Con la segunda ola de contagios por COVID-19, los hospitales de las ciudades principales de Colombia colapsaron. Para lograr dar respuesta a la demanda de UCIs, estos hospitales empezaron a remitir pacientes hacia ciudades que, nunca antes, habían tenido la capacidad para manejar casos de esta complejidad. Ciudades como Buenaventura y Tumaco tuvieron inversiones en las estructuras de sus hospitales que les permitieron, finalmente, tener acceso a mejores condiciones en sus sistemas de salud.
“Esta inversión difícilmente habría llegado a nuestro hospital si no hubiera sido por la pandemia”, asegura Julio Gómez, actual gerente del Hospital Luis Ablanque de la Plata, en Buenaventura. “Irónicamente, para nosotros, se puede decir que la pandemia ha sido casi una bendición”.
El Hospital Luis Ablanque de la Plata, en Buenaventura, recibe los pacientes que llegan desde distintas regiones del Cauca, parte de Nariño y del sur del Chocó, tres de las zonas con grados más altos de violencia en Colombia. A pesar de su relevancia para la región del suroccidente colombiano, el actual gerente de la entidad asegura que no contaban con los recursos adecuados para la atención: “por no tener los recursos suficientes usualmente teníamos que remitir a los pacientes a Cali o alguna ciudad principal, porque no podíamos darles manejo. Eso, en una zona como esta, es complejo, dado el tipo de urgencias que muchas veces debemos manejar”.
Además de no contar con sistema de oxigenación, tener un deterioro importante en la infraestructura y no tener UCI’s, para 2019 el Hospital necesitó una inversión de urgencia por parte de la Gobernación del Valle del Cauca porque, por falta de recursos la entidad llevaba varios meses sin pagarle a sus empleados. Por ello, en su momento, recibió 2 mil millones que evitaron que fuera liquidada.
Para Tatiana Andia, directora de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales y profesora de la Universidad de los Andes, la efectividad en las inversiones que hemos podido ver durante la pandemia proviene, principalmente, de la inminencia de la urgencia y la necesidad de mostrar resultados efectivos. Para ella, sobre todo en las regiones más apartadas, el proceso de salud pública se ha visto constantemente desfalcado por distintos intereses de particulares. Los hospitales públicos se convirtieron, históricamente, en botín político para quien fuera elegido como Alcalde o Gobernador, como ocurrió, de hecho, en Buenaventura.
Eso se sumó al hecho de que el modelo de contratación usado por las EPS con la Ley 100 no es efectivo en muchas zonas del país y facilita los desfalcos; sin embargo, Andia asegura que: “Ahora ha sido más difícil generar desfalcos en estas zonas, pues toda la inversión y donativos han tenido que irse en realmente atender a los afectados por el Covid-19. Claro que ha habido intentos de desfalcos, como ocurrió con las compras de algunos ventiladores donde hubo alcaldes pasando facturas muy elevadas, pero ha sido más difícil que logren robar tanto por la gravedad de lo que estamos pasando”.
Ejemplo de esto es, nuevamente, el Hospital Luis Ablanque de la Plata, de Buenaventura. Allí fue con la llegada de la pandemia que lograron desarrollar las salas UCI’s, capacitar al personal y contratar a nuevos profesionales: “Ahora tenemos la infraestructura necesaria para cumplir con el manejo de pacientes COVID y además dar respuesta a las complejidades de nuestra región. Puedo incluir que incluso, en este momento, estamos en capacidad de recibir, en cualquier momento, pacientes remitidos desde otras ciudades”, asegura el gerente del hospital.
