Empresas y personas cercanas al exalcalde de Montelíbano, Gabriel Calle Demoya, obtuvieron $25 mil millones en contratos entre 2012 y 2019, mientras él y su grupo gobernaban. En ese mismo periodo, a través de Jaguazul, la empresa de acueducto de ese municipio, se estableció un carrusel de convenios interadministrativos que se extendió a tres municipios y sirvió para que luego la entidad adjudicara contratos por menor valor.
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Cuestión Pública y Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) con apoyo de La Liga Contra el Silencio
Antes de ser asesinado por sicarios el 16 de octubre de 2022, el periodista Rafael Moreno Garavito investigaba la ruta del dinero del grupo político de Gabriel Calle Demoya, exalcalde de Montelíbano (2012-2015). Uno de los hijos de Calle Demoya, Andrés Calle Aguas, logró una curul en la Cámara de Representantes en las últimas elecciones y además, en 2018, había sido fórmula del senador liberal Fabio Amin Saleme.
Gabriel Enrique, otro hijo del patriarca, tuvo a su cargo la gerencia de la campaña Petro Presidente en Córdoba, donde logró el 61 % de la votación en el departamento en segunda vuelta. Hoy va calle arriba hacia la Gobernación.
De la mano del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Clip) y con el apoyo de La Liga Contra el Silencio, Cuestión Pública siguió el rastro de las denuncias que hizo Moreno sobre la contratación pública en el sur de Córdoba. Esto como parte del Proyecto Rafael, un consorcio internacional que agrupa a 12 medios, y que es coordinado por Forbidden Stories, una organización que protege, da seguimiento y publica las investigaciones de periodistas amenazados, encarcelados o asesinados.
Esta alianza encontró presuntas irregularidades en 25 convenios interadministrativos celebrados por las alcaldías de Buenavista, San José de Uré y Montelíbano, con la empresa mixta Jaguazul, sociedad encargada del acueducto y alcantarillado de este último municipio, cuya Alcaldía tiene el 80% de las acciones. A través de estos convenios, que suman en total $19.163 millones, estos municipios adjudicaron contratos de obra y prestación de servicios a Jaguazul de manera directa y sin procesos licitatorios. A su vez, Jaguazul contrató 60 veces a terceros para desarrollar las mismas actividades por un 15% más barato.
Teatro de Calle
El grupo político liderado por Gabriel Calle Demoya, quien también fue diputado de Córdoba, lleva una década en el poder. Este patriarca acumula varias investigaciones por celebración indebida de contratos, enriquecimiento ilícito, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. Además, su primo César Cura Demoya ha estado vinculado al narcotráfico, fue condenado en Estados Unidos por contrabando de estupefacientes y lavado de activos.
Jaguazul se fundó con apoyo del sector privado, que actúa como accionista minoritario con un 20 % de participación. Este tipo de empresas mixtas se han vuelto codiciadas por los políticos porque funcionan bajo un régimen especial de contratación, lo que por un lado les permite firmar convenios interadministrativos con las entidades públicas de manera directa sin concursos de ninguna índole; y por otro, adjudicar contratos sin tantos requisitos.
Si unimos ambos beneficios se crea una suerte de embudo que le sirvió a Jaguazul para firmar convenios y luego “cederlos” a terceros por un valor menor, como halló la Fiscalía en 2019. De acuerdo con el ente de control, esto ocurrió desde 2012, durante la alcaldía de Gabriel Calle y durante la siguiente administración. Esta alianza periodística consultó a Calle el porqué la Alcaldía firmó dichos convenios, a lo que respondió que la gerente de Jaguazul le hizo creer que la empresa estaba en condiciones de ejecutarlos. De igual manera, aseguró que Amparo Osorio, la entonces gerente, no le informó de las subcontrataciones. Lo anterior, a pesar de él ser presidente de la junta directiva de Jaguazul, en su calidad de alcalde.
En la siguiente administración, 2016-2019, Jaime Ruiz Calle, sobrino del patriarca, fue nombrado gerente de Jaguazul por el alcalde Francisco Daniel Alean, un aliado de ese grupo político. Durante estos cuatro años, Jaguazul celebró 25 convenios interadministrativos: 23 con la alcaldía de Montelíbano y dos con las de San José de Uré y Buenavista, bajo las administraciones de Luis José González, del partido de la U; y Miguel Emiro Guzmán, de Opción Ciudadana.
Al rastrear la contratación, esta alianza encontró que el mecanismo funciona a través de dos modalidades. En la primera, las actividades del convenio firmado por Jaguazul fueron fraccionadas y luego adjudicadas a otras empresas a través de varios contratos. Es decir, los recursos de un mismo convenio sirvieron para adjudicar varios contratos. Esta les ha valido el apodo de “contrataderos” a algunas entidades mixtas, según la misma Procuraduría General.
