El populismo punitivo de Vargas Lleras

En época electoral las propuestas de los candidatos van y vienen por las redes sociales. Pero, ¿hasta dónde son estas propuestas realmente ejecutables? Investigadores del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes le hacen chequeo a las propuestas.

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Mario Andrés Torres Gómez, Juan Pablo Madrid-Malo y Yon Federico Cadín

28.02.2018

Una de las problemáticas centrales del debate electoral es la inseguridad y cuáles medidas de política criminal y seguridad ciudadana se deben implementar para combatirla. En las campañas varios candidatos presidenciales abogan por propuestas de cero tolerancia contra la criminalidad, lo cual se traduce en un aumento de la capacidad del sistema penitenciario. Por ejemplo, el candidato Germán Vargas Lleras trinó su intención de crear 50.000 nuevos cupos carcelarios como medida para combatir la criminalidad en Colombia.

Otros candidatos como Martha Lucía Ramírez, Iván Duque o Alejandro Ordoñez no se han atrevido a dar un estimativo de cuántos cupos carcelarios se requerirían para poner en marcha sus planes de política criminal y seguridad ciudadana, pero estos candidatos han declarado que harán una batalla frontal contra toda la cadena del narcotráfico o que tendrán “mano dura” contra la delincuencia común.

Aunque la creación de más cupos carcelarios podría verse como una solución a corto plazo para problemas como el hacinamiento, la experiencia nos demuestra que la medida por sí sola no resuelve la criminalidad ni la crisis carcelaria en Colombia.

¿Se pueden crear 50.000 cupos carcelarios?

Empecemos por hablar del reto fiscal que supone el aumento del sistema penitenciario. Sin que exista un cálculo exacto, en Colombia se estima que cada cupo carcelario cuesta aproximadamente 100 millones de pesos. Por ejemplo, la contratación de la cárcel EPMSC Fundación, declarada desierta en 2017, tenía previsto generar 3.000 cupos por un monto de  300 mil millones de pesos, es decir, 100 millones de pesos por cada cupo carcelario construido.  A esta cifra, además, se le suma que según un estudio de la oficina asesora de planeación del INPEC, el mantenimiento de cada preso ronda los 16 millones de pesos al año, 1,3 millones al mes.

Teniendo en cuenta estos costos, para cumplir la promesa de Vargas Lleras se requeriría una inversión aproximada de 5 billones de pesos en cuatro años, un número tan grande que es difícil de imaginar. Para poner esa cifra en contexto, basta revisar el CONPES 3828 de 2015 del Departamento Nacional de Planeación (DNP): desde el año 2002 hasta el 2015 se invirtieron aproximadamente 3,3 billones de pesos en la ampliación de 21.000 cupos, equivalentes al 91,09 % del presupuesto total del sector. Esto, además, deja de lado otras cuestiones importantísimas como el fortalecimiento institucional para la resocialización, el cual tuvo una participación de apenas el 0,60 % del presupuesto en el mismo periodo.

"Con el dinero que Vargas Lleras piensa invertir en cárceles Colombia podría triplicar el presupuesto en ciencia y tecnología y sobraría dinero para implementar un programa nacional de vivienda o educación bastante ambicioso"

¿Cómo financiar en cuatro años un gasto mayor al gasto total de los últimos 13 años en el mismo sector? Recordemos, por ejemplo, que el presupuesto para ciencia y tecnología (uno de los sectores que suele recibir recortes presupuestales) de este año es de tan sólo 339.000 millones de pesos. Con el dinero que Vargas Lleras piensa invertir en cárceles Colombia podría triplicar el presupuesto en ciencia y tecnología y sobraría dinero para implementar un programa nacional de vivienda o educación bastante ambicioso.

