El uribismo no ha escatimado esfuerzos para hacer oposición a los acuerdos con la guerrilla. Pero su agenda va más allá del tema de la paz y pone sobre la mesa otras iniciativas de interés general.
Por: Tomás Tello, investigador de Congreso Visible.
La segunda legislatura del Congreso fue anunciada por su nuevo presidente, Mauricio Lizcano, como la “legislatura de la paz”. Según los cálculos del gobierno y los delegados de las Farc, este semestre terminarían las negociaciones y el acuerdo sería refrendado. Por lo tanto, el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz entraría en vigencia. En medio de estos presupuestos, el uribismo no escatimó esfuerzos para hacer oposición a los acuerdos con la guerrilla. Santiago Valencia, representante a la Cámara del partido del senador Uribe, por ejemplo, entuteló frente al Tribunal Superior de Antioquia el plebiscito como método de refrendación de los acuerdos de paz. Pero la agenda legislativa del Centro Democrático es más ambiciosa; va más allá de su papel como oposición y pone sobre la mesa otros temas e iniciativas de interés general. Actualmente, por ejemplo, cursa su trámite un proyecto del ya mencionado representante Valencia junto a la senadora María del Rosario Guerra sobre la práctica del alquiler de vientres en Colombia.
Aunque el tema no es nuevo, en Colombia no hay una legislación específica sobre este método de reproducción. El referente jurídico más reciente es la sentencia T-968/09 de la Corte Constitucional. La sentencia advierte que, de acuerdo con el Artículo 42 de la Constitución, las prácticas de maternidad subrogada o sustituida “están legitimadas jurídicamente”. Sin embargo, aclara la necesidad urgente de legislar el vacío jurídico que permite ejercer la práctica con fines puramente lucrativos (como se conoce al alquiler de vientres).
Con esta sentencia como antecedente, fue radicado el proyecto de ley número 26 de 2016 en Senado: “Por medio del cual se prohíbe la práctica de alquiler de vientres en Colombia por ser una categoría de trata de personas y una explotación de la mujer con fines reproductivos”. Entre otros motivos, sus autores argumentan que al haber intercambio de dinero al alquilar un vientre, la práctica se configura como delito de trata de personas y de menores. Así, quien esté vinculado en el alquiler de un vientre tendrá cárcel de 6 a 8 años.
Esta iniciativa, tal como fue presentada, tenía un pero: no hacía la distinción que hace la Corte entre alquiler de vientre y subrogación de la maternidad. Para la Corte, solo se puede hablar de alquiler cuando hay intereses lucrativos de por medio, pero no cuando se hace altruistamente. Por eso, luego de superar su primer debate, el artículo 3 del proyecto de ley sufrió cambios que alteran sustancialmente el propósito del proyecto: aunque sí se prohíbe el alquiler del vientre y se mantiene la cárcel como castigo, no se prohibirá la maternidad subrogada, como demuestra el texto del artículo 3:
Artículo 3. “Todo acto jurídico en el que se pacte la obligación de alquilar el vientre con fines de lucro se entenderá nulo de pleno derecho.
Solamente se permitirá el alquiler de vientres con fines altruistas cuando
1. Se realice entre nacionales colombianos.
2. Se presente certificado médico en el que se demuestre infertilidad o problemas de gestación.
3. Se realice entre sujetos que gocen de plena capacidad.
4. Se cuente con el consentimiento de una mujer relacionada hasta cuarto grado de consanguinidad de alguno de los solicitantes y que esté dispuesta a ser la mujer gestante”.
Esta modificación implica dos cosas: se respeta el análisis de la Corte Constitucional que advierte sobre la no monetización de la práctica, o sea, alquilar el vientre estará prohibido. De esta forma se ratifica uno de los motivos por los que se plantea la iniciativa legislativa: en países con economías débiles, el alquiler de vientres no regulado es la oportunidad perfecta para que personas de otras nacionalidades vayan a ellos y alquilen un vientre por un costo mucho menor. Pero también respeta la sentencia de la Corte al aceptar que la maternidad subrogada es también un método de procreación válido. Además, regula cómo realizar esta práctica cuando su no tiene fines lucrativos.