Así ocurrió con las alcaldías de San José de Uré y Buenavista. Ambos procesos sumaron $2.013 millones y luego fueron tercerizados por Jaguazul en seis ocasiones para prestar servicios de acueducto y alcantarillado. El convenio de San José de Uré fue tercerizado cuatro veces, a través de Ingeniería del San Jorge SAS, Elecom Ltda, Soluciones técnicas del San Jorge Ltda y Hugo Fernando Osorio Díaz. Este último también recibió un subcontrato en el convenio con Buenavista, al igual que Pozos colombianos SAS. Los subcontratos sumaron en total $1.433 millones; es decir, hubo una diferencia de al menos $579 millones, en comparación con el valor inicial de los convenios.
En la segunda modalidad se halló que en algunos casos Jaguazul copió el objeto del convenio para el que fue contratada y lo pegó textualmente en los subcontratos que otorgó a otras compañías. En otras palabras, las contrató para que hicieran exactamente lo mismo que se había comprometido a hacer en el convenio. Pareciera que en esos casos Jaguazul lo trianguló para adjudicarlo sin pluralidad de proponentes. Esto ocurrió en tres ocasiones durante el primer año de la gerencia de Jaime Ruiz Calle, sobrino de Gabriel Calle Demoya.
La Fundación Paz y Reconciliación encontró que los subcontratos otorgados por Jaguazul a terceros correspondían a un valor entre el 70 y el 87 % de los recursos que le giraban a la entidad para ejecutar esos convenios. Es decir, lo que entraba por un lado salía por el otro. Algunos de estos procesos fueron para construir e instalar redes de acueducto, pero otros tuvieron por objeto actividades tan variadas como el suministro de señalización en el terminal de transporte o el mantenimiento de centros deportivos y parques.
Este último contrato, por ejemplo, se celebró por $220 millones. Un año después de su ejecución, la comunidad de Montelíbano denunció el deterioro de la Villa Olímpica y los parques Santa Cruz y Bernardo Ospina —incluidos en el convenio— por fugas de agua, y el deterioro de los juegos y zonas de ejercicio, según reportó el medio local Zoom.
En 2019, la Fiscalía investigó los hechos y pidió la captura por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público y posterior reclusión en la cárcel para Jaime Ruiz Calle (gerente de Jaguazul), Gabriel Calle Demoya (exalcalde de Montelíbano) y Francisco Alean (alcalde de Montelíbano 2016-2019). Los dos últimos estuvieron prófugos durante ocho días. El juez del caso determinó que no era necesaria la prisión si ellos se comprometían a no firmar nuevos convenios ni salir del país. Gabriel Calle le dijo a esta alianza periodística que el proceso seguía andando y que se había tratado de un entrampamiento contra él.
Calle para siempre
Los últimos cuatro alcaldes de Montelíbano, todos relacionados con los Calle a través de vínculos familiares o políticos, han sido investigados por irregularidades en la contratación pública. José David Cura, el actual alcalde de este municipio, es primo en segundo grado del patriarca Calle. Aunque a ambos los separa ahora una rivalidad política, no siempre fue así. La Fundación Pares documentó que Gabriel Calle Demoya empezó a adquirir poder económico trabajando en una estación de gasolina de su primo César Cura Demoya, luego condenado por narcotráfico en Estados Unidos. La carrera de Calle también se cruzó con la de su primo Mariano Cura Demoya, hermano de César Cura y padre de José David. Entre 2001 y 2003, mientras Gabriel era diputado de Córdoba, Mariano ejercía como alcalde de Montelíbano.
En 2010, otro exalcalde, Edinson Rangel Aguas, primo de la esposa del patriarca Calle y quien había fundado Jaguazul dos años antes, fue capturado por agentes del CTI dentro de un proceso de peculado por apropiación y celebración de contratos sin requisitos legales. Esto por un contrato suscrito para la compra de kits escolares con la Asociación de Municipios del San Jorge (Asosanjorge).
Además, Rangel fue investigado por un convenio interadministrativo celebrado con la misma asociación de municipios para la construcción de la Central de Abastos del San Jorge y el Centro Micro Empresarial de Montelíbano. Sin embargo, este proceso le valió un fallo de responsabilidad fiscal por $4.566 millones por no ejecutar la totalidad de dichas obras. Tanto él como el gerente de Asosanjorge fueron sancionados por la Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado.
En este último caso también estuvo involucrada Idelma Oñate, quien fungía como secretaria del Interior del municipio. Oñate firmó un contrato para modificar los planos estructurales y arquitectónicos del predio donde se iba a construir la Central de Abastos. Según encontró la Fiscalía, el proceso no contó con los documentos requeridos para contratar con el Estado y fue considerado como un presunto detrimento patrimonial.
