La Fundación para la libertad de prensa compila en una línea de tiempo algunos de los momentos más críticos y escandaloso para la libertad de prensa y la libertad de expresión durante el saliente gobierno de Iván Duque.
Esta es la última semana de la presidencia de Iván Duque, un gobierno que mantuvo una relación con la prensa y los periodistas marcada por la censura, la falta de transparencia y las agresiones. Así lo evidencia el cuarto número de la revista Páginas para la libertad de expresión, la publicación de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, que en esta edición hace un balance del gobierno saliente y sus intenciones en este cuatrenio de «posicionar su propia versión de los hechos y segmentar al periodismo en amigos y enemigos», en palabras de la fundación.
Esta es una línea de tiempo, realizado por la FLIP y publicada en el especial mencionado, con algunos de los momentos más críticos y escandalosos de este cuatrenio para la libertad de prensa, el acceso a la información y la libertad de expresión. Acá el especial completo.
“Matemos la producción” fueron las palabras de Juan Pablo Bieri, en ese entonces gerente de RTVC, con las que ordenó sacar del aire el programa Los Puros Criollos, por las opiniones de su presentador Santiago Rivas sobre la Ley TIC. Una vez conocido el escándalo, Bieri tuvo que renunciar, pero el presidente Duque, contrario a condenar la censura, integró al censurador como asesor de comunicaciones de su gobierno.
Mauricio Lezama fue asesinado en la vereda Esmeralda de Arauquita, Arauca, mientras desempeñaba labores para Mayo, un documental sobre la violencia de la década de los 80 en el departamento.
En su informativo de la emisora comunitaria Samaniego Stereo, Libardo Montenegro elaboraba memorias de las víctimas del conflicto armado. Fue asesinado tres días después de la "Marcha por la paz y la vida de Samaniego" que él mismo promovió en la emisora.
Después de un lobby de más de seis meses y gran parte del sector audiovisual en contra, fue aprobado el proyecto de modernización de las TIC (Ley 1978 de 2019) que no reparó la independencia ni gobernanza de los medios públicos y concentró las funciones del regulador en el MinTIC. Además, la reducción de la brecha digital que proponía la ley terminó frustrada tras el escándalo de corrupción de redes de Internet con Centros Poblados.
Un año después de su posesión y tras el aumento de la violencia contra líderes sociales, se presentó una reingeniería de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Las reformas recibieron críticas sin que variara su rumbo: sobrecostos en gasolina, opacidad en las evaluaciones de riesgo y problemas de contratación y en la asignación de esquemas.
—Presidente, presidente. ¿Qué opinión le merece el bombardeo en Caquetá? —¿De qué me hablas, viejo? —De la moción, de la moción de censura contra...—... Este intento de conversación entre Jesús Blanquicet, periodista de El Heraldo, y el presidente Duque duró 10 segundos. Después del silencio evasivo del presidente, cuatro hombres de su equipo de seguridad y dos policías agredieron al periodista.
Las manifestaciones sociales que iniciaron el 21 de noviembre dejaron 66 periodistas agredidos, en la mayoría de casos por miembros de la Policía. Además, la Policía allanó a Cartel Urbano y solicitó eliminar el manual de autoprotección contra el ESMAD publicado por 070. El presidente guardó silencio sobre estas agresiones y respaldó las gestiones de la fuerza pública.
Durante el primer semestre del 2020 se reveló que el Ejército usó sofisticados programas informáticos para seguir, interceptar ilegalmente y perfilar a periodistas. Pese al escándalo generado, no se supo el número exacto de víctimas: se estimó que más de 11 periodistas fueron objeto de estas labores de inteligencia. ¿Quién dio la orden? es una pregunta que al terminar el gobierno de Duque sigue sin respuesta.
Se creó un chat en WhatsApp titulado "Tuiteros TOP" que luego cambió su nombre a "Influenciadores". La dirección de esta orquesta en redes estaba a cargo de Claudia Bustamante, cónsul en Orlando, Estados Unidos, y Víctor Muñoz, alto consejero presidencial. Sus melodías preferidas eran las que posicionaban causas uribistas atacando a adversarios, medios de comunicación y periodistas. Este grupo tenía 88 miembros, de los cuales 63 tenían cuentas en Twitter para promover hashtags que dejaban en evidencia su poca tolerancia a la crítica por parte de la prensa.
El programa Prevención y Acción empezó el 12 de marzo del 2020 y se prolongó hasta el 4 de mayo del 2021, cuando se apagó sin mayores explicaciones debido a la agenda del presidente. Tuvo una emisión de lunes a viernes a las 6 p.m. Este canal unidireccional de comunicación del ejecutivo cerró la puerta a la práctica democrática de las conferencias de prensa y al ejercicio de las preguntas de periodistas.
