“Estoy tranquilo”, responde. Luis Ernesto Gómez, nuevo Secretario de Gobierno de Bogotá, acaba de hablar con un grupo de estudiantes encapuchados que, el pasado 16 de enero, bloqueó la carrera 30 a la altura de la Universidad Nacional. Gómez conversó al menos una hora con el grupo.
Dice que está tranquilo y no dice mucho más. En la conversación, el recién estrenado funcionario pretendía convencer a los manifestantes de desbloquear la vía.
“Ya les he informado que nosotros debemos restablecer el orden en la vía y que la forma como se va a hacer es a través del tercer elemento del protocolo que es la intervención de la policía, de la fuerza disponible, policías equipados con escudo, chaleco y bastón”, dice a las cámaras que registran el encuentro. En la otra esquina, manifestantes y encapuchados miran desde lejos la escena y apuntan un láser hacia el funcionario.
El protocolo al que se refiere había sido anunciado apenas un par de horas antes por la alcaldesa Claudia López. En una rueda de prensa la funcionaria explicó el nuevo procedimiento de cuatro pasos con el que se intervendría las situaciones excepcionales en las protestas.
Primero, dijo, operaría “la sanción social de otros marchantes”. Es decir, esperar que los manifestantes se autoregulen. Si eso no funciona, intervendrían los gestores de convivencia y un nuevo actor: una organización de madres que actuarían como gestoras de paz. Si aún esto no lograba mitigar los enfrentamientos, entraría la Policía armada únicamente de escudos y bastones. Y finalmente, y como un último recurso, el ESMAD podría entrar.
No pasaron cinco horas desde que López hizo el anunció cuando ya el ESMAD estaba de vuelta en las calles de Bogotá reprimiendo la protesta. Antes de su llegada, ya varios manifestantes sabían del protocolo y de la propuesta de la alcaldesa:
“Ella va a aplicar uno a uno los pasos del protocolo”, aseguró uno de los encapuchados que habló con Luis Ernesto Gómez, “¿Qué va a pasar? Ahorita todos estamos bloqueando pacíficamente. De aquí a las 5:30, cuando sale todo el mundo de trabajar, van a tener que desbloquear de alguna u otra forma esta vía, ahí es cuando ya se espera el tercer o cuarto filtro: fuerza disponible o Esmad. Nosotros seguiremos bloqueando pacíficamente y vamos a esperar. No vamos a iniciar nada, porque nos tienen en ese concepto de que los estudiantes somos los vándalos. No es así. Vamos a demostrar que vamos a estar pacíficamente sobre la 30 sin buscar problemas ni enfrentarnos a la policía, así muchos de nosotros tengamos el rostro cubierto”.
Gómez le dejó claras sus exigencias a los manifestantes: despejar al menos un carril de la 30 a cambio de un espacio de declaración frente a los medios con sus peticiones y la priorización de la reunión de la Alcaldesa sobre la situación de la Universidad Distrital.
Esa misma noche, muchos cuestionaban el enfoque democrático de la Alcaldesa mientras encapuchados y el ESMAD se enfrentaban en la universidad.
“Lo de hablar en medios es totalmente negado, porque hay dos canales que nos están transmitiendo mala información y que ponen un pedazo de video y luego lo cortan”, dice otro de los encapuchados.
A las 4:30 de la tarde Luis Ernesto Gómez y los gestores de convivencia —que habían estado corriendo de un lado a otro evitando que los encapuchados se acercaran a agentes de policía cercanos— han desaparecido de la escena. Desde el sur se aproximan una veintena de policías con escudos que son recibidos con piedras. Pasan dos minutos antes de que una tanqueta acelere por la carrera 30 hacia el norte y dispare chorros de agua a los manifestantes que corren hacia la entrada de la Universidad Nacional. Antes de que todos hayan podido entrar suenan las primeras bombas aturdidoras. Los capuchos se arman: barreras, piedras, molotovs. Unos cinco minutos después varias latas de gases lacrimógenos caen al interior de la universidad. Los manifestantes aseguran que los gases parecen ser más intensos que en otras ocasiones.
“Estos están muy concentrados”, dice un estudiante que huye tosiendo de los gases.