El anterior diagnóstico es alarmante si se tiene en cuenta que la Unidad de Servicios Penitenciarios (USPEC), entidad encargada de la construcción de cárceles, es una institución que ha recibido numerosas denuncias por corrupción a lo largo de sus seis años de existencia. A mediados de 2017, la directora de la USPEC, María Cristina Palau, fue declarada insubsistente por el Ministerio de Justicia por baja ejecución de los contratos a su cargo. Esto ocurrió días después de conocerse una denuncia interpuesta ante la Fiscalía en la que se asegura que Palau, presuntamente, habría recibido 600 millones de pesos por adjudicar un contrato para realizar obras en las cárceles de Cómbita, Boyacá y Pereira, Risaralda. Asimismo, la USPEC sólo logró ejecutar el 14,5 % del presupuesto de inversión que se le asignó para el año 2017. En ese sentido, probablemente es necesario revisar el funcionamiento de la USPEC, sus cuestionamientos por falta de transparencia y su señalada ineficiencia antes de pensar en asignarle un presupuesto tan generoso.

La misma política criminal reactiva

Incluso asumiendo que se cuenta con el dinero y la disposición política para construir 50.000 cupos carcelarios, el gasto indiscriminado en la construcción de cárceles supone continuar con el mismo enfoque reactivo y populista que ha lastrado la formulación de la política criminal, como lo ha reconocido el propio gobierno y ha sido señalado por la Corte Constitucional.

Según las estadísticas del INPEC, desde el año 1993 al 2014 se aumentaron los cupos en un 173,39 %, mientras que en ese mismo periodo la población privada de la libertad creció en un 315,39 %. Esto quiere decir que, en los últimos diez años, la inversión realizada en construir cárceles ha sido insuficiente ante la cantidad de personas que entran a las cárceles como resultado de esta misma política criminal reactiva y populista que aboga por la ampliación del sistema sin evaluar integralmente su funcionamiento.  

"El problema de fondo se encuentra en una política criminal mal planteada, reactiva, punitiva y no preventiva. Una política en donde el encarcelamiento se erige casi como la única respuesta al crimen"

Estos resultados de la política criminal responden a la creciente tendencia del uso excesivo de la prisión. Una propuesta común de la “mano dura contra el crimen” es la criminalización de conductas que pueden ser tratadas de otra manera o que no deberían merecer tratamiento penal, como es el caso de la dosis personal. Esta estrategia política es sumamente popular, pero rara vez es justificada empíricamente y se contrapone a la noción del derecho penal como ultima ratio. Este principio sostiene que el derecho penal se debe usar como último recurso al momento responder a los conflictos sociales.

La creación de cierta cantidad de cupos es una respuesta que a corto plazo suena muy bien, pero a largo plazo sólo resulta en la perpetuación del problema. En el escenario que se propone, habremos aumentado los cupos mientras la cantidad de personas privadas de la libertad se triplica en proporción.

Lo cierto es que el problema de fondo se encuentra en una política criminal mal planteada, reactiva, punitiva y no preventiva. En esa política, el encarcelamiento se erige casi como la única respuesta al crimen, ignorando la falta de programas de alternatividad penal, la falla en la implementación de programas de resocialización y la deficiente creación de programas de pospenados, es decir, programas de reintegración para personas que salen de prisión. Sin un cambio drástico en el enfoque de la política criminal, esta propuesta de crear más cupos es sólo un medio para encerrar a más personas, no una propuesta para solucionar de fondo el problema de la criminalidad.

Bonus

DESDE LOS ANDES...

Recomendamos el trabajo del Grupo de Prisiones de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

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La segunda propuesta de Germán Vargas Lleras sobre eliminar por completo las visitas, comunicaciones y permisos a los internos de alta seguridad, está prohibida por las Reglas Mandela de las Naciones Unidas y no pasaría el más básico examen de constitucionalidad. En todo caso, hoy por hoy los internos clasificados de alta seguridad tienen un régimen penitenciario donde las comunicaciones y permisos están ampliamente limitados.

La solución a la criminalidad en Colombia pasa por tomar medidas muy diferentes a aislar a los criminales de sus familias, lo cual incide negativamente en su reintegración social posterior.

 

*Mario Andrés Torres Gómez es abogado, Magister en Derecho Internacional y asesor del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes; Juan Pablo Madrid-Malo y Yon Federico Cadín son estudiantes de Derecho y miembros del mismo grupo de investigación.

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    UN MAL CANDIDATO, PUESTERO QUE NO GARANTIZA NADA BUENO PARA EL PAÍS, ESTUVO LIGADO GOBIERNO DE SANTOS POR 7 AÑOS Y HOY SE ATREVE A CUESTIONARLO, QUE VERGUENZA.

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