Con su decisión de levantar el cese con el ‘Estado Mayor Central’ (EMC) en Guaviare, Meta, Putumayo y Caquetá, departamentos claves para la reducción de la deforestación en la Amazonía, el gobierno de Gustavo Petro se enfrenta a un dilema. Si no reanuda el cese corre el riesgo de que el EMC, el grupo disidente liderado por Iván Mordisco, utilice la tala como una forma de presión, pues este grupo es la autoridad ambiental de facto en la zona. Aunque hasta ahora la orden de no tumbar se mantiene, en la zona preocupa que esto cambie.

Una movida que ha pasado de agache desde el año pasado es cómo el EMC respondió a la llegada de Petro al poder con el tema de la tala. Antes, la disidencia era más flexible con los topes de tala, venía cobrando un impuesto por cabeza de ganado y por la compra y venta de tierras y convirtió a la deforestación en un negocio del cual financiarse. 

El 15 de mayo de 2022, dos semanas antes de la primera vuelta presidencial en la que Petro se perfilaba como una opción real de poder, la disidencia sacó un manual de convivencia en el que incluían la norma de “este año nadie tumba montaña, arreglan todos los cañeros y potreros enrastrojados y cuando tengan todo su predio organizado podrán volver a tumbar con la autorización de las Farc-EP, quien se ponga de necio a tumbar montaña será merecedor de una sanción. De $1.000.000 de pesos por hectárea de montaña tumbada”. También daban la órden de que nadie podía coger tierras baldías para trabajar, ni estaba autorizado a repartirlas, algo usual antes.

En septiembre de 2022, ya con Petro en el poder, las órdenes fueron más allá y estaban atadas a la llegada del nuevo gobierno. En un comunicado llamaron a la suspensión total de la tala “hasta que se materialice en estos cuatro años de gobierno del Doctor Gustavo Petro, una solución institucional para los campesinos que carecen de tierra para trabajar”. Órdenes parecidas rotaron entre septiembre y octubre del año pasado por WhatsApp entre miembros de varias juntas de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá.

La órden no era gratuita. El EMC la dio justo cuando Petro lanzó la ‘Paz Total’ -una apuesta con la que busca negociar con grupos armados a los que el gobierno decida darles “estatus político” y lograr el sometimiento a la justicia con otros- y también suspendió ‘Artemisa’, la estrategia que el gobierno de Iván Duque lanzó para perseguir a los taladores y que, calcando la fallida fórmula de la “guerra contra las drogas”, terminó capturando más a pequeños campesinos en vez de grandes determinadores de la deforestación. Es decir, aún sin algo formal, lo que ocurrió en la práctica fue un cese de hostilidades ambiental. 

En medio de este contexto, el EMC ha entendido que regular lo ambiental, aparte de darles amplias rentas, puede ser la base de un discurso político que los beneficie al mostrarse como una organización que sí tiene unos “ideales”. “Nosotros somos políticos porque paramos la tala” dijo a finales 2022, parado al lado de una caseta de madera en Puerto Cachicamo, Guaviare, un mando medio del Frente Jorge Suárez Briceño, adscrito al EMC. 

La pregunta era si el EMC tenía realmente el poder de hacer cumplir estas órdenes. En el “arco de la deforestación amazónica” (Meta, Guaviare y Caquetá) que, al tiempo es el centro de poder del ‘EMC’, la deforestación bajó en 2022. Según cifras preliminares del sistema de monitoreo de bosques y carbono del Ideam, en Guaviare se redujo en un 34%, en Caquetá  un 31% y en Meta un 26%. Aunque otros factores -como los acuerdos de conservación entre el Gobierno y las juntas de acción comunal o el Fenómeno de La Niña-  también pesaron. En Putumayo, en cambio, la tala creció en un 26%. A ese dato se suma la reducción de más del 95% de la tala en los parques nacionales amazónicos durante el primer semestre de 2023. 