“Créanlas, eso está vencido”, responde una encapuchada.
“Ahí tienen, ¿para qué votaron por Claudia López? ¿No que no iba a mandar al Esmad?”, grita otra estudiante.
La Alcaldía de López se enfrenta a demandas que son para Duque
La actitud que tendrá Claudia López frente a las manifestaciones ha sido una incógnita.
El 20 de noviembre, un día antes de la primera cita del Paro Nacional, Claudia López subió un video a su cuenta de Twitter en el que emitió su primer mensaje al respecto:
“Una manifestación legítima no es razón de temor. (…) Nada grave va a pasar. La gente está expresando unas demandas legítimas y lo que deberíamos es actuar y prepararnos sin estigmatización. Un gobierno democrático no le puede tener temor a sus ciudadanos”.
Desde entonces, Claudia López repitió varias veces el mismo mensaje de apoyo a la protesta y de rechazo a la actitud antagonista del Estado:
“La operación del Esmad debe ser revisada (…). La muerte de Dilan ocurrió porque no se condujeron los protocolos que hay actualmente”, le dijo el 29 de noviembre a Caracol Radio.
“Somos parte las mayorías ciudadanas que se han tomado las calles con las demandas y aspiraciones apenas elementales y plenamente legítimas”, dijo en su discurso de posesión el 1 de enero.
«El Esmad no es regulador de movilizaciones ciudadanas, es un organismo de choque de última instancia (…). El protocolo vigente ni ordena que el Esmad salga por el hecho de que haya un anuncio de movilización ni mucho menos autoriza al Esmad a dispararle a una masa, a ciudadanos marchando, eso está expresamente prohibido por el Derecho Internacional Humanitario», dijo ya posesionada como alcaldesa, el 14 de enero, en una rueda de prensa con medios internacionales.
Además de las declaraciones de López, su misma biografía hace pensar que la nueva alcaldesa de Bogotá tendrá una posición más cercana a los marchantes que la administración anterior. López hizo parte de algunas de las movilizaciones más importantes de las últimas décadas, como la de la séptima papeleta, y su carrera ha estado marcada por la oposición a las formas —y vicios— de la política tradicional.
“Lo que cabría esperar es que, con fundamento en esas afirmaciones, se haga realidad el respeto al derecho de los ciudadanos a la movilización. Igualmente cabría esperar que se haga que el Esmad cumpla con los protocolos que han sido elaborados con el propósito de que ninguna de sus actuaciones interfiera con el derecho a la movilización pública pacífica ni con derechos como el de la vida y la integridad de quienes participan en esas expresiones públicas”, asegura el senador del Polo Iván Cepeda.
Lo mismo opinan Antonio Navarro Wolff y el senador Antonio Sanguino, compañeros de partido de la Alcaldesa. Los tres ven en el discurso de Claudia López una promesa de protección a los derechos de los marchantes que, creen, la alcaldesa tendría capacidad de hacer cumplir y llevar a cabo en su administración.
“Claudia es una mujer que ha estado ligada a los más importantes hechos de movilización ciudadana del país en las últimas décadas. Ella viene de allí, esa ha sido su tradición y su victoria de vida, entonces por supuesto que eso definirá su comportamiento y actitud”, asegura Sandino, autor del proyecto de ley que propone el desmonte del Esmad y que entraría en trámite en el Congreso en marzo.
El giro del discurso fue evidente durante la rueda de prensa en la que Claudia López anunció el nuevo protocolo para la movilización ciudadana: la alcaldesa inició anunciando que en su administración, las movilizaciones no serán entendidas como un asunto de seguridad: “Cuando se radique una solicitud de la Alcaldía, no volverá a ser la Secretaría de Seguridad la institución encargada de esa solicitud: no nos están anunciando un problema de orden público. Ahora la interlocución la hace la Secretaría de Gobierno porque se trata de un acto democrático”, dijo.
Además, aseguró que las protestas no son una mala noticia sino una exaltación de la democracia que a menudo incomoda, y que la incomodidad es parte del ejercicio democrático. “Va a haber puntos que impiden el tráfico, va a haber restricciones, va a haber un poco de tensión. Eso es parte del costo de la democracia y pedimos paciencia y tolerancia por el valor que representa nuestra democracia”, aseguró. A la vez pidió dejar que Transmilenio funcionara y que la ciudad “viva” mientras se ejerce la democracia.