Pero aunque se permita la maternidad subrogada sin interés lucrativo, algunas críticas consideran que el escenario prohibitivo no es el ideal. Isabel Cristina Jaramillo, profesora de Derecho de la Universidad de los Andes, sostiene que es importante la libertad y la necesidad reproductiva de las personas, aunque considera que sí es necesario un marco normativo y jurisprudencial sobre la práctica; de haberlo, opina, esta práctica fomentaría un aumento en el número de maternidades deseadas. Sin embargo, Jaramillo asegura que el evento en que una mujer cede su vientre de manera meramente altruista a otra persona es un caso extraño, sobre todo por los costos físicos y emocionales que significan un embarazo. Es cierto, para Jaramillo, que el alquiler de vientres cosifica a la mujer pero, para ella, no es distinto de la cosificación a que se somete cualquier persona al trabajar en el sistema capitalista. Por lo tanto, está en desacuerdo con una sanción penal para quien alquile su vientre.
A pesar de las críticas, parece que el Congreso tiene la intención de legislar sobre este tema. De hecho, comenzando esta legislatura el senador liberal Luis Fernando Duque radicó un proyecto que busca regular la reproducción con asistencia científica. Si bien este proyecto no busca la prohibición de la maternidad subrogada, claramente expresa que “proscribe la figura del alquiler de vientre, como un contrato que pueda considerarse oneroso” porque la Ley 919 de 2004 prohíbe y penaliza el tráfico de órganos. Para regular esto, el senador plantea la figura de “uso solidario del vientre”. Aunque son iniciativas con objetivos distintos y con leves diferencias (por ejemplo, este no plantea el grado de consanguinidad del otro proyecto), a grandes rasgos propone un escenario muy similar: se busca prohibir el alquiler de vientres y reglamentar la práctica de la maternidad subrogada, entendida como método para superar la infertilidad (según un sondeo analizado por El Heraldo, el 11% de los colombianos son infértiles).
Esto muestra que hay asuntos en los que los intereses del Centro Democrático son comunes con los de otros parlamentarios y que su labor legislativa va más allá de hacer oposición al Gobierno de Juan Manuel Santos. La misma María del Rosario Guerra apoyó el proyecto de ley –de la senadora del Partido Liberal Viviane Morales– que convoca a un referendo para prohibir la adopción de niños a parejas del mismo sexo y personas solteras. La iniciativa de Morales surge a partir del a sentencia C-071/15 de la Corte Constitucional, que permitió la adopción a parejas homoparentales. Desde entonces, ha habido episodios que muestran que la noción la “familia” es un tema susceptible: la marcha en “defensa de la familia”, sumado al escándalo de las cartillas del Ministerio de Educación (cuyo debate de control lo hicieron en conjunto las senadoras Guerra y Morales). De hecho, el proyecto de alquiler de vientres del Centro Democrático, impide que parejas homosexuales usen este método para tener hijos al poner como condición, sine qua non, la infertilidad de la pareja que quiera realizarlo.
Voté positivo el PL q convoca a un referendo para definir la adopción de nuestros niños huérfanos o abandonados conforme al art 42 de la CP
— Maria del Rosario G (@charoguerra) 14 de diciembre de 2016
No se nos puede olvidar que la familia es la célula fundamental de la sociedad que se construye entre un hombre y mujer. En @SenadoGovCo
— Maria del Rosario G (@charoguerra) 13 de diciembre de 2016
Curiosamente, el Centro Democrático también tiene iniciativas a propósito de temas que preocupan a una de sus más acérrimas críticas, la senadora Claudia López. A mediados de 2016, la senadora y la bancada uribista se recriminaron mutuamente por inasistencia a las sesiones en el Congreso. Sin embargo, desde el 2015 cursa trámite un proyecto de ley, radicado por el Centro Democrático, que sanciona el ausentismo de los congresistas y no pasó mucho tiempo para que la López anunciara que apoyaba la iniciativa uribista. Junto al proyecto contra el ausentismo, el partido del expresidente Uribe también radicó una propuesta (que se “hundió”) para modificar el salario de los congresistas, en consonancia con la constante queja que tiene López sobre el exagerado salario de los parlamentarios y su propia iniciativa legislativa para reducirlo.
Lamento q se hundiera.Estuve y lo apoyé.Paloma y José Obdulio en cambio con su ausencia hundieron castigo ausentismo http://t.co/tHHHtY9OxT
— Claudia López (@ClaudiaLopez) 14 de junio de 2016
Queda claro que, si bien el Centro Democrático es la única fuerza política de oposición a los acuerdos de La Habana y su refrendación en el Congreso, su bancada trasciende esta brecha política y tiene una agenda y temas propios de interés nacional que la acerca a otros congresistas. Habría que esperar si, en el tiempo que le falta a Santos en la presidencia, tendrán alguna iniciativa en común.
