C y el ciclo de violencia trans

C*, una mujer trans de Soacha, denunció que la perfilaron, la hostigaron, le negaron su identidad, la extorsionaron, la revictimizaron y la violaron miembros de la Policía Nacional de ese municipio. Lo que le sucedió en esas siete horas es una versión concentrada de todas las violencias que enfrentan las mujeres trans en Colombia a diario.

por

María Fernanda Fitzgerald

Literata con Maestría en Periodismo de la Universidad de los Andes. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2020. ICFJ Fellow 2021. Becaria Corte IDH 2021. Se especializa en cubrimiento de minorías, género, salud mental y Derechos Humanos. Fue beneficiaria de la beca Elipsis del British Council en 2017 y de la beca del Centro de Español UniAndes en 2018.


25.03.2021

Ilustración por: Ana Sophia López // Animación por: Diego Forero

Cerosetenta habló con C, la mujer trans que denunció haber sido violada por un miembro de la Policía Nacional en el Centro de Traslado por Protección, CTP, antiguo UPJ, de Cazucá, en Soacha. Su denuncia ya había sido publicada por la Red Comunitaria Trans el 17 de marzo a través de un comunicado público. Es un relato desgarrador, explícito y que para muchas personas puede resultar chocante, así que recomendamos discreción por parte de nuestros lectores. Pero también es una evidencia de todas las violencias que enfrentan las mujeres trans en un país que no las protege. No publicaremos su nombre para protegerla, porque aunque su caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, esta mujer tuvo que desplazarse del municipio de Soacha por miedo a represalias por atreverse a denunciar. 

“Nunca pensé que me fuera a pasar a mi. Sinceramente como que a veces una cree que sí, que el problema está, pero no que nos va tocar y la verdad es que sí llega y duele bastante y hiere mucho, duele muchísimo”.

Su voz es fuerte pero está adolorida. El 16 de febrero, cuando sucedieron los hechos, C estaba, como de costumbre, trabajando en el parque central de Soacha con el colectivo artístico al que pertenece. Un colectivo que se dedica a hacer actividades de recreación y cultura en el espacio público en un esfuerzo por sacar a los niños y adolescentes del entorno violento que los rodea. 

Eran las 8 de la noche cuando el colectivo notó que se les acercaron dos personas con chalecos y cachuchas que los identificaban como funcionarios de la Alcaldía de Soacha. Ella dice que esas ‘visitas’ ya se les habían vuelto cotidianas. 

“Siempre que nos reuníamos en el parque era normal que llegaran a tomarnos fotos, a hacernos preguntas, a intentar sacarnos. Eso se ha convertido en algo normal, sobre todo desde que inició la actual Alcaldía. Esa noche hicieron lo mismo, sólo que todos los que estábamos allí empezamos a protestar”.

La discusión comenzó a subir de tono, pues las personas, incluyendo a los vendedores ambulantes, no estuvieron de acuerdo en que intentaran sacarlos del parque. La gente “se rebotó” y, como cuenta C, los funcionarios de la Alcaldía decidieron llamar a la Policía con el argumento de que supuestamente C estaba siendo agresiva con ellos. Ella lo niega.  

“Se pusieron a decir que yo había intentado agredirlos con una de las cadenas con las que hago circo, pero la realidad fue que uno de ellos me la rapó de las manos”. 

Primero llegó una moto de la Policía con dos agentes: un hombre y una mujer. Le pidieron una requisa. Ella aceptó pero para que se le respetara su identidad de género exigió ser requisada por la mujer policía que, sin embargo se negó: “Usted es un hombre”, le dijo. C se negó a ser requisada por el hombre y los patrulleros llamaron refuerzos. Aproximadamente a las 9 de la noche, al sitio llegó una patrulla. Le dijeron que tenían que llevársela detenida por negarse a la requisa y por agredir a los funcionarios de la Alcaldía. 

A pesar de que todo este episodio sucedió en pleno parque de Soacha, la patrulla la trasladó hasta el CTP de Cazucá, a unos 4 kilómetros de distancia, que son más o menos media hora de recorrido. Nadie le explicó por qué y se saltaron, al menos, ocho CAI’s y estaciones más cercanas a su ubicación.

Hostigamiento. Negación de la identidad de género. 

Expulsión arbitraria del espacio público. 

Amenaza.

Extorsión.

“La criminalización de las personas trans más vulnerables es pan de cada día. No son hechos aislados, no son manzanas podridas”, dice Juliana Salamanca, comunicadora social, activista y directora de comunicaciones de la Red Comunitaria Trans, mientras sigue enunciando la lista de las formas en las que se expresa esta criminalización: 

Agresión física y verbal.

Privación arbitraria de la libertad. 

Violencia sexual.