Sin embargo, esa misma noche ya muchos cuestionaban el enfoque democrático y de derechos humanos de la Alcaldesa mientras agentes del ESMAD y encapuchados se enfrentaban en la Universidad Nacional. En redes sociales, varios otros celebraban la decisión de la Alcaldesa y juzgaban como proporcional la intervención del Esmad.
A su vez, Luis Ernesto Gómez y la misma Claudia López sostuvieron en Twitter que el protocolo se había cumplido paso a paso y que se necesitaría tiempo para hacer cambios culturales en los que los protagonistas “sean los justos reclamos y no los conflictos que fatigan a Bogotá”.
Además, el secretario destacó que fueron en total cinco los bloqueos de vías que tuvieron lugar el 16 de enero en Bogotá de los cuales solo uno, el de la Universidad Nacional, no había sido resuelto a través del diálogo.
“Nosotros creemos inicialmente que la protesta puede bloquear vías”, asegura Óscar Ramírez, abogado de la Campaña Defender la Libertad —un conjunto de organizaciones que hace presencia con defensores de derechos humanos en las marchas y vela por los derechos de los manifestantes—. Ramírez es uno de los que cree que el uso del ESMAD el pasado 16 no era necesario y pudo haber sido evitado. “Lo que deberíamos tener es un desvío de transporte público efectivo que permita garantizar el derecho al transporte, al trabajo y a la movilidad de los otros ciudadanos y garantizar el derecho a la protesta de los que se manifiestan”,
Sin embargo, afirma, lo del 16 de enero fue el primer experimento del protocolo, todavía queda tiempo por ver cómo se sigue ejecutando. Reconoce que el documento y los términos en los que la alcaldía ha puesto la conversación demuestran un avance en el trato de la protesta. Destaca, por ejemplo, el hecho de que ahora sea un asunto de la Secretaría de Gobierno y no de la de Seguridad, pero asegura que aún falta pulir algunas cosas del protocolo: una muestra de eso, dice, fueron los excesos de la fuerza pública que hubo durante el bloqueo del pasado jueves.
“Hay videos en redes sociales que muestran cómo agentes de la fuerza pública seguían golpeando a una persona reducida, incluso por encima del ministerio público, de la Personería de Bogotá. Frente a eso no ha habido pronunciamientos claros por parte de la alcaldía de Bogotá. Es importante que si se hace uso de la fuerza, sepamos que las personas que son detenidas sean conducidas de una manera digna, que no sean sometidos a tratos crueles. Creo que hay cosas para ajustar en este nuevo protocolo, que es un experimento que tiene que fortalecerse de la mano de las organizaciones sociales y de las de derechos humanos”, asegura el abogado.
La articulación con organizaciones sociales es un asunto del que la alcaldía en principio pareciera haberse hecho cargo: el protocolo contempla la inclusión de una organización de madres que actuarían como gestoras de paz. La medida ha sido muy discutida en redes sociales por quienes critican sus implicaciones simbólicas y la consideran una forma de “infantilizar” a los marchantes, pero para Óscar Ramírez la preocupación es otra:
“Si bien no hemos visto todavía esta medida en funcionamiento, no sabemos cuál ha sido el tipo de formación que tengan estas personas, en qué momento van a intervenir, cuándo se deben retirar, cuáles son sus alcances, si su función es de mediación, de sanción social o de disuasión. ¿Cuál será el diálogo que tienen estas madres con la fuerza pública en el momento en que las cosas se pongan más tensas?”, dice, aunque también reconoce que es una iniciativa interesante si la intención de la medida también es darle mayor participación a las mujeres en el escenario de la protesta.
Esto no es con Claudia, no es con Bogotá. Es con el mamagallista de Duque.
Y a pesar de que Óscar Ramírez celebra el nuevo enfoque de la alcaldía, que antepone el diálogo, asegura que el uso del ESMAD y las mismas peticiones del Paro Nacional son un asunto del gobierno nacional. También lo dice Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), quien asegura que el carácter nacional de las demandas de estas protestas termina sobrepasando cualquier intención o medida que la alcaldía de Bogotá tenga al respecto.
