La JEP cumplió un año de haber entrado en funcionamiento. Y en su conmemoración protocolaria, encima de las armas que la artista Doris Salcedo fundió y convirtió en un contramonumento, su presidenta, la magistrada Patricia Linares, hizo un balance en cifras de la gestión de la institución: 32 mil víctimas en los cinco casos priorizados, 9.687 exguerrilleros sometidos, 1.938 miembros de la fuerza pública sometidos, 38 agentes del Estado sometidos, 12 personas vinculadas a la protesta social sometidas. En total —sumando otros cuantos— van 11.675 personas sometidas a la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP.

Fue una rendición de cuentas que, de acuerdo con Iván Orozco — asesor del Gobierno en La Habana y profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes—, responde a una lógica de demostrar sus productos, de hacer evidente que está operando y actuando de forma eficiente. Esto para tener respaldo y mejorar su legitimidad ante la sociedad.

Pero lo cierto es que en su primer año de funcionamiento, en la JEP se han contado más que estas cifras. Se han contado escándalos que la han puesto en entredicho: se ha cuestionado su organización interna, se han ventilado las investigaciones a sus funcionarios y el mismo Congreso —por iniciativa del Centro Democrático— ha estado a punto de modificar su composición. Por todo esto, la gran lucha de la JEP en su primer año ha sido la de legitimarse, mientras otros intentan deslegitimarla o re-legitimarla transformando la esencia con la que fue creada en los diálogos de paz en La Habana.

La pelea por las narrativas

Desde que la JEP se puso en marcha tuvo dificultades que implicaron una tremenda crisis de legitimidad. El primer escándalo se produjo por el cambio de gerencia. Específicamente, con la salida del secretario ejecutivo Néstor Raúl Correa, primer funcionario elegido para conformar la JEP y que en abril de 2018 renunció tras cuestionamientos en su gestión por asuntos administrativos relacionados con las instalaciones de la JEP y la contratación de los autos para los magistrados de la institución. De acuerdo con Orozco, esta fue una sacada de trapos al sol que dejó en condiciones muy vulnerables a la institución.

A eso se sumó que nació en condiciones en las que el Centro Democrático —triunfante en el plebiscito y después en las elecciones— “impugnó con mucha fuerza el mecanismo de escogencia tanto de los magistrados de la JEP como de los comisionados de la Comisión de la Verdad”, dice Orozco. El Centro Democrático rápidamente estableció la idea de que en estas instituciones creadas en el marco del Acuerdo de paz, había un sesgo pro izquierda, pro guerrilla y en contra de las Fuerzas Militares.

Por eso, en septiembre, cuando el partido del expresidente Álvaro Uribe creyó contar con fuerzas suficientes en el Congreso hizo una propuesta de modificación de la estructura de la JEP: un proyecto de ley que proponía, inicialmente, una sala especial para juzgar a integrantes de las Fuerzas Militares y que —después de una negociación con varios partidos— se transformó en la inclusión de 14 nuevos magistrados a la JEP. El proyecto murió porque el Centro Democrático no apoyó las circunscripciones especiales de paz y, como retaliación, los grupos de centro e incluso de centro izquierda que se habían comprometido a apoyar el incremento del número de magistrados en la JEP, se corrieron.

“Quienes defendían el incremento del número de magistrados decían que esa era una manera de incorporar a la derecha y de garantizar el soporte y la legitimidad de la JEP”, dice Iván Orozco y agrega que del otro lado, quienes estaban en contra de esa adición de 14 magistrados, alegaban que se estaba traicionando el Acuerdo y que en último término, la medida más que a legitimar iba a deslegitimar la JEP”. Añadir 14 magistrados, decían quienes estaban en contra, generaría la impresión de que la JEP tendría magistrados pro guerrilla encargados de instruir los procesos contra las guerrillas, y con magistrados pro militares para juzgar a los militares. Esto, dice Orozco, “se convertiría en un ejercicio de démonos pasito y de intercambio de impunidades que iba a ser tremendamente deslegitimador para la JEP y que la iba a poner en la mira de la Corte Penal Internacional”.

Estos hechos, agrega Orozco, son ilustrativos de lo que hemos vivido y seguimos viviendo hoy: un país totalmente polarizado —por lo menos en lo que atañe a los segmentos de opinión—. “Ambos “partidos de opinión” tenían parcialmente la razón en términos de la fuerza legitimadora de modificarla y de la fuerza deslegitimadora de modificarla”.

