria para dedicarse al trabajo de la Misión. El tema aún está en discusión y el mismo Novoa ha dicho que no existe ninguna restricción.
Elisabeth Ungar explicó que aún no saben qué se va a decidir con respecto al nombramiento pendiente. Los miembros fueron elegidos por el Centro Carter, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) y los departamentos de Ciencia Política de Universidad Nacional y la Universidad de los Andes pero la decisión final está en manos de la Comisión de Seguimiento a implementación del acuerdo de paz.
Los temas protagonistas
Con una campaña presidencial que se aproxima y un año que arrancó con el tema de la corrupción como bandera de varios funcionarios y precandidatos, los temas de la reforma electoral que más van a llamar la atención son los que tienen que ver con la financiación de las campañas, el sistema de partidos (aspectos como la institucionalización; la fragmentación) y el funcionamiento de Concejo Nacional Electoral. Por supuesto, como explica Ungar, los tres asuntos están profundamente relacionados.
El de la financiación estatal de las campañas, propuesta que Santos ha hecho abiertamente, se ha visto como una manera de resolver el problema de los gastos desproporcionados en las campañas electorales. “(…) les sugiero que piensen en este momento si no sería conveniente una financiación 100 % estatal para dejar a un lado todas esas injerencias de contratistas y de intereses económicos sobre nuestra democracia (…)”, dijo el Presidente durante la instalación de la Misión Electoral Especial.
En teoría, dejar de lado la inversión de privados podría incentivar condiciones de igualdad de los diferentes partidos y al interior de las colectividades, y evitar conflictos de intereses de los candidatos. En la práctica, la financiación estatal no evitaría que la de tipo privado siga entrando a las campañas. Eso piensa Héctor Riveros que, en una columna en La Silla Vacía, dice que el propósito es “loable”, sin embargo, aunque permitiría una contabilidad de los recursos públicos invertidos, los ingresos privados seguirían siendo una incógnita.
Para Riveros, el problema radica en el distanciamiento de los ciudadanos con los partidos y el voto preferente. Este último, según Riveros, hace que la labor del candidato sea pagarle a intermediarios como ediles, concejales y presidentes de juntas de acción local, para que los presenten frente al electorado. Si se elimina ese mecanismo y se cierran las listas, argumenta el columnista, los ciudadanos votarían por partidos y movimientos políticos, en lugar de votar por individuos.
Para Margarita Batlle, cerrar las listas tampoco es la solución. Según ella, esto sólo hace que la tarea de comprar los votos pase de las manos del candidato a la maquinaria de los partidos. Dice, también, que los candidatos a corporaciones de elección popular no comprarían su inclusión en las listas sino su posición en ellas para aumentar sus posibilidades de ser elegidos. Por eso, Batlle cree la solución está en reformas que fortalezcan la democracia interna de los partidos.
Por otro lado está el tema de las autoridades electorales. Según Yan Basset, Doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad del Rosario, hay un consenso en la academia de que tiene que haber una autoridad que no tenga una composición tan política como la actual. Los 9 miembros que integran el Consejo Nacional Electoral son elegidos por el Congreso de la República. Algunas propuestas apuntan a eliminar este organismo, dado que suele estar bajo el control de uno u otro partido.
Estos debates profundamente complejos son los que la Misión Electoral Especial tendrá que abordar y, aunque la agenda está planeada para que el proceso de consulta sea amplio, difícilmente sus recomendaciones van a ser aceptadas por todos los partidos, movimientos e instituciones. Aunque, según Ungar, todos los involucrados han tenido una actitud positiva frente a la Misión, difícilmente habrá un consenso cuando las propuestas de reforma lleguen al Congreso. Además, la dinámica legislativa estará marcada por la proximidad de las elecciones de 2018, así que la MEE tendrá que trabajar a toda marcha para que sus recomendaciones tengan un impacto a corto y mediano plazo.