“Son la radiografía del continuum de violencias que sufren las personas trans a diario”, continúa. “Se repiten día tras día, por la falta de garantías para la denuncia y defensa judicial, además de la impunidad que caracteriza a las denuncias realizadas contra la Fuerza Pública”, dice. Y explica: estas agresiones parten desde los prejuicios causados por el estigma de esta institución hacia las identidades no normativas.

“Cuando me metieron a la celda había dos policías que no estaban uniformados, sin embargo todo el mundo ahí tenía que rendirles pleitesía, hacerles caso. En general, todos los policías llevaban uniformes desgastados, descosidos, con prendas más viejas y más nuevas, era muy extraño. Uno de los policías sin uniforme llevaba un bate, le pegaba a las rejas y pasaba por ratos, me quedaba mirando y me decía cosas. A mí me encerraron con otra mujer que, debo decir, era menor de edad. A ella y a mí nos empezaron a acosar”. 

Según su relato, el hombre del bate no dejaba de intimidarla. C recuerda que le decía cosas como que se dejara, que él lo tenía tan grande como ese bate. Que si le hacía el favor, él la dejaría salir. Que si ella no quería, que convenciera a su compañera de celda para que ella ‘le diera el polvo’, que porque ella, por ser mujer trans, tenía “una mejor facultad para convencer a otras mujeres”. C sólo le pedía que la dejara en paz. 

“Todos los policías desaparecieron como por 15 o 20 minutos. Se la llevaron a la parte del frente de la CTP y cuando regresaron, la chica recogió a su hermano, que también estaba preso, y se fueron”. 

C siguió detenida hasta el cambio de turno que ocurrió después de la media noche. En ese momento cuenta que los policías sin uniforme se fueron. 

“Pero en ese momento llegó otro policía que me dijo, literalmente, que se la mamara para dejarme salir. Que si lo hacía ya se acababa ese problema para mí. Yo le contesto que si me saca de ahí que todo bien. Llega otro compañero, me saca de la celda y me tira mis cosas, me rompen el celular y me llevan a la parte de atrás de la CTP a unos parqueaderos donde hay como una especie de camión medio desarmado. Ahí fue donde pasó todo”. 

El hombre la obligó a meterse en un espacio detrás del camión. 

“Agáchese, me dice, y me hace practicarle sexo oral y luego de eso me empuja y caigo de lado contra una llanta grande de camión. Y bueno, ahí me penetró a la fuerza. Luego de eso, el man se levanta, muy eufórico, me dice ‘ah, es que tenía muchas ganas’ y me deja ahí tirada en el parqueadero de la CTP. Yo ni siquiera sabía bien por donde era la salida”. 

C logró salir de ahí. Caminó dos cuadras y sintió que algo le escurría por la pierna. Se tocó. 

C estaba sangrando. 

“La vulnerabilidad de las personas trans aumenta al encontrarse bajo la custodia de la Fuerza Pública, siendo expuestas a enfrentar tortura, violencia sexual, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales”, asegura Juliana Salamanca. Para ella, todo esto recae en el hecho de que la Policía busca exterminar las identidades que no comprende o acepta, por lo que termina perfilando y castigando a las mujeres trans. Pone como ejemplo las denuncias por acoso y ataques físicos que han hecho trabajadoras sexuales del barrio Santafé, el caso de la rapera Big Emma que el 25 de julio del año pasado fue expulsada por la Policía del metro de Medellín, y el de Carlos Torres que murió en custodia de la Policía en 2015 y que, según la institución, se suicidó con un cordón; una versión que niegan su familia y sus amigos.  

La consolidación de las cifras de estas agresiones “es muy difícil por todos los prejuicios sociales y culturales”, le dijo a Cerosetenta la Red Feminista Antimilitarista. Incluso cuando se trata de asesinatos, el sistema institucional de registro de estas muertes está todavía diseñado para las identidades binarias, lo que dificulta la consolidación de la información. 

***

Luego de pasar por la casa de su mamá, de darse cuenta de que su ropa estaba impregnada de su propia sangre y de que el sangrado no paraba, C decidió ir a la Clínica Cardiovascular de Soacha San Mateo para que la atendieran.

“Me hicieron el triage y le conté a la enfermera lo que me había pasado. Ella me pide que la espere un momento, se demora aproximadamente unos 15 minutos, y vuelve con dos policías. Mira, en ese momento la verdad fue tanto el pánico que yo lo que hice fue salir corriendo del hospital. Salí corriendo tan rápido que hasta el celador me dijo que para qué había molestado tanto para intentar entrar. Pero la realidad es que a mí me dio tanta vergüenza decirle lo que me había pasado, que por eso él no entendió”. 

Cuando por fin pudo volver a su casa, C llamó a la Red Comunitaria Trans para pedir ayuda. Eran aproximadamente las 3 de la mañana del 17 de febrero. Habían pasado siete horas desde que los policías se la llevaron del parque central de Soacha. Lo primero que hizo la Red fue ayudarla a salir de Soacha para protegerla. 