Hoy, dice Orozco, parece que el Centro Democrático está agradecido con que los hubieran derrotado en esta reforma que pretendía la inclusión de 14 nuevos magistrados. Mejor que  haber legitimado la JEP a través de revalancearla en su composición, es la estrategia de golpearla. Para esto, los casos de Jesús Santrich, El Paisa e Iván Márquez, están servidos en bandeja de plata.

La búsqueda desesperada por la legitimidad

En medio de la crisis inicial de legitimidad, “la JEP quiso estabilizarse, volverse irrevocable y ganar legitimidad a través de empezar a operar y hacerlo con mucha autonomía”, dice Orozco. Eso tuvo efectos positivos, pero también negativos, porque cada una de las salas y el Tribunal “dispararon por su cuenta”. Para Orozco, eso hizo visible que había serios problemas de coordinación en la institución.

La composición original de la JEP se salvó, pero quedó con el INRI de ser una JEP sesgada, tras la caída del proyecto de los 14 magistrados. Así lo explica Orozco, que considera además que para contrarrestar este sesgo, lo primero que hizo la JEP fue intentar hacer funcionar simultáneamente los Casos 001 por secuestros en contra de las Farc y 003 por Falsos positivos que interpela a las Fuerzas Militares.

Eso implica, según Orozco, que si los magistrados vinculados al caso de falsos positivos hacen que madure más rápido ese tema y salgan pronto a presentarlo y hacerlo público, la JEP se expone a que le digan, desde la derecha, que está demostrando su sesgo antimilitar al priorizar este caso. “Hay una presión tremenda desde la derecha para que la JEP haga correr más el caso de los secuestros. Pero si lo hace así, también va a haber un disgusto en todos esos discursos de opinión —desde la izquierda— que van a decir que le están dando gusto a la derecha y que se están invisibilizando las responsabilidades del Estado”, dice Orozco.

Por esto, resulta entendible la decisión de intentar salir simultáneamente con ambos casos frente a la opinión pública, queriendo enviar un mensaje de institución imparcial. El problema con la imparcialidad, es que se puede enviar un mensaje fallido. Porque para Orozco, “hay que ver hasta dónde se paga el costo por salir con el caso de los falsos positivos y el de los secuestros al tiempo. Hay quienes están esperando que la JEP asuma, por lo menos en la priorización de los casos, una narrativa que responsabilice más a los unos o a los otros”.

A largo plazo, las cosas pueden alterarse. Responsables va a haber de todas las partes en el conflicto. El problema está, para Orozco, en el grado y magnitud en que son más responsables los unos que los otros. Pero eso sólo se establecerá con más tiempo, más trabajo y una mayor acumulación de casos. Por ahora, y “en el puro plano simbólico, no deja de ser complicado que, para quedar bien con ambos sectores de opinión, se salga simultáneamente con los dos. Pero creo que finalmente es la opción que en términos de legitimidad puede convenirle más a la JEP”.

¿Cómo más se puede salvar la JEP?

“Es difícil dar una respuesta”, dice Orozco.

Lo primero, sería evitar conflictos internos de competencia entre las salas y el Tribunal. “En la medida en que la JEP salga articulada y tome decisiones coherentes, pues mejora la opinión pública entorno a ella y su legitimidad”, explica.  

Es igualmente fundamental, explica el académico, que la JEP consiga diseñar una estrategia sólida de reivindicación y apoyo a las víctimas. Para Orozco, el poder legitimador de las víctimas en estos procesos es superior a cualquier otra cosa. Y para lograrlo es necesario que tengan visibilidad y que sea una reivindicación activa. “Pero hasta ahora la estrategia de incorporación de las víctimas a los procesos no ha sido muy exitosa”, dice Orozco y agrega que es fundamental que determinen los espacios para que ellas participen. A esto se suma, la importancia de la elaboración de unos protocolos rigurosos frente a la pena restaurativa, que deje ver claramente que esas sanciones reparadoras efectivamente satisfacen un deseo de reparación de las víctimas.

Por otra parte, desde junio de 2018, la JEP ha abierto cinco casos. Tres definidos siguiendo una lógica regional y los otros siguiendo una lógica de macro criminalidad, de sistematicidad y masividad de un único delito, perpetrado en distintas regiones. “Yo lo que me sospecho es que la escogencia de casos en criterios distintos, tiene que ver con racionalidades internas en la institución. Que la sala de reconocimiento escoja Nariño como caso regional, seguramente tiene que ver con presiones en términos de que se reivindiquen las injusticias contra comunidades negras e indígenas. Ahí hay una lógica de representatividad en la injusticia para grupos minoritarios”, explica Orozco.