La cuenta oficial de Twitter del Ejército colombiano (@COL_Ejercito) clasificó como "opositores" a organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, opinadores, periodistas y medios de comunicación. La estigmatización, catalogada como descuido por parte de las autoridades, no recibió mayores comentarios por parte de la dirigencia del Ejército, el Ministerio de Defensa, ni de Presidencia.
Abelardo estaba cubriendo el proceso de Liberación de la Madre Tierra en Corinto, Cauca, para la emisora Nación Nasa. El reportero indígena fue alcanzado por un proyectil mientras registraba con su cámara los enfretamientos entre su comunidad con el ESMAD.
El punto de partida de estas manifestaciones fue la muerte de Javier Ordóñez a manos de la Policía. El registro de las protestas ciudadanas por parte de la prensa dejó 57 ataques a periodistas, que en el 72 % de los casos fue realizado por la fuerza pública. En esta segunda oportunidad se repitió el libreto de silencio por parte del presidente Duque frente a la violencia policial contra la prensa.
Felipe dedicaba sus labores periodísticas a informar sobre la violencia en los barrios de Cali. Trabajaba como reportero para la sección judicial del periódico Q'hubo de amplia circulación en la ciudad. Fue asesinado frente a su vivienda familiar.
La trilogía de la violencia contra la prensa en el cubrimiento de la protesta social culminó con el registro del Paro Nacional que inició el 28 de abril del 2021. El final de esta trágica película dejó como saldo un número de agresiones contra la prensa nunca antes visto en el país: más de 300 agresiones y más de 400 periodistas agredidos y agredidas. El epílogo de esta violencia encontró al presidente en el mismo papel, en su mutismo y falta de apoyo a la prensa y respaldo a los miembros de la fuerza pública, que fueron los grandes responsables de las agresiones contra los y las periodistas.
En medio de las protestas del Paro Nacional, el Ministerio de Defensa hizo un simulacro de ataque digital contra sus páginas y redes sociales. "Nos intentan bloquear pero seguimos de pie" fue la respuesta en video del mismo ministerio que siguió a su simulacro. Con esto comenzó una estrategia de perfilamiento y estigmatización contra periodistas y usuarios de redes sociales que criticaban o informaban sobre el actuar de la fuerza pública.
En 2020 el gobierno presentó CoronApp, una aplicación que con fines epidemiológicos recaudaba información de los y las ciudadanas, sobre todo de los y las viajeras para quienes su uso se hizo obligatorio en aeropuertos y terminales de transporte. Esta aplicación fue en contravía del derecho a la privacidad y a la libre circulación. La Corte Constitucional tuvo que pronunciarse sobre los desconocimientos a derechos fundamentales al habeas data que se encontraba en la obligatoriedad del uso de esta aplicación. El gobierno también fue opaco al no proporcionar el código fuente de la aplicación cuando fue solicitada, violando el derecho a la información y sembrando más dudas sobre los posibles intereses escondidos detrás de CoronApp.
La prolongada crisis de los medios de comunicación, los despidos de periodistas (entre 2016 y 2019 se registraron 1.500) y el cierre de medios de comunicación, sumados a la pandemia, hacen parte de una historia repetida a la que no se le ha encontrado solución. El gobierno decidió destinar 85 mil millones para ayudar a los medios de comunicación; sin embargo, y después del escándalo de corrupción de Centros Poblados, el MinTIC dio por terminada la convocatoria porque ninguno de los 354 medios que habían aplicado cumplía con los requisitos, según su criterio.
Marcos era periodista y escuela de periodismo al mismo tiempo. A sus 68 años no había dejado el oficio y continuaba denunciando escándalos de corrupción de la administración local en Tuluá, Valle del Cauca. En las primeras declaraciones de autoridades hay múltiples evidencias que vinculan las razones de su asesinato con las denuncias de corrupción que venía realizando.
Uno de los escándalos de corrupción más grandes del gobierno fue protagonizado por la ministra de las TIC, Karen Abudinen. El proyecto que esperaba beneficiar con internet a estudiantes de las regiones apartadas para que continuaran sus estudios de manera remota, dejó a esos niños y niñas sin Internet y sin escuela. El presidente que inició su gobierno hablando de la nueva Silicon Valley, dejó al país sin señal análoga y digital.
El derecho de petición, fundamental para el acceso a la información, fue puesto en una sala de espera más prolongada de la habitual. Desde marzo de 2019 a mayo de 2022 se duplicaron los tiempos de respuesta de 15 a 30 días, justo cuando se multiplicaban las preguntas por parte de la ciudadanía. Pese a las advertencias de organizaciones sociales y los reclamos de la prensa para el restablecimiento de los tiempos de respuesta, el gobierno se inclinó más por la opacidad que por la transparencia.
