Van 23 años de advertencias de que la reforma del sistema pensional colombiano no da espera. La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos) se reúne anualmente y repite que el sistema es deficitario y limitado: apenas uno de tres colombianos tiene cobertura. Este año se repitieron las advertencias con una diferencia: en plena campaña electoral, los candidatos no pueden evadir el tema. Dicen (por supuesto) que no ven necesario el aumento de la edad de jubilación y declaran lo usual: hay que ampliar la base de cotizantes y aumentar el empleo formal.

El sistema nacional está dividido en dos: el Régimen de Prima Media -público, administrado por Colpensiones-, y el Régimen de Ahorro Individual Solidario -operado por fondos privados-.  Los expertos, además de recomendar el aumento de la edad pensional en cinco años, han dicho que hay que marchitar Colpensiones. La idea es impedir que más personas se afilien al régimen público para que todos los futuros cotizantes se afilien al privado.

Bastante se ha escrito en prensa sobre las complejidades técnicas y financieras del sistema pensional. Poco se habla de que su estructura refleja una visión muy particular de la sociedad. Decsi Arévalo, profesora del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, explica cuál ha sido la visión sobre la protección social que ha habido a través de la historia de Colombia y qué idea de sociedad está implícita en el que los expertos imaginan para el futuro.

Ha habido declaraciones de los candidatos sobre el sistema pensional, propuestas de las modificaciones que, dicen, hay que hacer para que sea sostenible.

Lo que expresan los candidatos es muy general, muchos lugares comunes. Aparece una gran preocupación por nuestros viejos: tenemos muchos y no tienen pensión. Entonces todo el discurso es sobre cómo repartir unos pesos más. En vez de un sistema en el que haya más solidaridad y un objetivo común, lo que hay es una búsqueda de gobernabilidad a través de la repartición de tajadas del gran pastel del presupuesto.

Usted ha estudiado la transformación de la protección social a través de la historia. ¿Cómo ha sido ese proceso?

El estado ha jugado un papel muy grande que le ha dado la autoridad para cambiar, más o menos a discreción, los sistemas de protección social. Ha habido movimientos sociales que presionan y distintos sectores que opinan pero juega mucho lo que el estado piensa y considera. En el 45, con la ley sexta, la originadora del sistema, se cierra un ciclo de debates que empezó en 1930.

El conservatismo decía que la relación entre empresario y trabajador era un asunto de negociación mutua acogiéndose a la buena voluntad porque se supone que son buenas gentes cristianas. El liberalismo del tipo de López Pumarejo dice que se necesita una intermediación del estado en esa negociación. La protección social tripartita aparece como un mecanismo de intermediación más o menos perfecto. El Estado, el empresario y el empleado aportan: todos mancomunados, todos nos protegemos en común. No funcionó en la práctica porque el Estado incumplió desde el principio, pero hubo una idea de colectividad.

Pero las pensiones no nacen en el 45 ¿Bajo qué lógica o ante qué necesidad aparecen?

Las pensiones son de los sesenta, en el marco de ese modelo de desarrollo en el que el ahorro es importante. La lectura que se hace es que, si existe ahorro, hay inversión y desarrollo. Las pensiones de jubilación y los fondos de riesgos profesionales son formas de forzar ahorro nacional.

En los años noventa la protección social se convierte en un asunto de responsabilidad individual y responde a intereses de crecimiento del sistema financiero. Ya no hay un sentido de que somos un colectivo solidario. Se quería que todo pasara a fondos privado pero se mantuvieron ambos: uno mancomunado y el privado.

Ahora, si se deja marchitar Colpensiones, quedaríamos con un sistema individual. Si eso llegara a pasar, pasaría lo mismo que en Chile. Empiezan a aumentar las semanas de cotización, la edad de pensión y la tasa de reemplazo porque si no, no es negocio.

¿Para entendernos como un conjunto habría que pensar en un sistema más parecido al de 1945?

En términos de protección es mejor mancomunar que individualizar. Debe entenderse que somos una colectividad. En un país con tantísimos problemas, ayudaría empezar a sentirnos responsables los unos de los otros. En términos de recursos también. Que efectivamente circulen entre todos.

Creo que debemos transitar a pensar modelos de cobertura para todos. Esta concepción de nuestra sociedad es que si la persona no trabaja en un empleo formal es como si fuera dependiente y, en ese sentido, inferior. A mí eso me parece terrible porque sin muchas de esas cosas que hacen esas personas consideradas dependientes, los activos no existirían. Contribuyen pero la sociedad no valora esa contribución. De otro lado, también son personas que contribuyen a la dinamización de la economía porque son consumidores.

Si entendemos que todos aportamos a nuestra existencia, todos deberíamos ser beneficiarios de los bienes de la sociedad. No encontraría yo razón alguna para decir que las amas de casa no debería tener derecho a una pensión. ¿Qué hacemos si no hay amas de casa? Hay población que no está inserta en el sistema pero tienen que existir para que funcione la sociedad.

¿Eso cómo se concilia con el aspecto financiero? Hay una necesidad de protección social para los miembros de la sociedad y otra de crecimiento del sistema.

Son irreconciliables hasta el momento. No he visto una propuesta que lo logre. El sistema financiero tiene que existir porque alguien tiene que permitir que los capitales circulen entre quienes ahorran e invierte. Lo que no es tan concebible es que todo el sistema dependa de esa tarea, de lo que ese sector quiera para sí mismo. Si ese sector quiere altas tasas de ganancia, entonces cobra altas tasas de interés y afecta a mucha gente. El problema no es la existencia del sector sino que este se constituya como el eje de toda la actividad económica.

¿Cómo se puede construir un sistema de protección social que parta de la solidaridad?

Hay dos soluciones que se han planteado. Una es el ingreso mínimo de ciudadanía. El hecho de que el individuo exista dentro de esta colectividad amerita que sea protegido y que se reconozca su contribución, haga lo que haga. Lo que construya de más, depende de él. Si decide fumar yerba se gastará parte de la plata para comprarla pero además tiene que comprar sopa y vivir en algún lado para existir. Parte de su plata va a ir a otros.

La respuesta obvia, el lugar común, es que la gente que deviene un sueldo solo por existir se vuelve perezosa y no va a querer hacer una contribución a la sociedad.

Eso no importa porque la persona ya está haciendo una contribución: es un consumidor. El hecho de existir es suficiente. Se le da ese sueldo. No lo mete debajo del colchón. Paga el arriendo, paga los servicios. El dinero circula. Sale del Estado, pasa por esta persona y llega al fabricante, al constructor. Dependerá de individuo y la sociedad que construyamos. Si construimos una sociedad sin metas, seguramente lo que haremos es un flujo infinito de gentes y dineros. Pero si es una sociedad solidaria, con metas, la gente va a querer hacer cosas con ese dinero.

¿No se puede comparar el sistema colombiano con el de otros países pero, qué modelo de protección social es ejemplo de mancomunación y un sistema de protección social solidario?

Claro, no hay dos cosas iguales en ninguna parte. Ahí está la dificultad. El ingreso mínimo de ciudadanía es una posibilidad. El otro que aparece como arquetipo es el modelo Beveridge. Todos, por ser ciudadanos, son amparados a través de las finanzas públicas. Sólo por ser ciudadano, es amparado. Es el programa británico. El otro es el francés. Como tienen una tradición tan vieja de gremios, hay mancomunación gremial. Son casos exitosos. Ha habido ajustes pero son propios de la necesidad de crecimiento del sistema financiero, no de la mancomunación como tal.

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