“Es importante que las cosas se llamen por su nombre”: Jacqueline Castillo

Después del auto de la JEP que determinó que hubo más de 6 mil casos de ejecuciones extrajudiciales, hablamos con una de las líderes del colectivo Madres de Falsos Positivos para entender cómo recibieron el auto de la JEP y lo que implica que el país empiece a llamar estos crímenes por su nombre.

María Fernanda Fitzgerald

24.02.2021

El auto de la Justicia Especial para la Paz, JEP, publicado la semana pasada reveló una cifra escabrosa: fueron 6.402 de ejecuciones extrajudiciales, es decir, 6.402 asesinatos cometidos por agentes de la Fuerza Pública y que fueron disfrazados de muertes en combate. La cifra surge de la contrastación de bases de datos de la Fiscalía, el Sistema de Información Judicial, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la ONG Coordinación Colombia Europa Estados Unidos que adelantó la JEP donde se evidencia, además, que aunque estos crímenes se cometieron desde 1988, fue durante los años 2002 y 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe, que alcanzaron un pico que concentró el 75% de los casos. 

El auto de la JEP no identifica responsables (este primer auto busca explicar la metodología de la investigación sobre el caso). Pero es clave para entender la magnitud de los crímenes que en medios de comunicación y en la opinión pública se han conocido bajo el eufemismo de ‘falsos positivos’. Cerosetenta habló con Jacqueline Castillo, una de las líderes del colectivo Madres de Falsos Positivos (MAFAPO), para entender cómo recibieron el auto de la JEP y lo que implica que el país empiece a llamar estos crímenes por su nombre. 

Cerosetenta: ¿Cómo recibieron esta confirmación hecha por la JEP frente a la cifra de las ejecuciones extrajudiciales?  

Jacqueline Castillo: Para nosotros, entre comillas, fue algo muy grato, muy satisfactorio este resultado. Obviamente, no es para alegrarnos el ver estas cifras. Pero en cierta medida fue bueno porque de alguna manera se está demostrando que sí fueron hechos reales, que no era como se decía en un comienzo cuando decían que se trataba de hechos aislados. Que eran unos pocos casos. Después empezamos nosotras, con el trabajo que íbamos haciendo con las organizaciones de DDHH, incrementando cifras, que desde el Estado se atrevían a decir que eran falsas. 

En el momento en que la JEP da ese reporte, realmente es muy grato para nosotras el trabajo que ha venido haciendo la Justicia Especial para la Paz para demostrar que realmente sí se trataron de hechos reales y que fueron ejecuciones extrajudiciales. Porque finalmente nosotros hemos dado esa lucha. Ellos no estaban en la guerra, ellos no hacían parte del conflicto armado que ha vivido Colombia. Estos son crímenes de Estado, por eso también nosotros estamos de acuerdo en que llamarlos falsos positivos está mal. El problema es que ya son conocidos así, pero ellos deben ser llamados ejecuciones extrajudiciales. 

¿Qué implica para ustedes que se les llame “falsos positivos” a esos crímenes? 

JC: El término falsos positivos se dio a conocer por un tema puramente militar. Hace 13 años nosotros ni siquiera sabíamos qué era un positivo, eso en el Ejército siempre ha estado relacionado a las bajas hechas en combate, usualmente con la guerrilla. Pero ya al demostrar que fueron civiles, que fueron asesinados, por eso se denominaron falsos positivos. 

Para nosotros una ejecución extrajudicial es un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad. Por eso es importante que las cosas se llamen por su nombre real. Estos casos en primer lugar no tienen vencimiento de términos y en segundo lugar el Estado debe responder por estos crímenes. No son sólo personas particulares, es algo que escala hasta los altos mandatarios y deben responder. 

¿Sienten que esta decisión de la JEP puede ayudar a que el caso de las ejecuciones extrajudiciales tenga un mayor impacto? 

JC: Totalmente. Sabemos que la Justicia Especial para la Paz no puede juzgar a presidentes o ministros, pero sí da un paso hacia adelante para que, por ejemplo, la Corte Penal Internacional sí intervenga en estos casos y de condenas. Por ejemplo, podrían entrar a ver directamente al Presidente que, con estas cifras, se demostró que aumentó estos casos con sus políticas de seguridad. 

¿Qué tipo de reparación o proceso de justicia esperan recibir? 

JC: Lo más grande y grato es que estas personas fueran destituidas de la institución. Estas no son personas que deban seguir ahí, en el Ejército o en el Gobierno. Ellos deberían ser destituidos porque de alguna manera reparar no es sólo que den dinero, porque con ese dinero no nos van a devolver a nuestros familiares. Lo que sí sería un consuelo sería ver a estas personas reparando a la sociedad de alguna manera, por ejemplo, con un trabajo que los lleve a reconocer a las mismas personas a las que en algún momento ellos se llevaron, que fueron personas de escasos recursos.  

El que existan más de 6 mil casos confirmados, ¿las lleva a entender esto como algo sistemático? 

JC:  Sí, no más desde los 19 primeros casos de Soacha, luego los de Bogotá, luego los de otras regiones. Iban apareciendo casos que fueron sumando y sumando y ya sólo con esto se sabía que era algo sistemático. No necesitábamos llegar a una cifra tan gigante para entender que así era. Desde los jóvenes de Soacha ya ahí había sistematicidad. 

¿Por qué creen que en este momento hay tantas personas buscando deslegitimar estas cifras? 

JC: Yo pienso que hay temor. Hay temor a la verdad y hay temor a llegar a donde nosotros anhelamos llegar, que es ver justicia sobre el Ministro y el Presidente. Ellos tienen tanto temor que los hemos visto llegar a rendir indagatoria con documentos en la mano, controlando perfectamente lo que van a decir. Ellos ya saben qué deben decir, cómo deben decirlo y hasta dónde deben decirlo. Ellos no están aportando una verdad plena porque tienen mucho temor de hundir a los altos mandos, además de contemplar la complicidad de personas que no hemos tenido en cuenta. 

Aquí no actuó solamente el Ejército. Aquí había muchas más entidades involucradas: CTI, Medicina Legal y por supuesto altos mandos del Gobierno. Es muy evidente para nosotros que así era. Y ese tipo de funcionarios, que actuaron en plena complicidad, ni siquiera se ha contemplado que lleguen a reparar lo que hicieron. Estos no fueron solo bajos rangos, ni fueron unos pocos, aquí hubo mucha gente involucrada y eso es algo que también tenemos que ver. 

Ustedes se llaman justamente Madres de Falsos Positivos, ¿han pensado modificar su nombre para re significarlo? 

JC: Sí. Nosotras queremos hacer un cambio a nuestro nombre para hacer un uso adecuado del término. Eso es algo que ya estamos analizando. Aún no sabemos cómo, entonces, si surgen ideas, son muy bienvenidas. 

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