“Todo dependería obviamente de cuáles son las demandas que se están reivindicando en el nuevo ciclo de protestas que se viene, porque son muy distintas las dinámicas que puedan estar relacionadas directamente con asuntos que pueda gestionar esta alcaldía y otras las que corresponden al Gobierno nacional darles respuesta”, afirma Barrera.
La incapacidad de la alcaldía de hacerse cargo de un tema que es nacional es un asunto que la misma alcaldía, en cabeza del secretario Luis Ernesto Gómez, reconoce. El jueves pasado, mientras hablaba con estudiantes y encapuchados, Gómez repitió en más de una ocasión que lo ideal es hacerle presión al gobierno nacional para que escuche las peticiones del paro. Los encapuchados, a su vez, tenían claro lo mismo:
“Esto no es con Claudia, no es con Bogotá. Es con el mamagallista de Duque”, dijo uno de los capuchos minutos después de haber hablado con el Secretario de Gobierno.
“El problema aquí es con Iván Duque que se hace el huevón y no nos escucha”, agregó una encapuchada.
Para Óscar Ramírez, la misma presencia de encapuchados que recurren a métodos violentos —lo que para muchos justifica la intervención del Esmad el 16 de enero— es en parte producto de la desatención y la falta de diálogo con el Paro Nacional de parte del Estado.
“Estas expresiones radicales empiezan a tener eco en escenarios de poco diálogo. Si uno se fija, cuando se abren las negociaciones de paz de La Habana, o cuando se firma el acuerdo de paz con las Farc, estas expresiones disminuyen en casi todas las universidades de Colombia. Cuando este gobierno empezó a torpedear los diálogos de paz y los diálogos con los estudiantes, estas expresiones radicales empezaron a legitimar su discurso. El tema es mucho más complejo que decir ‘saquemos a los capuchos’, porque probablemente sean estudiantes que tienen reivindicaciones válidas. Creo que esa es una discusión que deben dar los mismos estudiantes al interior de las universidades”, afirma el abogado.
¿López puede controlar al ESMAD?
Uno de los mensajes clave de la campaña de Claudia López, y que ha repetido desde que fue elegida, es su rol como jefe de la Policía de Bogotá: una y otra vez ha dicho que desde ese cargo hará cumplir con las normas que regulan la labor de los policías y de los agentes del ESMAD —un cuerpo anclado a la Policía— para evitar el abuso de fuerza. Pero según Víctor Barrera, la línea de mando sobre el ESMAD tiene espacios grises en los que no es tan claro quién da las órdenes.
“Eso es una caja negra. En principio se supone que ante eventos grandes de protesta social se debe ubicar un puesto de mando unificado en las ciudades donde se articulan en tiempo real distintas instituciones para responder a la protesta. Se espera que ese sea el espacio desde donde se den las orientaciones. Allí la alcaldía tendría incidencia, según la norma, para monitorear el despliegue del ESMAD en distintos puntos de la ciudad. Pero en un nivel más operativo de cómo debe proceder, los controles institucionales no son muy claros”, asegura el investigador.
En resumen, la Alcaldía, dice Barrera, tendría poder de decisión sobre en qué momentos y en qué puntos actúa el Esmad en Bogotá, más no la manera en cómo opera ni las armas que usa.
Claudia López lo sabe: en la rueda de prensa del mismo 16 de enero, a propósito de la recomendación de la Procuraduría para que el Esmad abandone el uso de escopetas calibre 12 con la que fue asesinado Dilan Cruz, la Alcaldesa aseguró que acogería y haría cumplir la solicitud de la institución; minutos más tarde dijo que “la orden la debe dar el Presidente. Yo comparto la solicitud de la Procuraduría y en lo que de mí dependa, esas armas no se usarán”.
Para César Valderrama, director de investigaciones en la línea de Sistema Judicial de Dejusticia, el problema de la línea de mando sobre el actuar del Esmad podría solucionarse en parte con un ejercicio de transparencia que sí podría estar dentro del rango de acción de la Alcaldía.