Más de un mes después de la agresión, ella todavía espera recibir acompañamiento psicológico por parte de su EPS.  Asegura que aún le duele mucho todo lo que ocurrió aquella noche, pero que lo que más lamenta es no poder trabajar más por los niños de Soacha.

“Llevo más de un mes fuera del municipio y sinceramente es muy fuerte porque pues hacíamos muchísimas cosas, se realizaban muchas labores sociales y me parece muy triste que una tenga que salir, una que estaba ayudando. Es triste y también es agobiante saber toda esta situación del municipio, saber pues que no hay un control, que desde la misma Alcaldía no se hace nada. Solamente se habla, se habla, se habla y nunca se llega a ningún término, nunca se llega a ningún acuerdo”. 

Para Alejandro Rodríguez, investigador de la ONG Temblores y coordinador de la plataforma GRITA, el registro de ataques sexuales a mujeres trans es en extremo difícil, pero, es un hecho que es, efectivamente, común. Por un lado, han podido notar que muchas veces estos casos no son denunciados por el miedo a las represalias que esto pueda implicar para las sobrevivientes. Por el otro, asegura que la actitud que han sostenido desde instituciones como Medicina Legal tampoco ayuda: “Medicina Legal registra estos hechos como violencia interpersonal y ponen a toda la comunidad LGBT dentro del mismo paquete. Por eso, es difícil entender a qué están haciendo referencia: no se sabe si alguien a quien registran como mujer es una mujer trans o un hombre trans. Eso dificulta mucho el seguimiento de estos casos”, dice. 

La Red, además, ayudó a que el caso de esta mujer trans fuera denunciado directamente en la Fiscalía que ya acusó recibo de esta denuncia, según pudo conocer Cerosetenta. 

La Policía de Soacha emitió un comunicado el pasado 20 de marzo donde se refieren a su denuncia y aseguran que, “según informaciones iniciales, [ella] se alteró e intentó agredir físicamente con una cadena a los funcionarios de la Alcaldía en vía pública, por lo cual, se hizo necesaria la presencia de la patrulla policial. Los uniformados, posteriormente, condujeron a esta persona al Centro de Traslado por Protección del municipio”. 

El comunicado dice, además, que “la oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento de Policía de Cundinamarca adelantan una investigación preliminar para esclarecer con exactitud y cuanto antes este caso”, que la Policía “es garante del cumplimiento de los derechos humanos y del debido proceso” y que “rechazan cualquier acción que se aparte de la ley”. 

Juliana Salamanca le contó a Cerosetenta que ha estado recibiendo muchas llamadas y mensajes de personas que se identifican como miembros de la Policía de Soacha que quieren hablar con ella, pero dice que no percibe garantías de seguridad, que se siente acosada y que presentó denuncia a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo

Por su lado, C siente miedo constante. Dice que en Soacha vienen ocurriendo hostigamientos a los colectivos de trabajo popular, como lo reportamos hace unos meses en esta nota. Asegura que hay acoso por parte de funcionarios públicos, y que circulan panfletos con nombres de mujeres trans. Por eso, teme volver al municipio.

“Si se dan cuenta de todo eso que estoy haciendo y de esta denuncia que estoy instaurando, pues me van a hacer lo mismo que le han hecho a todas las personas que ponen una tutela allá y que se quieren hacer oír: desaparecerlas”. 

El miedo, para Juliana Salamanca de la Red Comunitaria Trans, se convierte en un factor esencial para que las sobrevivientes desistan de hacer la denuncia, algo que ha notado que ocurre especialmente para mujeres trans en municipios como Soacha.  Además, dice que una de las personas que ha recibido amenazas a través de panfletos es justamente la directora de La Red Comunitaria Trans de Soacha, Sara Paola Caicedo.

“Paola ha recibido más de 8 panfletos amenazantes de grupos armados y las autoridades siguen sin tomar acciones inmediatas. Muchas mujeres trans de Soacha no denuncian por miedo a ser amenazadas, agredidas físicamente o perseguidas e intimidadas por agentes de la Fuerza Pública. La situación de las mujeres trans en Soacha es alarmante”. 

Ellas sí han denunciado estas violencias. Sin embargo, “todo sigue igual”, dice. 

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María Fernanda Fitzgerald

Literata con Maestría en Periodismo de la Universidad de los Andes. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2020. ICFJ Fellow 2021. Becaria Corte IDH 2021. Se especializa en cubrimiento de minorías, género, salud mental y Derechos Humanos. Fue beneficiaria de la beca Elipsis del British Council en 2017 y de la beca del Centro de Español UniAndes en 2018.


BIO

María Fernanda Fitzgerald

Literata con Maestría en Periodismo de la Universidad de los Andes. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2020. ICFJ Fellow 2021. Becaria Corte IDH 2021. Se especializa en cubrimiento de minorías, género, salud mental y Derechos Humanos. Fue beneficiaria de la beca Elipsis del British Council en 2017 y de la beca del Centro de Español UniAndes en 2018.


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