Oñate es una de las accionistas de Jaguazul. Su nombre apareció por primera vez en una asamblea de la entidad llevada a cabo el 31 de diciembre de 2013. En ese momento era apoderada de seis accionistas minoritarios, cada uno con el 1 % de las acciones, que según le dijo Gabriel Calle a esta alianza, se trataba de algunos familiares de ella y eran accionistas desde el momento de constitución de la sociedad. Para ese entonces ella era secretaria del Interior de Montelíbano.
Ese 31 de diciembre de 2013, el entonces alcalde Gabriel Calle Demoya la nombró representante de los socios minoritarios. En 2016, Oñate fue miembro de la junta directiva que nombró a Jaime Ruiz Calle como gerente de Jaguazul. Para 2020 ella tenía el mayor porcentaje de acciones en la sociedad, después de la alcaldía de Montelíbano, con el 4 %. Calle señaló que ella adquirió las acciones tras la muerte de su esposo John Jairo Rodríguez.
Entre Calles
Entre los contratistas a los que Jaguazul les tercerizó actividades de los convenios se encuentran las empresas LEPM y GM2 Inversiones SAS, cercanas a un sobrino del patriarca Calle Demoya. En ambas sociedades estuvo Pedro Nel Jiménez Vanegas, amigo cercano de Gabriel Calle Aguas, como fundador y representante legal, respectivamente. Cada una suscribió dos contratos entre 2018 y 2019 con Jaguazul, que suman $2.627 millones.
Cuestión Pública encontró que los contratos firmados entre Jaguazul y las dos empresas hacían parte de los convenios, encargados de la reposición de redes de acueducto y la construcción de redes de alcantarillado. En los contratos, las dos empresas se encargaban de ejecutar la obra, suministrar los bienes y materiales; y de alquilar la maquinaria, los equipos y el transporte.
Cuando se firmaron los contratos, Jiménez Vanegas ya no era accionista de LEPM. En su lugar estaba Jeison David Mesa Payares, quien de acuerdo con su hoja de vida en LinkedIn trabajó como enlace comunitario e institucional en la Alcaldía de Gabriel Calle Demoya. Una semana después de que se firmara el último contrato entre Jaguazul y LEPM, y mientras éste todavía se ejecutaba, José Alejandro Calle Barrios, sobrino del patriarca, ingresó como representante legal de la empresa.
Aunque Calle Barrios y Jiménez Vanegas nunca estuvieron al mismo tiempo en LEPM, juntos tenían negocios por lo menos desde julio de 2018. Ese mes la Alcaldía de Montelíbano contrató la construcción de pavimento hidráulico en la zona urbana del municipio por $6.664 millones, el quinto contrato de mayor cuantía desde 2016. La obra fue adjudicada al Consorcio Vial Pavimento Montelíbano 2018, representado por José Calle y tenía entre sus miembros a la empresa GM2 Inversiones SAS (como dijimos antes, representada legalmente por Jiménez). Para ese momento, Calle Barrios no llevaba ni seis meses de graduado como ingeniero mecánico.
Por otro lado, la historia entre Jiménez Vanegas y Jeison Mesa Payares no acabó con la venta de acciones de LEPM, que se llevó a cabo el 20 de diciembre de 2016. Cuatro meses después, en abril de 2017, Mesa Payares firmó un contrato de interventoría como representante legal de la Unión Temporal Supervisiones Etapa VI.
La obra a la que le tenía que hacer seguimiento era la construcción de pavimento en concreto hidráulico Etapa VI, que era ejecutada por el Consorcio Pavimento Zona Urbana – Montelíbano, representado por Pedro Jiménez. Es decir, el encargado de asegurar el cumplimiento y la calidad de la obra había hecho negocios hacía poco tiempo con su vigilado.
Esta misma práctica ya la habían realizado en 2012, durante la Alcaldía de Gabriel Calle Demoya. Durante esta administración, Jiménez firmó nueve contratos por casi 8 mil millones de pesos, a nombre propio y como representante legal de empresas y consorcios. Recordemos que Jiménez es amigo cercano de Gabriel Calle Aguas, hijo del entonces alcalde. Esta alianza encontró rastros de dicha amistad desde 2011.
El último día de la Alcaldía de Calle, el 31 de diciembre de 2015, la entidad adjudicó el que sería el tercer contrato más cuantioso de sus cuatro años, a la Unión Temporal Pavimento V Etapa 2015, representado por Pedro Jiménez. La licitación tuvo un único proponente. El objeto del contrato era la pavimentación de nueve barrios en concreto rígido y tuvo un valor de $7.960 millones. La empresa que se encargó de la interventoría fue Soluciones Técnicas del San Jorge Ltda, representada por Luis Eduardo Ruiz Lopera, otro amigo de Calle Aguas y quien apoyó públicamente la campaña de su hermano Andrés Calle Aguas al Congreso en 2018.