Las cifras han dado para que el gobierno saque pecho, pero sin dejar de lado el rol que, al menos en la Amazonía, juegan las disidencias. Esto se nota en que el ministerio de Ambiente dice que esta reducción se debe a cinco pilares: cuatro que dependen más del Estado (acuerdos sociales de conservación con las comunidades, proyectos de economía forestal, acción del Ejército y de la Policía y fortalecimiento de la investigación criminal para dar con los determinadores) y uno que está atado a las negociaciones con los grupos, que es “la inclusión de la deforestación en la Paz Total”. 

Por eso, al levantar el cese al fuego justo en los cuatro departamentos más neurálgicos para el tema ambiental (Caquetá, Putumayo, Meta y Guaviare), el gobierno se expone a que una forma de presión sea, precisamente, a punta de madera.

Los riesgos

El mismo día que Petro levantó el cese al fuego en estas regiones, la ‘Coordinadora del Sur Oriente Colombiano para los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales’ Coscopaas, sacó un comunicado en el que decían “nos preocupa que este rompimiento al cese al fuego traiga consecuencias también en lo ambiental”. Coscopaas nació a finales de 2022 y según tres de sus miembros, agrupa a organizaciones campesinas como la Asociación Campesina Ambiental Losada Guayabero, Ascal-G, o la Asociación de Campesinos y Trabajadores de la Región del Río Guayabero, Ascatragua, así como a algunas guardias campesinas.

Coscopaas fue la organización que convocó, por ejemplo, el evento de abril de este año en los llanos del Yarí, al que fue el jefe del EMC, Iván Mordisco -entre otros miembros de esa disidencia- y varias organizaciones sociales a presentar “la agenda programática de las comunidades para respaldar los diálogos exploratorios entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP”, según la invitación.

Cooscopaas también fue la organización anfitriona de la ‘Cumbre Nacional por la Paz’ que se hizo a comienzos de junio en San Vicente del Caguán, Caquetá, y a la que fueron voceros de más de 40 organizaciones sociales de distintas regiones del país para pensar cómo podían presionar el restablecimiento del cese al fuego. Allí también se habló del tema ambiental como un asunto que está atado a las negociaciones.

Aunque hasta ahora, como lo confirmaron tres fuentes (una de Guaviare y dos más de San Vicente del Caguán, Caquetá) la órden de no talar por parte del ‘EMC’ se mantiene, a los líderes les preocupa que con el paso del tiempo, la disidencia vuelva a dar la orden de tumbar como una forma de presión.

“El hecho de que no se instale el cese en el corto plazo definitivamente puede generar un incremento en la deforestación”, dice Paulo Parrado, vocero de la Guardia Campesina del Guayabero. “Porque las Farc había decretado esta orden como una muestra de voluntad de diálogo o demostrando la capacidad que tiene. Y definitivamente es algo que nos preocupa bastante”. Para él, la reducción de la tala, más que por acciones del gobierno, responde a “la misma orden de las Farc y a la voluntad que tienen las comunidades de mostrar al gobierno que sí se puede reducir la deforestación sin operativos artemisa, sin judicialización de campesinos, sino que a partir de los diálogos se puede lograr esto”. Otro líder de una guardia opinó algo parecido.

En el gobierno, por ahora, pese a que creen que este es un tema clave, no lo ven como un problema particular de la Amazonía. “Esa es una visión equivocada: si se tiene en cuenta, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el Pacífico, se darán cuenta que las gobernanzas ilegales sobre los recursos ambientales y los bosques ocurre en muchas regiones del país. La visión de la amazonía tiene un valor especial en el imaginario colectivo, pero la deforestación va mucho más allá de esa región”, dijo el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

Aún cuando es cierto que la deforestación no se limita a la Amazonía, esta sí es la región más afectada por la tala y el ‘EMC’ tiene el sartén por el mango allí.Según los datos oficiales más recientes del Ideam sobre superficie deforestada en Colombia en 2021, la Amazonía concentró el 64.8% de la deforestación ese año en todo el país. Después la región andina (17.2%), Pacífico (7.7%), Caribe (5.5%) y Orinoquía (4.8%). 

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