En muy pocos países del mundo los investigadores tienen que persignarse cada vez que salen a hacer trabajo de campo. En Colombia, la ciencia es un ejercicio de alto riesgo. Es dramático: las situaciones de violencia e ilegalidad en el país hacen que los investigadores, que no pueden esperar a que acaben los conflictos para hacer su trabajo, tengan que tomar riesgos y vivir en estado de vulnerabilidad.
La investigación representa una amenaza para las bandas criminales, las redes de corrupción y las economías ilegales. El trabajo de científicos, académicos y ambientalistas pone en evidencia todos los problemas de gobernanza que dominan las zonas rurales del país, por ejemplo, o las limitaciones dolosas de los funcionarios y de algunos agentes del Estado. Nuestras investigaciones —ya sean de institutos de investigación, universidades, ONG u otros—, reportan lo que encuentran y, en muchas ocasiones, esos reportes demuestran violaciónes de la ley, minería ilegal, tráfico de especies, destrucción ambiental. La ciencia no es, ni debe ser, cómplice de la ilegalidad. Es por esto que los investigadores terminan convertidos en objetivos militares de los violentos.
Investigar en Colombia significa pensar en el mapa cambiante de las acciones de los grupos armados y criminales para planear una salida de campo.
El caso más cercano, aunque indirecto, es el de líderes sociales. Sin equiparar con los investigadores, en general, enseñan la proporción: los amenazan y matan, entre otras razones, porque están revelando asuntos incómodos para sectores de la sociedad colombiana que luego se sorprende al escuchar las limitaciones por temas de orden público. Solamente conozco algo similar en el norte de México en donde los carteles de la droga, que tienen completo control territorial, no permiten investigación de ninguna clase. De resto es difícil pensar que haya países, al menos en Latinoamérica, en donde la investigación sea tan difícil como en Colombia.
Investigar en este país significa pensar en el mapa cambiante de las acciones de los grupos armados y criminales para planear una salida de campo. No sólo eso, implica también construir redes de seguridad con actores locales y diseñar cronogramas y estrategias de trabajo que minimicen los riesgos. El asunto no sólo es desgastante, además termina por inflar los costos de la investigaciones. Todo esto impone límites.
Ahí donde hay coca, deforestación y minería criminal es más complicado investigar. Sobre todo donde hay minería. Las áreas con maquinaria en el Chocó, por ejemplo, se vuelven completamente inaccesibles. Con la minería legal, en cambio, nunca hemos tenido problemas, y sin embargo hoy cargamos con la noticia del asesinato de los geólogos en Yarumal, Antioquia. Incluso con la extracción informal, si es de comunidades o asociaciones de productores, tampoco. Donde más claro el peligro es en donde las asociaciones operan con grupos paramilitares.
Recientemente no hemos tenido inconvenientes en el Instituto Humboldt. Siempre hemos sido muy cuidadosos: en caso de correr algún tipo de riesgo vamos acompañados de la Policía y el Ejército. Somos cuidadosos sobre dónde y cómo lo realizamos. La situación de riesgo ha sido mayor para nuestros socios nuestros.
Hay que hacer un esfuerzo importante para recuperar la gobernabilidad en asocio con actores locales y tratar de evitar al máximo la confrontación con órganos de seguridad del Estado.
En 2013, por ejemplo, hubo un atentado contra un automóvil en el que murió el conductor del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Lo mismo ocurre a colaboradores de corporaciones autónomas que reciben amenazas por su trabajo. En Chocó o en el Amazonas, la mayoría de funcionarios están muy amenazados y cuando tratamos de salir con ellos a campo son muy claros en que no pueden asumir ese riesgo.
Hay que hacer un esfuerzo importante para recuperar la gobernabilidad en asocio con actores locales y tratar de evitar al máximo la confrontación con órganos de seguridad del Estado. No se pueden crear conflictos son la sociedad civil que, atrapada en medio de las acciones de las bandas criminales y el cumplimiento de la norma, siempre llevan del bulto.
El Estado es ligero para firmar acuerdos y después le cuesta mucho trabajo movilizar los recursos o las capacidades para se cumplan esos acuerdos. Eso ha sido reiterado por décadas. La frustración acumulada, entonces, ha hecho que los jóvenes prefieran buscar opciones en las bandas criminales o en el narcotráfico, porque nunca ven que el Estado esté abriendo espacio en otra cosa. Todo depende de cómo logremos construir esas oportunidades de gestión en el desacuerdo.
Tengo sobre mi mesa el Manifiesto ecológico para la justicia ambiental en la Sierra de la Macarena. Es una propuesta de la Asociación de las Juntas de Acción Comunal de la región, centenares de persona ofreciéndole al gobierno su concurso para detener la deforestación en el municipio más deforestado de Colombia. Es un documento interesante, sensato, con el cual uno podría trabajar generando condiciones de tranquilidad.
Ahí radica la esperanza de muchas regiones del país como Catatumbo, San Lucas, Montes de María. Estas regiones son las de mayor conflictividad ambiental por el control de fuerzas militares irregulares. Los investigadores no podemos ni entrar a negociar con comunidades que están completamente sometidas a los actos de la violencia de los grupos paramilitares, Águilas Negras, ELN. Ante un fusil, no hay política que valga. Para investigar, primero hay que desarmar.