En cuanto a la escogencia  de los otros casos que contemplan crímenes que se han dado en todo el territorio nacional, tiene que ver con intereses ante los cuales hay que responder. “El de los falsos positivos se escoge muy seguramente porque es de lejos el que más le interesa a la Corte Penal Internacional, y el del secuestro porque es el que más le interesa a la comunidad nacional, a la opinión pública urbana, bogotana, de Cali y Medellín, que está obsesionada con el problema del secuestro, que fue el gran deslegitimador de las Farc”.

Entonces,  la selección  de casos tendrá que seguir lógicas de “chivo expiatorio”, explica Orozco, que tienen que ver con la necesidad de satisfacer las demandas de la comunidad internacional y las de la comunidad nacional. En lo que tiene que ver con la comunidad internacional, están claras las preferencias: violencia de género y reclutamiento de niños, que seguramente están en la lista más próxima. En lo que atañe a demandas de la comunidad nacional, “es más difícil establecer qué caso sigue, por la fractura interna tan brutal en términos de opinión”, dice Orozco, pero agrega que podría ser el desplazamiento el delito para uno de los próximos casos que abra la JEP, por sus tremenda magnitud.

Jesús Santrich: la prueba de fuego para la JEP

Con respecto a Santrich, hay dos escenarios posibles, el problema es que los dos son igual de riesgosos y, en palabras de Orozco, igual de desastrosos.

El escenario uno es que la JEP resuelva que no tiene pruebas suficientes para entregar a Santrich a la justicia ordinaria. Si la JEP determina que los jueces de Estados Unidos y del Departamento de Estado no entregaron las pruebas que lo incriminan de manera sólida, y que le parece más importante que Santrich rinda cuentas por los crímenes perpetrados en el conflicto armado interno —privilegiando derechos humanos frente a narcotráfico—, los costos serán muy altos. Esto, sobre todo, en términos de apoyo a la izquierda, de confrontación con la Fiscalía y de confrontación con el Gobierno colombiano y con el estadounidense.

El asunto, explica Orozco, es que puede que después de tomar esta decisión, las pruebas que incriminan a Santrich salgan a la luz pública. Eso resultaría devastador para la JEP. “Porque no nos digamos mentiras. No hay nada que tengan en común con más fuerza la derecha colombiana y el gobierno estadounidense actual, como su anticomunismo visceral. Nosotros de alguna manera vivimos todavía en la Guerra Fría”, asegura Orozco.

En el corazón de ese anticomunismo, continúa el experto, está poder destruir las posibilidades políticas de las Farc como partido, hundiendo su cúpula, imputándoles la condición de narcotraficantes. “El riesgo de que conspiren (Judicatura gringa, departamento de Estado, Fiscalía y Gobierno colombiano) de manera masiva contra la JEP en un espíritu anticomunista para evitar los peligros del castrochavismo en Colombia, es muy alto”, dice.

El segundo escenario es que la JEP le entregue a Santrich a la Corte Suprema. En ese caso, explica Orozco, tiene un respiro y pone el problema en otras manos, para definir si lo extraditan o no. Pero tomar esa decisión le da un mensaje muy claro a unas Farc internamente muy fracturadas, que verían su liderazgo perseguido por el narcotráfico: “Es un mensaje devastador en términos de reintegración. Se pueden incrementar dramáticamente la velocidad de reciclamiento de las Farc en la guerra y la delincuencia, y el fortalecimiento de las disidencias. Se perdería lo más importante que se ganó con el Acuerdo que fue la dejación de armas de alrededor de 11 mil personas y que implicó unas disminuciones tremendas en las tasas de violencia del país”, dice Orozco.

El caso de Santrich es incluso más complicado que el de ‘El Paisa’, de quien no se tiene información de su paradero desde hace varios meses y a quien busca la JEP desde diciembre. Esto, dice Orozco, a pesar de su gravedad, es más manejable. Si le abren un incidente a ‘El Paisa’ por incumplimiento y se demuestra ese incumplimiento, la JEP puede quitarle los beneficios del Acuerdo y eso puede resultar legitimador para la institución. “El caso Santrich, en cambio, es un círculo cuadrado. Lo que hagan es desastroso”, asegura Orozco.

En febrero, la JEP está abocada a tomar unas decisiones que son muy difíciles: “Tanto por sus implicaciones de legitimidad, como sus implicaciones prácticas en términos de poner fin a la guerra contra las Farc o favorecer el reciclamiento de la organización en la nueva guerra que se está reconfigurando a partir de su desmovilización”, explica Orozco.

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