En 2012, la empresa de Ruíz Lopera ejecutó un contrato con la Alcaldía de Montelíbano: la ampliación del sistema de iluminación de la cancha Teresa Sierra. El interventor de esta última obra fue Pedro Nel Jiménez, el mismo que luego iba a estar bajo su supervisión. Un modelo de yo te superviso hoy, tú me supervisas mañana.
Consultado por estos contratos, Gabriel Calle dijo “imagínese como alcalde cómo se va a dar uno cuenta si alguien tiene amistad o no con el hijo. Ni le di orden a ningún jurídico, ni mucho menos a ningún secretario de que había que ir a favor de X contratista”.
Un líder campesino, que pidió ocultar su identidad por seguridad, explicó a esta alianza periodística que Jaguazul es de los Calle y su llave política es Fabio Amín, actual senador.
No hay Cura que valga
Antes de acabar el primer año de gobierno del actual alcalde, José David Cura, el municipio de Montelíbano firmó un nuevo convenio con Jaguazul para hacer una limpieza manual y con maquinaria de caños y reducir el riesgo de inundación. Era finales de 2020 y la ola invernal había obligado a casi toda la región a declararse en estado de calamidad pública.
El convenio duró un mes y tuvo un valor de $264 millones. Esta alianza halló que para ejecutarlo se suscribieron seis contratos por el 71% de ese valor con una empresa y cinco personas individuales. Además de la extracción y el transporte de los residuos sólidos de los caños, se contrató a cinco profesionales entre los que había un contador y una psicóloga a cargo del “acompañamiento y sensibilización” de la limpieza. Esta alianza revisó los valores de los contratos y encontró que al contador se le pagaron los mismos honorarios que al director de la obra: $4.625.000.
Cuestión Pública consultó a Enrry Germán Sánchez, gerente de Jaguazul y quien firmó el convenio y los contratos, pero no obtuvo respuesta de su parte.
#Bonustrack: Las últimas denuncias de Rafael Moreno
Un mes antes de morir, el periodista publicó una investigación sobre la Finca Marcelo, una hacienda ubicada sobre la vía Montelíbano-San José de Uré en el sur de Córdoba. La propiedad le pertenece a Carmen Aguas, esposa de Gabriel Calle, quien se la compró a Luis Aguas Pérez por $246 millones en 2012, según la Superintendencia de Notariado y Registro.
Fotos y videos publicados por Moreno muestran la maquinaria que ocupaba el patio del predio, atravesado por la Quebrada de Uré. Según la denuncia del periodista, de la finca Marcelo se extrajeron materiales que habrían sido utilizados de manera ilegal en las obras adelantadas sobre la vía que conduce al corregimiento de Versalles.
Estas obras fueron adjudicadas a los consorcios Corredor Vial y Versalles en 2021 por la Alcaldía de San José de Uré por un total de $46.816 millones. Esta alianza encontró que ambos consorcios hacen parte del top de contratistas de Córdoba que recibieron contratos de mayor cuantía desde 2016 hasta la fecha. Se ubican en el puesto número dos y 11, respectivamente.
Esta alianza periodística consultó a Gabriel Calle sobre la presencia de la maquinaria en la propiedad de su esposa. Aseguró que esta se encontraba sobre una carretera pública que atraviesa el predio. “Esto es una vía que existe hace más de 80 años que, si bien es cierto que pasa por el lado de la finca de Carmen Aguas, es un callejón que va hacia un corregimiento que se llama Viera Abajo. Ahí no hay control de nadie para decir quien entra o quien no entra. Por ahí pasan tractores y camiones a buscar material y es una isla que queda en medio de tres fincas”. Esta alianza revisó la matrícula inmobiliaria de la propiedad y no halló evidencia de alguna servidumbre que pase por el lugar.
Al geolocalizar a través de IGAC el predio de 2,261,739 m2, encontramos que la hacienda dedicada a actividades agrícolas, pecuarias y forestales ha tenido al menos ocho construcciones, entre las que se destacan casas de dos pisos, kioscos, piscinas, cobertizos, caballerizas, bodegas y corrales.
*Esta investigación forma parte del Proyecto Rafael, una iniciativa colaborativa e internacional coordinada por Forbidden Stories y en la que participaron una treintena de periodistas de CLIP, Cuestión Pública, El Espectador, France 24, RFI y otros medios. La iniciativa busca continuar con el trabajo que quisieron silenciar quienes asesinaron a Rafael Moreno y probar que «matar al mensajero no matará el mensaje», como dice el lema de Forbidden Stories.
