Hace cuatro años la inconformidad por la propuesta de proyecto de ley de la reforma tributaria, del entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, fue el florero de Llorente para explotar el descontento general que ya se había empezado a manifestar en las calles.

El Comité Nacional del Paro había convocado para ese 28 de abril de 2021 a una protesta que se transformó rápidamente en una movilización social sin precedentes donde participaron las clases media y baja y sectores que históricamente no hacían parte de las marchas.

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De acuerdo con la ONU, se realizaron 12.478 actividades de protesta social en 860 municipios de los 32 departamentos del país. En el 11% de las manifestaciones se presentaron disturbios y acciones violentas en las que intervino el entonces ESMAD. 

Poco más de un año después, el 7 de agosto de 2022 fue elegido Gustavo Petro, quien prometió apoyar y defender la protesta social, reparar a las víctimas de abuso policial que dejó el estallido social y atender los reclamos de los sectores que habían salido a las calles. Un mes después, el director de la Policía Nacional de ese entonces Henry Sanabria expidió un documento para replantear los lineamientos institucionales del orden en el país y los protocolos que debían seguir las fuerzas armadas en una nueva entidad que reemplazaría el ESMAD: la  Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO)

Antes del 2021, algunos expertos coinciden en que la movilización social había sido alterada en el punto de inflexión que supuso el Acuerdo de Paz de 2016. “Fue una herramienta para exigir transformaciones que habían quedado en ese documento”, señala Alejandro Rodríguez, de la organización Temblores.

Así, en los siguientes años estas exigencias resonaron cada vez más fuerte: en 2018 fue el momento del movimiento estudiantil y la minga indígena, en 2019 fue el primer gran paro nacional y en 2020 fue el primer levantamiento notorio contra el abuso policial. Todo esto gestó lo que ocurrió en 2021 que marcó un antes y un después en la forma de movilizarse. No obstante, desde entonces, la movilización no ha tenido la misma intensidad por múltiples factores.

¿Qué ha cambiado? 

Para Juanita Cabezas, de la organización Indepaz, esta reducción se explica en algunos casos porque muchos líderes pasaron a dirigir organizaciones, a ser parte del escenario político o del proceso de gobierno, como es el caso de Gareth Sella. “Ya insertados en el Estado, saben cómo acceder a esas posiciones o cómo reclamarle a las instituciones”, señala. La experta también agrega que la protesta se ha trasladado a las redes sociales, donde líderes del estallido quedaron con grandes comunidades digitales que les han servido para impulsar sus iniciativas.

Otros coinciden en que las formas de protesta se han vuelto más creativas y descentralizadas. “La protesta se ha dirigido hacia problemáticas locales específicas”, señala Alejandro Rodriguez de Temblores. Este se refiere, por ejemplo, a luchar contra conflictos mineros en municipios y regiones, reclamos de comunidades campesinas, inconformidad con el racionamiento de agua en el caso de Bogotá, entre otros. Rodriguez explica que esto se debe a la reconfiguración de las dinámicas electorales regionales. “Un montón de candidatos de derecha llegaron al poder regional y eso también nos muestra un cambio de administración”, agrega. 

De igual manera la protesta social se ha desvinculado de las expectativas con el Estado. En ese sentido, ha buscado generar procesos de resistencia más locales y autónomos. “Hay una ruptura entre el Estado y estos grupos de ciudadanos, pero también entre la misma gente, y entre los colectivos, donde se crean formas de resistir, de sanar y de reparar de manera independiente”, continúa Rodriguez. 

Juan Fonseca, víctima de violencia ocular y miembro del Movimiento de Resistencia a las Agresiones Oculares (MOCAO), también agrega: “Empezamos a crear unas exigencias que no solamente eran políticas, sino también buscaban esa participación colectiva en otro tipo de actividades para construir nuestra propia resiliencia y nuestra propia catarsis”, señala. 

Ana López, del colectivo Arquitectura Expandida, recuerda que hubo un momento después del estallido social donde los jóvenes percibían aires de cambio. Allí la resistencia se transformó en una relación diferente con el territorio. “Hay una transición a una forma de ocupación del espacio más de barrio colaborativo, muchas veces se dan en el marco de la huerta, con propósitos que tienen que ver con la memoria, con cuestiones medioambientales pero también acaba siendo super artístico performativo. Se sentía que podíamos construir nuestro propio territorio”, explica.  Así, las huertas se convirtieron en un mensaje de los colectivos para declarar el espacio como un territorio de paz, tal como lo señalamos en este reportaje.

Pero López también insiste en que en el presente estos espacios autogestionados se han convertido en blancos para la hostilidad de la delincuencia y la complicidad de otros actores. “En el presente estamos pasando ese guayabo de ese momento de optimismo y subidón y los jóvenes que hacen autogestión territorial se tienen que enfrentar con muchas hostilidades. En espacios públicos muchas veces están acosados por el hampa. Además se tienen que enfrentar a una estigmatización que viene de visiones conservadoras y violentas de la sociedad”, agrega. 

Otro de los aspectos de esta transformación ha sido el surgimiento de nuevos actores en la protesta: las nuevas derechas. “No parecen muy relacionadas con la movilización. Son sectores que siempre han sido mucho más cercanos a la Fuerza Pública, que no se han visto históricamente vulnerados por la violencia estatal. Hay un relacionamiento mucho menos problemático y conflictivo”, señala Rodriguez. Según el experto, sucede porque no hay un historial de violencias que haya afectado diferencialmente a esos sectores de derecha.

Esto se pudo ver en abril de 2024 cuando aproximadamente 400.000 personas se movilizaron en el país, coordinados por la senadora Maria Fernanda Cabal, para protestar en contra de las políticas de Gustavo Petro. En febrero de este año, en Bogotá, también se convocaron manifestaciones en  la Calle 100 con séptima donde se instalaron pendones para exigir un juicio político al presidente.

Por su parte, desde el lado de las colectividades de la izquierda, hay una preocupación electoral. “Antes nos movilizamos porque estábamos en contra del autoritarismo, del fascismo. Muchos ahora buscamos no afectar un próximo mandato de izquierda”, señala Fonseca, de MOCAO. 

Luis Acosta, Coordinador Nacional de la Guardia Indígena de la ONIC, agrega que ellos han cambiado su forma de organizarse ya que antes se preparaban para ser agredidos. “Hace cuatro años uno se movilizaba y le tiraban gases. Había agresiones físicas. Nosotros seguimos protestando encima de cualquier escenario pero ahora la protesta se ha suavizado, es pacífica, se hace con todo el respeto y la dignidad. Antes nos rechazaban, nos decían que éramos infiltrados por la guerrilla”, explica. 

Finalmente, Alejandro Rodriguez, de Temblores, insiste en que es fundamental que los movimientos sociales se fortalezcan independientemente de lo que ha sido y será el gobierno de Petro. “El gobierno de Petro representa luchas históricas y transformaciones sociales. Pero no es que Petro, en sí mismo, represente estas transformaciones; estas son luchas por la justicia social que vienen desde hace muchísimos años, y eso tiene que perdurar más allá de este gobierno”. Y agrega: “Debe haber una reflexión importante por parte de los movimientos sociales sobre cómo continuar ejerciendo un rol político fundamental para la transformación del país”.

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