“En su página web, la Alcaldía podría poner, de forma posterior a la protesta, por ejemplo, cuál fue la línea de mando encargada del orden público en la ciudad. El simple ejercicio de reportar que tal escuadrón estaba conformado por tales personas, que se decidió intervenir o no, que la decisión la tomaron estas personas… Eso ayudaría muchísimo. Primero, habría autocontrol por parte de la Policía que tendría más claro quien está dando las órdenes. Y por parte de la ciudadanía, se sabría exactamente cómo están funcionando las instituciones. En una sociedad democrática estas decisiones no deberían ser ocultas”, asegura Valderrama.
Para él, no obstante, gran parte de la regulación que se necesita sobre la labor del ESMAD habita en “vacíos jurídicos” que, hasta cierto punto, podrían depender de la labor de la Alcaldía pero que, de nuevo, dependen en gran parte de instancias nacionales. Según Valderrama, esos vacíos jurídicos consisten en la ausencia de una ley estatutaria que regule la protesta y de la falta de implementación de normas ya existentes que regulan al ESMAD y a la Policía.
“El vacío normativo de la ley estatutaria ha sido suplido muy mínimamente por una serie de resoluciones ministeriales y de la policía que han intentado regular el uso de la fuerza para amotinamientos y, en general, también para el desmonte de la protesta. (…). Lo más difícil es el cumplimiento, porque no es que haya ausencia total de normativa, sino que no se está logrando materializar”, afirma el abogado.
Una de esas normas ya existentes es el decreto 563 de 2015, por medio del cual “se adopta el Protocolo de Actuación para Las Movilizaciones Sociales en Bogotá: Por El Derecho a la Movilización y la Protesta Pacífica”, un documento que, entre otras cosas, decreta que la policía debe actuar con proporcionalidad y solidaridad en la protesta y debe dar un trato digno a los marchantes.
Y más allá de que exista una normativa que regula a la fuerza pública, cuenta el abogado, ya hay experimentos en el país por parte de la misma Policía que han intentado otros acercamientos a la protesta y que han probado ser exitosos.
“La Policía Nacional tiene un plan piloto, que se está implementando en cinco municipios del país, con agentes que tienen otra formación y que buscan mecanismos de resolución para evitar que los conflictos se escalen. Buenaventura es uno de ellos, una ciudad con altos niveles de conflictividad social donde ha salido muy bien. La idea sería que este tipo de iniciativas se puedan extender a otras ciudades. Que en todo el país se aplique el uso de la fuerza solo en los focos específicos en los que puede haber violencia dentro de la protesta”, asegura.
Óscar Ramírez, de la Campaña Defender la Libertad, y Víctor Barrera, del Cinep, coinciden en otro aspecto en el que la Alcaldía podría tener acción e intervenir para regular el uso del ESMAD y la atención a la protesta mientras el Gobierno nacional se ocupa de lo que le toca: luchar contra la impunidad de los agentes de la fuerza pública que se ven implicados en violaciones de derechos humanos y asegurarse de que no vuelvan a participar en espacios de protesta. Hacerlos, en definitiva, responsables de sus actos.
Ramírez además agrega que la Alcaldía de Bogotá es tal vez la instancia que mayor presión podría ejercer sobre el gobierno y lograr que desde Presidencia se escuchen y resuelvan las peticiones del paro.
“Creo que es importante que el Gobierno Distrital tienda puentes con el Gobierno Nacional para que el diálogo sea la forma de canalizar estos conflictos y no las vías de hecho que puedan terminar en algún disturbio. En eso, la Alcaldía puede ser un actor fundamental”.
En cualquier caso, la iniciativa del protocolo por parte de la Alcaldía parece ser un gesto hacia el camino adecuado de lidiar con la protesta: a través del diálogo haciendo caso a las peticiones de los manifestantes. Sin embargo, como asegura Ramírez, el pasado jueves 16 fue apenas la primera prueba del nuevo enfoque de la Alcaldía, aún falta ver cómo será su implementación en situaciones más grandes de convocatoria como la programada el próximo 21 de enero.
Después de lo ocurrido el 16 de enero en la Universidad Nacional, las expectativas siguen siendo altas para el enfoque más democrático con el que se perfiló la candidata en campaña.
