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Estefanía Avella Bermúdez

30.10.2015

Con M o con F, decido yo. Así terminaba la canción —al ritmo de la melodía infantil del arroz con leche me quiero casar— que la comunidad trans le cantó ayer al procurador en frente de su despacho laboral.

Al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española acudió Alejandro Ordoñez hace unas semanas para demandar el decreto 1227 de 2015 que, desde junio de este año, le permite a las personas cambiar el componente sexo de su documento de identidad con el único requisito de dar una declaración juramentada.

Según Alejandro Lanz, director ejecutivo de Parces, el procurador y los conservadores tiene la preocupación de que este decreto va a permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo. “Pero eso es un absurdo porque una persona no va a una notaría para cambiarse de sexo y poderse casar”, dice Lanz. Esto se trata de una deuda histórica del Estado colombiano que con este decreto se ha comenzado a solventar ante los pronunciamientos de la Corte Constitucional que dice que la identidad de género es un derecho fundamental que debe ser respetado en todo Estado Social de Derecho. Ahora, este gran logro que parecía completamente alcanzado está en manos del magistrado de la Corte, Alfonso Vargas, quien tiene la labor de decidir sobre la solicitud de medida cautelar de suspensión del decreto.

"Ya que te metiste en lo más íntimo de lo que somos, al menos ten la posibilidad de entrar en diálogo con las personas trans para que puedas reconocer cómo los documentos de identidad se han convertido en un instrumentos para perpetuar dinámicas de pobreza, estigmatización y marginación que viven estas personas"

Ante esta situación un plantón con el nombre de “arrunchis” se realizó en frente de la Procuraduría General de la Nación con la presencia de miembros de la comunidad LGBTI y con el apoyo de organizaciones como Paiis, Parces y Colombia diversa. Carteles con la imagen del procurador en calzoncillos fueron pintados de varios colores por aquellos que quisieron expresarle al procurador su inconformidad ante sus actos en contra de la comunidad trans. Para Alejandro Lanz esto fue además “un ejercicio pedagógico para explicarle a él que el sexo es una construcción individual que cada uno hace de forma distinta y sobre la que cada cual puede decidir”.

La demanda de este decreto, es para muchos una violación a la intimidad. De ahí el nombre de arrunchis y la intención de protestar en pijama. Para Nikita Vargas, una mujer de la comunidad trans, el procurador tuvo el coraje de meterse con lo que para ella es lo más íntimo: la autonomía de la identidad de cada quien. “El procurador se nos metió hasta debajo de la ropa”, recalcó. Pero eso no es todo. Este acto de protesta también es un llamado al diálogo: “ya que te metiste en lo más íntimo de lo que somos, al menos ten la posibilidad de entrar en diálogo negociado con las personas trans para que puedas entender cuáles son las problemáticas que ha tenido esta comunidad y para que puedas reconocer cómo los documentos de identidad se han convertido en un instrumentos para perpetuar las dinámicas de pobreza, estigmatización y marginación que viven estas personas”. Así fue la invitación que quiso hacerle Nikita Vargas al procurador.

La Corte aún se mantiene en silencio, la decisión no se ha tomado y por esto, actualmente, el decreto está vigente y a la fecha los trámites se pueden realizar en cualquier notaría del país. Sólo el alto tribunal tiene la última palabra sobre los derechos de la comunidad trans: puede respaldarlos y respetarlos o puede también dejar en el olvido el que parecía ser el primer logro conquistado para la comunidad trans en Colombia.

 

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