Actualmente, en el hospital de Buenaventura han recibido pacientes desde ciudades como Cali y por supuesto, todo el Valle, del Cauca y el Pacífico; también, han recibido llamadas de Bogotá y Medellín para preguntar por su disponibilidad de camas, lo que implicaría que en cualquier momento les puedan remitir pacientes desde cualquier lugar. Son pacientes que no sólo manejan patologías COVID, sino además otra serie de complicaciones pues, gracias a las inversiones, pudieron desarrollar una sala de cuidados intensivos que funciona con cabinas independientes: “por eso, si nos llega un paciente COVID, podemos cambiar la presurización de cada sala y evitamos la contaminación de los demás pacientes”, asegura el actual gerente del hospital.
Este hecho se puede ver también en Tumaco, Nariño. “Aquí nosotros, al principio de la pandemia, no teníamos posibilidad alguna de manejar lo que se venía encima. Los recursos eran extremadamente limitados”, asegura Pedro Espitia, actual director encargado del Hospital San Andrés.
Este hospital tuvo que ser intervenido por el Ministerio de Salud desde el 2019, dado que las deudas con contratistas, proveedores y con el personal médico tenían al hospital a punto de ser, también, liquidado. Al inicio de la pandemia, la crisis del hospital fue tan fuerte que no tenían suficiente elementos de bioseguridad, insumos quirúrgicos, equipos ni medicamentos. Además, no contaban con suficiente personal de salud para hacerle frente a la oleada de contagios que tuvo la región, que lo llevó a ser el municipio más afectado en Nariño por el coronavirus, primero en junio del año pasado, y con un rebrote en enero de este año.
“La pandemia fue un respiro para nuestro sistema de salud, pues implicó una serie de donativos y de control a los gastos que de otra manera no habrían ocurrido aquí”, dice Espitia, “pudimos, finalmente, centralizarnos y hacer esfuerzos por crear un excelente servicio para la zona e incluso hemos podido recibir pacientes remitidos desde Pasto, cosa que nunca nos llegamos a imaginar”.
Estos niveles de inversión se han visto centralizados, principalmente, en hospitales de segundo nivel, que suelen ubicarse en las cabeceras municipales y departamentales y que pueden atender urgencias. Los de primer nivel, en cambio, han recibido mucha menor inversión y, como le dijo una fuente de un hospital de Neira, Caldas, “la estrategia ha sido la adaptación”.
Algo similar ocurrió en el Hospital de Jamundí, según una fuente consultada por Cerosetenta. Allí tuvieron que adaptar una escuela cercana al hospital para atender allí consultas externas y lograr crear, dentro del hospital, una sala exclusiva para pacientes COVID. Esto fue posible, principalmente, gracias a donaciones de privados, no del sector público aunque, en todo caso, no pueden atender pacientes graves.
Tatiana Andia considera que la situación de la salud en las zonas remotas del país habría podido agravarse en el 2020 incluso más de lo que ya venía ocurriendo. Para ella, la baja inversión que estaba haciendo el Gobierno Duque en el sistema de salud, estaba terminando de precarizar y destruir las pocas infraestructuras de las que dependían, en gran medida, muchos habitantes del país.
Asegura que aunque el cambio puede que no haya tocado al país entero, sí significó una transformación radical para regiones específicas que estaban en estado crítico: “Duque, bajo su Gobierno, estaba distanciando aún más las posibilidades de un sistema de salud efectivo en muchas zonas del país. Los profesionales estaban muy mal pagos y las infraestructuras se estaban cayendo. Y ahí las víctimas principales eran, claro, las personas que dependen de que ese hospital funcione bien. Por eso, casi que la pandemia fue una cosa extraordinaria que permitió que ya no sea tan fácil desfalcar estos sistemas”.
“Nosotros nunca nos llegamos a imaginar que en nuestro Hospital se llegaran a hacer inversiones de este tipo. Mucho menos nos imaginamos llegar a tener camas UCI’s”, asegura Pedro Espitia. Para ellos, por supuesto, sigue siendo un reto el manejo de la pandemia, sin embargo: “Fue un cambio gigantesco el que hemos podido ver. Por fin hay una forma de atender las necesidades de esta región”.
